Propuesta de resolución - B7-0043/2012Propuesta de resolución
B7-0043/2012

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del 30 de enero de 2012 acerca de un acuerdo internacional relativo a una unión de estabilidad presupuestaria

31.1.2012

tras una declaración del Consejo y de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento

Jürgen Klute, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Paul Murphy, Marisa Matias en nombre del Grupo GUE/NGL

Procedimiento : 2012/2506(RSP)
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Ciclo relativo al documento :  
B7-0043/2012

B7‑0043/2012

Resolución del Parlamento Europeo sobre las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del 30 de enero de 2012 acerca de un acuerdo internacional relativo a una unión de estabilidad presupuestaria

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Comunicado de los Estados miembros de la zona del euro de 30 de enero de 2012,

–   Visto el Tratado Internacional de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria,

A. Considerando que las medidas acordadas por los Jefes de Estado y el Consejo de la Unión Europea no abordan los principales factores que llevaron a la crisis, a saber, la excesiva dependencia de los mercados financieros y las crecientes divergencias macroeconómicas dentro de la zona del euro;

B.  Considerando que, a pesar de sus efectos devastadores, la dependencia de los mercados financieros no ha hecho sino aumentar incluso desde el inicio de la crisis financiera; considerando que solo el control público de los bancos y una asignación de créditos a intereses bajos por parte del Banco Central Europeo a los Estados miembros puede poner fin a esta situación;

C. Considerando que el Tratado propuesto dejará sin opciones en materia de política presupuestaria a los Gobiernos elegidos democráticamente en los Estados miembros, privará de control democrático a los pueblos de Europa, incluidos los Parlamentos nacionales, y establecerá un marco permanente de austeridad;

D. Considerando que la crisis de confianza entre la población de los Estados miembros y las instituciones de la UE sigue creciendo, con la consiguiente crisis de legitimidad de la Unión;

E.  Considerando que el proceso que llevó a este acuerdo no ha sido transparente, al haberse pasado por alto el escrutinio democrático que normalmente ha de caracterizar toda reforma de la Unión;

F.  Considerando que los Gobiernos de toda Europa han aceptado las consignas de los mercados financieros y, en consecuencia, han encaminado totalmente sus propuestas de actuación a procurarles satisfacción;

G. Considerando que no puede producirse ningún cambio importante en la política sin contar con la plena participación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales;

H. Considerando que, cada vez en mayor medida, la población percibe en las políticas de la UE una amenaza a su bienestar económico y social, una fuente de creciente inseguridad para su trabajo y sus ingresos, un promotor de la desigualdad y la injusticia y un impedimento al control democrático del pueblo sobre sus propias vidas;

1.  Considera que las medidas del Consejo Europeo agravarán la crisis mundial del capitalismo;

2.  Recuerda que las principales causas de las actuales crisis de la deuda soberana son extremadamente complejas y no podrán combatirse con la solución parcial de reducir el gasto, como sugiere este Tratado;

3.  Se opone firmemente al Tratado Internacional de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria y a las modificaciones recientes en la estructura de la UME (Gobernanza Económica, Semestre Europeo, Pacto por el Euro Plus); considera que estos cambios constituyen la respuesta más reaccionaria, antidemocrática y neoliberal extrema a la crisis actual;

4.  Recuerda que los factores subyacentes de la crisis tienen que ver, por ejemplo, con la desregulación de sectores clave, con los desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente y las correspondientes tasas de inflación divergentes derivadas de las desiguales dinámicas de los costes laborales unitarios, y con la ausencia, en muchos Estados miembros, de una tributación efectiva de la riqueza y las grandes empresas;

5.  Considera asimismo que el proyecto de Tratado Internacional institucionalizará la austeridad y abandonará el principio de igualdad de derechos democráticos de los 27 Estados miembros, lo que inevitablemente agravará la crisis, debilitará las condiciones de vida de la mayoría de la población de la UE y aumentará las desigualdades entre Estados miembros y creará divisiones que llevarán a una UE de varias velocidades, en un proceso que no solo pondrá en peligro la existencia del euro sino también posiblemente de la UE en su conjunto;

6.  Recuerda que algunos Estados miembros están sacando provecho de la crisis de la deuda soberana, señala que la orientación exportadora adoptada por algunos Estados miembros ha contribuido considerablemente a la deficiente asignación de los recursos y a la creación de burbujas económicas y pide a esos países que contribuyan en mayor medida a la solución de la crisis; pide a los Estados miembros que establezcan mecanismos basados en la solidaridad y la proporcionalidad;

7.  Denuncia que el proyecto de Tratado Internacional de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria se basa en los mismos instrumentos que condujeron a la crisis, en vez de reorientar el desarrollo económico de los 27 Estados miembros hacia el pleno empleo (con más y mejores puestos de trabajo), el crecimiento socioeconómico, la cohesión social (en especial la lucha contra la pobreza, las desigualdades de renta y el desempleo) y la protección del medio ambiente;

8.  Muestra su rechazo al establecimiento de una nueva norma que fije el déficit estructural anual de los Estados miembros en el 0,5 del PIB nominal, ya que conducirá a una austeridad permanente y a un mayor declive económico, alimentando el círculo vicioso de unos ingresos públicos cada vez menores y una deuda cada vez mayor, y se opone con firmeza a las sanciones y a la condicionalidad para obtener nuevas ayudas;

9.  Considera asimismo que la introducción de un compromiso para reducir anualmente la deuda en una veinteava parte hasta alcanzar un 60 % de ratio entre la deuda y el PIB no solo supone un objetivo inalcanzable, sino que además enervará el esfuerzo de los Gobiernos por estimular la economía y salir de la crisis;

10. Pide a los Estados miembros que pongan fin al actual trasvase de riqueza de los salarios a los beneficios, porque conducirá irremediablemente a una mayor desestabilización económica y a la generación de burbujas;

11. Insiste en la necesidad de medidas para solventar la crisis que sean globales y sostenibles, como el establecimiento de acuerdos de reestructuración de la deuda para las economías sobreendeudadas, que incluyan reducciones de deuda e inversiones de estímulo del crecimiento en la economía verde haciendo uso de la capacidad de crédito del Banco Europeo de Inversiones;

12. Está firmemente convencido de que para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas es necesario un planteamiento a largo plazo que abarque la tributación de la riqueza, un impuesto sobre las transacciones financieras, la lucha contra el fraude y la evasión fiscales, una intervención adecuada del BCE y un control firme del sector financiero;

13. Opina que los compromisos de la magnitud prevista en el proyecto de Tratado Internacional obligan al más alto nivel de consulta con los ciudadanos mediante referendos conformes a las normas nacionales; insiste en que dichos referendos deben llevarse a cabo sin la interferencia política de la Comisión Europea; considera asimismo que los Gobiernos de los Estados miembros en los que no sea posible efectuar un referéndum deben ofrecer a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre la ratificación de este proyecto de tratado mediante una consulta popular;

14. Señala que toda modificación de la Constitución irlandesa exige un referéndum y que esta atribuye los poderes presupuestarios al Parlamento y al Gobierno irlandeses, con lo que sería necesario enmendar la Constitución en caso de transferencia de facultades en este ámbito;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.