PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las prioridades del Programa de Trabajo de la Comisión para 2013
27.6.2012 - (2012/2688(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
Gabriele Zimmer en nombre del Grupo GUE/NGL
B7‑0349/2012
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades del Programa de Trabajo de la Comisión para 2013
El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 35, apartado 3, de su Reglamento,
A. Considerando que la UE está atravesando actualmente la más profunda crisis económica, social y de legitimidad desde su fundación;
B. Considerando que el ya extraordinariamente elevado nivel de pobreza en la UE sigue aumentando constantemente, hasta alcanzar los 84 millones de personas, de los que 19 millones son niños; considerando al mismo tiempo que el volumen de riqueza ha aumentado y es más elevado que antes de la crisis;
C. Considerando que particularmente el desempleo juvenil está aumentando, en un contexto de desempleo elevado y persistente, en la mayoría de los Estados miembros;
D. Considerando que, al mismo tiempo, las instituciones de la UE imponen nuevas restricciones a los presupuestos nacionales; considerando que esta política dará lugar a un desempleo creciente, profundos recortes salariales, un aumento de la edad de jubilación y menor gasto público en ámbitos como la educación y la sanidad, y comprimirá la demanda, allanando el camino para la introducción de un programa radical de liberalización;
E. Considerando que las medidas del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI contra la crisis conducen a una crisis económica y social aún más profunda en muchos Estados miembros;
F. Considerando que las políticas de la UE han contribuido significativamente a acentuar la desigualdad y el declive económico en la Unión Europea y están acabando con la idea de una Unión basada en el bienestar y la solidaridad entre los países de Europa;
G. Considerando que las soluciones propuestas, como los paquetes de gobernanza económica y el Tratado Internacional de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, eliminarán permanentemente opciones políticas de gobiernos elegidos democráticamente en los Estados miembros y el control democrático por los pueblos de Europa, incluido el que ejercen los Parlamentos nacionales; considerando que este fenómeno representa un grave peligro para la democracia en la UE en general;
H. Considerando que hay una resistencia popular enorme y creciente en contra de esta política de la UE, con protestas masivas, huelgas generales y otras formas de resistencia; considerando que los resultados de las elecciones generales celebradas recientemente en Grecia y Francia muestran que la población quiere un profundo cambio político;
1. Subraya que la actual crisis económica y social también se debe a las políticas neoliberales de la Comisión de promoción de la desregulación de los mercados financieros, liberalización de los mercados de bienes y servicios y creciente financierización de la economía, así como de reducción de la inversión pública y desregulación creciente del mercado de trabajo; critica severamente a la Comisión por no haber extraído lecciones de este hecho; cree que las medidas de la UE contra la crisis profundizarán la crisis capitalista global;
2. Pide un cambio radical de política que sitúe a los pueblos en el primer puesto en lugar de servir a los intereses de los mercados financieros; hace hincapié en la urgencia de una transformación social y ecológica de las economías europeas;
3. Reitera su petición de que se revoque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Tratado Internacional de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria en paralelo con el establecimiento de un Pacto de Empleo y Crecimiento que fomente la inversión pública, impulse la demanda interna, apoye a microempresas y PYME y fije unos criterios económicos, sociales y medioambientales específicos adaptados a las necesidades de cada Estado miembro, para abordar, en particular, el desempleo y la reducción de la pobreza;
4. Señala con inquietud que los años transcurridos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa han estado marcados por fuertes controversias entre las instituciones europeas sobre la participación democrática y los derechos de control del Parlamento Europeo; subraya que la democratización de la Unión Europea es imperativa para la supervivencia de la propia Unión y que el refuerzo del papel de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo constituye un aspecto importante de este reto;
5. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones sobre problemas fundamentales de la Unión Europea, por ejemplo, introduciendo más instrumentos de democracia directa, en particular referendos en los Estados miembros de la UE;
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
6. Insta a la Comisión a que presente un plan de acción para que todos los Estados miembros lleven a la práctica estrategias integradas de inclusión activa que garanticen una renta mínima, acceso a los servicios y unos mercados de trabajo inclusivos; pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva marco sobre la renta mínima adecuada, con el objetivo de realizar el derecho de toda persona a recursos suficientes para vivir una vida digna; opina que la Comisión debe proponer un objetivo de la UE en materia de salarios mínimos (mediante convenios colectivos legales a los niveles nacional, regional o sectorial) que prevea una remuneración equivalente, por lo menos, al 60 % del salario medio respectivo (nacional, sectorial, etc.), y un calendario que indique cuándo deberán haber alcanzado este objetivo todos los Estados miembros;
Marco europeo de garantía de empleo y formación para los jóvenes
7. Insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa relativa a un instrumento de Garantía juvenil europea que asegure a todos los jóvenes de la UE el derecho a recibir una oferta de trabajo adecuada y bien retribuida acorde a sus cualificaciones y capacidades, un puesto de aprendizaje, formación adicional o un período combinado de trabajo y formación inmediatamente después de quedar sin empleo;
Pobreza en la vejez
8. Recuerda que la pobreza en la vejez será una de las principales amenazas con las que se enfrentarán las sociedades europeas; recuerda a la Comisión que también la revisión de la Directiva sobre los organismos de previsión para la jubilación debe reflejar esto; pide a la Comisión que vele por que todos los regímenes ofrezcan un nivel de renta adecuado a los pensionistas, que les permita vivir dignamente;
9. Expresa su preocupación ante el hecho de que la pobreza en la vejez sea mayor entre las mujeres y pide a la Comisión que atienda específicamente a la igualdad de género en su política de pensiones y seguridad social pública en la vejez para las mujeres, con un sistema de pensiones fuerte del primer pilar;
Derechos de la mujer e igualdad de género
10. Señala que las actuales medidas de austeridad afectan a las mujeres y a los hombres de maneras diferentes; señala que cuando el Estado elude sus responsabilidades en materia de salud, educación y bienestar de la población, las mujeres tienen que soportar el peso de las labores asistenciales, por lo que les resulta aún más difícil acceder al empleo remunerado, y pide a la Comisión que prepare acciones especiales para abordar este desafío;
11. Llama la atención sobre el hecho de que persisten en toda la UE desigualdades salariales entre mujeres y hombres, lo que demuestra que no son suficientes las disposiciones legislativas vigentes; pide a la Comisión que revise la legislación vigente en este ámbito con miras a reforzar las disposiciones jurídicas para combatir las desigualdades salariales entre mujeres y hombres;
12. Pide a la Comisión Europea que presente una propuesta de estrategia general de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la violencia por razones de género que aborde todas las formas de violencia por razones de género; indica que esta estrategia deberá comprender acciones como mecanismos de prevención, medidas penales, refugios y apoyo, e incluir actos legislativos sobre normas mínimas para impedir la violencia contra las mujeres;
13. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre el modo de llevar a la práctica los objetivos de Barcelona sobre servicios de guardería infantil y sobre cómo superar el estancamiento e incluso la regresión que se registra en los Estados miembros en este ámbito;
Revisión de las orientaciones para las políticas de empleo
14. Pide a la Comisión que rompa con la promoción de las reformas estructurales neoliberales del mercado de trabajo perseguidas durante los pasados decenios y que elabore una estrategia europea de empleo basada en el concepto de «buen trabajo» y el Programa de Trabajo Decente de la OIT, dedicando una atención especial a la creación de empleos de calidad y sostenibles, suprimiendo gradualmente modalidades de empleo precario, aboliendo los programas de trabajo a cambio de prestaciones sociales, promoviendo la calidad en el trabajo, mejorando la seguridad social, consolidando los derechos de los trabajadores, y promoviendo la reducción de los horarios de trabajo colectivos y la conciliación de la vida profesional y la vida privada; subraya que las orientaciones revisadas deben atender específicamente a la igualdad de género, con medidas para mejorar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y medidas para garantizar la igualdad en el empleo entre mujeres y hombres;
15. Pide a la Comisión que elabore un plan de acción para promover la creación de puestos de trabajo sostenibles y de calidad mediante inversiones impulsadas por el sector público en los ámbitos principales del medio ambiente y el desarrollo sostenible (por ejemplo, el ahorro de energía y la energía renovable, el transporte sostenible, la agricultura ecológica, el desarrollo urbano y rural sostenible, la inversión en atención sanitaria y cuidados a largo plazo, investigación y desarrollo, educación, formación y aprendizaje permanente, etc.), y que establezca medidas para combatir la pobreza y la exclusión social;
Derechos sociales fundamentales y el Semestre Europeo
16. Llama la atención sobre el aumento de las denuncias de ciudadanos, ONG sociales y sindicatos de que los derechos (sociales) fundamentales, como el derecho de acción colectiva, el derecho al diálogo social y el derecho de negociación colectiva sufren menoscabos o son conculcados en el contexto de la ejecución de la gobernanza económica de la UE y, en particular, a causa de las condiciones impuestas a los Estados miembros con dificultades financieras por la troika Comisión/FMI/BCE;
Revisión de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo
17. Insta a la Comisión a que proponga una revisión de la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo con miras al objetivo de conciliar la vida laboral y la vida no laboral, lo cual requiere como mínimo, entre otras cosas:
Ø una clara limitación de la duración máxima de trabajo semanal en la UE (reducción desde la norma actual de 48 horas semanales a 40 horas como un primer paso, supresión de todas las excepciones y lagunas actuales presentes en la Directiva), lo que ofrecería a los Estados miembros un incentivo para reducir el tiempo de trabajo a escala nacional, y contribuiría con ello también a luchar contra el desempleo;
Ø suprimir todas las posibilidades de autoexcluirse de la Directiva y aplicar plenamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (el tiempo de atención continuada en el lugar de trabajo debe considerarse como tiempo de trabajo y el periodo de descanso compensatorio debe concederse inmediatamente después del periodo de trabajo);
Ø en los casos en que un trabajador tenga más de un contrato laboral, se deben adoptar medidas para asegurar que el tiempo de trabajo del trabajador se defina como la suma de los períodos de tiempo de trabajo conforme a cada uno de los contratos;
Consolidar los derechos y la protección de los trabajadores en el contexto de las reestructuraciones: responsabilidad de las empresas
18. Insta a la Comisión a que presente una propuesta de marco legislativo sobre reestructuraciones y previsión del cambio, dando curso a su Libro Verde de 2012 sobre esta temática; insiste en que este marco legislativo debe tener por objetivo reforzar los derechos de los trabajadores y proteger su empleo ante las reestructuraciones; expresa el deseo de que ofrezca instrumentos para pilotar activamente el cambio en la industria y los servicios hacia un desarrollo sostenible desde los puntos de vista medioambiental y social, con disposiciones sobre transiciones laborales que combinen la adquisición de nuevas destrezas y competencias con la estabilidad en el trabajo, la mejora de las condiciones de trabajo y el pleno respeto de los derechos de los trabajadores y el diálogo social;
19. Pide que se evalúen y revisen las directivas sobre despidos colectivos (75/187/CEE, modificada por la Directiva 92/56/CEE), traspasos de empresas (77/187/CEE) e insolvencia (80/987/CEE), con el fin de reforzar los derechos de los trabajadores frente al cambio industrial; insta a la Comisión a que proponga una directiva que establezca unas normas mínimas de protección contra el despido individual injustificado;
20. Expresa su consternación ante el historial negativo de algunas empresas por lo que se refiere a su responsabilidad social y también a su responsabilidad medioambiental cuando operan en terceros países, y opina que las obligaciones asumidas voluntariamente en materia de responsabilidad social de las empresas no bastan para corregir estas deficiencias; pide, por consiguiente, un mecanismo u obligaciones vinculantes jurídicamente y ejecutables de responsabilidad social de las empresas para todas las empresas establecidas en Europa;
21. Pide a la Comisión que se abstenga de proponer nuevos acuerdos comerciales que puedan tener consecuencias perjudiciales para la industrialización de Europa y dar lugar a pérdidas de puestos de trabajo;
Salud pública y seguridad alimentaria
22. Pide a la Comisión que, en su Programa de Trabajo para 2013, presente propuestas legislativas sobre los siguientes asuntos:
Ø revisión del conjunto de medidas sobre higiene;
Ø propuesta sobre el uso de técnicas de clonación para la producción de alimentos;
Ø nueva propuesta legislativa sobre nuevos alimentos;
Ø marco legislativo para la acción contra la resistencia a los antimicrobianos;
Ø revisión de los criterios y las definiciones aplicables a los alteradores endocrinos;
Ø nueva Directiva sobre trastornos musculoesqueléticos, ya anunciada en el Programa de Trabajo para 2011;
23. Insta a la Comisión a que presente su propuesta de nueva estrategia de salud y seguridad en el trabajo para 2013-2020; pide a la Comisión que rompa con el enfoque de la estrategia anterior (2007-2012), que consideraba la salud en el trabajo principalmente como una variable de la productividad y la competitividad de las empresas;
24. Pide que se revise la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo; destaca que debe ampliarse el alcance de la Directiva para tener en cuenta nuevos factores de riesgo;
Solución de la crisis financiera
25. Insta a la Comisión a que desarrolle propuestas de soluciones generales y sostenibles para los problemas sociales y económicos y para volver a unas cuentas públicas equilibradas, por ejemplo:
Ø la intervención directa del BCE en el mercado primario de bonos soberanos para que los Estados miembros de la UE puedan librarse del dictado de los mercados financieros y sus ataques especulativos;
Ø la introducción de cláusulas de salvaguarda salarial que respeten plenamente la autonomía de los interlocutores sociales para negociar colectivamente salarios y condiciones laborales;
Ø el establecimiento de disposiciones para proteger y estimular el crecimiento de alta calidad: exclusión de las inversiones públicas que apoyen el crecimiento potencial de la «regla de equilibrio presupuestario»;
Ø la protección de los ingresos públicos con el compromiso de combatir la competencia fiscal, el fraude fiscal y la evasión fiscal;
Ø el establecimiento de un nuevo «Programa Europeo de Inversiones»;
26. Pide a la Comisión que se concentre en medidas que persigan una distribución más equilibrada de la riqueza en la Unión Europea y que combata la evasión fiscal y los paraísos fiscales;
27. Acoge con satisfacción la publicación de la propuesta de Directiva relativa a un marco de recuperación y resolución de entidades bancarias y empresas de inversión; lamenta, no obstante, el retraso de esta iniciativa; considera que se trata solamente de un primer paso para poner coto al poder del sector financiero; considera necesarias medidas adicionales, como el control público de los mercados financieros y la separación de la banca comercial y la banca de inversión y la lucha contra el sistema bancario paralelo;
28. Recuerda a la Comisión que desde una perspectiva científica los productos financieros de gran complejidad han contribuido a la crisis financiera; la insta a que tenga esto en cuenta cuando presente nuevas propuestas legislativas sobre mercados de capitales, como las relativas a los productos preempaquetados de inversión minorista (PPIM), los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y la compensación de cierre;
Políticas regional y de cohesión
29. Subraya que la política regional es una herramienta indispensable para promover la cohesión económica y social, con el objetivo principal de reducir las disparidades regionales, promover la convergencia real y fomentar el crecimiento y el empleo; insiste en que, después de 2013, debe proseguirse y reforzarse la política de cohesión y en que esta debe seguir siendo una política independiente que ofrezca un desarrollo sostenible (económico, social, ambiental y territorial), así como reducciones en las disparidades entre las regiones y el atraso de las regiones más pobres;
30. Rechaza el enfoque de la Comisión de supeditar la política de cohesión a la Estrategia Europa 2020 y al objetivo de competitividad;
31. Rechaza la imposición de la condicionalidad macroeconómica contemplada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como requisito para el acceso a los fondos de la política de cohesión y de desarrollo regional; insiste en que la política de cohesión no debe utilizarse como un instrumento de penalización financiera;
32. Considera que la financiación existente en la UE y los actuales recursos financieros de la UE para la política de cohesión son insuficientes para responder a las necesidades de una convergencia real, a las disparidades regionales, a los elevados niveles de desempleo, a las desigualdades de ingresos y a la pobreza en la Unión Europea; señala la necesidad de reforzar el presupuesto de la UE en el ámbito de la política de cohesión; destaca la importancia de que la gestión y planificación territoriales sigan siendo responsabilidad de los Estados miembros;
Cambio climático
33. Subraya que la crisis económica mundial no puede —ni debe— utilizarse como excusa para la inacción o para denegar la posibilidad de la justicia climática; reitera que desarrollar una economía hipocarbónica es una parte fundamental del camino para salir de la crisis actual; pide, por tanto, que la innovación ecológica constituya la base para transformar la industria con el objeto de lograr un crecimiento sostenible, promover tecnologías respetuosas con el medio ambiente, reducir la dependencia energética y garantizar el empleo y la cohesión económica y social tanto en los países desarrollados como en desarrollo;
34. Pide a la Comisión que en 2013 tome la iniciativa en los ámbitos siguientes:
Ø legislación para alcanzar los objetivos estratégicos de alto nivel de la UE en cuanto a eficiencia en el uso de recursos y transición hacia una economía hipocarbónica;
Ø estrategia para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos pesados;
Ø revisión de las políticas de calidad del aire;
Ø propuesta de directiva sobre las emisiones de NOx de la aviación;
Ø examen del impacto del cambio indirecto del uso de tierras derivado de los biocombustibles y los biolíquidos en las emisiones de gases de efecto invernadero y modos de reducirlo al mínimo;
Reforma de la PAC
35. Recuerda que la política agraria debe garantizar una producción de alimentos suficiente en términos de cantidad y de calidad, contribuir a la lucha contra el hambre en el mundo, facilitar que los pequeños y medianos agricultores obtengan una renta digna, crear empleo, desarrollar el entorno rural, participar en la mejora del equilibrio ecológico y fomentar un cambio en los hábitos de consumo con miras a evitar el desperdicio de productos alimenticios;
36. Rechaza la propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea, que en su mayor parte se orienta a la liberalización y el mercado, aduce que la política agrícola debe servir de apoyo y tener como principio el derecho a la soberanía y la seguridad alimentarias y como ejes principales:
Ø la producción de alimentos seguros, suficientes y de calidad, de acuerdo con las características de cada país y en consonancia con la protección del medio ambiente, y asequibles; todos los Estados miembros deberían tener el margen de maniobra necesario para adaptar la PAC a sus propias necesidades;
Ø detener y revertir el declive de las zonas rurales, la desertificación de muchas zonas y el abandono de la producción mediante el reconocimiento y la priorización del papel que corresponde a los pequeños y medianos productores y a las explotaciones familiares para lograr este objetivo;
Ø medidas e instrumentos de regulación de los mercados para hacer frente a la inestabilidad de los sectores productivos como consecuencia de las fluctuaciones en la producción y el consumo; garantizar precios justos a la producción, poner fin a los abusos de los clientes mayoristas, y asegurar la transparencia de la cadena alimentaria;
Ø introducir medidas correctoras de las diferencias en la distribución de la ayuda a agricultores, cultivos y países, así como un plan de ayuda a la producción completamente diferenciado a escala nacional, regional y sectorial;
Ø medidas tangibles para alcanzar la simplificación;
Ø un nivel adecuado de financiación apto para realizar estos objetivos y responder ante futuros desafíos;
Ø menor uso de energía y superficies más pequeñas, conservación del medio ambiente y reducción de las emisiones de CO2 mediante la aplicación de tecnologías más ecológicas y sostenibles, rechazo del uso de OGM y uso de nuevas tecnologías respetando el principio de precaución, y plena disponibilidad de los resultados y la metodología de todos los estudios relacionados con las nuevas tecnologías agrícolas ;
37. Reclama una nueva distribución de las ayudas públicas que tenga en cuenta los criterios del empleo, el desarrollo rural, la rotación y la diversificación de los cultivos, así como el respeto del medio ambiente; considera que el apoyo público debe atender a los trabajadores y a la producción, en lugar de centrarse únicamente en las superficies de cultivo;
38. Pide con urgencia a la Comisión que garantice una política de precios rentables para un determinado volumen de producción de las explotaciones agrícolas y, en su defecto, que refuerce la red de seguridad multinivel de forma que incluya un mecanismo de salvaguardia en casos de crisis, con el fin de reducir la volatilidad de los precios de producción causada por la especulación financiera con productos agrícolas;
39. Recuerda la necesidad de mantener una serie de instrumentos de regulación de los mercados, como el sistema de cuotas de producción en los sectores de la leche y del azúcar;
40. Pide a la Comisión que lance un «plan de proteínas» de gran alcance que permita que la Unión Europea pueda lograr la autosuficiencia y evitar la crisis endémica de cereales;
Política pesquera
41. Rechaza la propuesta de nueva política pesquera común de la Comisión y le pide que la revise; reitera que la nueva política pesquera común debe promover la modernización y el desarrollo sostenible del sector pesquero, garantizando su viabilidad socioeconómica, la sostenibilidad de los recursos, el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del sector;
42. Rechaza toda forma de privatización de los recursos pesqueros, incluida la introducción de cuotas o concesiones pesqueras individuales transferibles, que llevaría a la creación de mercados de cuotas en los Estados miembros, lo que concentraría la actividad en los operadores más poderosos económica y financieramente, de manera que obstaculizaría seriamente la pesca tradicional;
43. Insiste en que se adopten medidas dirigidas a mejorar el precio de la primera venta de pescado y los ingresos de los trabajadores del sector y a introducir mecanismos de subvención o compensación para los trabajadores afectados por los efectos económicos y sociales de los planes de recuperación, así como sistemas de gestión plurianuales y medidas de protección de los ecosistemas;
44. Insta a la Comisión a que reconozca las características específicas de la pesca artesanal y costera, analice en qué medida son adecuados los instrumentos actuales a las necesidades del sector y los adapte en consecuencia;
45. Solicita medidas destinadas a garantizar la soberanía nacional respecto de la zona económica exclusiva de los Estados miembros y de sus recursos pesqueros, permitiendo una gestión de proximidad; considera que deben mantenerse las 12 millas como zona de acceso exclusivo para la flota nacional de cada Estado miembro y propone considerar la posibilidad de su ampliación a las zonas adyacentes, en función de las plataformas continentales;
Derechos fundamentales
46. Expresa su profunda preocupación ante la persistente tendencia a la reducción del nivel de exigencia de las normas en materia de derechos humanos en el ámbito de la cooperación judicial y policial; hace hincapié en que en el ámbito del antiguo tercer pilar, las normas en materia de derechos humanos deben respetarse igualmente, habida cuenta de las consecuencias potenciales muy invasivas para la vida de los ciudadanos europeos; se opone a tal diversificación constante de las normas en materia de derechos humanos e insta a la Comisión a que defienda y respete los derechos fundamentales en igual medida en sus próximas propuestas sobre el sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTS UE), Europol y la próxima modificación del Reglamento relativo a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
47. Reitera su decepción por las tardías reacciones de la Comisión ante violaciones flagrantes de los derechos humanos, como, entre otras muchas, las presenciadas el año pasado con la expulsión de romaníes por Francia, la reforma constitucional húngara y el déficit democrático en Letonia, donde los no ciudadanos (el 14,6 % de la población) siguen sin poder votar ni ser elegidos en las elecciones locales, e insta a la Comisión a que intensifique sus acciones velando por el respeto en toda la Unión de los principios en materia de derechos humanos definidos por la Carta de los Derechos Fundamentales;
Asilo y migración
48. Reafirma su oposición al planteamiento represivo de las políticas de inmigración de la UE; solicita, por tanto, nuevas iniciativas que se centren más en las vías legales de entrada para inmigrantes y en el establecimiento de una carta de derechos de todos los migrantes, al mismo tiempo que apoya la regularización de los inmigrantes que residen y trabajan ya en la UE;
49. Solicita la presentación de una Directiva específica que incluya y convierta en legislación de la UE todas las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990;
50. Destaca que es de urgente necesidad una perspectiva de igualdad de género en relación con toda la política de la UE en materia de inmigración y asilo, entre otras cosas, para garantizar que las solicitudes de asilo por razones de género sean aceptadas por todos los Estados miembros de la UE, reforzar el derecho de reunificación familiar, garantizar a las mujeres un estatuto legal de independencia y garantizar la igualdad y la no discriminación de las mujeres migrantes sin documentación;
Protección y conservación de datos
51. Expresa su profunda decepción al constatar que la Comisión no ha aprovechado la oportunidad brindada por la revisión del marco vigente en la UE para la protección de los datos para alinear y unificar los principios y normas de protección de los datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial con el régimen general de protección de los datos; expresa su profunda preocupación ante las normas considerablemente más laxas de la propuesta de directiva y reitera su intención de reforzar los derechos de los sujetos de los datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial, habida cuenta del creciente interés de las agencias de seguridad por los datos personales de propiedad privada; insiste en que la Comisión presente una revisión del Reglamento nº 45/2001 para alinear el régimen de protección de datos al que están sujetas las instituciones de la UE con el nuevo Reglamento general sobre protección de datos;
52. Insta a la Comisión a que tenga en cuenta en su próxima revisión de la Directiva 2006/24/CE sobre conservación de datos la sentencia del Tribunal Constitucional alemán ((BVerfG, 1 BvR 256/08 de 2 de marzo de 2010) en la que se insiste en que debe demostrarse la necesidad y la proporcionalidad de los periodos de conservación de datos;
Personas LGBT
53. Pide a la Comisión que revise la Decisión marco sobre racismo y xenofobia a fin de reforzarla y ampliar su ámbito de aplicación para incluir los delitos motivados por el odio en relación con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género; insta a la Comisión a que presente una hoja de ruta sobre la igualdad para las personas LGBT y a que aplique un enfoque horizontal en lo relativo al respeto de los derechos de las personas LGBT en todas sus propuestas legislativas, especialmente mientras siga bloqueada en el Consejo la Directiva contra la discriminación;
Europol
54. Insta a la Comisión a que incremente la transparencia y el control democrático de las actividades, la dotación presupuestaria y las evaluaciones de amenazas de Europol, no solo a posteriori sino también ex ante; reitera su opinión de que Europol debe respetar plenamente los derechos fundamentales; insta a la Comisión a que presente una propuesta que garantice el acceso a la justicia de todas las personas contra las que se emita una orden de detención europea, que garantice el acceso a la justicia y a los tribunales, el derecho a asistencia jurídica gratuita y el derecho a un juicio independiente en un plazo razonable, sin discriminaciones y con independencia de los aspectos administrativos, económicos, sociales, culturales y lingüísticos; subraya que esta agencia debe acatar las normas y principios más exigentes de protección de datos, habida cuenta del gran número de bases de datos a los que tiene acceso; se opone firmemente a la tendencia cada vez más acusada de Europol a acceder a bases de datos privadas;
55. Indica que esta agencia debe respetar el derecho fundamental a la protección de datos y acatar las normas y principios más exigentes de protección de datos, habida cuenta del gran número de bases de datos a los que tiene acceso; se opone firmemente a la tendencia cada vez más acusada de Europol a acceder a bases de datos privadas;
Transparencia
56. Pide a la Comisión que se centre en hacer obligatorio el registro de transparencia común para todos los representantes de grupos de interés y propone que se introduzcan normas más estrictas sobre la declaración de intereses económicos en la próxima revisión del registro;
57. Recuerda a la Comisión la necesidad de revisar su Código de Conducta de los Comisarios y, en particular, de abordar de manera eficaz el problema de las idas y venidas entre el sector público y el sector privado («puerta giratoria»); pide asimismo que se refuercen las disposiciones relativas a las declaraciones de intereses económicos de los Comisarios;
58. Recuerda una vez más a la Comisión su compromiso de impulsar una mayor transparencia y de mejorar el acceso a los documentos, y le pide que presente sin demora una nueva propuesta para modificar el Reglamento (CE) nº 1049/2001;
Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA)
59. Pide a la Comisión que retenga la lección de la indignación popular contra la falta intrínseca de transparencia en las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA); insiste en que cualquier negociación sobre falsificaciones y piratería debe restringirse a esos objetivos específicos y debe llevarse a cabo con plena transparencia, rendición de cuentas y respeto de las libertades y los derechos fundamentales, incluida la libertad de internet, en el marco de los organismos internacionales pertinentes, incluir a los países en desarrollo y tener en cuenta su legítima necesidad de transferencias de tecnología; insiste en que el Parlamento y la sociedad civil deben participar en la determinación del mandato de negociación de todos los futuros acuerdos comerciales, así como en los que están en curso;
Derechos humanos y comercio internacional
60. Recuerda a la Comisión que todas las acciones exteriores de la Unión Europea, incluidos el comercio internacional y la cooperación comercial con terceros países y regiones, deben orientarse según el principio de coherencia política, respecto y afirmación de los derechos humanos políticos y sociales, por lo que pide a la Comisión que suspenda los acuerdos comerciales vigentes y las negociaciones de acuerdos comerciales con países que violen los derechos democráticos y humanos fundamentales;
61. Insiste firmemente en que todos los acuerdos comerciales que negocie la Comisión deben incluir capítulos sobre derechos humanos y sostenibilidad que estén redactados en términos firmes y sean vinculantes jurídicamente, así como los correspondientes mecanismos de resolución de controversias; toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre comercio y desarrollo e insiste en que los objetivos principales de la política comercial de la UE deben ser contribuir al crecimiento y el desarrollo sostenible social, ecológico y económico en interés de todos los ciudadanos;
62. Pide a la Comisión que encargue una evaluación del impacto sobre los derechos humanos y que presente sus conclusiones al Parlamento antes de rubricar acuerdos comerciales internacionales;
63. Pide a la Comisión que deje de presionar en favor de la firma de acuerdos de asociación económica y que garantice unas relaciones alternativas dignas para los países que opten por no firmar un acuerdo de asociación económica o un acuerdo de libre comercio; pide a la Comisión que proponga nuevos mecanismos internacionales para evitar la especulación con los alimentos y estabilizar el precio de las materias primas;
Desarrollo
64. Pide a la Comisión que dé prioridad en su Programa de Trabajo a la revisión de las normas que regulan la ayuda humanitaria; llama la atención sobre la necesidad de incrementar los créditos y reforzar las capacidades y los recursos con miras a garantizar que la prestación de ayuda humanitaria siga siendo una tarea puramente civil; reitera que ni la ayuda humanitaria ni la política de desarrollo pueden supeditarse a los imperativos de la política de seguridad de la UE;
65. Pide a la Comisión, en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional, que revise sus orientaciones sobre el acaparamiento de tierras; llama la atención sobre el carácter fundamental del derecho a la alimentación; señala que el acaparamiento masivo de tierras y el uso de tierras para producir biocombustibles para la exportación están reduciendo la capacidad de las comunidades locales de los países más pobres del mundo para ganarse el sustento y poder alimentarse, lo que pone en peligro la soberanía alimentaria de estos países;
Política de vecindad
66. Deplora que la revisión de la política europea de vecindad no haya cambiado la orientación de la relación de la UE con el norte de África, Oriente Próximo y los países de la península Arábiga, pues se basa en los intereses económicos europeos y no en las demandas populares de libertad y democracia destaca que estas revueltas ponen de manifiesto el fracaso de la política europea de vecindad;
67. Pide a la UE que desarrolle una auténtica asociación de intereses mutuos para el desarrollo en todas sus dimensiones y formas de cooperación para promover el empleo, la educación y la formación, y que refleje las realidades socioeconómicas de cada uno de los socios; estima que solo puede lograrse una integración auténtica si se hacen avances tangibles para resolver las tensiones políticas y los conflictos de la región, en particular en Palestina y el Sáhara Occidental, y que la integración permitirá establecer un clima de confianza desde el que perseguir los objetivos de una cuenca mediterránea desmilitarizada, en un espíritu de solidaridad y paz;
Ampliación
68. Reitera su posición de que la UE debe cultivar unas relaciones mutuamente beneficiosas con todos los países vecinos sobre la base del respeto y el entendimiento mutuos; insiste en que la UE debe estar abierta a todos los países europeos cuyos pueblos deseen adherirse a la UE; subraya que la política de ampliación de la UE debe proseguirse respetando plenamente el Derecho internacional;
69. Pide a la Comisión que se asegure de que, durante el proceso de negociaciones de adhesión, los países candidatos cumplen los criterios de Copenhague, evitan reformas que repercutan negativamente en la situación social de la población, respetan el Derecho internacional y establecen negociaciones bilaterales y de buena vecindad con todos los Estados miembros de la UE;
70. Subraya que los programas de acción por países deben tener en cuenta las condiciones específicas de cada país y evitar la imposición de medidas y reformas que puedan resultar perjudiciales para los trabajadores y la población en general;
71. Pide a la Comisión que mejore la gestión de los fondos del Instrumento de Preadhesión con miras a garantizar el máximo provecho para los beneficiarios y pleno control parlamentario;
Presupuesto y marco financiero plurianual
72. Espera que la Comisión apoye con claridad la petición del Parlamento Europeo de que las posiciones políticas acordadas por el Consejo Europeo sean negociadas entre el Parlamento y el Consejo, representado por el Consejo de Asuntos Generales, antes de que el Consejo presente formalmente sus propuestas con el fin de obtener la aprobación del Parlamento del Reglamento sobre el marco financiero plurianual, de conformidad con el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; subraya que las negociaciones sobre las propuestas legislativas relativas a los programas plurianuales continuarán en el marco del procedimiento legislativo ordinario y finalizarán una vez que se alcance un acuerdo sobre sus dotaciones financieras; está decidido a hacer pleno uso, cuando proceda, de sus competencias legislativas ordinarias y en materia de aprobación consagradas en el Tratado; reitera su gran preocupación ante la posibilidad de que las conclusiones del Consejo Europeo invadan el terreno de las negociaciones legislativas;
73. Reitera su posición de que el presupuesto de la UE debe ser un poderoso instrumento para incrementar la inversión estratégica generadora de crecimiento, progreso social y empleo, a la vez que fomenta la cohesión económica, territorial y social en toda la Unión; aboga en particular por la concentración de recursos en políticas y programas adecuados para alcanzar estos objetivos, concretamente en apoyo de la juventud y de las PYME; destaca que el presupuesto de la UE debe configurarse de manera que tenga un impacto económico real, complementando las políticas de recuperación de los Estados miembros;
74. Insta a la Comisión a que presente propuestas que garanticen a la Unión el nivel de recursos adecuado por lo que se refiere al presupuesto del año próximo y en el próximo marco financiero plurianual 2014-2020;
75. Recuerda que 2013 es el último año del actual marco financiero plurianual, en el que la ejecución de los proyectos cofinanciados avanza a toda marcha y se espera que se acelere aún más, y que está previsto que la gran mayoría de las solicitudes de pago llegue a la Comisión en la segunda mitad del año; pide, por consiguiente, al Consejo y a la Comisión que, junto con el Parlamento, analicen y evalúen inmediatamente los importes y los requisitos necesarios con el fin de que no surjan riesgos para la ejecución en 2013; señala que la falta de créditos de pago pondría en peligro programas que están funcionando bien;
76. Destaca asimismo que 2013 será un año en el que, a causa de la extinción de la regla N+3, las solicitudes de pago que presenten doce Estados miembros tendrán que referirse a dos tramos anuales de compromisos (los tramos de 2010 y 2011 en virtud de la regla N+3 y de la regla N+2, respectivamente); considera, por consiguiente, como un mínimo el incremento propuesto de los créditos de pago en un 11,7 % (hasta 48 975 millones de euros) en relación con el pasado ejercicio, pues, como indica la Comisión, se refiere estrictamente a 2013 y da por cubiertas las necesidades de pagos de ejercicios anteriores;
77. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.