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B7-0354/2010

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PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Votaciones :

PV 16/06/2010 - 8.12

Textos aprobados :


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 158kWORD 93k
14.6.2010
PE441.936v01-00
 
B7-0354/2010

tras unas declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre la Estrategia UE 2020 − Nueva estrategia europea para el empleo y el crecimiento


Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Wils en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia UE 2020 − Nueva estrategia europea para el empleo y el crecimiento  
B7‑0354/2010

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Documento de trabajo de la Comisión, de 24 de noviembre de 2009, titulado «Consulta sobre la futura estrategia UE 2020» (COM(2009)0647),

–   Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de febrero de 2010, titulado «Documento de evaluación de la Estrategia de Lisboa» (SEC(2010)0114),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–   Vistas las Conclusiones de la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo, de 26 de marzo de 2010, sobre Europa 2020 y la gobernanza económica,

–   Vista la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro, de 7 de mayo de 2010,

–   Vistas las Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, de los días 9 y 10 de mayo de 2010,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza (beneficios y riqueza crecientes y declive acusado de la participación del trabajo en la renta nacional) en las últimas décadas, hasta 2007-2008, ha sido la principal fuerza motriz que ha impulsado el crecimiento gigantesco de la inversión en los mercados financieros y la aparición de burbujas especulativas (la «nueva economía» de Internet, propiedades inmobiliarias, etc.),

B.  Considerando que la política de la UE en general, y la Estrategia de Lisboa en particular, han agravado estas tendencias al centrarse en la competitividad, la reducción de costes, el desmantelamiento del Estado del bienestar, unos mercados laborales cada vez más flexibles, la liberalización de los mercados en general y la desregulación de los mercados financieros en particular,

C. Considerando, por tanto, que las políticas de la UE en general y la Estrategia de Lisboa han estado alimentando una política consistente en «medrar a costa del vecino» que empuja a los Estados miembros a la superación recíproca, y han allanado el camino al auge de burbujas económicas, insostenibles y alimentadas por la deuda, en numerosos países de la UE, lo que ha provocado déficit cada vez mayores de la balanza por cuenta corriente, por una parte, y un crecimiento impulsado por la competitividad, igualmente insostenible, en otros pocos países de la UE, por otra, y que este último ha creado enormes superávit de la balanza por cuenta corriente gracias a una política de deflación salarial contrapuesta a una débil demanda interna,

D. Considerando que las instituciones europeas y los Gobiernos de los Estados miembros hicieron caso omiso de las divergencias económicas cada vez mayores a que esta competencia dio lugar dentro de la zona del euro y de la UE-27, convencidos erróneamente de que sólo la inflación o la irresponsabilidad fiscal pueden conducir a la inestabilidad económica,

E.  Considerando, por consiguiente, que la Estrategia de Lisboa y la estructura monetarista del proyecto de la UE son en gran parte responsables del estallido de la crisis financiera y económica y de que no se hayan podido alcanzar los propios objetivos de Lisboa, dado que allanaron el camino al contagio con activos tóxicos por medio de la desregulación de los mercados financieros y fomentaron burbujas especulativas también en la «economía real»; y considerando que no es convincente la idea de que el fracaso de la Estrategia de Lisboa puede atribuirse simplemente a su deficiente aplicación por parte de los Estados miembros, la falta de control y motivos similares,

F.  Considerando que los dirigentes de la Unión Europea, pese a su discurso habitual sobre medidas europeas colectivas y solidaridad, empezaron a aplicar una política consistente en «medrar a costa del vecino», con sistemas nacionales competitivos destinados a rescatar el sector financiero y ofrecer incentivos fiscales para la recuperación; que el Plan Europeo de Recuperación Económica, adoptado por el Consejo en diciembre de 2008, no condujo en ningún momento a una respuesta más coordinada de la UE a la crisis; que el rescate de los bancos y las medidas de estímulo aplicadas hasta la fecha han socializado las pérdidas del sector financiero y de la industria y ralentizado la recesión, pero no han generado recuperación alguna,

G. Considerando que este Plan de Recuperación fue concebido sin tener en cuenta la perspectiva de género, y que las mujeres han quedado excluidas en gran parte de la toma de decisiones sobre las medidas de recuperación económica y financiera; que unas medidas de estímulo diferentes producen resultados diferentes para las mujeres y los hombres; que, dado que en una primera fase de la crisis resultaron especialmente afectados los sectores de la economía predominantemente masculinos (como el sector del automóvil, el sector de la construcción, etc.), no cabe duda de que los efectos a medio y largo plazo del mayor endeudamiento de los Estados repercutirán gravemente en los sectores ocupados principalmente por las mujeres, y especialmente en los empleos de la administración pública y los servicios sociales, sanitarios y de asistencia públicos y/o subvencionados con fondos públicos,

H. Considerando que, en 2009, el PIB se contrajo un 4,1 % en la UE; que algunos Estados miembros todavía están teniendo un crecimiento económico negativo este año, y que las perspectivas para la UE después de 2010 prevén una tasa de crecimiento, frágil y lenta, del 0,7 % para la UE-27 en el mejor de los casos, con una tasa de desempleo media en la UE-27 superior al 10 %, la congelación salarial y la continuación del proceso de desapalancamiento del elevado nivel de endeudamiento del sector privado; que el sector privado todavía no está en condiciones de generar nuevas inversiones habida cuenta de los bajos niveles de uso de capacidades, las débiles perspectivas económicas y los problemas persistentes a que se enfrentan las empresas para acceder al crédito,

I.   Considerando que, a finales de 2009, el Consejo Europeo acordó una «estrategia de salida» e incoó procedimientos de déficit excesivo contra veinte Estados miembros, exigiéndoles que para 2013-2014 a más tardar redujeran sus déficit presupuestarios por debajo del 3 %; que muchos Estados miembros ya han comenzado a atacar los salarios y han aplicado importantes recortes al gasto público, reduciendo los salarios y las pensiones del sector público, recortando plantillas y privatizando servicios públicos, así como medidas destinadas a aumentar el IVA y las cotizaciones a la seguridad social y a retrasar la edad legal de jubilación,

J.   Considerando que la «estrategia de salida» de la UE y el comportamiento del sector financiero revelan un cinismo muy arraigado, puesto que los elevados déficit y la deuda pública desorbitada se deben principalmente a las medidas adoptadas por los Gobiernos para salvar al sector financiero de los resultados de su propia especulación y de los daños que estaba causando a la economía; que los mercados financieros se revuelven ahora contra los mismos Gobiernos que los rescataron en primer lugar, y que la carga de reembolsar la deuda pública a los mismos acreedores del sector financiero la imponen los Gobiernos a la población normal, es decir, trabajadores, jubilados, etc., cuyos puestos de trabajo, salarios y prestaciones y derechos sociales están amenazados,

K. Considerando que, en su evaluación de los programas de estabilidad y convergencia de 24 Estados miembros de la Unión, de 17 y 24 de marzo y 14 de abril de 2010, la Comisión instó a la mayoría de ellos a aplicar recortes más severos del gasto público y más «reformas estructurales»; que la Comisión propone la creación de mecanismos que permitan supervisar de forma aún más estricta el déficit en la planificación presupuestaria a medio plazo de los Estados miembros; que en las Conclusiones del Consejo de Primavera sobre la gobernanza económica también se aboga por el recurso al artículo 136 del TFUE como instrumento para lograr una supervisión presupuestaria más severa y por que la UE se centre «en los desafíos acuciantes de la competitividad y la evolución de la balanza de pagos»,

L.  Considerando que la austeridad presupuestaria que preconizan la Comisión y el Consejo, y que la mayoría de los Estados miembros está aplicando, incrementa la presión deflacionista sobre una economía aún frágil y estancada, desmantela los «estabilizadores automáticos», como los sistemas de protección social y la inversión pública, que habían demostrado su eficacia para hacer frente a la contracción, y puede empujar a la economía de nuevo a la recesión, truncando en ese caso cualquier esperanza de lograr una disminución de la deuda pública y la consolidación fiscal,

M. Considerando que, en este contexto, la Comisión Europea propuso cinco objetivos para la nueva Estrategia UE 2020 con el fin de demostrar su supuesto «realismo»; que estos objetivos se basan en gran parte en los objetivos de la antigua Estrategia de Lisboa; que el Consejo de Primavera de la UE no logró llegar a un acuerdo sobre los objetivos relativos al abandono escolar prematuro, la educación superior, la reducción de la pobreza y la exclusión social; que esto último es sorprendente, dada la ardiente retórica empleada por los Gobiernos de los Estados miembros y el Consejo para resaltar la necesidad de invertir en las personas y en las capacidades, así como de abordar en serio la pobreza en 2010, el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social,

N. Considerando que las políticas de la UE, la Estrategia de Lisboa y, en particular, la Estrategia UE 2020 apenas han abordado la cuestión de la transición demográfica y las transiciones espaciales simultáneas vinculadas a aquella (caracterizadas por modelos de urbanización rápida, así como por tendencias demográficas nacionales proyectadas al nivel urbano),

Observaciones generales sobre Europa 2020 y la gobernanza económica de la UE

1.  Hace hincapié en que la estrategia de salida de la UE, sadomonetarista, no permitirá a los Estados miembros lograr la consolidación fiscal, dado que debilitará los estabilizadores automáticos, como la protección social y la inversión pública, reducirá los salarios y provocará a su vez la disminución de la demanda interna y de los ingresos fiscales; señala que la «gobernanza económica de la UE» que propone el Consejo en consonancia con lo anterior conducirá a la regresión social, a una economía aún más debilitada y a la desestabilización de la integración europea y de la democracia;

2.  Señala que la aplicación de una austeridad presupuestaria tan estricta impedirá generar inversiones suficientes para la ecologización de la economía, la creación de nuevos puestos de trabajo, la mejora de la educación, las capacidades y las competencias, y la lucha contra la pobreza y la exclusión social con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia UE 2020, independientemente del grado de ambición que adquieran esos objetivos cuando el Consejo los configure finalmente en junio de 2010; considera, por tanto, que la Estrategia UE 2020 está basada desde el principio en promesas huecas, y que posiblemente ni siquiera merezca la pena proceder a evaluar cada año los «programas nacionales de reforma»;

3.  Considera que la Estrategia UE 2020 carece de ambición, incluso comparada con la fracasada Estrategia de Lisboa; critica enérgicamente que la Estrategia UE 2020 no aborde en absoluto la igualdad para las mujeres; señala que, en un contexto de aumento del desempleo, la estrategia no explica claramente cómo se puede reducir éste eficazmente mediante instrumentos de política económica y de empleo con miras al desarrollo sostenible y al pleno empleo;

4.  Destaca que, en el caso de la Estrategia de Lisboa, no fueron los resultados en la consecución de sus objetivos lo que más contó, sino la obediencia al dogma neoliberal: los países nórdicos y los Países Bajos obtuvieron mejores resultados que los EE.UU. a la hora de crear empleo y ocuparon los primeros puestos en la UE en lo referente a tasas de empleo (general, mujeres, trabajadores de mayor edad, etc.), al tiempo que quedaron en un nivel excelente en las clasificaciones mundiales de competitividad, sostenibilidad medioambiental y bajos niveles de pobreza; considera que hubiera sido lógico promover los valores, políticas e instrumentos más igualitarios, sociales y ecológicos aún consagrados en los «modelos nórdicos» como criterio de referencia para la Unión Europea, pero que la Comisión y el Consejo insistieron en cambio en que estos países debían reforzar la flexibilidad de los mercados laborales y promover «reformas estructurales» neoliberales pese a haber alcanzado los mejores resultados;

5.  Señala que, a pesar de la retórica superficial sobre la «ecologización de la economía» y la cohesión social, el espíritu neoliberal y la dirección política de la Estrategia UE 2020 siguen siendo los mismos que en la Estrategia de Lisboa: prioridad a la competitividad, más liberalización en el mercado único, fomento de una mayor privatización a través de la colaboración público-privada o reactivación del espíritu empresarial, como si todas estas políticas no hubieran contribuido al estallido de la crisis económica (por ejemplo, el papel de un espíritu empresarial equivocado en la evolución de la nueva economía y en las burbujas provocadas por innovaciones financieras y su explosión subsiguiente);

La adopción de medidas efectivas coordinadas en los próximos 3 a 5 años es crucial para superar el estancamiento, promover el desarrollo sostenible y luchar contra el desempleo

6.  Insiste en que durante los próximos tres a cinco años se necesitarán mayores incentivos fiscales para luchar contra el estancamiento de la economía y desarrollar una estrategia de acceso a nuevos puestos de trabajo: un Plan de Recuperación Económica de la UE nuevo, más sólido y mejor orientado que integre la igualdad de género en todos sus componentes, que utilice el 1 % del PIB de la UE cada año para invertir en un desarrollo sostenible desde los puntos de vista medioambiental, social y económico, para fomentar la equidad, el pleno empleo con «trabajos dignos», la ecologización de la economía, el bienestar social, la erradicación de la pobreza y la exclusión social y para crear una mayor cohesión social y territorial en toda la UE; destaca que ello debe ir acompañado de medidas similares al nivel de los Estados miembros que deben coordinarse de forma coherente entre ellos y con la acción a nivel de la UE;

7.  Señala que la reducción del déficit público y la deuda pública a medio plazo sólo podrá garantizarse con una recuperación enérgica de la economía y un aumento cualitativo de puestos de trabajo dignos y de calidad; destaca que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se aplicó de hecho en 2008 y 2009 para que los Estados miembros pudieran lanzar planes de recuperación; insiste en que no debe aplicarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

8.  Sugiere que las inversiones realizadas en el marco del nuevo Plan de Recuperación de la UE y las iniciativas de recuperación de los Estados miembros se orienten hacia el desarrollo sostenible, a saber, el ahorro de energía y las energías renovables, la producción limpia y la prevención de residuos, el desarrollo urbano y la vivienda sostenibles, la agricultura biológica, la pesca sostenible y la conservación de los ecosistemas, la mejora de la eficiencia en el uso del agua y los recursos, la reconversión de la industria armamentística, la ampliación y mejora de los servicios públicos, la educación, la atención sanitaria, los cuidados prolongados y la economía social, el apoyo a la construcción de viviendas sociales y a los sectores de la asistencia y la educación, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con objeto de promover la creación de puestos de trabajo «verdes» y «blancos» declarados y sostenibles;

9.  Subraya que la igualdad de acceso a la asistencia es un pilar de un modelo del Estado del bienestar basado en la solidaridad y la igualdad, y que el futuro de las economías de la UE y de nuestros Estados del bienestar dependerá en gran medida de cómo se organicen las necesidades de cuidados que van en aumento; destaca que el trabajo de asistencia en nuestras sociedades constituye hoy en día una parte importante de la economía tanto formal como sumergida, en la que la mayoría de los trabajadores son mujeres que en muchos casos no trabajan en condiciones adecuadas y/o carecen de toda seguridad; pide que la Estrategia UE 2020 examine el sector de la prestación de asistencia con objeto de mejorar las condiciones laborales y reforzar la prestación de servicios públicos de asistencia y la igualdad de acceso a la asistencia para todos;

10. Propone que una parte de los programas de inversión del Plan de Recuperación se centre especialmente en los sectores industriales más afectados por la crisis con objeto de atender a la necesidad de lograr el pleno empleo con puestos de trabajo dignos: la reconversión del sector del automóvil hacia servicios de transporte sostenibles, la ampliación de las redes ferroviarias y la oferta de servicios ferroviarios regionales de amplia cobertura espacial y completos (Programa «Rail Europe 2025»), el fomento de la construcción naval ecológica y la estabilización de la industria siderúrgica en ese contexto; insiste en que la UE y los Estados miembros deben acompañar esa reconversión con medidas de mantenimiento del empleo, formación, reciclaje y desarrollo de capacidades, así como asegurar la transición laboral para los trabajadores de los sectores industriales afectados;

11. Señala que la UE y los Estados miembros deben aplicar mecanismos que permitan una orientación estatal, específica y controlada democráticamente de la inversión con cargo al nuevo Plan de Recuperación hacia los sectores económicos más afectados por la crisis, los sectores sostenibles de nueva aparición y las regiones desfavorecidas; insiste en que los destinatarios de esas inversiones deben poder involucrarse y participar activamente en el proceso; destaca que toda intervención de los Estados miembros, en forma de ayudas, recapitalización y garantías financieras destinada a empresas en dificultades debe traducirse lógicamente en un aumento de la parte pública en los derechos de voto y en los futuros beneficios y utilizarse para influir en las estrategias de inversión de esas empresas; señala que los Estados miembros deben aplicar medidas para reforzar la democracia económica y modificar la gobernanza de las empresas con el fin de reforzar la posición de los trabajadores, los sindicatos y los consumidores, así como la dimensión social y medioambiental de las decisiones estratégicas de las empresas y los servicios públicos;

12. Propone que las iniciativas emblemáticas de la Estrategia UE 2020 propuestas por la Comisión sobre una agenda de nuevas cualificaciones y empleos, una Europa que utilice eficazmente los recursos, una Unión por la innovación y una política industrial se vinculen estrechamente al nuevo Plan de Recuperación de la UE, rediseñado y racionalizado para apoyar el desarrollo sostenible;

13. Subraya que las medidas a favor de la reducción del tiempo de trabajo, aplicadas por algunos Estados miembros en 2009-2010 y apoyadas por sistemas de protección social, han demostrado su eficacia a la hora de frenar el desempleo y mantener a los trabajadores en puestos de trabajo retribuidos; pide a la UE y a los Estados miembros que fomenten la reducción general del tiempo de trabajo sin pérdida de ingresos para los trabajadores, así como la creación de puestos de trabajo adicionales con el fin de evitar un aumento de la carga de trabajo, acompañando estas medidas, en su caso, con ayudas decrecientes a las empresas a lo largo de un período transitorio durante la fase de paralización económica;

14. Pide a la UE y a los Estados miembros que promuevan la conciliación de la vida laboral y no laboral, y considera que la mejor forma de lograr este objetivo consiste en renovar el modelo de empleo tradicional: contratos permanentes con jornadas completas más cortas como norma general, y también mediante la disposición de normas que regulen el trabajo a tiempo parcial, de modo que sólo se ofrezcan empleos a tiempo parcial (entre 15 y 25 horas semanales) justificados y dotados de protección social; insiste en la necesidad de establecer la igualdad de condiciones entre el empleo a tiempo completo y el empleo a tiempo parcial por lo que respecta a los salarios por hora, los derechos a la educación y al aprendizaje permanente, las oportunidades de carrera y la protección social;

15. Destaca que la revisión de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) y las directrices para el empleo para el próximo ciclo 2010-2013 no deben basarse en el concepto de flexiguridad, sino en el concepto de «buen trabajo» como punto central de referencia, prestándose particular atención a la promoción del trabajo de calidad, una mejor seguridad social y la inclusión social, la ampliación e introducción de nuevos derechos para los trabajadores, la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, una mejor gestión de los riesgos sociales y la conciliación de la vida laboral y no laboral; insiste en que los Estados miembros deben adoptar medidas eficaces para suprimir gradualmente el empleo precario y atípico;

16. Insiste en que el Consejo y la Comisión deben proponer un instrumento de garantía juvenil europea que garantice, para todos los jóvenes de la UE, el derecho a recibir una propuesta de trabajo debidamente retribuida acorde a sus cualificaciones y capacidades, un período de prácticas, formación adicional o un período combinado de trabajo y formación inmediatamente después de quedarse sin empleo;

17. Considera que recortar los salarios y obligar a los trabajadores europeos a subcotizar sus salarios de forma recíproca provocará una deflación, reducirá el poder adquisitivo y la demanda interna e incrementará el riesgo de que la economía vuelva a caer en recesión; insiste en la necesidad de fijar límites salariales efectivos en la parte inferior de la escala de los mercados laborales (salarios mínimos y, adicionalmente, el concepto de renta mínima vital) y en la parte superior (límites salariales máximos, por ejemplo, veinte veces superiores al salario medio), de aplicar el principio de igualdad de trato e igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor realizado en el mismo lugar de trabajo, y de permitir una evolución salarial al alza que compense la inflación, tenga en cuenta los aumentos de productividad y tenga un fuerte componente de redistribución;

18. Considera que los desequilibrios existentes actualmente en la balanza por cuenta corriente en la UE-27, con países con elevados déficit de la balanza por cuenta corriente en el sur y el este de Europa y países con elevados superávit de la balanza por cuenta corriente, como Alemania, Austria y los Países Bajos, deben ser abordados a fondo por la gobernanza económica de la UE; subraya que los países con superávit deben modificar su desarrollo económico para reforzar la demanda interna y su economía nacional; propone la creación de un mecanismo de «unión de compensación» en la UE-27 que obligue a los países con superávit a pagar tipos de interés positivos a los países con déficit, permitiendo así a estos invertir en la modernización de la producción, los servicios y la infraestructura, incrementar la productividad y reducir sus déficit de balanza por cuenta corriente;

19. Hace hincapié en los cálculos de la Comisión sobre el aumento medio de la deuda pública de la UE-27 al 84 % como mínimo en 2011, pese a los esfuerzos de consolidación fiscal realizados por los Estados miembros; señala que los acontecimientos recientes, con la posibilidad de que Grecia no logre evitar la bancarrota, podrían llevar a un supuesto catastrófico en el que otros Estados miembros no puedan reembolsar su deuda, lo que provocaría la desintegración de la zona del euro; considera que debe concebirse urgentemente un «plan B» para responder a esa eventualidad, basado en una combinación de políticas consistente en negociar la condonación y reestructuración de la deuda pública con los bancos y las entidades financieras, así como en medidas audaces que permitan al BCE tomar iniciativas no convencionales, como ampliar su tesorería y monetarizar la deuda comprando bonos soberanos a través de su instrumento de operaciones estructurales con objeto de evitar el colapso económico;

Nuevas fuentes de financiación y nueva regulación para una recuperación sostenible

20. Pide al Consejo que amplíe el mandato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), de manera que sus políticas de préstamos puedan cubrir todo el espectro del nuevo Plan Europeo de Recuperación Económica (por ejemplo, incluyendo una política industrial sostenible);

 

21. Pide al Consejo que cree un bono común de la UE emitido por el Banco Europeo de Inversiones, garantizado colectivamente por los gobiernos de la UE-27 y respaldado por los ingresos fiscales nacionales al tiempo que por la inyección de liquidez del Banco Central Europeo a su tipo de interés del 1 %; señala que el citado bono no debería destinarse únicamente a combatir la especulación financiera y a eliminar los actuales diferenciales de la deuda nacional soberana, sino también, y especialmente, a financiar el nuevo Plan Europeo de Recuperación Económica; señala que no solo los países de la zona del euro, sino también el resto de Estados miembros se beneficiarán de la creación de crédito por medio del bono común de la UE; considera que financiando inversiones a través del BEI en lugar de con empréstitos en los mercados de capital privado, la UE y sus Estados miembros ahorrarían un dinero que podrían utilizar para crear nuevos incentivos a la inversión;

 

22. Destaca que es posible alcanzar un factor multiplicador de empleo e ingresos de entre uno y dos y medio para las citadas inversiones públicas a través del BEI, con la consiguiente perspectiva de que las medidas adoptadas en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica puedan en buena medida autofinanciarse;

 

23. Destaca que cualquier ayuda financiera a los Estados miembros mediante bonos de la UE debe vincularse a los principios del modelo social europeo, mantenerse totalmente alejada de recortes del sector público y de congelaciones salariales deflacionarias y medidas análogas, y secuenciarse en el tiempo de manera que se evite la austeridad presupuestaria procíclica; pide al Consejo que suprima los requisitos de condicionalidad impuestos a Grecia, Lituania, Rumanía y Hungría en el marco de las ayudas de emergencia de la UE y del FMI;

 

24. Pide al Consejo que cree un impuesto general sobre las transacciones financieras (IGTF) a escala de la UE, para frenar la especulación y garantizar que el sector financiero contribuya de manera justa a la recuperación económica y a la refinanciación de la carga fiscal que suponen las operaciones de rescate público; observa que, según estudios recientes, un IGTF del 0,1 % en Europa podría suponer unos ingresos anuales del orden del 2,1 % del PIB (unos 262 000 millones de euros); propone que los ingresos procedentes del citado IGTF se destinen a ayuda al desarrollo, medidas anticrisis y promoción del desarrollo sostenible;

 

25. Destaca que los bancos siguen contando con la garantía implícita pero sólida del rescate público incluso después de las operaciones de rescate y los avales gubernamentales (que totalizan unos 3 billones de euros en Europa), sin que tengan que satisfacer sin embargo precio alguno por ello; pide al Consejo que acuerde un mecanismo para la introducción de tasas de balance sobre los pasivos de los bancos (depósitos excluidos); observa que, modulando el tipo impositivo en función del volumen de los balances, los gobiernos pueden incrementar la tasa aplicada a los grandes bancos, atajando con ello el problema de las entidades que se hacen «demasiado grandes para quebrar»;

 

26. Pide a los Estados miembros que aumenten la fiscalidad sobre las bonificaciones de los bancos y los directivos, sobre los ingresos del capital (dividendos, intereses), sobre los beneficios del capital y sobre las grandes fortunas y herencias, destinando los ingresos con ello obtenidos a la inversión del sector público; señala que la dinámica de la demanda podrá de este modo reforzarse e imbricarse en una estrategia de desarrollo ecológico y socialmente sostenible con perspectivas de reducción del déficit a medio plazo; señala que, para contribuir a la consolidación fiscal, los Estados miembros deberían imponer recortes al gasto militar y a las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente;

 

27. Señala la necesidad de movilizar fondos adicionales para el nuevo Plan Europeo de Recuperación Económica mediante recortes de las partidas presupuestarias de la UE destinadas, por ejemplo, a gastos militares y defensa, energía nuclear y fusión nuclear, proyectos de fondos estructurales y proyectos de redes transeuropeas perjudiciales para el medio ambiente; considera asimismo necesario prever medidas de apoyo presupuestario para los países cuya situación de crisis es más grave, concretamente mediante el anticipo de fondos de la Unión sin necesidad de contrapartidas nacionales; pide a la Comisión y al Consejo que prorroguen la reciente flexibilización de la normativa sobre ayudas estatales mientras prosigan el estancamiento y las elevadas tasas de desempleo;

 

28. Considera que el sector financiero debe actuar ante todo en interés público, aceptar menores beneficios y orientarse a eludir el riesgo y a lograr objetivos a largo plazo en lugar de beneficios a corto plazo; considera que existe una urgente necesidad de socialización del sector bancario y de creación de un polo financiero de titularidad pública (bancos nacionalizados, cajas de ahorros regionales y locales, bancos cooperativos) que canalice los créditos hacia inversiones útiles desde el punto de vista social y medioambiental que creen empleo de calidad; considera que la toma de decisiones sobre políticas crediticias del sector financiero debe someterse a un control público democrático y prever la participación democrática de trabajadores y consumidores;

 

29. Insiste en la necesidad de medidas firmes para frenar la especulación en los mercados financieros; destaca la necesidad de medidas urgentes e inmediatas para la prohibición de vender y negociar en descubierto, sin garantías, permutas de riesgo de crédito y para la creación de una agencia de calificación pública europea; señala que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión no deberían poder operar en la UE, o cuando menos deberían tener severas restricciones de funcionamiento; propugna la supresión de las plazas financieras extraterritoriales y que las inversiones de los fondos de pensiones se limiten estrictamente a bonos públicos europeos, sin posibilidad de inversión en fondos de cobertura o fondos de capital riesgo/inversión, divisas extranjeras e instrumentos derivados; pide a la Comisión y al Consejo que aceleren la introducción de una regulación más estricta de la supervisión del sector financiero;

 

Otras observaciones sobre los objetivos y políticas de la Estrategia UE 2020

30. Apoya la propuesta de la Presidencia española de fijar un objetivo principal en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para la Estrategia UE 2020; insiste en un capítulo específico sobre igualdad de oportunidades en la estrategia que complemente el principio de integración de la dimensión de género; señala que este capítulo debería abordar todos los aspectos de la Estrategia específicamente destinados a contribuir a una mayor igualdad entre hombres y mujeres, como por ejemplo la revisión de los sistemas de protección social con vistas a suprimir aquellos elementos que generen desigualdades, la mejora de las condiciones laborales en los sectores donde trabajen mujeres, la igualdad de oportunidades en la formación y la educación, etc.;

 

31. Pide que se fije el objetivo de reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres de manera que no superen el 0-5 % en 2020; pide que se fijen también objetivos para la prestación de unos servicios de atención de mejor calidad, asequibles y flexibles para todos, en particular los de cuidados infantiles, garantizándose prestaciones de hasta un 70 % para los niños de hasta tres años y del 100 % para los niños de entre tres y seis años; insiste en introducir, a lo largo del período de vigencia de la Estrategia UE 2020, objetivos específicos en materia de cuidados de otras personas dependientes, incluidas las personas de edad, sobre la base de una evaluación permanente de las necesidades reales y potenciales;

 

32. Considera que el objetivo principal de la Estrategia UE 2020 para la tasa de empleo global (75 %) debería fijarse también para la tasa de empleo femenina, calculándose ambas tasas sobre la base de unidades a tiempo completo; propone, como objetivo adicional, reducir el desempleo a la mitad para 2015;

 

33. Pide unos objetivos principales más ambiciosos en materia de clima y energía: reducir las emisiones de CO2 en un 40 % para 2020 y en un 80 % para 2050 (respecto a los valores de 1990), y situar la cuota de energías renovables en el suministro de electricidad en un 35 %; propone fijar objetivos específicos de reducción de emisiones para el sector del transporte (incluidos aviación y navegación); pide que se fijen objetivos adicionales en materia de reducción de uso de recursos y prevención de residuos; insiste, en este sentido, en la necesidad de lanzar una «Estrategia de rescate de la biodiversidad» para la recuperación de los ecosistemas, y de que las políticas sectoriales —como agricultura, transporte, energía y ordenamiento del territorio— sean «a prueba de ecosistemas»; pide una revisión a fondo de la Política Agrícola Común, a fin de promover la soberanía alimentaria en todos los países, de manera que se reduzcan las importaciones de alimentos y se dé prioridad a la producción y al consumo locales como herramientas para combatir el cambio climático;

 

34. Lamenta que la Comisión sitúe la conservación de la energía, los recursos naturales y las materias primas exclusivamente en el contexto de la «competitividad de nuestra industria y de nuestras economías en el futuro», convirtiéndola así en rehén de intereses empresariales que insistirán en que solo cabe aceptar aquellas medidas que generen beneficios inmediatos; pide que se revisen el Mecanismo para un Desarrollo Limpio y el sistema de comercio de derechos de emisión, que están comprometiendo gravemente el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la UE y en el mundo;

 

35. Insta al Consejo a que acuerde el objetivo básico de reducir la pobreza a la mitad para 2015; lamenta profundamente que la Comisión esté diluyendo su inicial propuesta sobre la iniciativa emblemática «Plataforma europea contra la pobreza», que actualmente está llamada a «garantizar que las ventajas del crecimiento y el empleo beneficien a todos, permitiendo a las personas en situación de pobreza participar activamente en la sociedad»; insiste en que la UE debe seguir teniendo como objetivo la erradicación de la pobreza y de la exclusión social, y no limitarse a propiciar que los pobres se resignen a su situación desesperada con pequeñas mejoras en el acceso a los servicios;

 

36. Insiste en sus demandas de un planteamiento focalizado en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y en particular en un objetivo global de reducir la pobreza infantil en un 50 % antes de 2012 y de acabar con el problema de las personas sin techo antes de 2015, un objetivo europeo de un salario mínimo (por ley o convenios colectivos a escala nacional, regional o sectorial) que suponga como mínimo el 60 % del respectivo salario medio (nacional, sectorial, etc.), un objetivo europeo de regímenes de renta mínima y de sistemas contributivos de sustitución de la renta que proporcionen un apoyo a la renta por lo menos igual al 60 % de la renta equivalente media nacional, y un calendario para que todos los Estados miembros alcancen dichos objetivos; señala que para solucionar el problema de las personas sin techo debe tratarse a escala nacional y europea la cuestión de la falta de viviendas adecuadas;

 

37. Toma nota de que el Consejo de Primavera convino en resolver los «cuellos de botella» que frenan el crecimiento en el marco de la Estrategia UE 2020, mediante, entre otras vías, un ulterior refuerzo del mercado único; observa que la Comisión prevé adoptar en este sentido, un importante conjunto de iniciativas a más tardar en 2012; reprueba que la estrategia de mercado interior de la Comisión y del Consejo pretenda reforzar su agenda de liberalizaciones y privatizaciones; insiste en la necesidad de una exhaustiva revisión de la estrategia del mercado único cuyo eje central pase a ser la ciudadanía y no las grandes empresas, creando una sólida dimensión social y medioambiental basada en objetivos específicos y medibles que reflejen los intereses de los trabajadores, de los consumidores y de las PYME;

 

38. Critica enérgicamente el compromiso de la Comisión y del Consejo de proseguir con la agenda «Legislar Mejor», recientemente rebautizada como «Legislación Inteligente», en el marco de la Estrategia UE 2020, y que pretende limitar la capacidad reguladora de los poderes públicos; destaca que las duras consecuencias de la crisis financiera no son el único elemento que ha demostrado la urgente necesidad de un refuerzo básico de la regulación pública; destaca la necesidad de reforzar las evaluaciones de sostenibilidad obligatorias para los objetivos medioambientales, sociales y de igualdad, y de valorar los costes que supone el hecho de actuar o no actuar; hace hincapié en que los Estados miembros deben tener derecho a establecer controles de precios a fin de corregir los incrementos de los precios de los productos básicos;

 

39. Toma nota de la conclusión del Consejo de Primavera de crear una dimensión exterior de la Estrategia UE 2020 a fin de promover los intereses y posiciones de Europa en la escena mundial mediante la participación en mercados abiertos y equitativos en todo el mundo; advierte frente a un aumento de la agresividad de la política comercial de la UE y reitera la necesidad de que dicha política cumpla con las normas sociales, medioambientales y de derechos humanos para conseguir la sostenibilidad, el desarrollo y la erradicación de la pobreza, así como un comercio justo y equitativo entre la UE y los países en desarrollo;

 

Gobernanza económica de la UE, mecanismo europeo de estabilización financiera y debate del Consejo sobre la modificación del Tratado

 

40. Critica las propuestas del Grupo de Trabajo liderado por el Presidente del Consejo Europeo y del Consejo ECOFIN sobre una vigilancia fiscal más estricta y sobre «reformas estructurales» destinadas a acompañar adecuadamente la evolución de la competitividad y la balanza de pagos en la zona del euro;

 

41. Toma nota de la decisión del Consejo ECOFIN de crear un mecanismo europeo de estabilización financiera con un volumen total de hasta 500 000 millones de euros, basado en el artículo 122, apartado 2, del Tratado, y un acuerdo intergubernamental de los Estados miembros de la zona del euro para ofrecer ayuda financiera a los Estados miembros en dificultades; conviene en que un mecanismo de estabilización es necesario para contrarrestar el peligro de un efecto dominó por posible bancarrota de algún Estado miembro de la zona del euro; manifiesta, no obstante, su firme oposición a que la activación y la asistencia de este mecanismo de estabilización queden supeditadas a condiciones férreas en la línea de las de la reciente ayuda de la UE y el FMI, y a que el FMI participe en sus acuerdos financieros;

 

42. Expresa su firme rechazo al propósito de la Comisión y del Consejo de crear un marco para políticas de consolidación fiscal aún más acelerada de los Estados miembros, de exigir en particular a España y Portugal importantes medidas de consolidación adicionales en 2010 y 2011, y de imponer reglas y procedimientos más estrictos para la supervisión de los Estados miembros de la zona del euro y sanciones más eficaces que las actualmente previstas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; considera que estas políticas solo conducirán a una profundización deflacionaria de la crisis y obligarán a los Estados miembros en dificultades a políticas procíclicas y antisociales;

 

43. Toma nota de que el Consejo ECOFIN recalcó la necesidad de progresar rápidamente en la regulación y supervisión de los mercados financieros, en particular en lo relativo a los mercados de instrumentos derivados y al papel de las agencias de calificación, y también por cuanto respecta a la aportación del sector financiero al coste de la crisis; pide a la Comisión y al Consejo que agilicen la presentación de propuestas efectivas a este respecto;

 

44. Celebra la reciente redefinición de las políticas macroeconómicas en el FMI, que apuesta por abandonar la condicionalidad vinculada a ajustes fiscales demasiado rigurosos y políticas de liberalizaciones, privatizaciones y desregulaciones, proponiendo autorizar los controles de movimientos de capitales y también un objetivo de inflación del 4 %; sugiere que la UE se comprometa en un proceso similar de redefinición de sus políticas macroeconómicas y de gobernanza económica;

 

45. Considera que cualquier debate significativo sobre la modificación del Tratado de la UE como respuesta a la crisis debe orientarse en primerísimo lugar a abandonar la arquitectura monetarista consagrada en el mismo, es decir: a suprimir los criterios disfuncionales de Maastricht para la Unión Monetaria Europea, a establecer criterios para una «convergencia real» y mecanismos de apoyo para que los Estados miembros puedan lograrla, a anular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sustituirlo por un Pacto de Empleo y Desarrollo Sostenible, y a redefinir el estatuto del Banco Central Europeo para dotarlo de responsabilidad democrática y hacer que abandone su «independencia absoluta» reorientando su misión hacia el apoyo a un desarrollo económico equilibrado sostenible, al pleno empleo, a la estabilidad financiera y a la estabilidad de precios cambiaria, por mencionar simplemente algunos de los aspectos más importantes del Tratado en este sentido;

 

46. Insiste, con vistas al debate sobre el mercado único, en la necesidad de introducir en el Derecho primario de la UE una cláusula de progreso social que estipule que los derechos fundamentales en general y el derecho a la huelga y a la acción y a la negociación colectivas deben prevalecer siempre sobre las «libertades fundamentales» del mercado interior;

 

47. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

 

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