Propuesta de resolución - B7-0180/2010Propuesta de resolución
B7-0180/2010

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la transparencia y el estado de las negociaciones del ACTA

    8.3.2010

    tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B7‑0020/2010
    presentada de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento

    Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat en nombre del Grupo GUE/NGL

    Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0154/2010

    Procedimiento : 2010/2572(RSP)
    Ciclo de vida en sesión
    Ciclo relativo al documento :  
    B7-0180/2010
    Textos presentados :
    B7-0180/2010
    Textos aprobados :

    B7‑0180/2010

    Resolución del Parlamento Europeo sobre la transparencia y el estado de las negociaciones del ACTA

    El Parlamento Europeo,

    –   Vista su Resolución, de 9 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión para la próxima legislatura[1],

    –   Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, relativa al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (versión refundida), que constituye la posición del Parlamento en primera lectura[2],

    –   Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre el impacto de las falsificaciones en el comercio internacional[3],

    –   Visto el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 22 de febrero de 2010, sobre las actuales negociaciones, por parte de la Unión Europea, de un Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA),

    –   Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 8,

    –   Vistas las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, cuya última modificación la constituye la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,

    –   Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico),

    –   Visto el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

    –   Vista la pregunta dirigida a la Comisión el 24 de febrero de 2010 sobre la transparencia y el estado de las negociaciones del ACTA (O-0026/2010 – B7-0020/2010),

    –   Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

    A.  Considerando que, en 2008, los EE.UU., Japón, la UE y otros países de la OCDE iniciaron las negociaciones sobre un nuevo acuerdo multilateral dirigido a reforzar la observancia de los derechos de propiedad intelectual y a combatir la falsificación y la piratería (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación – ACTA),

    B.  Considerando la necesidad de luchar contra la falsificación y de proteger determinados derechos que, no obstante, no pueden prevalecer sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, que constituyen la piedra angular de nuestras sociedades y de la democracia, y considerando los diferentes ámbitos que los negociadores han de abarcar en sus acuerdos respectivos y el hecho de que negocian en secreto,

    C. Considerando que, en su Informe de 11 de marzo de 2009, el Parlamento instaba a la Comisión a que permitiera «de inmediato el acceso de los ciudadanos a todos los documentos relativos a las negociaciones internacionales en curso sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación – ACTA»,

    D. Considerando que, el 27 de enero de 2010, la Comisión se comprometió a reforzar su asociación con el Parlamento sobre la base de la Resolución de este último, de 9 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo marco revisado con la Comisión, en la que se instaba a esta a suministrar «información inmediata y completa [...] en todas las etapas de las negociaciones sobre acuerdos internacionales [...] , en particular en materia de comercio y en las negociaciones que impliquen el procedimiento de aprobación, de manera que se dé pleno efecto al artículo 218 del TFUE»,

    E.  Considerando que la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, tiene la obligación de defender el acervo de la Unión en la negociación de acuerdos internacionales que afecten a la legislación de la UE,

    F.  Considerando que, según los documentos que se han filtrado, las negociaciones del ACTA tratan, entre otros aspectos, la legislación de la UE pendiente sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual (COD/2005/0127 – Medidas penales destinadas a garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual (IPRED-II)) y el denominado «paquete Telecom», y no respetan la legislación vigente de la UE sobre comercio electrónico y protección de datos,

    G. Considerando que los esfuerzos que está haciendo la UE para armonizar las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual no deberían verse socavados por negociaciones comerciales ajenas al ámbito del proceso normal de adopción de decisiones de la UE,

    H. Considerando que es esencial garantizar que la elaboración de medidas para la observancia de los derechos de propiedad intelectual se lleve a cabo de forma que no obstaculice la innovación ni la transferencia de tecnología, no socave las restricciones de los derechos de propiedad intelectual ni las disposiciones en materia de protección de datos personales, no restrinja el libre flujo de información ni suponga una carga innecesaria para el comercio legítimo,

    I.   Considerando que todo acuerdo alcanzado por la UE sobre el ACTA debe cumplir las obligaciones jurídicas impuestas a la Unión con respecto a la legislación relativa a la protección de la vida privada, la libertad de expresión y los datos personales, establecidas en particular en la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia,

    J.   Considerando que la actuación de la Unión en el plano internacional debería guiarse por el principio de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

    1.  Denuncia la falta de transparencia y de legitimidad democrática de las negociaciones sobre el ACTA, si bien está a favor de la intensificación de la lucha contra las falsificaciones «auténticas»; está en contra de que el ACTA se esté negociando en secreto bajo el liderazgo de los EE.UU., Japón, la UE y otros países industrializados, y sin que la UE cuente con un fundamento jurídico al respecto, y se opone a unas negociaciones que constituyan un nuevo intento de ampliar el ámbito y los costes de los derechos de propiedad intelectual con el fin de facilitar aún más beneficios a las empresas;

    2.  Condena el procedimiento utilizado, que no es democrático, y el comportamiento del Consejo y de la Comisión respecto del Parlamento Europeo y de los ciudadanos de la Unión Europea;

    3.  Esta en contra de que las partes hayan optado deliberadamente por no negociar a través de la OMPI, que ha establecido marcos para la información y las consultas públicas;

    4.  Pide a la Comisión que se abstenga de participar en cualesquiera negociaciones comerciales que no sean incluyentes ni multilaterales, que no estén sujetas al control parlamentario y público y en las que no participen adecuadamente los países en desarrollo cuando afecten a su desarrollo;

    5.  Estima que no existen argumentos legítimos para no revelar la información relacionada con negociaciones internacionales sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual o sobre cuestiones similares que tienen carácter legislativo y afectan a los derechos fundamentales;

    6.  Pide a la Comisión que conceda al Parlamento acceso a todos los textos fundamentales relacionados con el ACTA, en particular el mandato de negociación del ACTA establecido por el Consejo, las actas de las reuniones de negociación del ACTA, los borradores de los capítulos del ACTA y las observaciones de los participantes en el ACTA acerca de dichos borradores;

    7.  Reconoce que, aparte de la clara obligación legal de informar al Parlamento, la documentación relativa al ACTA debería estar disponible también para el público en general, tanto en la UE como en los demás países participantes en las negociaciones; entiende la amplia crítica pública sobre el carácter secreto de las negociaciones del ACTA como una señal evidente de la insostenibilidad política del procedimiento de negociación elegido;

    8.  Pide a la Comisión que denuncie inmediatamente los acuerdos internos informales e ilegales sobre el carácter confidencial del desarrollo de las negociaciones, y solicita a la Comisión que informe al Parlamento con la debida antelación acerca de sus iniciativas al respecto; confía en que la Comisión procederá así ya antes de la próxima ronda de negociaciones en Nueva Zelanda, en abril de 2010, y que exigirá que la cuestión de la transparencia figure en el orden del día de dicha reunión;

    9.  Pide a la Comisión que, antes de proceder a cualquier acuerdo de la UE sobre un texto consolidado del tratado ACTA, respete los derechos fundamentales y lleve a cabo una evaluación de impacto de la aplicación de dicho tratado en el ámbito de dichos derechos y de la protección de datos, en los actuales esfuerzos de la UE para armonizar las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual y en el comercio electrónico, así como su posible impacto en el ámbito de los derechos humanos y el Estado de Derecho en terceros países, especialmente en los países en desarrollo; pide a la Comisión, asimismo, que consulte a su debido tiempo al Parlamento sobre los resultados de dicha evaluación;

    10. Se opone a toda negociación que limite los procedimientos debidos o debilite de la manera que sea las garantías en materia de derechos fundamentales contempladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

    11. Considera que todo acuerdo ha de incluir el derecho a examen judicial antes de excluir a alguien del acceso a Internet;

    12. Considera que la labor de enjuiciamiento de posibles violaciones de la normativa en materia de derechos de autor o de patentes debe recaer exclusivamente en la jurisdicción de las autoridades judiciales estatales, y que no se deben otorgar esas competencias a órganos administrativos o a partes que representen intereses privados;

    13. Considera que toda aplicación o propuesta de sanciones penales cuando existen medidas civiles no debe limitar la transferencia de tecnología ni la innovación económica al aumentarse los costes y los riesgos para los productores y los importadores;

    14. Insiste en que se debe respetar el derecho a la intimidad y la protección de los datos de las comunicaciones digitales, y que no se deben supeditar a un nivel inferior en materia de derechos fundamentales;

    15. Considera que todo acuerdo para reforzar la incautación y las inspecciones transfronterizas de bienes puede redundar en perjuicio del acceso mundial a medicamentos legales y seguros, incluidos los medicamentos genéricos;

    16. Considera que los acuerdos para prohibir las tecnologías contra la elusión no deben limitar la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa a escala mundial, así como el derecho a la información;

    17. Toma nota de las afirmaciones de la Comisión de que cualquier acuerdo ACTA se limitará a la aplicación de derechos de propiedad intelectual existentes, sin perjuicio alguno para el desarrollo del Derecho sustantivo sobre la propiedad intelectual en la Unión Europea; condiciona cualquier posible aprobación del ACTA al pleno cumplimiento de esta afirmación;

    18. Se opone a toda medida que incluya una vigilancia a gran escala de los usuarios y de las comunicaciones de Internet y la obligación de que los proveedores de Internet adopten la denominada política de desconexión a los tres avisos con una respuesta gradual; pide a la Comisión que proponga medidas para luchar contra la falsificación en lo relativo al derecho a la privacidad, la confidencialidad del correo electrónico y la protección de los datos personales; recuerda que es necesario respetar y garantizar la neutralidad de Internet;

    19. Insta a la Comisión a que garantice que el cumplimiento de las disposiciones del ACTA —especialmente en lo que se refiere a los procedimientos de observancia de los derechos de autor en el entorno digital— sea plenamente conforme a la letra y el espíritu del acervo de la Unión y no contemplen la imposición, fuera del proceso democrático de de toma de decisiones, de medidas de «autorregulación» por parte de sociedades privadas;

    20. Hace hincapié en que la protección de la intimidad y los datos personales son valores fundamentales de la UE, como se reconoce en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que deben respetarse en todas las políticas y en todas las normas adoptadas por la Unión de conformidad con el artículo 16 del TFUE;

    21. Expresa su más profunda inquietud por el hecho de que la UE haya estado negociando durante años acuerdos comerciales internacionales con importantes socios comerciales que incluyen numerosas medidas contrarias a los principios de democracia; afirma que utilizará todos los medios y procedimientos para obligar a que se respeten debidamente estos principios;

    22. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los socios negociadores del ACTA.