PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Nigeria (2012/2550 (RSP))
7.3.2012
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez en nombre del Grupo ALDE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0131/2012
B7‑0137/2012
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nigeria (2012/2550 (RSP))
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Nigeria,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Nigeria el 29 de octubre de 1993,
– Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, ratificada por Nigeria el 22 de junio de 1983,
– Vista la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas E/CN.4/RES/2005/69 (http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc), en la que se pide al Secretario general que nombre a un representante especial en materia de derechos humanos y empresas multinacionales y otros tipos de empresa,
– Visto el informe de agosto de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la evaluación medioambiental en la región de Ogoni,
– Vistos los informes sobre la situación en Nigeria de Human Rights Watch, International Crisis Group y Christian Solidarity Worldwide,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la estabilidad política y étnica de Nigeria tiene repercusiones más allá de sus fronteras, debido al papel de primer orden que desempeña el país en la región y en el África subsahariana en su conjunto;
B. Considerando que la violencia entre comunidades, sectaria y política se ha cobrado más de 16 000 vidas desde el fin de la dictadura militar en 1999; considerando que las fuerzas de seguridad gubernamentales son objeto de frecuentes acusaciones de violaciones de los derechos humanos, entre las que se encuentran la extorsión, la tortura y los asesinatos extrajudiciales;
C. Considerando que, tan solo en el último año, los episodios violentos en el Estado de Plateau han causado más de 350 muertes en 45 incidentes distintos; que los soldados y policías supuestamente implicados en los ataques violentos en pueblos del Estado de Plateau aún no han comparecido ante la justicia;
D. Considerando que más de 1 000 personas han muerto en el contexto de la violencia desatada tras el anuncio de las elecciones presidenciales del año pasado, que han sido una de las más sangrientas que se conocen; que, según International Crisis Group, las elecciones se vieron afectadas por malas prácticas, deficiencias logísticas e incoherencias en el procedimiento;
E. Considerando que las políticas a nivel local y estatal que discriminan a los «no nativos» (los ciudadanos que no pueden demostrar su progenie ante quienes se supone son los habitantes originales del país) agravan las tensiones entre comunidades y consolidan las divisiones étnicas;
F. Considerando que la profunda pobreza, la corrupción enquistada, la mala gobernanza y los abusos policiales generalizados han creado un entorno sumamente favorable a los grupos militantes, que reclutan con facilidad entre los jóvenes desempleados de Nigeria;
G. Considerando que Boko Haram, milicia islamista fundada en 2002 en Maidaguri, uno de los Estados más pobres situado en el nordeste del país, ha reivindicado las bombas y atentados que han producido 935 muertes;
H. Considerando que la campaña de violencia de Boko Haram se intensificó en 2009, tras la muerte en prisión de su dirigente, Mohammed Yusuf, y otros doce seguidores; que, con el fin de vengar la muerte de su líder, este grupo ataca principalmente a las fuerzas de seguridad gubernamentales, pero también iglesias, mezquitas e imanes que están en descuerdo con Boko Haram, y a políticos, dirigentes tradicionales y miembros de distintos grupos étnicos;
I. Considerando que en 2011 este grupo comenzó a cometer atentados suicidas, con el atentado contra el edificio de las Naciones Unidas en Abuja, en el que murieron 25 personas y 100 resultaron heridas; que en un ataque coordinado el 4 de noviembre, Boko Haram atentó contra comisarías de policía, bancos e iglesias en Borno y Yobe, dejando un saldo de 100 muertes; considerando que el ataque de enero de 2012 en Kano produjo el máximo número de muertes en un solo día, con más de 185 policías y residentes muertos; que, al parecer, en febrero Boko Haram atentó contra una mezquita en Kano, matando a cinco personas;
J. Considerando que las cosas las cuales se complican pues, al parecer, Boko Haram se ha escindido en tres fracciones, una de las cuales se plantea renunciar a la violencia, mientras que otra desea supuestamente conseguir un acuerdo de paz similar al que se ha ofrecido a los militantes del Delta del Níger, y la fracción más extremista rechaza las negociaciones y querría implantar la ley islámica en toda Nigeria;
K. Considerando que los militantes del Delta del Níger consideran el reciente aumento de la violencia como un intento de las milicias del norte de socavar y desestabilizar al actual Presidente, a quien apoyan, ya que Goodluck Jonathan procede de su misma zona;
L. Considerando que, de acuerdo con los supervivientes de ataques de Boko Haram, algunos de los militantes proceden de países vecinos, como Chad, Camerún y Níger;
M. Considerando que, en respuesta a la oleada de violencia, el Presidente Goodluck Jonathan declaró el 31 de diciembre de 2011 el estado de emergencia en varios Estados, y cerró temporalmente las fronteras con Chad, Camerún y Níger; que el Presidente ha admitido que Boko Haram se ha infiltrado en las instituciones del Estado y en las fuerzas de seguridad, y que se supone que funcionarios corruptos han facilitado armas a Boko Haram;
N. Considerando que el Gobierno nigeriano gasta unos 8 000 millones de dólares al año en subvenciones al combustible; que, en países ricos en recursos y con enormes diferencias entre ricos y pobres como Nigeria, el combustible subvencionado es uno de los pocos beneficios que concede gota a gota un Gobierno afectado por una corrupción infame, que ha dilapidado los beneficios del petróleo;
O. Considerando que, a principios de este año, las violentas protestas públicas y una huelga general de una semana han obligado al Presidente Goodluck Jonathan a restablecer en parte las subvenciones al combustible; que las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, argumentan que las subvenciones distorsionan el mercado y podrían utilizarse mejor en la financiación de la educación, la sanidad y otros servicios;
P. Considerando que la mala gestión y el derroche de los importantes recursos naturales del país, como el petróleo, por parte de la élite dirigente, apenas se ha corregido; que, además, los sucesivos vertidos de petróleo debido a las operaciones de empresas petroleras multinacionales, el sabotaje de oleoductos, el robo de crudo y la combustión en antorcha generalizada han causado una grave contaminación del Delta del Níger; que, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, la rehabilitación medioambiental de la región petrolera de Ogoni podría convertirse en la operación de limpieza de petróleo de mayor envergadura y a más largo plazo del mundo, si se quieren recuperar plenamente el agua potable, la tierra, los arroyos y otros ecosistemas;
Q. Considerando que tras la amnistía de 2009, en la que varios miles de personas, incluidos máximos comandantes de milicias, entregaron sus armas a cambio de dinero en efectivo, los ataques a las instalaciones petroleras se han reducido de forma importante, pero que continúan los secuestros en el sureste de Nigeria y en el Delta del Níger;
R. Considerando que la Ministra de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Social, Hajia Zainab Maina, se ha manifestado contra la elevada incidencia de las violaciones y la violencia sexual contra las mujeres en el país, y ha declarado que para hacer frente a esta preocupante realidad es imprescindible que se adopte una ley contra la «violencia contra las personas»;
S. Considerando que, de acuerdo con el Código Penal federal de Nigeria, la conducta homosexual acarrea sentencias de hasta 14 años de cárcel, y que en algunos Estados donde se aplica la ley islámica la conducta homosexual masculina consentida se castiga con la pena de muerte, mientras que en el caso de las mujeres las penas son de flagelación y 6 meses de cárcel; considerando que recientemente también se ha adoptado legislación federal que tipifica como delito el matrimonio entre personas del mismo sexo; que la Asamblea Nacional ya había intentado en dos ocasiones introducir este tipo de legislación, pero que no pudo hacerlo debido a la presión de los activistas nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos;
T. Considerando que el pasado mes de mayo, el Gobierno nigeriano aprobó la ley sobre libertad de información, que garantiza el acceso del público a los documentos públicos;
U. Considerando que la sociedad civil y los periodistas independientes critican abiertamente al Gobierno, creando así un ambiente de sólido debate político; que, no obstante, los periodistas siguen sujetos a acosos y arresto si informan sobre asuntos en los que esté implicada la élite económica y política del país;
V. Considerando que los sindicalistas y activistas a favor de los derechos humanos Osmond Ogwu y Raphael Elobuike están presos en la cárcel federal de Enugu, en el sureste del país, acusados del asesinato de un policía tras su detención en una manifestación de trabajadores el 24 de octubre de 2011; que, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la acusación no dispone de pruebas contra ellos;
1. Condena la pérdida de tantas vidas debido a la violencia entre comunidades, sectaria y política, y expresa sus condolencias a las familias en duelo;
2. Pide al Gobierno de Nigeria que tome medidas inmediatas y eficaces para proteger a sus ciudadanos, poner fin a la violencia, a la corrupción generalizada y a la impunidad de quienes violan los derechos humanos, y que promueva activamente el respeto de los derechos humanos;
3. Destaca la necesidad de un análisis matizado de las causas profundas de la inestabilidad y las tensiones en Nigeria, y subraya la necesidad de evitar explicaciones simplistas basadas únicamente en la religión, que no son útiles ni aportan elementos para una solución duradera de los problemas de esta región;
4. Pide al Gobierno Federal de Nigeria que tome medidas concretas para apoyar el diálogo entre etnias y entre religiones, y que investigue sobre las causas de los últimos episodios de violencia y se cerciore de que los responsables de los actos de violencia comparezcan ante la justicia de forma justa y transparente; insta a todas las partes a que se contengan y a que busquen medios pacíficos para resolver las diferencias entre grupos religiosos y étnicos en Nigeria;
5. Insta al Gobierno Federal de Nigeria a que aborde la cuestión de la permeabilidad de las fronteras del país junto con los Gobiernos de países vecinos como Camerún, Níger y Chad, pues militantes procedentes de estos países han participado en actos violentos;
6. Insiste en la urgencia de publicar los resultados de la investigación sobre la violencia posterior a las elecciones, incluidas la identidad de los responsables y las causas, y de trabajar junto con los Gobiernos de los Estados, los consejos locales, los dirigentes tradicionales y religiosos, los agentes no estatales relevantes y figuras locales clave para impedir que se reproduzca la violencia en las elecciones generales de 2015; insta a las autoridades a asegurar que los responsables de las malas prácticas electorales o de la violencia postelectoral comparezcan ante la justicia, con independencia de su estatus social;
7. Hace un llamamiento a las autoridades para que aborden los verdaderos agravios que sufren los ciudadanos que viven en las zonas del norte del país, mucho más pobres que algunos Estados del sur, y den prioridad a la mejora de sus míseras condiciones de vida, sin olvidar a otros Estados del sur que tienen problemas similares;
8. Pide a las autoridades de Nigeria y a las empresas extranjeras con actividades en el sector petrolífero de Nigeria que contribuyan a fortalecer la gobernanza, aumentado la transparencia y la responsabilidad en el sector extractivo, y pide a las empresas que se unan a la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas y hagan público lo que pagan al Gobierno de Nigeria;
9. Subraya la necesidad de que las autoridades nigerianas y las empresas multinacionales del petróleo hagan cuanto esté en su mano para poner fin a la constante contaminación, con el fin de reparar los daños medioambientales debidos a la contaminación por petróleo;
10 Insta encarecidamente a las autoridades nigerianas a que garanticen la aprobación de la ley contra la violencia contra las personas, y espera que sirva para detener la gran incidencia de la violencia sexual y otros actos de violencia contra las mujeres;
11. Acoge favorablemente el intento de mejorar la transparencia del Gobierno a través de la ley sobre la libertad de información;
12. Pide al Gobierno que libere al dirigente sindical Osmond Ogwu y al sindicalista Raphael Elobuike, al no existir pruebas contra ellos en el proceso iniciado por la fiscalía;
13. Pide la derogación de la actual legislación que criminaliza la homosexualidad y, en algunos casos, la castiga con la lapidación; pide al Parlamento nigeriano que suspenda su examen de la ley sobre la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo ya que, en caso de aprobarse, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (tanto los ciudadanos nigerianos como los extranjeros) correrían un grave riesgo de ser víctimas de violencia y arresto; recuerda su oposición categórica a la pena de muerte en toda circunstancia, y pide al Gobierno de Nigeria su abolición;
14. Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno Federal de Nigeria, a las instituciones de la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano (PAP).