PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la política de la UE en relación con Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental
26.6.2012
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini (en nombre del Grupo Verts/ALE)
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0373/2012
B7‑0373/2012
Resolución del Parlamento Europeo sobre la política de la UE en relación con Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Oriente Próximo, Palestina e Israel, en particular la Resolución de 29 de septiembre de 2011 sobre la situación en Palestina y la Resolución de 9 de septiembre de 2010 sobre la situación del río Jordán, con especial referencia a la región del bajo Jordán,
– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo de 14 mayo de 2012 y 18 de julio y 23 de mayo de 2011,
– Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta / Alta Representante Catherine Ashton, en especial las de 8 de junio de 2012 sobre la expansión de los asentamientos, 25 de abril de 2012 sobre la decisión de las autoridades israelíes relativas al estatus de los asentamientos de Sansana, Rejelim y Brujín en los territorios palestinos ocupados y 22 de febrero de 2012 sobre la aprobación de asentamientos israelíes,
– Vistos el informe de los jefes de la misión de la UE sobre Jerusalén Oriental, de enero de 2012, el informe de los jefes de la misión de la UE «Zona C y creación del Estado Palestino», de julio de 2011, y el informe de los jefes de la misión de la UE sobre la violencia de los colonos, de abril de 2011, así como la nota adjunta de los jefes de misión de la UE sobre la violencia de los colonos, de febrero de 2012,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2012, sobre la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE para Rafah,
– Vista la declaración, de 22 de mayo de 2012, del portavoz de la Alta Representante sobre el caso de Bassem Tamimi,
– Visto el Cuarto Convenio de Ginebra, de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra,
– Vistas las Resoluciones 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) y 1850 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
– Vistas las declaraciones del Cuarteto para Oriente Próximo, en particular las de 11 de abril de 2012 y 23 de septiembre de 2011,
– Visto el apartado 2 del artículo 110 del Reglamento,
A. Considerando que el Parlamento Europeo ha manifestado reiteradamente su apoyo a la solución de dos Estados, el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable, que convivan en paz y seguridad; que no se reconocerá ningún cambio con respecto a las fronteras anteriores a 1967, tampoco con respecto a Jerusalén, que difiera de los acordados por las partes;
B. Considerando que las conversaciones de paz directas entre las partes están paralizadas, y que todos los recientes esfuerzos para la reanudación de las negociaciones han fracasado; que un acuerdo de paz creíble, duradero y general requiere la aplicación de la legislación internacional humanitaria y de la relativa a los derechos humanos, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra;
C. Considerando que las Conclusiones del Consejo de 14 de mayo de 2012 destacaban la urgente necesidad de reanudar el proceso de paz de Oriente Próximo, con relación asimismo a los cambios en curso en países meridionales tras la Primavera Árabe, a fin de responder a las legítimas aspiraciones de todos los pueblos de la región;
D. Considerando que los recientes informes de los jefes de misión de la UE sobre «Zona C y creación del Estado Palestino», sobre Jerusalén Oriental y sobre la violencia de los colonos, ambos filtrados a la prensa, confirmaron una vez más los alarmantes y potencialmente irreversibles acontecimientos sobre el terreno en las zonas en cuestión, que socavan profundamente la viabilidad de la solución de dos Estados;
E. Considerando que, con arreglo al Derecho internacional, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, es un territorio ocupado al que se aplica plenamente la legislación humanitaria internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra; considerando que Israel, en su condición de potencia ocupante, está obligado, entre otras cosas, a asegurar de buena fe la satisfacción de las necesidades básicas de la población palestina ocupada, a administrar su ocupación de forma que beneficie a la población local, a proteger y preservar objetos civiles y a evitar el traslado de su propia población a los territorios ocupados, así como el de la población de los territorios ocupados a su propio territorio;
F. Considerando que la zona C, situada en Cisjordania, que, en virtud de los Acuerdos de Oslo de 1993 está sometida al control civil y de seguridad de Israel, constituye el 62 % del territorio de Cisjordania y es la única zona contigua, y que comprende la mayor parte de la tierra fértil y rica en recursos de Cisjordania; que la división de Cisjordania en tres zonas (A, B y C) estaba destinada a ser una medida temporal; que el Acuerdo provisional de 1995 sobre Cisjordania y la Franja de Gaza declaraba que la zona C sería gradualmente transferida a la jurisdicción palestina, lo que no ha ocurrido;
G. Considerando que las políticas del Gobierno israelí han debilitado la presencia palestina en la zona C; que, como consecuencia de estas políticas, solo el 5,8 % de la población palestina de Cisjordania vive en la zona C, en tanto que el número de colonos israelíes, se calcula que hasta 310 000, es más de dos veces superior al número estimado de palestinos en dicha zona;
H. Considerando que, según informes del OOPS, el 70 % de la zona C se encuentra fuera de los límites en los que está autorizado construir a los palestinos y en el 29 % de la misma la construcción está sumamente restringida; que, en 2011, el 90 % de todas las demoliciones de viviendas y el 92 % de todos los desplazamientos se produjeron en la zona C; que, por consiguiente, para preservar la viabilidad de la solución de dos Estados, es sumamente importante proteger a la población palestina y sus derechos en la zona C;
I. Considerando que Israel, en su «Ley Fundamental: Jerusalén, Capital de Israel», de 1980, declaró que Jerusalén es la capital, completa y unida, de Israel; que la Resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinaba que todas las medidas y acciones legislativas y administrativas adoptadas por Israel, como potencia ocupante, que hayan alterado o supuestamente alterado el carácter y el estatuto de Jerusalén, y en particular la Ley Básica, eran nulas y sin efecto y que deben derogarse con carácter inmediato;
J. Considerando que, como se subraya asimismo en los informes de los jefes de la misión de la UE, los actuales acontecimientos en Jerusalén Oriental hacen que la perspectiva de que Jerusalén se convierta en la futura capital de dos Estados es cada vez menos probable y más inviable;
K. Considerando que los palestinos que viven en Jerusalén Oriental, que constituyen el 37 % de la población de Jerusalén, tienen el estatuto de residentes permanentes, que solo puede transferirse a los hijos en determinadas condiciones y que no se transfiere automáticamente por matrimonio, lo que impide a esposas e hijos de muchos residentes permanentes de Jerusalén Oriental vivir con sus familiares; que, por otra parte, aproximadamente 200 000 colonos israelíes viven en Jerusalén Oriental y sus alrededores;
L. Considerando que 2011 ha sido testigo de la mayor expansión de asentamientos en la zona de Jerusalén desde 1967; que, con arreglo al Derecho internacional, los asentamientos israelíes son ilegales, y que constituyen un importante obstáculo para los esfuerzos de paz dado que son subvencionados por el Gobierno israelí con importantes incentivos en los ámbitos de la fiscalidad, la vivienda, las infraestructuras, las carreteras, el acceso al agua, la educación, la asistencia sanitaria, etc.;
M. Considerando que la violencia y el acoso de los colonos contra civiles palestinos y activistas de ONG internacionales que apoyan sus derechos, así como el impedir que tengan propiedades privadas, han causado graves incidentes y lesiones mortales; que, ante la falta de un mecanismo de control eficaz de la UE, se siguen importando al mercado europeo, bajo un régimen preferencial, productos procedentes de los asentamientos israelíes;
N. Considerando que, el 20 de mayo de 2012, un tribunal militar israelí condenó a Bassem Tamimi, un defensor de los derechos humanos comprometido con iniciativas no violentas contra la expansión de un asentamiento israelí en tierras palestinas, acusándolo de haber participado en manifestaciones ilegales y pedido a los manifestantes que arrojaran piedras;
O. Considerando que el muro de separación construido por Israel, que no sigue la Línea Verde, aísla a una parte considerable del territorio palestino tanto en Cisjordania como en Jerusalén Oriental; que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre «las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado», de 2004, declaraba que «la construcción del muro que está elevando Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, y su régimen conexo, son contrarios al derecho internacional»;
P. Considerando que más de 4 000 presos palestinos, incluidos 27 miembros del Consejo Legislativo Palestino, unos 240 niños y más de 300 palestinos en situación de detención administrativa, están actualmente detenidos en cárceles y centros de detención israelíes; que, desde el año 2000, unos 7 000 niños palestinos han sido procesados por tribunales militares israelíes después de haber sido arrestados, interrogados y detenidos por el ejército, la policía o los agentes de seguridad de Israel y sometidos a tratos degradantes e inhumanos; que la mayoría de estos niños están acusados de arrojar piedras;
Q. Considerando que las autoridades israelíes utilizan la detención administrativa para limitar el activismo político palestino y que aplican este procedimiento durante un periodo ilimitado sin informar sobre las acusaciones; considerando que muchos palestinos objeto de detención administrativa han hecho huelga de hambre para protestar contra la aplicación por parte de Israel de la detención administrativa sin acusaciones;
R. Considerando que la escasez de agua es una cuestión crucial y vital para la población palestina de Cisjordania, en particular en la zona C, y de Jerusalén Oriental; que los agricultores palestinos se ven gravemente afectados por la falta de agua para el riego, provocada por el hecho de que la mayor parte del agua en cuestión es utilizada por Israel y los colonos israelíes; que la disponibilidad de recursos hídricos suficientes es esencial para la viabilidad de un futuro Estado palestino;
S. Considerando que los beduinos árabes son un pueblo indígena que lleva una vida agrícola sedentaria y tradicional en sus tierras ancestrales y que busca un reconocimiento formal y permanente de su situación y condición particulares; que los beduinos árabes, amenazados por las políticas israelíes que debilitan sus medios de subsistencia los someten a traslados forzados, constituyen una población particularmente vulnerable tanto en los territorios palestinos ocupados como en el Neguev (Naqab); que, según el OOPS, a pesar de que reciben ayuda humanitaria, el 55 % de las comunidades de beduinos de la zona C no goza de seguridad alimentaria;
T. Considerando que, según el informe del Displacement Working Group (DWG), publicado el 14 de mayo de 2012, y de The Monthly Humanitarian Monitor de la OCAH, desde enero de 2011 las fuerzas israelíes han destruido más de 60 estructuras, incluidos paneles solares, depósitos de agua y edificios agrícolas, financiadas por la Comisión y una serie de Estados miembros como Francia, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Polonia, Irlanda y España;
U. Considerando que en muchas ocasiones las instituciones de la UE y los Estados miembros reiteraron su compromiso fundamental con la seguridad de Israel, condenaron con la máxima firmeza la violencia que deliberadamente tiene como objetivo a la población civil, incluidos los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza, y solicitaron que se impida eficazmente la introducción de armas de contrabando en Gaza;
V. Considerando que el bloqueo y la crisis humanitaria de la Franja de Gaza continúan desde junio de 2007 a pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional en favor de la apertura inmediata, permanente e incondicional de pasos fronterizos para permitir el flujo de ayuda humanitaria, mercancías y personas hacia y desde Gaza; que el cierre y el aislamiento de la Franja han preparado el terreno para que Hamas controle las instituciones de autogobierno de Gaza; que durante los últimos días, en la frontera entre Israel y Gaza, el alto al fuego informal en vigor durante más de un año ha sido roto por ataques aéreos de las fuerzas israelíes y por cohetes disparados contra el sur de Israel por el brazo armado de Hamás;
1. Reitera su convicción de que no hay alternativa a la solución negociada de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y en la capitalidad de Jerusalén para ambos Estados, con el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable conviviendo en paz y seguridad; destaca una vez más que la UE no va a reconocer ningún cambio unilateral sobre el terreno;
2. Manifiesta su total apoyo a las Conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz de Oriente Próximo, de 14 de mayo de 2012, y lamenta, a este respecto, la respuesta negativa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel a estas conclusiones;
3. Aprueba, en particular, la reiterada posición del Consejo con respecto a la aplicabilidad del Derecho humanitario internacional en los Territorios Ocupados de Palestina, e insta a este respecto a la Vicepresidenta y Alta Representante a que asegure que las obligaciones de Israel, como potencia ocupante, en virtud de la legislación internacional humanitaria y la legislación sobre derechos humanos se integran en todos los instrumentos de la PVE, incluida la estrategia sobre derechos humanos del país, a fin de garantizar la plena aplicación de las orientaciones de la UE sobre la promoción y el respeto del Derecho humanitario internacional;
4. Expresa su más profunda preocupación por los hechos ocurridos en la Zona C de Cisjordania y en Jerusalén Oriental, descritos en los informes de los jefes de misión de la UE sobre «Zona C y creación del Estado Palestino», de julio de 2011, y sobre Jerusalén Oriental, de enero de 2012, cuya tendencia pone en peligro la viabilidad de la solución de dos Estados; insta nuevamente a todas las partes a que eviten toda medida unilateral sobre el terreno que pueda poner en peligro las perspectivas de un acuerdo negociado destinado a crear un entorno favorable para la reanudación de las negociaciones, en especial por lo que respecta a las actividades de asentamiento israelíes;
5. Pide, a este respecto, la paralización inmediata, total y permanente de todas las actividades israelíes de construcción y expansión de asentamientos, que constituyen una grave amenaza para la viabilidad de la solución de dos Estados y son el principal obstáculo para la reanudación de las conversaciones directas de paz, así como para el desmantelamiento de todos los puestos de control construidos desde marzo de 2001;
6. Condena enérgicamente todos los actos de extremismo, violencia y acoso de los colonos contra civiles palestinos, e insta al Gobierno y a las autoridades israelíes a que pongan fin al actual entorno de anarquía e impunidad llevando ante la justicia a los autores de dichos actos y obligándoles a rendir cuentas; manifiesta su solidaridad a las víctimas de dichos actos y extiende su apoyo a todos los defensores de los derechos humanos que luchan por defender de forma pacífica y no violenta los derechos de los palestinos;
7. Pide que se respete plena y efectivamente la legislación vigente de la UE cuando se apliquen los acuerdos bilaterales UE-Israel, incluso mediante la instauración de un mecanismo de control de la UE adecuado y eficaz, dirigido por la Comisión, a fin de evitar la importación al mercado europeo, bajo régimen preferencial, de productos procedentes de los asentamientos israelíes; reitera el hecho de que la UE solo debe permitir que participen y se beneficien de los instrumentos, actuales y futuros, de la cooperación UE-Israel a las entidades israelíes cuyas sedes, departamentos y filiales estén correctamente registradas y establecidas en Israel y que ejerzan actividades en el este territorio;
8. Recuerda a las autoridades israelíes sus obligaciones como potencia ocupante y les pide, en particular, que detengan inmediatamente las demoliciones de viviendas, los desalojos y los desplazamientos forzados de palestinos, que faciliten a los palestinos las actividades de planificación y construcción, así como la ejecución de proyectos de desarrollo palestinos, y que protejan los derechos de los residentes palestinos a la tierra y la propiedad; exhorta, en este contexto, a Israel a que revoque inmediatamente su decisión de demoler viviendas y estructuras en Susiya, cerca de Hebrón, lo que afectaría a 160 palestinos, incluidos 60 niños;
9. Exhorta a las autoridades israelíes a que hagan todos los esfuerzos posibles para mejorar el acceso de los palestinos a las zonas agrícolas y de pastizales y a que garanticen una distribución y repartición justa de los recursos hídricos que satisfaga las necesidades de la población palestina;
10. Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado el 14 de mayo de 2012, que permitió que los presos palestinos pusieran fin a la huelga de hambre, y pide su total e inmediata aplicación; condena la práctica de la detención administrativa e insta al Gobierno israelí a que ponga fin a esta política; pide la liberación de los niños palestinos, los presos políticos y las personas sometidas a detención administrativa, incluido Hassan Safadi, quien, según el acuerdo, debía ser liberado; reitera su llamamiento en favor de la liberación de los miembros del Consejo Legislativo Palestino encarcelados, incluido Marwan Barghouti;
11. Pide que se proteja a la población beduina árabe que vive en los Territorios Palestinos Ocupados y en el Neguev (Naqab); pide que se ponga inmediatamente fin a los desplazamientos, expropiaciones y demoliciones forzosas de las que es objeto esta población, así como que se mejoren sus condiciones de vida facilitándoles servicios adecuados en sus tierras ancestrales;
12. Pide que se reanuden las conversaciones de paz directas, y hace hincapié en que un compromiso auténtico, sustancial y orientado a los resultados de ambas partes puede tener un impacto positivo en toda la región y contribuir a un proceso de transición pacífico en todos los países interesados;
13. Apoya, en este sentido, la política de resistencia no violenta del Presidente Abbás y alienta la reconciliación entre palestinos y el proceso palestino de construcción del Estado, del que la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias constituyen elementos importantes;
14. Reitera su firme compromiso con la seguridad del Estado de Israel y condena todo acto de violencia, incluidos los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza;
15. Insta al SEAE y a la Comisión a que abran una investigación oficial para verificar sobre el terreno todas las acusaciones relativas a la destrucción y los daños causados por las fuerzas israelíes a estructuras y proyectos financiados por la UE en los territorios ocupados y pide al Consejo que declare que Israel es responsable, desde el punto de vista financiero, de dichos actos;
16. Insta al Consejo y a la Comisión a que, con objeto de proteger y fortalecer a la población palestina, no ahorren esfuerzos para apoyar y prestar ayuda a las instituciones palestinas y a los proyectos de desarrollo en la Zona C y en Jerusalén Oriental;
17. Manifiesta su profunda preocupación por los recientes enfrentamientos en la frontera entre Israel y Gaza, que han causado la muerte de 18 palestinos, incluidos 4 niños, y herido a varias docenas de personas de ambas partes; insta a todas las partes a que pongan fin inmediatamente a todas las operaciones militares y actos de represalia, así como a que hagan respetar sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, en particular con respecto a la población civil; reitera su llamamiento a favor del levantamiento inmediato, permanente e incondicional del bloqueo de la Franja de Gaza y a que se adopten medidas para la reconstrucción y la recuperación económica de esta zona; pide asimismo, reconociendo las necesidades legítimas de Israel en materia de seguridad, un mecanismo de control eficaz que evite la entrada en Gaza de armamento de contrabando;
18. Toma nota de la decisión del Consejo de prorrogar la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE para el paso fronterizo de Rafah hasta el 30 de junio de 2013 y espera que ésta cumpla sus cometidos y desempeñe una función decisiva y efectiva por lo que respecta a la gestión diaria de las relaciones transfronterizas y la creación de confianza entre Israel y la Autoridad Palestina;
19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Representante Especial de la UE para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, al Enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, a la Knesset y al Gobierno de Israel, al Presidente de la Autoridad Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.