PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la utilización política de la justicia en Rusia
10.9.2012 - (2012/2789(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki en nombre del Grupo ECR
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0427/2012
B7‑0436/2012
Resolución del Parlamento Europeo sobre la utilización política de la justicia en Rusia
El Parlamento Europeo,
– Vistos el actual Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra (ACC)[1], y las negociaciones iniciadas en 2008 sobre un nuevo acuerdo UE-Rusia,
– Vistas las negociaciones en curso sobre un nuevo acuerdo que ofrezca un nuevo marco global para las relaciones entre la UE y la Federación de Rusia, así como la Asociación para la Modernización, iniciada en 2010,
– Vista la declaración presentada por la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH), por la Asamblea Parlamentaria de la OSCE (AP OSCE) y por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) tras la misión de observación electoral internacional en las elecciones a la Duma Estatal rusa celebradas el 4 de diciembre de 2011,
– Vistas las Declaraciones de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, de 11 de mayo de 2012, sobre las detenciones de líderes de la oposición en Moscú, y de 12 de junio de 2012, sobre la nueva ley relativa a las concentraciones públicas,
– Vista la nueva legislación aplicable a las ONG en Rusia en virtud de la Ley, de 20 de julio de 2012, sobre la modificación de determinados actos legislativos de la Federación de Rusia en relación con la reglamentación de las actividades de organizaciones no comerciales que ejercen actividades de agentes extranjeros,
– Vistos sus anteriores informes y resoluciones sobre las relaciones entre la UE y Rusia y la situación en Rusia así como sobre las últimas elecciones a la Duma Estatal rusa y las elecciones presidenciales en Rusia,
– Vistas las consultas entre la UE y Rusia sobre derechos humanos,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la Constitución de la Federación de Rusia garantiza a sus ciudadanos plenos derechos y libertades; que Rusia se ha comprometido a proteger y promover los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en su condición de Estado miembro del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de país signatario de numerosos tratados internacionales, entre los que se incluyen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
B. Considerando que, bajo el mandato de Vladímir Putin, en la Federación de Rusia se acusa una falta de confianza con respecto al Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, el hecho de que los procesos judiciales manifiestamente no se ajustan a las normas reconocidas a escala internacional y que se utilizan con fines políticos;
C. Considerando que la detención de activistas de la oposición y las penas de encarcelamiento y de reclusión en colonias penitenciarias se utilizan a escala política como métodos intimidatorios contra líderes de la oposición política en Rusia;
D. Considerando que el Presidente Putin declaró la urgente necesidad de superar la enorme corrupción en Rusia y se comprometió públicamente a fortalecer el Estado de Derecho y expresó su preocupación por la independencia del poder judicial y el sistema jurídico en el país;
E. Considerando que las nuevas modificaciones de la Ley de 9 de junio de 2012 sobre concentraciones públicas prevén la imposición de elevadas multas a los participantes en concentraciones públicas ilegales así como penas de trabajos forzados para quienes obstaculicen la circulación de peatones y vehículos o contribuyan a poner en peligro la integridad física de otras personas; considerando que, con arreglo a dicha Ley, las personas condenadas a una sanción administrativa por segunda vez no estarán autorizadas a organizar manifestaciones;
F. Considerando que las organizaciones no gubernamentales independientes y las actividades de la sociedad civil constituyen las piedras angulares de la democracia y de la sociedad moderna; que la nueva legislación de la Duma Estatal sobre las actividades civiles aumenta los requisitos impuestos a las ONG que se benefician de subvenciones extranjeras y les confiere la condición de «agentes extranjeros», restablece la penalización de la «difamación» e introduce la posibilidad de bloquear los sitios web cuyo contenido se juzgue inapropiado; y que la nueva ley sobre la sociedad civil supondrá el bloqueo de los cambios en la sociedad civil rusa y limitará su desarrollo al tiempo que obstaculizará la actividad de la oposición al incrementar su coste financiero y político;
G. Considerando que las principales organizaciones no gubernamentales han anunciado que seguirán recibiendo subvenciones del extranjero pero que no se inscribirán como «agentes extranjeros», y que impugnarán la ley ante los tribunales;
H. Considerando que el Parlamento Europeo dictaminó que las últimas elecciones a la Duma Estatal no fueron libres ni justas; y que, desde que Vladímir Putin asumió el poder en Rusia, ninguna de las elecciones celebradas en este país han sido reconocidas como libres y democráticas por los observadores occidentales;
I. Considerando que, el 26 de junio de 2012, la comisión competente del Senado de los Estados Unidos adoptó por unanimidad una ley por la que se prohíbe la entrada en los Estados Unidos de funcionarios presuntamente responsables de violaciones de los derechos humanos y bautizó dicha ley como «Ley Magnitski» en honor de Serguéi Magnitski, quien murió en la cárcel en 2009 tras haber denunciado la corrupción en el seno de los servicios fiscales rusos y del Ministerio del Interior ruso; que su detención y posterior fallecimiento para muchas personas han pasado a simbolizar la injusticia rusa; y que Rusia ha condenado la adopción de la mencionada ley;
J. Considerando que Alexander Bastrikin, jefe de la Comisión de Investigación de Rusia, amenazó de muerte a Serguéi Sokolov, redactor jefe adjunto del semanario independiente «Novaya Gazeta»;
K. Considerando que, el 28 de agosto de 2012, el Tribunal de distrito de Smolensk condenó a Taisiya Osipova, activista del partido de oposición no registrado «Otra Rusia» a ocho años de «gulag»; que la Sra. Osipova se declaró inocente; y que su marido, Serguéi Fomchenkov, es uno de los líderes del partido «Otra Rusia»;
L. Considerando que la nueva ley sobre sitios web, orientada a proteger a los niños contra la pornografía y establecer una lista negra de sitios web inapropiados, da lugar a una censura arbitraria de las informaciones difundidas por la oposición democrática, los medios de comunicación libres y los activistas de la sociedad civil;
M. Considerando que es importante que la UE hable con una sola voz, muestre solidaridad y se mantenga unida en sus relaciones con la Federación de Rusia;
N. Considerando que, en la Declaración Conjunta sobre la Asociación para la Modernización (ApM), la UE y Rusia declararon que su relación en desarrollo se basa en un profundo compromiso con los principios democráticos, los derechos fundamentales y humanos y el Estado de Derecho, y la independencia del poder judicial; considerando que la ApM debe ser parte integrante de un nuevo acuerdo de asociación y cooperación;
1. Destaca que la evolución futura de las relaciones entre la UE y Rusia quedará supeditada a los esfuerzos por fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales en la Federación de Rusia;
2. Constata que, desde las elecciones presidenciales celebradas en Rusia en marzo de 2012, se ha adoptado rápidamente en la Federación de Rusia un conjunto de leyes represivas que, por primera vez en la historia de la Rusia postsoviética, restringen de forma significativa y simultánea las tres libertades fundamentales: la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación; considera que este paquete legislativo sin precedentes constituye una respuesta clara de las autoridades rusas a las numerosas protestas públicas que tuvieron lugar durante el invierno y la primavera de 2012; constata que, a raíz de la adopción de dichas leyes, acompañada de una retórica gubernamental hostil para con los participantes en las protestas, la oposición política, los defensores de los derechos humanos y las ONG, las condiciones jurídicas y políticas para las organizaciones no gubernamentales se han deteriorado de forma significativa;
3. Pide a Rusia que cumpla sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la independencia de los procesos judiciales, en su condición de Estado miembro del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y en cuanto país signatario de numerosos tratados internacionales, entre los que se incluyen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
4. Pide a la Vicepresidenta y Alta Representante y a la Comisión un apoyo sólido y profundo para los activistas de la sociedad civil y los representantes de los nuevos movimientos sociales de base frente a las prácticas antidemocráticas de las autoridades rusas; pide a la UE que ejerza una presión constante sobre las autoridades rusas para que se ajusten a las normas de la OSCE en materia de derechos humanos, democracia, Estado de Derecho e independencia del poder judicial;
5. Condena enérgicamente a la Duma Estatal rusa por el hecho de haber introducido una nueva legislación sobre las concentraciones públicas y las ONG y pide a las autoridades rusas que revisen esta nueva legislación y deroguen las restricciones que pesan sobre las ONG independientes y los activistas de la sociedad civil; pide que, en la nueva legislación, se introduzcan unas disposiciones jurídicas precisas con el fin de evitar la diversidad de interpretaciones y la utilización política de esta nueva legislación;
6. Manifiesta su profunda preocupación por las modificaciones introducidas en la legislación aplicable a las ONG en Rusia en virtud de la Ley de 20 de julio de 2012 que califican a las organizaciones no gubernamentales que reciben ayuda del extranjero de «organizaciones no comerciales que ejercen actividades de agentes extranjeros»;
7. Destaca que el hecho de calificar a las organizaciones no gubernamentales de «agentes extranjeros» resulta, por razones históricas, un falseamiento deliberado de la realidad que suscita connotaciones negativas y da lugar a una estigmatización de las organizaciones receptoras de fondos extranjeros que pone en peligro el apoyo del público a las mismas en Rusia;
8. Subraya que la definición de «actividad política» en la nueva ley resulta deliberadamente imprecisa y no se basa en conceptos jurídicos; que dicha definición impide que las ONG y sus miembros comprendan si están violando o no las disposiciones de la ley, y crea las condiciones para una aplicación de la ley abusiva, selectiva y orientada a fines políticos;
9. Pide a la UE que adopte las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre los derechos humanos en Rusia necesarias para poner de relieve la preocupación de la UE por el clima persistentemente hostil en materia de derechos humanos, incluyendo un espacio para que la sociedad civil funcione sin restricciones indebidas y se garantice la seguridad de los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil; expresa su preocupación ante la impunidad rampante que existe para la tortura, las desapariciones forzadas y otros abusos graves en las regiones de la Federación de Rusia, y pone de relieve la importancia de la plena aplicación por parte de Rusia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un medio para hacer frente a estos abusos;
10. Observa que la Asociación para la Modernización no solo debe incluir aspectos y desafíos económicos y tecnológicos, sino que también debe estar basada en una amplia cooperación, especialmente en los ámbitos del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y el desarrollo de un sistema jurídico fiable;
11. Acoge con satisfacción la adopción, por parte de la comisión del Senado de los Estados Unidos, de la ley por la que se prohíbe la entrada en los Estados Unidos de funcionarios presuntamente responsables de violaciones de los derechos humanos; apoya las iniciativas legislativas en relación con el caso Magnitski de los Parlamentos nacionales de Canadá, el Reino Unido, los Países Bajos y Polonia; anima a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que adopten leyes similares; pide, además, a las autoridades rusas que pongan fin a la extraña persecución póstuma de Serguéi Magnitski;
12. Recuerda el contexto político y el recurso a una justicia selectiva durante el segundo juicio, veredicto y sentencia de condena a una pena de reclusión prolongada de Mijaíl Jodorkovski y Platón Lébedev; observa que la utilización política del tribunal en este caso constituye uno de los peores ejemplos de la falta de independencia del poder judicial ruso; pide al Presidente Putin que respete plenamente y ponga en práctica las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en relación con este asunto;
13. Recuerda el caso antiguo de Mijaíl Jodorkovski, que hasta la fecha se considera uno de los ejemplos más destacados de la utilización de la justicia de forma selectiva y politizada en la Federación de Rusia; observa que la naturaleza política de las acusaciones formuladas contra el Sr. Jodorkovski ha sido reconocida y condenada por organizaciones destacadas de defensa de los derechos humanos y por expertos jurídicos; recuerda que, tras su segundo juicio, condena y reclusión prolongada, Amnistía Internacional declaró al Sr. Jodorkovski preso de conciencia;
14. Condena enérgicamente todos los actos de represión perpetrados por las autoridades rusas y dirigidos contra representantes de la sociedad civil y de la oposición democrática;
15. Reconoce el margen de apreciación de que gozan las autoridades rusas en relación con la reglamentación de los lugares públicos de culto; expresa, no obstante, su profunda preocupación ante las sanciones graves y desproporcionadas impuestas a los miembros del grupo punk «Pussy Riot»;
16. Expresa su preocupación ante las violaciones de los derechos de los adeptos de Falun Gong en Rusia durante el procedimiento judicial de examen y posterior desestimación, por parte del Tribunal Supremo ruso, del recurso interpuesto por Falun Gong, el 4 de julio de 2012;
17. Manifiesta su profunda preocupación ante otros juicios con motivaciones políticas, en particular el procesamiento penal de científicos acusados de espionaje por el hecho de cooperar con instituciones científicas extranjeras; la condena penal de la activista de la oposición Taisiya Osipova a ocho años de reclusión en un juicio calificado de políticamente motivado, en el que se recurrió a pruebas dudosas y posiblemente falsificadas y que no reunía las condiciones de un juicio justo; la detención y las acusaciones formuladas contra más de una docena de participantes en las manifestaciones de protesta organizadas en Moscú el 6 de mayo y acusados injustamente de haber participado en los supuestos «disturbios masivos», y la investigación penal dirigida contra activistas de la oposición como Alexéi Navalni, Borís Niemcov y Serguéi Udelcov;
18. Pide a la Comisión Europea que apoye el fortalecimiento de la sociedad civil en Rusia; hace hincapié en que, sin un apoyo internacional, las organizaciones de la sociedad civil pueden perder su empuje y protagonismo;
19. Pide a la Comisión que preste su apoyo a las organizaciones no gubernamentales, a las instituciones y organizaciones que operan en el ámbito de los derechos humanos y de la independencia de los tribunales en la Federación de Rusia;
20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Gobierno y al Parlamento de Georgia, al Consejo de Europa, así como a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
- [1] DO L 237 de 28.11.1997, p. 3.