PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre el Estado de Derecho en Rusia
9.2.2011
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Eva-Britt Svensson, Helmut Scholz en nombre del Grupo GUE/NGL
B7‑0111/2011
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en Rusia
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Rusia,
– Visto el Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, que entró en vigor en 1997 y que se ha prorrogado a la espera de su sustitución por un nuevo acuerdo,
– Vistas las negociaciones en curso con vistas a un nuevo acuerdo que ofrezca un nuevo marco global para las relaciones UE-Rusia,
– Vistos el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y la responsabilidad de las personas, los grupos y los órganos de la sociedad de fomentar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que en su Informe Mundial 2011, Human Rights Watch señala que «Rusia demostró mayor apertura a la cooperación internacional en materia de derechos humanos, pero el clima general de derechos humanos en el país se mantuvo intensamente negativo. Los compromisos retóricos del presidente Dmitry Medvédev con los derechos humanos y el Estado de Derecho no se han traducido en medidas concretas de apoyo a la sociedad civil. En el año 2010 se vivieron nuevos ataques contra defensores de los derechos humanos y los responsables de los asesinatos flagrantes cometidos el año anterior siguieron sin castigo,»
B. Considerando que incluso Valeri Zorkin, Presidente del Tribunal Constitucional de Rusia, ha señalado que en el sistema de valores generalmente aceptado todavía no se han integrado ni una verdadera sensibilización jurídica ni el respeto de la ley, incluso en el seno de numerosas instancias públicas, que con frecuencia consideran que el interés del Estado y de las empresas de titularidad pública debe primar, por definición, sobre el interés de los ciudadanos de a pie,
C. Considerando que una serie de casos destacados, como el segundo juicio de M. Jodorkovski y de P. Lébedev, los procedimientos judiciales contra los gestores y abogados de HSBC/Hermitage, la investigación sobre el asesinato de A. Politkovskaia, las diligencias judiciales contra Y. Samodurov, y el cese del juez Kudeshkina y de otros jueves, generan preocupación con respecto al deterioro del Estado de Derecho en Rusia,
D. Considerando que el Consejo de Europa ha criticado que los jueces están sometidos a un grado de presión cada vez mayor para garantizar que dicten condenas en relación con la práctica totalidad de los casos incoados por la fiscalía; que los abogados siguen siendo objeto de registros y confiscaciones y de otras formas de presión, con lo que se infringen la legislación rusa y las normas del Consejo de Europa,
E. Considerando que cerca del 30 % de las causas pendientes en la actualidad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos están relacionados con Rusia, lo que supera las relacionadas con cualquier otro país; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado más de 150 sentencias que acusan a Rusia de graves violaciones de los derechos humanos en Chechenia; que Rusia continúa pagando a las víctimas la compensación monetaria exigida pero que no aplica adecuadamente los elementos centrales de dichas sentencias, en particular la realización de investigaciones eficaces y la inculpación de los responsables de los actos,
F. Considerando que Rusia ha descendido hasta el puesto 154 (de un total de 178) en la lista de Transparency International en lo que se refiere al grado de corrupción detectado entre sus funcionarios públicos (incluidos policías y jueces);
G. Considerando que ,a pesar de las numerosas declaraciones del Kremlin en relación con la importancia que reviste que las ONG disfruten de unas condiciones de trabajo normales, los defensores de los derechos humanos siguen estando expuestos a acosos y ataques y todos aquellos que trabajan para poner fin a la impunidad en el Cáucaso Septentrional corren un riesgo especial,
H. Considerando que las ONG y los medios de comunicación siguen estando en una situación vulnerable frente a una legislación imprecisa contra el extremismo; que en julio de 2010 se adoptaron nuevas disposiciones en relación con el Servicio Federal de Seguridad (FSB) que permite que el FSB haga advertencias a personas, organizaciones y medios de comunicación; que estas advertencias exigen que las personas u organizaciones pongan fin a las actividades que en opinión del FSB pueden definirse como real o potencialmente extremistas,
I. Considerando el número cada vez más elevado de casos de restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de reunión, y que las autoridades condenan a manifestantes pacíficos a penas cada vez mas duras; que a lo largo de todo el año 2010 la policía siguió disolviendo, a veces con métodos violentos, las reuniones públicas registradas en grandes ciudades el día 31 de cada mes en apoyo del artículo 31 de la Constitución, que garantiza la libertad de reunión; que los organizadores de las manifestaciones son frecuentemente víctimas de acoso e intimidación, incluso por parte de los miembros de las fuerzas del orden y de organizaciones progubernamentales,
J. Considerando que en Rusia los trabajadores migrantes son víctimas de abusos entre los que se pueden citar la confiscación de sus pasaportes, la denegación de contratos, el impago o el pago con retraso de salarios, y unas condiciones laborales precarias desde el punto de vista de la seguridad; que los cambios legislativos adoptados en mayo establecen una relación más estrecha entre los trabajadores extranjeros y sus empleadores, lo que puede desanimar a un trabajador a abandonar a un empleador que abusa de éste; que esta situación resulta especialmente preocupante en el contexto de los proyectos de construcción a gran escala que resultan necesarios para que Rusia pueda acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi,
1. Subraya que el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos revisten importancia para la estabilidad de la región; considera que la UE y Rusia, así como todos los demás países, deben trabajar activamente para garantizar estos principios a todos sus ciudadanos; hace hincapié en que se trata de un criterio importante para el desarrollo de las relaciones entre la UE y Rusia;
2. Hace hincapié una vez más en que la democracia y los derechos humanos deben ser la base del nuevo acuerdo marco global con la Federación de Rusia con respecto, en particular, a la definición y la inclusión de una cláusula eficaz y operativa en materia de derechos humanos;
3. Reitera su petición de que se intensifique el diálogo UE-Rusia en materia de derechos humanos y el Estado de derecho y que este proceso se abra a una aportación efectiva del Parlamento Europeo, de la Duma Estatal, de la sociedad civil, de las ONG y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos;
4. Hace hincapié en la importancia primordial que reviste, para el Estado de Derecho y la protección de las libertades individuales, la protección de los sistemas de justicia penal en toda Europa de las interferencias motivadas por cuestiones políticas, expresa su seria preocupación por los casos en que Rusia no ha garantizado este principio; subraya que las referencias que se han hecho al carácter único del legado histórico del país o a sus tradiciones judiciales y en materia de gobernanza no pueden servir de pretexto para ignorar o, lo que es peor, abusar de las normas legales y democráticas internacionales, de los derechos humanos y de la dignidad de las personas;
5. Expresa sus condolencias y solidaridad a los amigos y a las familias de todas las víctimas del reciente atentado perpetrado con una bomba en el aeropuerto Domodédovo de Moscú y de los otros ataques contra la población civil registrados en la Federación de Rusia; destaca que la lucha contra estos actos terroristas no debe traducirse en nuevas restricciones de los derechos civiles fundamentales; expresa, en este contexto, su profunda preocupación con respecto al nuevo ámbito de competencias del FSB;
6. Manifiesta su honda preocupación ante el resurgimiento de la violencia y de los actos terroristas en la Federación de Rusia y, en particular, en el Cáucaso Septentrional; solicita, por una parte, el fin de estos actos terroristas y pide a las autoridades rusas, por otra, que pongan fin al clima generalizado de impunidad en relación con las violaciones de los derechos humanos y a la ausencia del Estado de Derecho en la región;
7. Pide a Rusia que cumpla plenamente sus obligaciones como miembro de la OSCE y del Consejo de Europa, incluido el respeto del derecho de asociación y del derecho a manifestarse pacíficamente;
8. Pide a las autoridades rusas que pongan fin a la impunidad generalizada que se registra en la actualidad en relación con la violencia contra los defensores de los derechos humanos, y que protejan y garanticen su integridad física, de conformidad con los instrumentos pertinentes de carácter internacional y regional en materia de derechos humanos; pide, en particular, a las autoridades rusas que adopten medidas preventivas de protección en relación con los defensores de los derechos humanos como, por ejemplo, el inicio de investigaciones tan pronto como la fiscalía y el poder judicial reciban noticias de las amenazas de las que son objeto;
9. Solicita, en caso de condena de la Federación de Rusia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se reanuden las investigaciones de las autoridades rusas y se revisen los ordenamientos jurídicos a fin de evitar nuevas infracciones del Derecho internacional;
10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, a la OSCE y al Consejo de Europa.