PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre UE 2020 - Seguimiento del Consejo Europeo informal del 11 de febrero de 2010
4.3.2010
presentada de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis en nombre del Grupo GUE/NGL
B7‑0165/2010
Resolución del Parlamento Europeo sobre UE 2020 - Seguimiento del Consejo Europeo informal del 11 de febrero de 2010
El Parlamento Europeo,
– Visto el Documento de trabajo de la Comisión, de 24 de noviembre de 2009, titulado «Consulta sobre la futura estrategia UE 2020» (COM(2009)0647),
- Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de febrero de 2010, titulado «Documento de evaluación de la Estrategia de Lisboa» (SEC(2010)0114),
- Vista la Declaración, de 11 de febrero de 2010, de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sobre Grecia,
– Vista la pregunta, de 23 de febrero de 2010, a la Comisión, sobre la agricultura y la futura estrategia «UE 2020» (O-0023/2010 – B7‑0000/2010),
– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
. I. Sobre la evaluación de la Estrategia de Lisboa (2000-2010) y la consulta sobre la futura estrategia «UE 2020»
1. Toma nota del Documento de evaluación de la Estrategia de Lisboa (2000-2010) de la Comisión, pero lamenta que no se haya celebrado un debate público exhaustivo sobre la cuestión y que no se disponga de conclusiones del Consejo sobre la evaluación de la Estrategia de Lisboa;
2. Considera, no obstante, que una consulta pública amplia y una evaluación exhaustiva de los resultados de la Estrategia de Lisboa son necesarias para extraer conclusiones de cara a una nueva estrategia UE 2020 que refleje aceptablemente los fallos y los logros de los enfoques adoptados en la década anterior, con objeto de formular enfoques para la próxima década;
3. Lamenta que la consulta pública sobre la Comunicación de la Comisión sobre la futura estrategia UE 2020 concluyera ya el 15 de enero de 2010, motivo por el que diversos actores de la sociedad civil se han quejado de la falta de tiempo para responder adecuadamente a las complejas cuestiones que se debatían;
4. Destaca las declaraciones de organizaciones no gubernamentales de los sectores social y medioambiental y de distintos sindicatos, en el sentido de que en la primera reseña de la Comisión de las respuestas a la consulta pública no se reflejaron correctamente sus opiniones y contribuciones a dicha consulta;
5. Señala que la reunión informal del Consejo Europeo del 11 de febrero de 2010 se convocó en un principio para celebrar un amplio debate sobre una «visión» de la UE hasta 2020, incluyendo la estrategia económica y el cambio climático, pero que finalmente apenas se trató el seguimiento de la Conferencia Mundial sobre el Clima celebrada en Copenhague en diciembre de 2009, que debería ser una cuestión esencial para la evolución de la UE, y, en lugar de ello, los debates se centraron principalmente en el procedimiento por déficit excesivo contra Grecia;
6. Considera que se necesita otra consulta pública, más amplia e inclusiva, sobre la nueva propuesta de la Comisión sobre la estrategia UE 2020, presentada en marzo de 2010, con objeto de mejorar la participación de la sociedad civil en la configuración del nuevo programa;
II. Sobre la «estrategia de salida» de la UE y sus consecuencias, no solo para Grecia
7. Desaconseja el uso excesivo de «estrategias de salida» para renovar el programa de desregulación estructural de los mercados laborales y la protección social; señala que las políticas orientadas a reducir la protección social, los salarios, los subsidios de desempleo, las pensiones, los servicios públicos y la protección del empleo, así como las políticas destinadas a retrasar la edad de jubilación, las cotizaciones de los empleados a la seguridad social y el IVA, están mermando las inversiones públicas y la demanda interna, por lo que prolongarán la recesión; critica enérgicamente que esas políticas neoliberales se estén aplicando de nuevo en numerosos Estados miembros de la UE en el marco de la estrategia de salida de la UE y se estén imponiendo especialmente en Hungría, Letonia y Rumanía como parte de los paquetes de rescate conjuntos UE-FMI, con consecuencias económicas y sociales devastadoras;
8. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la crisis económica mundial siga golpeando a las economías de la UE, y observa que algunos Estados miembros, como Grecia, están especialmente afectados y sufren una deuda elevada, una alta tasa de desempleo y el deterioro del nivel de vida;
9. Critica la insistencia de la UE en los criterios de déficit y en las medidas establecidas en el Tratado de Maastricht y confirmadas por el Tratado de Lisboa, que están contribuyendo a hundir la economía griega en una profunda recesión y a producir efectos muy negativos no solo para el pueblo griego sino también para las demás economías europeas; destaca que la rapidez de la reducción del déficit público que se exige a Grecia es irresponsable y no hará sino agravar la crisis;
10. Considera que la reciente decisión del Consejo Europeo (11 de febrero de 2010), basada en el artículo 126, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, implica que se trata del último paso antes de adoptar una decisión sobre sanciones contra Grecia, lo que constituye una medida sin precedentes; señala que la supervisión de la economía griega impuesta por la Comisión, el BCE y el FMI, junto con la política de austeridad auspiciada por el Consejo ECOFIN, está llevando a la economía griega a una profunda recesión;
11. Destaca que, si bien el nivel de endeudamiento de Grecia es elevado (12,7 % en 2009), este es también el caso en otros países, como el Reino Unido (12 %), Irlanda (14,7 %) y España (10 %); subraya que prácticamente todos los países de la zona del euro han excedido los criterios impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de lo que obviamente se concluye que el Pacto ha sido ineficaz; hace hincapié en que la ingente financiación destinada al rescate de los bancos, los programas de recuperación económica y la disminución de los ingresos fiscales han hecho profunda mella en los presupuestos de todos los países;
12. Condena la introducción del FMI en la realidad económica de la zona del euro, y afirma que esta medida conduce a una aplicación más estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al tiempo que crea un precedente institucional negativo;
13. Manifiesta su preocupación ante los ataques especulativos contra los bonos del Estado de Grecia por bancos de inversión (Goldman Sachs, JP Morgan, etc.), fondos de inversión libre y agencias de calificación crediticia; solicita una respuesta común y coordinada de toda la UE y sus Estados miembros a estos ataques; destaca en este contexto la necesidad de controlar firmemente los fondos de inversión libre y el capital inversión dentro de la UE, así como de prohibir las operaciones en los llamados mercados «extrabursátiles»;
14. Expresa su honda preocupación por la campaña sin precedentes emprendida contra Grecia y el pueblo griego, en la que se aprovecha la difícil situación del país para reavivar antiguos prejuicios; manifiesta asimismo su inquietud por los ataques contra Grecia en los medios de comunicación y en el ámbito político, dado que se condena a Grecia, junto con Portugal, Italia, Irlanda y España, como uno de los «PIIGS»; hace hincapié en que esta campaña es contraria a los principios fundamentales de la solidaridad europea;
15. Critica que los mercados financieros, la Comisión y los Gobiernos neoliberales de la UE estén aprovechando la complicada situación de Grecia para presionar a favor del recorte de la protección social; observa que el objetivo general de estos ataques consiste en debilitar considerablemente el movimiento de los trabajadores griegos, facilitar la imposición de recortes salariales y retrasar la edad de jubilación;
16. Destaca la necesidad de corregir los enormes desequilibrios existentes en la UE a escala macroeconómica; subraya que algunos Estados miembros de la UE que cuentan con importantes superávits, como Alemania, deben impulsar su demanda interna, mientras que las empresas de estos países deben abandonar sus agresivas estrategias de exportación; reitera que en la Cumbre del G-20 de Pittsburgh ya se aprobó la obligación de que los países con superávits reduzcan los desequilibrios impulsando su demanda interna;
III. Sobre la situación económica y social de la UE y los requisitos para una nueva estrategia de la UE hasta 2020
17. Destaca que la crisis económica y social actual también es consecuencia de las políticas neoliberales de la Unión Europea −consagradas en el Tratado de Lisboa y en la antigua Estrategia de Lisboa− consistentes en promover mercados financieros no regulados, mercados liberalizados de productos y servicios y una financierización progresiva de la economía, la reducción de la inversión pública, el incremento de la explotación mediante la depresión de los salariales y la desregulación de las relaciones laborales, así como la presión en favor de la liberalización y privatización de los servicios públicos;
18. Señala que esas políticas propiciaron la acumulación de beneficios colosales por los grandes grupos económicos y financieros y la formación de grandes oligopolios durante las fases de crecimiento, beneficios que no se reinvirtieron en la «economía real» sino que sirvieron para seguir alimentando la especulación en los mercados financieros liberalizados hasta que reventaron las burbujas especulativas; considera, por tanto, que en el epicentro de la crisis económica actual hay un problema muy arraigado de justicia distributiva;
19. Considera que el énfasis en la competitividad y el recorte de gastos, subyacente a la Estrategia de Lisboa, también ha agravado los graves desequilibrios económicos dentro de la zona del euro (países con importantes excedentes de exportación contra países con déficit sustanciales de la balanza por cuenta corriente) y dentro de la UE en términos más generales, lo que ha mermado la cohesión económica, social y territorial de la UE;
20. Señala que las optimistas expectativas de la Comisión sobre una recuperación autosostenida que comenzaría en el cuarto trimestre de 2009 y se aceleraría en 2010 por ahora no se han concretado; destaca, por consiguiente, que hacen falta nuevas medidas de incentivación fiscal para hacer frente a la tendencia actual al estancamiento, e incluso a la deflación, en la UE, dado que el sector privado (familias y sociedades) sigue profundamente endeudado y no está en condiciones de encabezar la inversión; considera asimismo necesario prever medidas de apoyo presupuestario para los países cuya situación es más grave, concretamente mediante el anticipo de fondos de la Unión sin necesidad de contrapartidas nacionales;
21. Critica severamente que no haya una coordinación europea efectiva de los diversos planes nacionales de recuperación y se siga en lugar de ello una política consistente en «medrar a costa del vecino», con competencia entre planes nacionales; pide a la Comisión y al Consejo que, como medida de emergencia, elaboren un programa europeo adicional de inversiones en favor del desarrollo sostenible, el empleo y la inclusión social dotado con al menos el 1 % del PIB de la UE, recurriendo a instrumentos de escala europea (BEI, BERD, presupuesto de la UE, etc.), que debería ir acompañado de programas similares de inversión pública de los Estados miembros con el fin de estabilizar la economía, contrarrestar el cambio climático y promover el pleno empleo con empleos de calidad y derechos sociales;
22. Considera que se necesita una nueva estrategia que propicie un desarrollo a escala de la UE sostenible y sólido desde los puntos de vista económico, social y del medio ambiente, así como la contribución de la UE a la resolución de los problemas mundiales: una estrategia integrada de la UE en favor de la justicia social, la sostenibilidad y la solidaridad basada en los pilares económico, social y medioambiental y dirigida por un proceso democrático y participativo de gobernanza socioeconómica;
23. Señala que debe ocupar el eje de la nueva estrategia un programa alternativo que reconfigure y refuerce los programas de recuperación económica de los Estados miembros y los coordine con una iniciativa europea de recuperación sistémica a favor de la equidad, el pleno empleo con puestos de trabajo de calidad, la ecologización de la economía, la protección social, la erradicación de la pobreza y la exclusión social y la creación de una mayor cohesión social y territorial en toda la UE, teniendo presente que ese programa también debe transversalizar la igualdad de género;
24. Destaca que la nueva estrategia integrada no solo requerirá una dimensión interior (UE y Estados miembros), sino también una dimensión exterior (política exterior, comercio, política de vecindad) organizada en torno a los mismos objetivos que su dimensión interior, debiendo abandonarse la estrategia neoliberal de una «Europa global»;
25. Insiste en la necesidad de establecer objetivos ambiciosos, criterios comparativos e indicadores para los distintos componentes de la nueva estrategia; considera que la estrategia requerirá indicadores que vayan más allá del PIB, incluidos indicadores múltiples sobre el bienestar, la erradicación de la pobreza y la exclusión social, la igualdad de género, la equidad e igualdad para todos (también entre las regiones y buscando la superación de la desigualdad derivada de los ingresos y la riqueza) y la energía, el uso de los recursos naturales y las presiones sobre los ecosistemas; considera que la estrategia también tendrá que utilizar las capacidades legislativas de la UE para alcanzar sus fines así como reconfigurar y reorientar sus instrumentos (como el Reglamento financiero, los Fondos Estructurales, etc.), en lugar de depender exclusivamente de procedimientos voluntarios como el método abierto de coordinación;
26. Destaca que esta nueva estrategia para la UE requiere un marco macroeconómico de apoyo al desarrollo sostenible, un fortalecimiento de la demanda interna respetuosa con el medio ambiente y basada en un sistema de salarios progresivos, el pleno empleo con derechos, y la cohesión económica y social; solicita, en este contexto, el establecimiento de políticas monetarias y fiscales favorables al crecimiento y el empleo, que lleven a una política fiscal expansionista combinada, flexible y coordinada para la UE y sus Estados miembros, basada en:
i) una menor rigidez de la política monetaria del BCE y la reforma institucional de esta institución, tomando como base la responsabilidad democrática, el control político y las consideraciones económicas y sociales, que se traducirá en objetivos específicos en materia de crecimiento y empleo que habrán de establecerse en paralelo con la revisión del actual objetivo supremo de estabilidad de precios,
ii) la revocación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en paralelo con el establecimiento de un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que estimule la inversión pública, impulse la demanda interna, apoye a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas y fije criterios específicos, económicos, sociales y ambientales adaptados a las necesidades específicas de cada uno de los Estados miembros, orientados especialmente hacia la reducción del desempleo y de la pobreza,
iii) la creación de un fondo de compensación monetario en la zona del euro que permita reaccionar frente a los choques económicos asimétricos;
27. Solicita una nueva agenda de política social cuyos objetivos deberían ser los siguientes:
i) el desarrollo de una sociedad centrada en la inclusión y la cohesión, lo que presupone medidas en favor del empleo estable y el respeto de los derechos de los trabajadores,
ii) el fomento de una sociedad fundada en la igualdad de género y la lucha contra todas las formas de discriminación,
iii) la distribución de la riqueza generada a fin de potenciar el bienestar de todos, lo que presupone unos sistemas de protección social públicos y universales, así como un acceso garantizado y universal a unos servicios públicos de calidad, incluidas la sanidad, la educación y la vivienda,
iv) una política social que tenga en cuenta a todos los colectivos,
v) una democracia participativa como componente de las diversas políticas sociales y de empleo;
28. Solicita una nueva agenda de política de medio ambiente cuyos objetivos deberían ser los siguientes:
i) la disociación entre el crecimiento económico y el aumento paralelo del consumo de energía, recursos naturales y materias primas, al tiempo que se reduce el segundo,
ii) el apoyo a marcos legislativos y sistemas de control de los Estados miembros que eviten los efectos externos de la actividad económica en el medio ambiente, especialmente la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero,
iii) el apoyo a las inversiones que promueven la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje de materiales y la reducción y el tratamiento de los residuos industriales y tóxicos peligrosos,
iv) el fomento de sistemas de transporte más limpios y seguros, invirtiendo en transportes públicos de calidad,
v) la inversión en las tecnologías, la innovación y la eficiencia ecológicas;
29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.