PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Egipto y Siria, en particular por lo que se refiere a las comunidades cristianas
24.10.2011
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda en nombre del Grupo Verts/ALE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0542/2011
B7‑0551/2011
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Egipto y Siria, en particular por lo que se refiere a las comunidades cristianas
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto, y en particular la de 15 de febrero, sobre la situación en Egipto, y la de 21 de enero de 2010, sobre los ataques contra comunidades cristianas,
– Vistos sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y, en particular, su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2009),
– Vistos el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del que Egipto es parte,
– Vista la Declaración de las Naciones Unidas de 1981 sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,
– Vistos los informes de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencias y, en particular, sus informes de 15 de diciembre de 2010 y de 18 de julio de 2011,
– Vistas las declaraciones de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, sobre Egipto, y en particular la de 10 de octubre, sobre la violencia en Egipto,
– Vista la decisión de la Comisión Europea, de 17 de agosto de 2011, de aprobar la concesión de 100 millones de euros a Egipto para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los pobres en El Cairo, crear más empleo y aumentar la disponibilidad de energía sostenible,
– Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto, de 2004, y el Plan de Acción aprobado en 2007,
– Vista la Comunicación conjunta titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» de la Comisión Europea y de la Alta Representante al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de mayo de 2011,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria, y en particular las de 7 de julio de 2011 y 15 de septiembre de 2011,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 10 de octubre de 2011,
– Vista la declaración de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 13 de octubre de 2011, sobre las sanciones de la UE a Siria,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, del que Siria es parte,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1975, de la que Siria es parte,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
Sobre Egipto
A. Considerando que, a raíz de los ataques a iglesias coptas de marzo, mayo y septiembre de 2011 y la ausencia de respuesta satisfactoria de las autoridades locales y nacionales para enjuiciar de manera efectiva a los autores de los ataques, en particular en la provincia meridional de Asuán, tuvo lugar en El Cairo, el 9 de octubre, una marcha pacífica, a la que asistió principalmente la comunidad copta, para pedir a las autoridades egipcias que tomaran todas las medidas necesarias para detener y enjuiciar a los autores e instigadores de los ataques a la Iglesia, adoptaran una legislación unificada sobre la construcción de lugares de culto, tipificara efectivamente como delito la discriminación por motivos religiosos y reconstruyera la iglesia atacada; considerando que en esta protesta se profirieron gritos contra el régimen y que se convirtió en un baño de sangre que se saldó con la muerte de 27 civiles y, posiblemente, también la de hasta tres soldados, así como con más de 300 heridos, por lo que se trata de los peores actos de violencia que ha conocido Egipto desde el derrocamiento de Mubarak, en febrero;
B. Considerando que las autoridades egipcias han respondido a este trágico suceso con el inicio de una inspección de la zona de Maspero a cargo de la Fiscalía General, la puesta en marcha de una investigación a cargo de la autoridad judicial militar y la constitución de una comisión de investigación compuesta por miembros del poder judicial;
C. Considerando que a los manifestantes coptos se unieron musulmanes en los días siguientes, en contra del sectarismo religioso y para pedir una investigación imparcial del supuesto recurso a una violencia letal por autoridades y matones y a la incitación a la violencia sectaria por los medios de comunicación estatales; considerando que los coptos representan alrededor del 10 % de la población de Egipto y se quejan de la discriminación, incluidos los constantes retrasos en relación con los permisos para la construcción de lugares de culto; considerando que el Papa Chenuda III de la Iglesia ortodoxa copta de Alejandría, cabeza de la Iglesia copta, condenó la violencia y que varios líderes religiosos, entre ellos el Gran Imán de Al Azhar, Ahmed al Tayeb, hacen ahora un llamamiento a la unidad nacional y al diálogo interconfesional;
D. Considerando que en el Canal Uno de la televisión estatal egipcia se pidió a los egipcios que tomaran las calles para defender al Ejército egipcio, que, según se dijo, estaba sufriendo el ataque de manifestantes cristianos violentos, exacerbando aún más la situación y discriminando entre ciudadanos al cubrir los sucesos;
E. Considerando que los líderes políticos y religiosos tienen el deber, a todos los niveles, de luchar contra el extremismo y promover el respeto mutuo, que todos los países tienen la obligación moral y legal de proteger la libertad de religión mediante la supresión de leyes discriminatorias que puedan conducir a un conflicto en toda regla;
F. Considerando que el Ministro de Finanzas egipcio, Hazem el Beblaui, ha dimitido como protesta por la reacción del Gobierno ante los enfrentamientos, lo que ha sido rechazado por el consejo militar rector; considerando que el Ministro de Turismo egipcio, Abdel Nur, ha criticado a la televisión estatal egipcia por incitar a la violencia contra los coptos y ha calificado los sucesos de catástrofe en todos los sentidos, afirmando que las autoridades no han abordado la crisis con valentía;
G. Considerando que la ley de emergencia, ampliada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad ante la Embajada de Israel el pasado mes de septiembre, ha recuperado su alcance original, abarcando infracciones como la perturbación del tráfico, el bloqueo de carreteras, la radiodifusión de rumores, la posesión y el comercio de armas y el «ataque a la libertad de trabajar», según declaraciones oficiales;
H. Considerando que los civiles detenidos en virtud de la ley de emergencia son juzgados por tribunales militares que violan el derecho a un juicio justo y niegan a los demandados el derecho de recurso; considerando que las organizaciones de derechos humanos han informado de que, desde que tuvo lugar la represión, más de 12 000 civiles han sido juzgados por estos tribunales especiales, y que la gran mayoría de las ONG defensoras de los derechos humanos, asociaciones de juristas y personalidades políticas de todos los grupos políticos de Egipto ha insistido en que los civiles deben ser juzgados por tribunales civiles para asegurar las garantías procesales debidas;
I. Considerando que Maikel Nabil Sanad, bloguero y preso de conciencia de 25 años de edad detenido el 28 de marzo, juzgado por un tribunal militar el 10 de abril y condenado a tres años de prisión por propagar supuestamente mentiras y rumores sobre las fuerzas armadas en su blog, lleva en huelga de hambre desde el 23 de agosto; que su salud se ha deteriorado considerablemente desde que las autoridades de la prisión le retiraran una medicación cardiaca que es vital para él;
J. Considerando que recientemente se anunció una comisión para examinar las instituciones civiles y las ONG con el fin de reforzar el control legal de la financiación extranjera de las organizaciones de la sociedad civil y que, como consecuencia, se envió al Banco Central la solicitud de someter a control todas las transacciones bancarias de las ONG; que al mismo tiempo el fiscal encargado de la seguridad del Estado acusó a organizaciones que habían recibido ilegalmente financiación procedente de fuentes extranjeras de «alta traición» y de «conspiración contra Egipto» por medio de programas extranjeros destinados a perjudicar la seguridad nacional de Egipto; que, además, las amenazas que apuntaban a las ONG, en particular a las implicadas en la defensa de los derechos humanos, en una intensa campaña difamatoria iniciada por la prensa estatal, sirvieron para deslegitimarlas y estigmatizarlas ante la opinión pública como agentes que actúan en contra de los intereses de Egipto;
K. Considerando que, en una declaración oficial hecha el 12 de octubre de 2011, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas reiteró su compromiso con la defensa del derecho de todos los ciudadanos a protestar de forma pacífica y con las libertades de reunión, de creencias y de expresión, como derechos constitucionales protegidos, así como con la defensa del Estado de Derecho, con independencia de quién sea el culpable;
L. Considerando que la Unión Europea ha expresado en repetidas ocasiones su compromiso con la libertad de religión, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento y ha destacado que los gobiernos tienen el deber de garantizar estas libertades en todo el mundo; que el desarrollo de los derechos humanos, de la democracia y de las libertades civiles es la base común en la que se asientan las relaciones de la Unión Europea con terceros países y se contempla en los acuerdos entre la UE y terceros países;
M. Considerando que el período transitorio posterior a la revolución egipcia del 25 de enero se ha caracterizado por una tendencia a la marginalización de la mujer, que quedó excluida de la Comisión Constitucional, y a la abolición de la cuota femenina en la revisión de la ley sobre derechos políticos, así como por crecientes demandas de retroceder en los avances legales logrados por las mujeres en la última década;
Sobre Siria
N. Considerando que, según estimaciones de Naciones Unidas publicadas recientemente, desde marzo de 2011 más de 3 000 personas han perdido la vida, incluidos al menos 187 niños, y otras miles han resultado heridas, han sido detenidas o torturadas o han desaparecido como consecuencia de la brutal represión ejercida por el régimen sirio contra su población; considerando que, a pesar de la condena internacional generalizada, se siguen produciendo una violenta represión, violaciones de los derechos humanos y abusos a cargo de las fuerzas de seguridad contra civiles y sus familias, un fenómeno que va a más en Siria;
O. Considerando que el levantamiento y la resistencia popular contra el régimen de El Asad no parece haberse debilitado ni sentirse intimidado por la violenta represión, sino que, por lo contrario, parece estar ganando terreno en algunas de las principales ciudades del país, lo que conduce a una guerra civil que podría desestabilizar el conjunto de la región;
P. Considerando que los esfuerzos de Turquía y de la Liga Árabe para alcanzar, como intermediarios, una solución pacífica del levantamiento han fracasado hasta la fecha;
Q. Considerando que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional a que intervenga para proteger a los civiles de la represión del régimen; que el 17 de octubre el Secretario General de las Naciones Unidas pidió al régimen sirio que detuviera la matanza de civiles y aceptara una investigación internacional de las violaciones de los derechos humanos;
R. Considerando que, a pesar de estos llamamientos y de los esfuerzos internacionales, el régimen sirio sigue buscando una solución militar a la revuelta, contribuyendo de esta manera a la militarización del conflicto que el régimen afirma intentar evitar; que nunca se han llevado a la práctica las reformas y amnistías anunciadas y prometidas por Bachar el Asad;
S. Considerando que, en sus Conclusiones de 10 de octubre de 2011, el Consejo se felicitó por los esfuerzos llevados a cabo por la oposición política siria para establecer una plataforma unida, pidió a la comunidad internacional que saludara también estos esfuerzos, tomó nota de la creación del Consejo Nacional Sirio (CNS) como un avance positivo y elogió el compromiso del CNS en contra de la violencia y en pro de los valores democráticos; considerando que durante los últimos meses se han mantenido en varias ocasiones intercambios de puntos de vista entre diputados al Parlamento Europeo y representantes de la oposición siria en el exilio;
Sobre Egipto
1. Expresa una vez más su solidaridad con el pueblo egipcio en este período crítico y difícil de transición democrática en el país y reitera su apoyo a sus legítimas aspiraciones democráticas; pide a las autoridades egipcias que garanticen el pleno respeto de todos los derechos fundamentales, incluida la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión;
2. Condena firmemente todos los actos de violencia y lamenta los denominados sucesos de Maspero, que tuvieron como resultado la muerte de más de 20 personas y 300 heridos, y expresa su solidaridad y sus condolencias a las familias de todas las víctimas; se manifiesta conmocionado por los brutales ataques, incluso con tanques, y por el uso desproporcionado de la fuerza por el Ejército egipcio contra los manifestantes;
3. Subraya que los sucesos de Maspero están en flagrante contradicción con el espíritu de la plaza Tahrir y subraya la importancia de que un poder judicial civil independiente lleve a cabo una investigación independiente, completa y transparente de los sucesos de Maspero para que los responsables rindan cuentas; subraya que las noticias sobre desinformación y discursos de incitación al odio propagados por los medios de comunicación son especialmente preocupantes y deben afrontarse plenamente;
4. Pide a las autoridades egipcias que adopten un marco político y jurídico adecuado para luchar contra todas las formas de discriminación y garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos egipcios; acoge con satisfacción, a este respecto, la modificación del Código penal para tipificar como delito la discriminación por razón de sexo, raza, lengua, religión o credo; subraya, no obstante, la necesidad de adoptar un marco jurídico completo y una política global para luchar contra todas las formas de discriminación, de conformidad con las normas internaciones en materia de derechos humanos;
5. Toma nota de los anuncios sobre las intenciones de las autoridades de revisar el marco jurídico sobre la construcción de lugares de culto y de examinar la legalización de los ya existentes; subraya, a este respecto, la importancia de que se aplique un código unificado a todos los lugares de culto, independientemente de la religión a la que pertenezcan, para evitar nuevos actos de discriminación;
6. Lamenta que el Gobierno todavía no haya adoptado ni modificado los proyectos de ley unificados sobre lugares de culto y contra la discriminación, que prometió modificar tras el ataque a la iglesia de Imbaba;
7. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la ley de emergencia dé a las fuerzas de seguridad poderes ilimitados de búsqueda, detención y arresto; pide que se levante el estado de emergencia, de conformidad con las primeras reivindicaciones de la revolución del 25 de enero y con los anuncios del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y del Gobierno sobre la revocación de la ley de emergencia antes de que se celebren elecciones; insta a las autoridades egipcias a que pongan fin al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y a que les garanticen un juicio justo e imparcial; señala que la renovación y la plena aplicación de la ley de emergencia y la extensión de la jurisdicción de los tribunales militares a todo Egipto para justificar el amplio uso de los tribunales militares contribuyen a aumentar la preocupación por el verdadero compromiso del Gobierno y del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con las peticiones de la revolución del 25 de enero, y representan un obstáculo para la transición democrática de Egipto hacia las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre y el 23 de enero;
8. Lamenta que el trato que Egipto reserva a los defensores de los derechos humanos y a los activistas políticos no parece haber cambiado mucho desde la renuncia del anterior Presidente; manifiesta su preocupación por los repetidos ataques de las autoridades egipcias contra las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación extranjera; pide a las autoridades que publiquen el informe de la comisión de investigación, creada bajo la autoridad del Ministro de Justicia, para investigar la financiación extranjera de ONG egipcias; manifiesta su preocupación por las noticias según las cuales varias ONG, incluidas algunas defensoras de los derechos humanos, están siendo investigadas actualmente por este asunto y están siendo sometidas a una campaña de calumnias del Gobierno en los medios de comunicación;
9. Subraya la importancia de la sociedad civil en toda sociedad democrática y pide a este respecto a las autoridades egipcias que asocien plenamente, y consulten, a las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de transición democrática, incluido el proceso electoral, y que pongan fin a todo tipo de acoso o intimidación a los que las organizaciones de la sociedad civil están sometidas actualmente, ya sea directa o indirectamente, en particular para detener todas las acciones penales y poner fin a la campaña de los medios de comunicación contra las ONG; pide a las autoridades egipcias que aprueben una nueva ley de asociaciones de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos y en estrecha consulta con las ONG y los grupos de derechos humanos;
10. Condena todo tipo de discriminación e intolerancia por motivos de religión y creencias contra fieles, apóstatas y agnósticos, así como las basadas en motivos de género, origen étnico e idioma o de discapacidad, orientación sexual e identidad de género; hace hincapié una vez más en que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es un derecho humano fundamental;
11. Reitera su apoyo a todas las iniciativas destinadas a promover el diálogo y el respeto mutuo entre comunidades religiosas y de otro tipo; pide a todas las autoridades religiosas que promuevan la tolerancia y adopten iniciativas contra el odio y la radicalización violenta y extremista;
12. Lamenta el restablecimiento de un Ministerio de los Medios de Comunicación después de haber sido abolido, puesto que es una amenaza para la libertad de expresión y la libertad de prensa; manifiesta su profunda preocupación por las actuales presiones sobre el prominente presentador de televisión Yosri Fouda, que decidió suspender su programa de debate político a partir del 21 de octubre para protestar contra los esfuerzos de las autoridades para reprimir la libertad de expresión; se manifiesta profundamente preocupado por la paralización por el Gobierno, desde el 7 de septiembre, de la entrega de licencias a canales políticos progresistas;
13. Pide que se reforme la seguridad en Egipto, y que se preste más atención a la libertad de religión y a la situación de las minorías religiosas en los acuerdos y en la cooperación con terceros países, así como en los informes sobre los derechos humanos, que se determinen pasos concretos e inmediatos para apoyar el trabajo de las ONG y de los defensores de los derechos humanos, en consonancia con las orientaciones de la UE sobre los defensores de los derechos humanos, y que se apruebe una estrategia de la UE en materia de derechos humanos en Egipto basada en consultas con ONG egipcias independientes;
14. Subraya la importancia de la libertad de expresión y de la pluralidad de los medios de comunicación; manifiesta su preocupación, a este respecto, por el aumento de las noticias sobre actos de censura y presiones contra periodistas y blogueros; insta a las autoridades egipcias a que pongan fin a la persecución injusta y espantosa de Maikel Nabil Sanad y exige su liberación inmediata e incondicional y la de todas las demás personas injustamente encarceladas por haber expresado pacíficamente su opinión en Egipto;
15. Subraya que el respeto de los derechos de la mujer, la igualdad de género y la participación política de las mujeres es fundamental para un verdadero desarrollo democrático en Egipto; insta a las autoridades a que fomenten la igualdad de género, contribuyan a eliminar las discriminaciones contra las mujeres, luchen contra la violencia de género y fomenten la igualdad de participación de las mujeres en la vida económica y política;
Sobre Siria
16. Condena enérgicamente el uso desproporcionado y brutal de la fuerza contra los manifestantes pacíficos y la persecución sistemática de activistas en favor de la democracia, defensores de los derechos humanos y periodistas;
17. Pide la renuncia de Bachar el Asad, cuyo régimen ha perdido toda legitimidad tras la continua, persistente e implacable ofensiva contra la población siria; considera que esta renuncia abriría el camino y facilitaría el proceso de transición, que debería basarse en un diálogo creíble e inclusivo en el que participen todas las fuerzas democráticas y componentes de la sociedad siria con vistas a iniciar un proceso de reformas democráticas profundas;
18. Expresa una vez más su solidaridad y su firme apoyo a la lucha del pueblo libio en favor de la libertad, las reformas democráticas y el final del régimen autoritario; insta a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que preste a las organizaciones de las fuerzas de la oposición democrática siria del interior de Siria y del exilio el firme apoyo político y técnico necesario para que su lucha no violenta tenga éxito;
19. Reitera su profunda preocupación por la gravedad de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades sirias, como las detenciones masivas, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria, las desapariciones y la tortura; considera que estas violaciones generalizadas y sistemáticas de las obligaciones que incumben a Siria en virtud del Derecho internacional en materia de derechos humanos pueden constituir crímenes contra la humanidad; considera que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe acusar a Siria ante la Corte Penal Internacional, con el fin de que se haga justicia a la población siria e impedir que se produzcan nuevas víctimas;
20. Subraya que opositores y manifestantes sirios han pedido en envío de observadores internaciones para impedir los ataques contra los civiles, y el pleno acceso al país para las organizaciones internacionales humanitarias y de defensa de los derechos humanos, así como para los medios de comunicación internacionales;
21. Lamenta el aumento de las incursiones de tropas sirias en territorio libanés, en el que se han comunicado numerosos asesinatos y secuestros; pide, a este respecto a la VP/AR de la UE que inste a las autoridades libanesas a que garanticen la protección y la seguridad de todos los ciudadanos sirios que huyen de su país, aplicando el Derecho humanitario;
22. Anima a la VP/AR de la UE, al Consejo y a los Estados miembros a que sigan cooperando estrechamente con Turquía y otros países vecinos de Siria, con la Liga Árabe y con otros actores internacionales con objeto de alcanzar una posición común para solucionar la crisis en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que incrementen la presión sobre el régimen sirio para detener la intensificación de las acciones militares contra su propio pueblo;
23. Acoge con satisfacción las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea contra Siria; pide al Consejo, no obstante, que encuentre la manera de ajustar estas sanciones para no golpear o afectar directa o indirectamente a la población civil cuya vida diaria se ha ido deteriorando considerablemente durante los últimos meses; considera que todos los que hayan cometido crímenes deben rendir cuentas de los mismos;
24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Egipto, al Gobierno y al Parlamento de Siria, al Secretario General de la Liga Árabe y al Secretario General de las Naciones Unidas.