PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación de la sociedad civil y las minorías nacionales en Belarús
4.3.2010
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Traian Ungureanu, Filip Kaczmarek, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis en nombre del Grupo PPE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0134/2010
B7‑0163/2010
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de la sociedad civil y las minorías nacionales en Belarús
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Belarús, en particular su Resolución de 17 de diciembre de 2009[1],
– Vistas las conclusiones sobre Belarús adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en su reunión del 17 de noviembre de 2009, por las que se prorroga la suspensión de la prohibición de visado para determinados funcionarios de Belarús, incluido el Presidente Alexander Lukashenko, y se prorrogan las medidas restrictivas hasta octubre de 2010,
– Vistas la declaración del Consejo Europeo celebrado el 19 de marzo de 2009 sobre la Asociación Oriental y la declaración conjunta de la Cumbre sobre la Asociación Oriental celebrada en Praga el 7 de mayo de 2009,
– Visto el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales, de 1 de febrero de 1995,
– Vistos los principios y normas internacionales en relación con los derechos de las minorías, en particular los incluidos en los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como el Acta final de Helsinki de 1 de agosto de 1975 (Sección 1.VII), el Documento de la reunión de Copenhague sobre la dimensión humana de 29 de junio de 1990 y la Carta de París para una nueva Europa de 21 de noviembre de 1990,
– Vistos su debate sobre Belarús del 24 de febrero de 2010, así como la misión de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo a Belarús del 25 al 27 de febrero de 2010 y sus resultados,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que las autoridades de Belarús no han reconocido a la dirección democráticamente elegida de la Unión de los Polacos en Belarús (UPB) en 2005 y en 2009,
B. Considerando que las autoridades de Belarús han empleado a las fuerzas de policía contra miembros de la UPB en Hrodna en 2005 y en Ivyanets en 2010,
C. Considerando que las autoridades belarusas han impedido la comparecencia en el juicio de Teresa Sobol, Presidenta de la agrupación local de la UPB en Ivyanet, de representantes de la UPB que debían prestar testimonio en el mismo,
D. Considerando que diversos representantes de las instituciones europeas, entre ellos Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo, Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Cecilia Malström, Comisaria de Asuntos de Interior, así como el Parlamento polaco y el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia han manifestado su preocupación por las recientes medidas de las autoridades belarusas contra la UPB, y han condenado la represión policial contra sus miembros;
E. Considerando que estas acciones de las autoridades belarusas son contrarias a las normas internacionales en materia de protección de las minorías nacionales establecidas, en particular, por el Convenio marco sobre la protección de las minorías del Consejo de Europa, de 1 de febrero de 1995, y que Belarús ha intensificado sus acciones contra los miembros de esta organización,
F. Considerando el primer párrafo de la declaración de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Praga, entre cuyos signatarios figura el Viceprimer Ministro de la República de Belarús, en el que los participantes en el Cumbre de Praga acuerdan que la Asociación Oriental se basará en el compromiso con los principios del Derecho internacional y los valores fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
G. Considerando que el Consejo Europeo, en sus conclusiones de 17 de noviembre de 2009, reconoce que se han abierto nuevas posibilidades de diálogo y de una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y Belarús, con el fin de fomentar un verdadero avance hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos, y confirma su disposición a profundizar en las relaciones de la Unión Europea con Belarús, siempre que se siga avanzando hacia la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y a ayudar al país a lograr esos objetivos,
H. Considerando que las autoridades belarusas han anunciado planes para construir una nueva central nuclear en la frontera con la UE y en zonas habitadas por una minoría de origen lituano, y que no hay ningún indicio claro sobre el futuro de sus pueblos ni del conjunto de esta minoría nacional,
1. Condena la represión por parte de las autoridades belarusas de los dirigentes y miembros de la UPB dirigida por Angelika Borys, como las acciones siguientes: uso de las fuerzas policiales en Ivyanets; denegación de acceso a las sesiones de los tribunales; imposición de multas administrativas, y detención y encarcelamiento de activistas (entre ellos Anatol Liabedzka, Presidente del Partido Civil Unificado y dirigente de las Fuerzas Democráticas Unidas) que intentaban manifestar su solidaridad con los polacos reprimidos;
2. Pide a las autoridades belarusas que vuelvan a legalizar la UPB dirigida por Angelika Borys y garanticen la devolución puntual de sus propiedades en Ivanyets, financiadas por el Estado polaco;
3. Condena las recientes medidas de las autoridades belarusas contra la comunidad protestante de la «Nueva Vida», penalizada con excesivas cargas administrativas por supuestos daños al medio ambiente, lo que les priva de su lugar oficial de culto; pide a las autoridades belarusas que resuelvan rápidamente este conflicto, pongan fin a sus presiones sobre las minorías religiosas y garanticen la igualdad de trato y la libertad religiosa en el país;
5. Destaca una vez más su interés en un diálogo abierto y estructurado con Belarús, a condición de que la liberalización del sistema político de Belarús produzca resultados concretos y refleje el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho;
6. Reitera el llamamiento realizado en recientes resoluciones, en particular las de 15 de enero y 17 de diciembre de 2009, a favor de la garantía de la libertad de expresión y asociación, de la libertad para registrar partidos políticos, como la Democracia Cristiana Belarusa (DCB), de la libertad religiosa, y de la creación de condiciones favorables a las actividades de las entidades de la sociedad civil, las ONG (como el centro «Viasna» de derechos humanos) y de la independencia de los medios de comunicación en Belarús;
7. Subraya que el diálogo de la UE con Belarús puede ser recíprocamente beneficioso, y cree que puede apoyarse a Belarús para que saque el máximo partido de la Asociación Oriental, en particular utilizando de la forma más eficaz posible los fondos asignados en virtud de este programa a proyectos de infraestructura, energía y sociales, y aplicando los demás instrumentos y políticas de la UE, siempre y cuando las autoridades belarusas se comprometan a realizar cambios reales en el ámbito de las libertades, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las minorías;
8. Señala que Belarús no podrá beneficiarse de lo siguiente:
- la celebración y ratificación del Acuerdo de colaboración y cooperación UE-Belarús,
- la utilización efectiva de instrumentos financieros de la UE como el Banco europeo de Inversiones (BRI) y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA),
- la extensión de la financiación del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) a proyectos en Belarús en los que participen entidades estatales,
- el restablecimiento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) con Belarús,
- la obtención de otro tramo del préstamo para la estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI),
- la reanudación de las negociaciones para la adhesión de Belarús a la OMC,
- el apoyo a la extensión del programa de la OCDE a Belarús,
si las autoridades belarusas no se adhieren a los criterios relacionados con los derechos humanos fundamentales y la democracia;
9. Concede gran importancia a la liberalización de la vida política y cívica en Belarús, y subraya que si continúan las violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Belarús, la UE podría revisar su posición con respecto a Belarús, incluida la nueva imposición de sanciones;
10. Cree que la forma en que se aborden los conflictos con la UPB y otras entidades de la sociedad civil influirá en la cuestión de si el diálogo UE-Belarús recibe un nuevo estímulo o corre el riesgo de retroceder;
11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa, a la Secretaría de la Comunidad de Estados Independientes y al Parlamento y al Gobierno de Belarús.
- [1] Textos Aprobados P7_TA-PROV(2009)0117.