PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la preparación del Programa de Trabajo de la Comisión para 2013
27.6.2012 - (2012/2688(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento
Emilie Turunen en nombre del Grupo Verts/ALE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0346/2012
B7‑0348/2012
Resolución del Parlamento Europeo sobre la preparación del Programa de Trabajo de la Comisión para 2013
El Parlamento Europeo,
– Visto el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 (COM(2011)777),
– Visto el Acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y la Comisión, de 20 de octubre de 2010, en particular su anexo IV,
– Visto el resultado del diálogo regular con las comisiones parlamentarias,
– Visto el artículo 35, apartado 3, de su Reglamento,
A. Considerando que la actual crisis económica, social y ambiental exige más que nunca un firme liderazgo europeo y una mayor integración a escala de la UE;
B. Considerando que una salida sostenible a la actual crisis no puede pasar por el recurso a las políticas que la provocaron y que sería oportuno reorientar nuestro modelo hacia un concepto político más amplio, haciendo de las personas y de la protección del medio ambiente el eje de la formulación de políticas y procurando crear bienestar y las mejores oportunidades para todos;
C. Considerando que la actuación de la Comisión Europea debe valorarse en función de los retos que supone superar esta triple crisis, defender el método comunitario y definir la función de la UE a escala mundial mediante actuaciones políticas en los ámbitos de los derechos humanos, el desarrollo, las relaciones comerciales y las relaciones exteriores, convirtiendo a la Unión Europea en un espacio más democrático que sea accesible para sus ciudadanos y garantice sus derechos civiles, así como la transparencia y el control democrático, todo lo cual requiere desarrollar nuevas ideas y una acción decidida;
El reto de afrontar la crisis
1. Subraya que la supervivencia de la moneda común exige un compromiso firme y explícito, así como una hoja de ruta, para profundizar y completar la Unión Económica y Monetaria (UEM), junto con una trayectoria creíble hacia una unión bancaria y una mayor integración fiscal y política, basada en una legitimidad democrática más sólida;
2. Pone de relieve que la prioridad inmediata para alcanzar este objetivo consiste en adoptar medidas concretas para crear una unión bancaria en la zona del euro que rompa el círculo vicioso formado por los bancos nacionales y su deuda soberana; insta a la Comisión a que presente, en el transcurso de los próximos meses, un conjunto de propuestas legislativas nuevas para incorporarlas a su Programa de Trabajo y que dichas propuestas comprendan, entre otros, los siguientes elementos:
– una autoridad común de supervisión con poder de decisión en última instancia al menos en lo referente a los bancos sistémicos, ya sean nacionales o transfronterizos;
– un mecanismo común de garantía de depósitos capaz de proporcionar confianza a los depositantes y evitar la retirada de fondos;
– una autoridad común de resolución bancaria para entidades sistémicas importantes y transfronterizas, que esté respaldada por un fondo de resolución común que cuente con un volumen suficiente para responder con credibilidad a las alarmas sistémicas y esté financiado de antemano por los propios bancos para garantizar la distribución de las cargas y limitar al máximo el coste para los contribuyentes;
– un único código normativo uniforme para la supervisión prudencial de todos los bancos y un único marco macroprudencial para prevenir una mayor fragmentación bancaria;
– una propuesta legislativa para llevar a cabo una reforma estructural del sector bancario de la zona del euro, que aísle eficazmente los servicios bancarios básicos a la economía real de las actividades de especulación en los mercados financieros y que elimine las entidades consideradas demasiado grandes para quebrar;
– un marco reglamentario basado en el principio de «mismo negocio, mismo riesgo, mismas reglas», que garantice que las entidades no bancarias que realicen actividades de tipo bancario e interactúen con otros bancos estén sometidas al control de los órganos reguladores;
– pruebas de resistencia creíbles y periódicas para comprobar la salud financiera de los bancos, fomentar la detección temprana de los problemas y determinar de forma eficaz la envergadura de las intervenciones;
3. Pide a la Comisión que, a modo de medida transitoria a corto plazo, explicite las disposiciones jurídicas y prácticas necesarias para que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) recapitalice directamente a las entidades bancarias afectadas de los Estados miembros que atraviesen o corran el riesgo de atravesar graves dificultades en términos de estabilidad financiera, así como en caso de concesión de una licencia bancaria al MEDE;
4. Insta a la Comisión a que, a través del marco de la política de competencia, imponga condiciones estrictas a las entidades que se hayan beneficiado de las ayudas públicas relacionadas con la crisis y del apoyo de las líneas de liquidez del BCE;
5. Considera que la introducción de una forma limitada de deuda común, en tanto que primer paso de una hoja de ruta hacia la emisión de auténticos eurobonos, con salvaguardias adecuadas en materia de gobernanza, es necesaria para garantizar la viabilidad de la UEM, de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo acerca del «paquete de dos»; insta, por tanto, a la Comisión a que presente una propuesta para establecer inmediatamente un Fondo Europeo de Rescate, así como la emisión inmediata de deuda común a corto plazo en forma de eurotítulos («eurobills»), para reducir los diferenciales y proteger a los Estados miembros de factores externos negativos provocados por el pánico y del círculo vicioso formado por la crisis de la deuda pública y la crisis bancaria;
6. Estima que la actual espiral recesiva de la zona del euro requiere una actuación más decidida por parte de la Comisión a fin de utilizar plena y activamente la flexibilidad inherente a la normativa fiscal de la UE, que permite recurrir a una vía diferenciada para lograr la consolidación presupuestaria en caso de grave recesión económica; insta, en este sentido, a la Comisión a que presente un conjunto de propuestas bajo el paraguas de una iniciativa para el crecimiento sostenible, de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo acerca del «paquete de dos», con el objetivo de promover las inversiones a largo plazo y complementar las reformas estructurales necesarias para la transformación ecológica de la economía europea y una recuperación generadora de elevados niveles de empleo ecológico;
7. Subraya que, para que la UEM sea más resistente, es preciso reducir urgentemente y de manera sostenida y simétrica los desequilibrios macroeconómicos excesivos; espera con interés el estudio específico previsto por la Comisión acerca de la manera en que los países con superávit podrían contribuir al reajuste general; aguarda también con interés el establecimiento, durante 2012, de la versión mejorada del cuadro de indicadores de los desequilibrios macroeconómicos, que debería incluir un nuevo conjunto de indicadores que aclaren la relación entre los desequilibrios macroeconómicos y la evolución del sector financiero;
8. Destaca que el seguimiento por parte de la Comisión de su Comunicación sobre la doble exención debe conllevar cambios concretos en la legislación fiscal de la UE para colmar las lagunas que las empresas aprovechan para evadir impuestos; subraya que, tras la esperada Comunicación sobre paraísos fiscales, el paso siguiente ha de ser presentar propuestas legislativas globales que aborden todos los aspectos de los paraísos fiscales y de la evasión de impuestos; pide a la Comisión que confirme con diligencia la participación de los Estados miembros que hayan comunicado su deseo de formar parte de una cooperación mejorada para el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 331 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);
9. Pide a la Comisión que incorpore el artículo 9 del TFUE a todas sus propuestas y que tome en consideración las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana, y que, por consiguiente, presente recomendaciones equilibradas en relación con el semestre europeo y cualquier legislación relativa a la crisis financiera y económica; invita a la Comisión a que presente las recomendaciones específicas por país y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de manera que abarquen todas las metas de la Estrategia Europa 2020 y sus objetivos principales;
10. Pide a la Comisión que dé seguimiento a las recomendaciones (previstas) del Consejo relativas a la garantía juvenil y al marco de calidad para los períodos de prácticas, y que adopte medidas legislativas con vistas a aumentar el empleo juvenil y orientar la financiación comunitaria en esta dirección;
11. Acoge con satisfacción el planteamiento de la Comisión presentado en el paquete sobre empleo («Hacia una recuperación generadora de empleo»), en el que se reconoce la necesidad de realizar una transición hacia una economía ecológica y más eficiente en el uso de los recursos, y aplaude el cambio de política tan solicitado en favor de la creación de puestos de trabajo; pide a la Comisión que dé seguimiento a las acciones clave para el empleo, que promueva la incorporación del empleo ecológico en los planes nacionales de empleo y que fomente la inversión en el ámbito de la eficiencia de los recursos y la energía renovable;
Una Unión Europea inteligente, sostenible e integradora
12. Pide a la Comisión que presente una propuesta relativa a la revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, en caso de que fracasen las negociaciones entre los interlocutores sociales;
13. Pide a la Comisión que presente sin demora (si todavía no lo ha hecho en 2012) la estrategia sobre salud y seguridad para el período 2013-2020, tal como se solicitó en el informe Delli del Parlamento Europeo sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo para el período 2007-2012 (2011/2147);
14. Considera que la crisis debería aprovecharse como una oportunidad para transformar nuestro modelo de desarrollo social en una economía con una elevada eficiencia, basada en el uso de energías renovables, y resistente al cambio climático; subraya la necesidad de que la Comisión presente propuestas políticas concretas en relación con un paquete de medidas sobre la energía y el clima para 2030, basado en los tres pilares actuales, a saber, gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética;
15. Espera que la Comisión proponga medidas legislativas globales para 2013 en materia de eficiencia de los recursos y acción climática, abogando por una reducción en términos absolutos del uso de recursos, la disminución de las emisiones de CO2 procedentes de vehículos pesados, la revisión de las políticas de calidad del aire y de la Directiva sobre diseño ecológico, y la adaptación de la decisión sobre la distribución del esfuerzo;
16. Critica severamente que la Comisión todavía no haya presentado las propuestas legislativas o revisiones ya anunciadas o prometidas en 2011, o antes, en materia de política medioambiental, especialmente por lo que respecta a las emisiones de NOx procedentes de la aviación, la gestión del ruido, la información al consumidor sobre el ahorro de combustible y las emisiones de CO2 de los automóviles, el acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios, y los aspectos reglamentarios de los nanomateriales; insiste, además, en que la Comisión presente todas las propuestas legislativas anunciadas para 2012, en particular los paquetes previstos sobre la revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco, las emisiones procedentes del transporte marítimo, la reducción de gases fluorados de efecto invernadero y la disminución de las emisiones de CO2 procedentes de automóviles y furgonetas para 2020;
17. Sigue firmemente convencido de que la energía nuclear no tiene cabida en un futuro energético sostenible, al tiempo que destaca la necesidad de garantizar las normas más elevadas de seguridad durante el período de eliminación progresiva de la energía nuclear; insiste en que esta eliminación progresiva debe iniciarse en las centrales nucleares más peligrosas; pide un proceso más democrático, empleando, en particular, el procedimiento de codecisión, para las cuestiones relacionadas con la energía nuclear, como sucede con todas las demás fuentes de energía;
18. Insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa encaminada a prohibir la comercialización de alimentos derivados de animales clonados y sus descendientes, y a que presente una nueva propuesta legislativa sobre nuevos alimentos, teniendo en cuenta las posiciones del Parlamento Europeo formuladas en el marco del anterior procedimiento legislativo (que se concluyó sin éxito); insta, por otra parte, a la Comisión, de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 4 de diciembre de 2008, a que garantice la correcta aplicación de las disposiciones de la Directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, especialmente en lo que se refiere a los requisitos de evaluación del riesgo ambiental;
19. Considera que la usurpación del patrimonio genético común, especialmente mediante la patente de técnicas convencionales de reproducción vegetal y animal empleadas en la agricultura, menoscaba la seguridad alimentaria europea y global, puesto que cohíbe la libertad de cultivar y criar, así como el libre intercambio de material genético, que se ha realizado durante milenios y que es la base de nuestro sistema de producción de alimentos en la Tierra;
20. Insta a la Comisión a que defienda con firmeza sus propuestas clave sobre la reforma de la política agrícola común frente a las iniciativas de los Estados miembros y del Consejo encaminadas a diluir sus ambiciones para mantener el status quo, y la anima a profundizar en el alcance y la aplicación eficiente de la condicionalidad ecológica y social de los pagos directos a los agricultores y ganaderos, para contribuir así a una mayor sostenibilidad de la agricultura, la ganadería y los sistemas alimentarios en toda la UE; recuerda que unos ecosistemas saludables, sólidos y resistentes constituyen los cimientos del crecimiento sostenible, en especial por lo que respecta a sectores que dependen de los sistemas biológicos y los recursos naturales;
21. Respalda la propuesta de la Comisión de establecer un techo para los pagos directos y de condicionar dichos pagos al empleo y a la eficiencia ambiental; insiste en que, en el marco del programa de trabajo, la Comisión debe tomar la iniciativa para que se abandone definitivamente el instrumento de las restituciones a la exportación, que no está en consonancia con los objetivos de desarrollo de la UE;
22. Rechaza el uso tanto de la reserva para crisis en el sector agrícola como del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los agricultores y ganaderos, ya que esto implicaría que la Unión Europea considera dichos fondos como una compensación por los efectos negativos de los acuerdos de libre comercio; destaca la necesidad de que la Comisión emplee un enfoque coherente en aquellas políticas relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural, incluyendo el comercio, el medio ambiente y el desarrollo, de modo que los beneficios obtenidos o promovidos en un sector no queden contradichos o anulados por otros: es importante emplear un enfoque coherente para revitalizar las economías rurales y para que agricultores y ganaderos sigan vinculados a las actividades de su sector, de forma sostenible, en aras de la eficiencia presupuestaria y la seguridad alimentaria a largo plazo;
23. Celebra la iniciativa de la Comisión de ampliar el alcance de las asociaciones ascendentes entre agricultores y ganaderos, consumidores y sociedad civil, mediante la incorporación del método LEADER a todos los fondos estructurales; advierte, no obstante, a la Comisión de que no debe abandonar el principio de asignación de ciertos porcentajes del presupuesto de la PAC para el desarrollo de dichas asociaciones y para medidas agroambientales específicas, de manera que pueda llevarse a cabo la transformación necesaria de la agricultura y la ganadería en sistemas sostenibles e integrados que puedan hacer frente a retos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, fertilidad del suelo y calidad del agua;
24. Espera poder colaborar con la Comisión y el Consejo en una reforma profunda y radical de la política pesquera común, y alienta a la Comisión a defender su objetivo principal de mantener las reservas pesqueras en niveles abundantes, situados por encima de aquellos capaces de generar un rendimiento máximo sostenible; expresa su preocupación por las consecuencias que podría tener la privatización de los derechos de pesca para las reservas y las comunidades pesqueras; recuerda que los planes de recuperación son un componente fundamental de una política pesquera sostenible e insta a la Comisión a velar por que el artículo 43, apartado 2, constituya el fundamento jurídico de sus propuestas y a limitar el recurso al artículo 43, apartado 3, a propuestas estrictamente relacionadas con la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca;
25. Insiste en que las medidas de aplicación del paquete legislativo sobre la política de cohesión deben centrarse en la orientación ecológica de la política de cohesión y en el pleno respeto de los principios de asociación y gobernanza multinivel;
26. Celebra la intención de la Comisión de superar el bloqueo del Consejo sobre el Fondo de Solidaridad de la UE presentando una nueva propuesta;
27. Insta a la Comisión a proponer un cuarto paquete ferroviario que proporcione un mayor impulso a la mejora del espacio ferroviario único por lo que respecta a la financiación, la interoperabilidad, los derechos de los pasajeros, los billetes transfronterizos, la información y los servicios;
28. Anima a la Comisión a que retire del paquete aeroportuario su propuesta de Reglamento sobre servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos;
29. Exige a la Comisión que introduzca las primeras medidas de internalización de costes externos para todo el sector viario en sus propuestas relativas a un paquete del transporte por carretera;
30. Señala la importancia estratégica del Acta del Mercado Único para lograr un crecimiento sostenible e integrador y un enfoque equilibrado de la segunda edición del Acta del Mercado Único, que tenga debidamente en cuenta las dimensiones económica, social y medioambiental por igual;
31. Subraya la importancia de garantizar la accesibilidad de las PYME y las microempresas a la contratación pública, incluso en el marco de la transición hacia la contratación pública electrónica; pide una evaluación correcta del impacto real de la Directiva de servicios, no solo en términos de crecimiento, sino también por lo que respecta al empleo y a la calidad de la prestación de servicios; pide que se intensifique la vigilancia del mercado en relación con la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos;
32. Considera que la protección de los consumidores vulnerables debe ser una prioridad en la Agenda del consumidor, en particular en materia de crédito al consumo y juegos de azar en línea; pide el establecimiento de un mecanismo de recurso colectivo efectivo, asequible y accesible para todos los consumidores de Europa;
33. Pide a la Comisión que, en el contexto de la adopción y aplicación de los paquetes de investigación e innovación contemplados en el Marco Financiero Plurianual (MFP), se asegure de:
– fomentar el equilibrio entre los objetivos de competitividad y la concesión de beneficios para los ciudadanos y la sociedad de la UE en su conjunto;
– obtener los máximos beneficios de la creación y transferencia de conocimientos mediante políticas de «innovación abierta» y de «acceso abierto»;
– incluir las actividades que no estén orientadas hacia la tecnología o el comercio;
– promover una amplia participación de agentes sociales como las organizaciones de la sociedad civil y las PYME;
34. Subraya, además, que las asociaciones entre el sector público y privado deben dejar de funcionar de manera estanca, y pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de dichas asociaciones con el objetivo de establecer marcos de administración y gestión que fomenten una amplia participación de los agentes sociales y de las PYME, y eviten los conflictos de intereses;
35. Pide a la Comisión que revise la aplicación del marco regulador de las comunicaciones electrónicas y, en particular, el estado actual de la cuestión de la neutralidad de Internet en la UE, habida cuenta especialmente de las infracciones de este principio;
36. Pide a la Comisión que, al elaborar propuestas sobre la revisión del Reglamento sobre la marca comunitaria y la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, tenga en cuenta los problemas jurídicos evidenciados por la controversia originada en torno al acuerdo ACTA;
37. Insta a la Comisión a no seguir retrasando la adopción de una propuesta sobre la gestión de los derechos colectivos, que seguía estando prevista en junio de 2012, a fin de facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios en el mercado único europeo y de organizar y garantizar mejor el buen funcionamiento de las entidades de gestión colectiva;
38. Considera que la legislación actual relativa a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres es ineficaz y no se puede hacer cumplir; insta a la Comisión a presentar la revisión de la legislación actual, como pidió el Parlamento en su Resolución de 13 de marzo de 2012;
39. Pide a la Comisión que ponga en marcha una estrategia global para combatir la violencia contra las mujeres, como se prometió en el Programa de acción de Estocolmo y como el Parlamento ha solicitado en diversas resoluciones y, por último, en el informe Svensson de abril de 2011; reitera la necesidad de que la Comisión presente un instrumento legislativo de Derecho penal para luchar contra la violencia por razón de género;
40. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre los diferentes tipos de permisos (paternidad, adopción, cuidado de personas dependientes y de hijos) a fin de mejorar la conciliación entre la vida profesional, la vida familiar y la vida privada, lo que, a su vez, podría eliminar el bloqueo del permiso de maternidad en el Consejo;
41. Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión con vistas a reforzar el equilibrio de género en las juntas directivas de las empresas que cotizan en las bolsas de valores, en la que la igualdad de género se presenta como elemento fundamental para el crecimiento y la competitividad de la UE;
42. Subraya la importancia de concluir con éxito los procedimientos legislativos para la próxima generación de programas plurianuales en el ámbito de la cultura y la educación, y señala, a este respecto, la controversia que rodea los fundamentos jurídicos escogidos para el programa «Europa con los ciudadanos»; insiste en mantener este marco de salvaguardia de la diversidad cultural y lingüística en todos los textos o programas nuevos, a fin de tener presente la función esencial que desempeñan artistas y creadores, en especial habida cuenta de su trabajo en línea, y respalda el desarrollo de Europeana tanto en lo referente al marco normativo como a la financiación;
43. Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de que presentará dos propuestas relativas a los partidos políticos europeos para dotarlos de personalidad jurídica con arreglo al Derecho de la UE y adaptar el reglamento financiero a las necesidades específicas para llevar a cabo las tareas que les han sido encomendadas en virtud de los Tratados; subraya que la Comisión, como «guardiana de los Tratados», debe prestar interés a la cooperación entre las instituciones para investigar y remediar las posibles infracciones en la aplicación del Derecho de la Unión y, por tanto, pide a la Comisión que desempeñe un papel constructivo ayudando a que las instituciones alcancen un acuerdo para reforzar las disposiciones que regulan el ejercicio del derecho de investigación del Parlamento, con arreglo al artículo 226 del TFUE;
44. Pide a la Comisión que defienda de forma decidida el acervo de Schengen y que mantenga la propuesta sobre el mecanismo de evaluación de Schengen, así como la propuesta de modificación del Código de fronteras Schengen, que preservan y desarrollan la UE como un espacio sin fronteras interiores y un enfoque europeo en la toma de decisiones; pide, además, a la Comisión que mantenga el actual fundamento jurídico escogido para las dos propuestas, teniendo plenamente en cuenta las prerrogativas del Parlamento Europeo como colegislador en el espacio de gestión de las fronteras de Schengen;
45. Pide una política europea de gestión de las fronteras que respete plenamente los derechos fundamentales, la aplicación del acervo en materia de asilo y el derecho a la libre circulación; pide que la creación de cualquier tipo de sistema inteligente de fronteras respete plenamente y tenga en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y vida privada de los individuos;
46. Pide un sistema de entradas y salidas que garantice y facilite la libre circulación de las personas a través de las fronteras exteriores y mantenga y desarrolle el área abierta y accesible que constituye la Unión Europea; lamenta el desarrollo de un sistema de vigilancia y control para la gestión de las fronteras, susceptible de restringir o limitar de cualquier modo la vida privada y la integridad de las personas que atraviesan las fronteras exteriores de la UE; insta a la Comisión a que presente una propuesta que respete plenamente las obligaciones de la Unión en materia de derechos fundamentales;
47. Espera la revisión del Reglamento sobre la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para adaptarlo al Tratado de Lisboa y reforzar la función y la independencia de la Agencia, teniendo en cuenta las próximas propuestas del Parlamento Europeo sobre esta cuestión; pide a la Comisión que mantenga su compromiso de llevar a cabo evaluaciones de impacto en el ámbito de los derechos fundamentales por lo que respecta a todas las propuestas legislativas;
48. Pide una política de aplicación del Derecho de la UE que esté en consonancia con las obligaciones y políticas de la Unión respecto a los derechos fundamentales, que se centre en la prevención del crimen y en la labor social, que se aparte de la represión y de los proyectos de vigilancia, y que tenga como prioridad la lucha contra el crimen financiero, económico y medioambiental, que afecta principalmente a los ciudadanos de a pie y menoscaba su confianza en la UE, sobre todo en situaciones de crisis como la actual;
49. Pide a la Comisión que proponga medidas legislativas relativas a la asistencia jurídica para personas sospechosas y acusadas en asuntos de tipo penal y respecto a la prisión preventiva en el marco de procedimientos penales, a fin de reforzar la confianza en la cooperación judicial en materia penal;
50. Acoge con satisfacción el paquete de protección de datos de la Comisión; insta al Consejo y a la Comisión a realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar la adopción de normas globales que respeten las obligaciones contraídas por la Unión en materia de derechos fundamentales;
Europa en el mundo
51. Destaca la importancia de mejorar el proceso de adhesión de los países de los Balcanes Occidentales, haciendo que se base más en valores de referencia y que presente una mayor transparencia, apertura y responsabilidad mutua; insta a la Comisión a que realice esfuerzos nuevos, convincentes y genuinos para revitalizar el proceso de ampliación y a que siga concediendo prioridad, en su política de ampliación, a condiciones como el diálogo político constructivo, la consolidación del Estado de Derecho, incluida la garantía de la libertad de expresión y la protección de los derechos de las minorías, la lucha eficaz contra la corrupción y el crimen organizado, el aumento de la eficacia e independencia del poder judicial, la mejora de las capacidades y registros administrativos en la aplicación de la legislación relacionada con el acervo de la UE, la superación de las tensiones entre etnias y religiones, y el examen de la situación de los refugiados y personas desplazadas, así como la resolución de los problemas bilaterales pendientes;
52. Acoge con satisfacción el proceso iniciado para adoptar una estrategia de la UE sobre derechos humanos y democracia con el objetivo de dotar a la política de derechos humanos de la UE de una mayor coherencia, eficacia y visibilidad; pide un compromiso respecto a una declaración interinstitucional sobre derechos humanos, que habrá de elaborarse en cuanto sea viable; respalda, en particular, la adopción de un Plan de acción de la UE en el que participen la Comisión, el SEAE y los Estados miembros; pide, a este respecto, a la Comisión que vele por su plena aplicación, especialmente en lo referente a la consecución de una mayor coherencia política, a través de la elaboración sistemática de una evaluación del impacto en materia de derechos humanos, antes de poner en marcha todos los acuerdos y durante las negociaciones; manifiesta su determinación de aplicar íntegramente el artículo 218 del TFUE, según el cual la Comisión debe mantener informado al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento de negociación de acuerdos internacionales;
53. Cree que la nueva Política Europea de Vecindad debe llevar a cabo su compromiso de desarrollar una verdadera asociación con las sociedades y respalda, en este sentido, la decisión adoptada en el Plan de acción de la UE para establecer esta asociación con la sociedad civil de terceros países, incluso en el plano local; reitera su apoyo al establecimiento de una consulta institucionalizada a la sociedad civil y de un mecanismo de supervisión del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y de todos los demás instrumentos, políticas y estrategias;
54. Pide a la Comisión que desarrolle programas de seguimiento, adecuados y concretos, para los informes de las misiones de observación electoral de la UE en estrecha colaboración con el SEAE y el Parlamento Europeo, garantizando que estos programas de seguimiento también estén vinculados a los programas de desarrollo;
55. Considera que es prioritario que la Comisión evalúe su política de participar en acuerdos bilaterales de libre comercio de largo alcance con la mayoría de países del mundo, en el marco de la perspectiva de una política industrial a largo plazo para la toda la UE;
56. Estima que, en el marco de una política industrial para la toda la UE, la política comercial debe contribuir a la valorización de la producción europea, en particular, mejorando las normas de sostenibilidad, facilitando una introducción más rápida de tecnologías ecológicas en el mercado e intensificando la sustitución de las materias primas no renovables o escasas; insta a la Comisión a que base su política comercial en dicha estrategia a largo plazo e indique con mayor precisión los sectores industriales que se desarrollarán o mantendrán en la UE durante los próximos 30 años y que podrían encontrarse con serias dificultades, a fin también de facilitar un debate abierto y equitativo entre los interlocutores sociales y los ciudadanos de toda la Unión, y a que prepare el camino para una conversión a largo plazo y un proceso de recualificación de los sectores industriales en peligro, así como de sus empleados;
57. Destaca la necesidad de extraer conclusiones de la crisis financiera, económica, climática, alimentaria y energética para llevar a cabo una reforma de las normas del comercio mundial, incluida la reforma de los instrumentos de defensa comercial, con el fin de abordar el dumping social y ambiental;
58. Lamenta las dificultades y demoras continuas que experimenta la adaptación al Tratado de Lisboa en el ámbito del comercio; lamenta, asimismo, que en la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas y en el pendiente Reglamento del acceso al mercado para los países ACP no signatarios de acuerdos de asociación económica no se haya respetado el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo;
59. Pide a la Comisión que encuentre nuevas opciones para reforzar las normas que rijan las responsabilidades de las corporaciones transnacionales y de otras empresas relacionadas, en cuanto a los derechos sociales y ambientales, y los posibles medios para ponerlas en práctica, especialmente en el contexto de las industrias de extracción;
60. Pide que se presente una comunicación sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio con países y regiones en vías de desarrollo en el fomento de los derechos humanos y la coherencia de la política para el desarrollo, así como sobre su impacto en el acceso a los alimentos y la seguridad alimentaria de estos países;
61. Manifiesta su preocupación por la expansión de las tecnologías basadas en la modificación genética en los países pobres; considera que, para garantizar la seguridad alimentaria, la UE debe decantarse por invertir en producción agrícola sostenible y abstenerse de fomentar o apoyar financieramente proyectos vinculados al desarrollo de la biotecnología;
62. Insiste, además, en la necesidad de elaborar criterios jurídicamente vinculantes de sostenibilidad que eviten las repercusiones climáticas, ambientales y sociales negativas que se derivan del uso y la producción de biomasa con fines energéticos;
Entrega
63. Destaca que, a pesar de su limitado volumen, el presupuesto de la UE pone en común recursos, actúa como catalizador y ofrece economías de escala y con efectos transfronterizos que permiten alcanzar los objetivos políticos de la UE comúnmente acordados; está firmemente convencido de que el presupuesto de la UE es un poderoso instrumento para incrementar las inversiones estratégicas con valor añadido europeo; insiste en la necesidad de introducir nuevos recursos propios para el presupuesto de la UE a fin de financiar correctamente la Estrategia UE 2020 y las nuevas competencias establecidas en el Tratado de Lisboa, y señala que así se reducirían las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE, lo que, a su vez, facilitaría la consolidación fiscal a escala nacional;
64. Insiste en la voluntad y la disposición del Parlamento Europeo respecto a la negociación del MFP para el período 2014-2020, pero recuerda su posición sobre la negociación del MFP, según la cual no está dispuesto a dar su aprobación al próximo Reglamento MFP si no hay un acuerdo político sobre la reforma del sistema de recursos propios, la creación de nuevos recursos propios, el abandono de las devoluciones y otros mecanismos de corrección existentes, y la aplicación de una mayor transparencia, equidad y sostenibilidad, como también recuerda que no se podrán alcanzar los objetivos políticos de la Unión sin una financiación adecuada por parte de un presupuesto de la UE sólido;
65. Expresa su preocupación en relación con los pagos al presupuesto de la UE; considera que la cuantía de los pagos requerida por la Comisión en su propuesta relativa al presupuesto para 2013 es lo mínimo estrictamente necesario para cumplir los compromisos pendientes de liquidación; pide a la Comisión que siga de cerca el estado de los pagos durante 2013 y que, si es necesario, presente anteproyectos de presupuestos rectificativos; cree que existe una clara contradicción entre la falta de pagos al presupuesto de la UE, por un lado, y la necesidad de estimular el crecimiento por la que aboga el Consejo Europeo, por otro;
66. Insta a la Comisión a que ejerza sus competencias y el deber de incoar procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que incumplan las obligaciones que les impone el Derecho de la UE; recuerda que el poder discrecional conferido a la Comisión por los Tratados en lo que al proceso de infracción se refiere debe respetar el Estado de Derecho, las necesidades en materia de transparencia y apertura y el principio de proporcionalidad, y que no debe poner en peligro bajo ningún concepto el objetivo básico de dicho poder, que consiste en garantizar la aplicación oportuna y correcta del Derecho de la UE; insta a la Comisión a que garantice que los ciudadanos o los demandantes no sean excluidos de los procedimientos relativos al cumplimiento del Derecho de la UE, y pide a la Comisión que proponga un código procesal en forma de reglamento sobre la base del nuevo fundamento jurídico que brinda el artículo 298 del TFUE, que reclama «una administración europea abierta, eficaz e independiente»;
67. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.