Procedimiento : 2012/2789(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B7-0430/2012

Textos presentados :

B7-0430/2012

Debates :

Votaciones :

PV 13/09/2012 - 11.16

Textos aprobados :

P7_TA(2012)0352

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.591v01-00
 
B7-0430/2012

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre el uso político de la justicia en Rusia (2012/2789(RSP))


Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter, Raül Romeva i Rueda en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre el uso político de la justicia en Rusia (2012/2789(RSP))  
B7‑0430/2012

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia,

–   Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Rusia es parte desde 1973, y en particular su artículo 14, en el que se declara que «toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley»,

–   Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, del que Rusia es parte desde 1998, y en particular su artículo 6, en el que se declara que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley»,

–   Vista la Constitución de Rusia, y en particular el artículo 118, que dispone que en la Federación de Rusia la justicia será ejercida exclusivamente por los tribunales, y el artículo 120, que establece que los jueces son independientes y que solo están subordinados a la Constitución de Rusia y al Derecho de la Federación,

–   Vista la sentencia, de 17 agosto 2012, del Tribunal del distrito de Jamovnichesky (Moscú), por la que se condena al grupo femenino punk Pussy Riot a una pena de dos años de privación de libertad por vandalismo,

–   Vista la Declaración de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, de 17 de agosto de 2012, sobre la condena de las componentes del grupo punk Pussy Riot en Rusia,

–   Vista la solicitud del Fiscal General de la Federación de Rusia de someter a votación la revocación anticipada del mandato de Gennady Gudkov, diputado a la Duma por el grupo Rusia Justa, el 12 de septiembre de 2012,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la Federación de Rusia es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y que se ha comprometido a regirse por los principios de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y que, debido a una serie de violaciones graves del Estado de Derecho y a la adopción de leyes restrictivas en los últimos meses, existe una preocupación creciente acerca del cumplimiento por Rusia de sus obligaciones internacionales y nacionales;

B.  Considerando que, con frecuencia, las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos son ineficaces, presentan defectos y concluyen con la impunidad de los responsables, y que la falta de transparencia de las actuaciones oficiales permite que se produzcan abusos generalizados;

C. Considerando que todavía no se han esclarecido las muertes de Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, Anastasia Barburova, Stanislav Markelov y Sergei Magnitsky;

D. Considerando que, el 30 de diciembre de 2010, Mijaíl Jodorkovski y su socio Platón Lébedev fueron declarados culpables de malversación de fondos por el Tribunal del distrito de Jamovnichesky (Moscú); que a nivel internacional se consideró que el proceso, el juicio y la sentencia habían tenido una motivación política, y que la comunidad internacional criticó duramente la injerencia y la presión políticas;

E.  Considerando que los casos mencionados y la persecución de los líderes de la oposición socavan la credibilidad del sistema judicial y ponen en tela de juicio su independencia;

F.  Considerando que se hizo entrega al anterior Presidente de la Federación de Rusia, Dmitri Medvédev, de una lista con 39 nombres considerados prisioneros políticos por la oposición política y amplios sectores de la sociedad civil, con una petición para su liberación inmediata;

G. Considerando que las continuas intimidaciones, acosos y detenciones de representantes de las fuerzas de la oposición y las organizaciones no gubernamentales, la reciente promulgación de una ley sobre la financiación de las ONG, la ley sobre el derecho de reunión, la ley sobre difamación, la ley sobre restricciones de Internet y la creciente presión ejercida sobre los medios de comunicación libres e independientes y los grupos minoritarios por su orientación sexual o sus creencias religiosas resultan en una constante degradación de los derechos humanos y los principios democráticos en Rusia;

H. Considerando que estos nuevos instrumentos legales y reformas legislativas han sido aprobados por una Duma estatal parcialmente no legitimada, cuya elección no fue ni libre ni equitativa, tal como estableció la misión de observación de la OSCE y constató el Parlamento Europeo;

I.   Considerando que, el 17 agosto 2012, el Tribunal del distrito moscovita de Jamovnichesky condenó a tres opositoras del grupo femenino punk Pussy Riot a tres años de privación de libertad después de declararlas culpables de actos de vandalismo perpetrados por odio religioso en la catedral de Cristo Salvador en Moscú;

J.   Considerando que está previsto que el 12 de septiembre de 2012 la Duma se pronuncie sobre el levantamiento de la inmunidad de Gennady Gudkov y la revocación de su mandato parlamentario en la Duma por haber desarrollado actividades empresariales durante el mismo, en contravención del artículo 289 del Código Penal de la Federación de Rusia; que, en aras del Estado de Derecho, las leyes anticorrupción deberían aplicarse en pie de igualdad y de forma imparcial a todos los diputados a la Duma, y que otros diputados del grupo Rusia Justa, como Dmitri Gudkov e Ilya Ponomarev, afrontan acusaciones similares;

K. Considerando que se encuentra en fase de elaboración inicial una nueva ley federal que prevé la expulsión, incluso sin una orden judicial formal, de diputados que vulneren las normas éticas o causen descrédito a la Duma o al Gobierno;

L.  Considerando que el caso de Sergei Magnitsky representa solo uno entre otros muchos casos de abuso de poder por las autoridades coercitivas rusas, en una vulneración grave del Estado de Derecho que sigue dejando sin castigo a los responsables de su muerte, y que existe un sinnúmero de otros casos judiciales en los que se usan motivos elaborados políticamente para eliminar la competencia política y reprimir a la sociedad civil;

M. Considerando que el recurso generalizado a la ley rusa sobre la lucha contra las actividades extremistas se ha utilizado para perseguir a defensores de los derechos humanos, oponentes políticos y grupos religiosos; que la terminología y el contenido de dicha ley son ambiguos, como ha criticado la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y que se aplica de forma arbitraria;

N. Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDU) ha condenado a la Federación de Rusia por graves violaciones de los derechos humanos en el Cáucaso Septentrional en más de 150 sentencias; que dichas sentencias no se han ejecutado, y que la responsabilidad de la no ejecución recae en su mayor parte en las instituciones y las autoridades judiciales;

O. Considerando que las instituciones judiciales y las instituciones responsables de la aplicación de la ley no han logrado poner fin a la omnipresente impunidad de que gozan los responsables de violaciones de los derechos humanos en el Cáucaso Septentrional, y que no se ha garantizado ninguna vía de recurso judicial para las graves violaciones de los derechos humanos, los atentados, los asesinatos, las desapariciones forzosas y los casos de malos tratos y de detención arbitraria en algunas zonas del Cáucaso Septentrional;

1.  Considera que Rusia, en su condición de miembro del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, debe cumplir y respetar plenamente las obligaciones que ha suscrito, al tiempo que destaca que la evolución reciente ha tomado la dirección opuesta a las reformas necesarias para mejorar las normas democráticas, el Estado de Derecho y la independencia del sistema judicial en Rusia;

2.  Destaca que el anterior Presidente Medvédev creó un grupo de trabajo dirigido a reformar el sistema electoral, mejorar el Estado de Derecho y fomentar el respeto de los derechos humanos en Rusia, y recuerda que el Parlamento Europeo ha instado a las autoridades rusas a proseguir esas reformas y ha brindado regularmente el apoyo de la UE, por ejemplo en el marco de la Asociación por la Modernización;

3.  Insta, a este respecto, a las autoridades rusas a que soliciten a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que examine las nuevas leyes rusas que restringen la libertad de opinión, la libertad de asociación, el derecho electoral activo y pasivo y el derecho a protección contra las acusaciones arbitrarias e injustas, con el objeto de determinar si cumplen las normas europeas;

4.  Expresa su preocupación por el clima deteriorado para el desarrollo de la sociedad civil en Rusia, especialmente en lo que se refiere a la promulgación de una serie de leyes que regulan las manifestaciones, las ONG, los supuestos de difamación y el uso de Internet, que contienen disposiciones ambiguas y podrían conducir a actuaciones coercitivas arbitrarias; recuerda a las autoridades rusas que una sociedad moderna y próspera requiere el reconocimiento y la protección de los derechos individuales y colectivos de todos sus ciudadanos;

5.  Insta, a este respecto, a los organismos rusos competentes a que modifiquen las nuevas leyes sobre las ONG, con el fin de proteger de la persecución política a las asociaciones ciudadanas que reciben apoyo financiero procedente de fondos extranjeros de probada reputación;

6.  Expresa su profunda preocupación por la sentencia condenatoria impuesta el 17 de agosto de 2012 por el Tribunal del distrito de Jamovnichesky, en Rusia, a Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina y Ekaterina Samutsevich, componentes del grupo punk Pussy Riot, consistente en dos años de privación de libertad en un penal por «actos de vandalismo perpetrados por odio religioso»; considera que esta condena forma parte de la represión de la disidencia política y las fuerzas de oposición que restringe todavía más el espacio democrático en Rusia y socava profundamente la credibilidad del sistema judicial ruso; condena firmemente esta sentencia motivada por razones políticas, al tiempo que espera que la condena sea anulada en apelación y se ponga en libertad a las tres componentes de Pussy Riot;

7.  Condena las detenciones de manifestantes durante el juicio a las componentes del grupo Pussy Riot, incluidos algunos líderes de la oposición y periodistas, así como el recurso excesivo, en la fase previa al juicio, a las detenciones de participantes en las manifestaciones de la Plaza Bolotnaya del día 6 de mayo, al tiempo que insta a las autoridades rusas a que respeten la libertad de reunión y de expresión;

8.  Acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo, de 25 de julio de 2012, de revisar los juicios de Jodorkovski y Lébedev, de conformidad con la recomendación de la Comisión Presidencial sobre Derechos Humanos de diciembre de 2011; toma nota de la reducción de tres años en la condena de Lébedev; pide que prosiga la revisión exhaustiva de estos casos tomando como base los compromisos internacionales suscritos por Rusia en aras de unos procedimientos judiciales justos y transparentes;

9.  Toma nota de la solicitud del Fiscal General de someter a votación la revocación anticipada del mandato del diputado a la Duma Gennady Gudkov por haber desarrollado actividades empresariales durante su mandato parlamentario, en contravención del artículo 289 del Código Penal de la Federación de Rusia; pide a Rusia que se abstenga de utilizar las leyes de forma arbitraria con el fin de reprimir a los miembros de la oposición;

10. Expresa su consternación por la condena de Taisiya Osipova, activista de la coalición Otra Rusia, a ocho años de prisión con cargos por posesión de estupefacientes, a pesar de las inquietantes irregularidades ocurridas durante el juicio y de las críticas del anterior Presidente Medvédev por el rigor excesivo de la primera condena, dictada en 2010, a diez años de privación de libertad; señala que otros varios juicios contra opositores suscitan una honda preocupación, como el procesamiento del opositor Alexei Navalny, al que podrían imponerse hasta diez años de prisión si es declarado culpable de participar en el robo de madera por valor de 16 millones de rublos, el caso de Garri Kasparov o las recientes investigaciones criminales contra Suren Gazaryan;

11. Lamenta el uso arbitrario de la ley sobre propaganda homosexual introducida en ocho regiones contra las minorías de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y la persecución y el acoso de las minorías religiosas, como los Testigos de Jehová y Falun Gong con el pretexto del extremismo;

12. Señala que estos casos se suman a la escalada de la intimidación por motivos políticos y a la persecución de los opositores en Rusia; pide al Consejo que adopte un enfoque coherente y proactivo frente a las graves violaciones de los derechos humanos en Rusia y, partiendo de un planteamiento basado en los casos individuales, evalúe la necesidad de adoptar medidas coercitivas contra los autores de dichas violaciones como una medida de último recurso, siempre que exista una prueba clara de una vulneración o de la comisión de un delito;

13. Pide a Rusia que rectifique el curso actual de su política para centrarse de nuevo en sus obligaciones internacionales y que se comprometa seriamente en la tarea de mejorar la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

 

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