PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la posición del Parlamento para el 22° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
5.2.2013 - (2013/2533(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer en nombre del Grupo GUE/NGL
B7‑0061/2013
Resolución del Parlamento Europeo sobre la posición del Parlamento para el 22° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
El Parlamento Europeo,
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1953,
– Vistas la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000 (A/Res/55/2), y las resoluciones de su Asamblea General,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU),
– Vistas sus resoluciones urgentes sobre los derechos humanos y la democracia,
– Visto el próximo 22º período de sesiones del CDHNU, que se celebrará del 22 al 23 de marzo en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, sesenta años después de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la lucha contra la discriminación y por el pleno ejercicio de todos los derechos humanos —sociales, económicos, culturales, civiles y políticos— sigue siendo un combate diario;
B. Considerando que los derechos económicos, sociales y culturales forman parte integrante de los derechos humanos y que, para respetarlos, han de aplicarse plenamente, como mínimo, los ocho objetivos para el desarrollo de la Declaración del Milenio del año 2000, es decir: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo; y que se fijó un ambicioso calendario para alcanzar estos objetivos en 2015, pero que estamos hoy en día todavía lejos de alcanzarlos;
C. Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían garantizar el respeto de los derechos humanos en todas sus políticas, tanto interiores como exteriores, y velar por la coherencia de dichas políticas para reforzar la posición de la UE en el CDHNU y hacerla creíble;
D. Considerando que, pese a sus carencias, el CDHNU es una importante plataforma para el debate en materia de derechos humanos y la lucha contra las violaciones de los derechos humanos;
E. Considerando que una delegación de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se desplazará a Ginebra con ocasión del 22° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, tal como hizo en años anteriores para los períodos de sesiones del CDHNU y, anteriormente, para los de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
El trabajo y la organización del CDHNU
1. Insta de nuevo a los Estados miembros de la Unión Europea a que se opongan activamente a cualquier intento de socavar el concepto de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y a que alienten activamente al CDHNU para que luche de la misma forma contra todo tipo de discriminación, ya sea por motivos de género, edad, orientación sexual o convicciones políticas o religiosas;
2. Advierte contra la instrumentalización del CDHNU; destaca la importancia de sus resoluciones sobre países concretos para tratar los casos de violaciones graves de los derechos humanos; destaca la importancia que reviste evaluar la situación de los derechos humanos de forma objetiva, transparente, no selectiva, constructiva, sin buscar la confrontación y sobre la base de información fiable y de un diálogo interactivo, en condiciones de universalidad e igualdad de trato para todos los Estados; pide a los Estados miembros de la UE que contribuyan activamente a la aplicación de estos principios acordados en lo relativo al CDHNU;
3. Subraya hasta qué punto es importante hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad política en algunos países por medio de políticas de desarrollo que concuerden con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otras medidas socioeconómicas, políticas y culturales que puedan crear un entorno que permita evitar el resurgimiento de conflictos, y destinadas a eliminar la pobreza, fomentar el desarrollo económico, social y cultural, crear capacidades institucionales y administrativas, mejorar la calidad de vida de la población y consolidar el Estado de Derecho únicamente por medios pacíficos;
4. Toma nota de la elección de 18 nuevos miembros del CDHNU en septiembre de 2012, con efectos a partir del 1 de enero de 2013: Argentina, Brasil, Costa de Marfil, España, Estonia, Etiopía, Gabón, Alemania, Irlanda, Japón, Kazajstán, Kenia, Montenegro, Pakistán, República de Corea, Sierra Leona, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América y República Bolivariana de Venezuela; observa que el Estado de Israel ha decidido no adherirse al CDHNU;
5. Constata que el mandato de tres años de la República de Kazajstán como miembro del CDHNU ha entrado en vigor el 1 de enero de 2013; recuerda que, según la Resolución 60/251 de la Asamblea General, los miembros del Consejo observarán las normas más elevadas en materia de promoción y protección de los derechos humanos, y destaca que, habida cuenta de las masacres que se produjeron en la ciudad de Zhanaozen en diciembre de 2011, la situación de los derechos humanos en Kazajstán se ha vuelto a deteriorar, tal y como demuestra la reciente prohibición de los medios de comunicación de la oposición decretada en diciembre de 2012; pide al CDHNU que durante la próxima reunión haga cuanto esté en su mano para remediar esta situación, y que pida encarecidamente a Kazajstán que libere inmediatamente a los detenidos que han sido condenados por razones políticas y que ponga fin a los arrestos por razones políticas efectuados bajo la acusación de «incitación a la discordia social»;
Promoción y protección de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo
Derechos económicos, sociales y culturales
6. Se felicita de la importancia otorgada en el 22° período de sesiones del CDHNU a la promoción y a la protección de los derechos económicos y sociales y a la cuestión de la interdependencia de los derechos humanos; destaca una vez más la necesidad de conceder la misma importancia a los derechos económicos, sociales, culturales, cívicos y políticos; reitera que los elevados índices de desempleo, el aumento de la pobreza y la exclusión social y el acceso cada vez más difícil a servicios públicos asequibles en los ámbitos de la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte o la cultura, así como la calidad de dichos servicios, constituyen importantes desafíos; destaca que los procesos de privatización y liberalización han contribuido a degradar el acceso a algunos de estos derechos, que es necesario invertir esta tendencia y que una mejor distribución de la riqueza, unos salarios adecuados y empleos de calidad son medios importantes para resolver estos problemas; constata asimismo que los planes de austeridad aplicados tanto en los países miembros de la Unión como en otros países, incluso bajo la presión de la Unión, no hacen más que acentuar las desigualdades y la pobreza;
7. Destaca la importancia concedida a «una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado»; pide a la delegación de la Unión y a las de sus Estados miembros que favorezcan el acceso a una vivienda de calidad para todos como un derecho fundamental, y que lleven a cabo una evaluación del acceso a la vivienda en la Unión (sobre todo desde el inicio de la crisis y la aplicación de medidas de austeridad), con objeto de llegar a un compromiso que permita resolver este problema endémico que se ha agravado aún más estos últimos años;
8. Destaca que los Estados miembros de las Naciones Unidas deberían promover en mayor medida el acceso a los recursos naturales y vitales y a las tierras, así como la soberanía y la seguridad alimentarias, como medios para reducir la pobreza y el desempleo; lamenta que un importante número de personas no tenga o haya dejado de tener acceso a determinados recursos, incluidos bienes fundamentales como el agua, debido al acaparamiento de estos recursos por parte de empresas o entidades privadas, que se pueden beneficiar del apoyo de las autoridades públicas de los Estados en cuestión, lo que provoca en particular penurias alimentarias y el aumento de los precios de los productos alimentarios; pide, por tanto, a la delegación de la Unión Europea y a las de los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para poner fin al acaparamiento de los recursos, en especial de las tierras, sobre todo por parte de empresas europeas, y que promuevan propuestas en foros y conferencias internacionales y regionales (Banco Mundial, OMC, UNCTAD, FMI, OCDE, etc.) con vistas al reconocimiento de los bienes públicos fundamentales y su inscripción en un convenio específico de Naciones Unidas; pide, asimismo, a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen la Resolución n° 64/292, de 28 de julio de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el agua como un derecho fundamental, y que hagan todo cuanto esté en su mano para que se aplique y sea vinculante;
9. Destaca que las políticas migratorias de la Unión y el apoyo a regímenes no democráticos, con el pretexto de una «buena gobernanza» y de acuerdos de asociación puramente económicos, vulneran los derechos humanos y la misma credibilidad de la Unión en el plano internacional; pide de nuevo a los Estados miembros de la Unión Europea que apliquen las cláusulas «democracia y derechos humanos en todos los acuerdos internacionales», sea cual sea la naturaleza de dichos acuerdos, y que garanticen el respeto de los derechos humanos en sus propias políticas interiores y exteriores, ya que, de no ser así, la posición de la Unión se vería debilitada en el CDHNU y en cualquier otro foro en el que se aborden los derechos humanos;
Derechos civiles y políticos
10. Destaca la importancia que reviste en la lucha contra el terrorismo la continuación de la labor sobre las prácticas mundiales que implican el recurso a detenciones secretas; pide a los Estados miembros de la Unión Europea que hagan un seguimiento adecuado del informe, de conformidad con las posiciones adoptadas anteriormente por el Parlamento Europeo sobre este asunto, en especial en sus Resoluciones sobre la utilización de países europeos por la CIA para el transporte, la detención ilegal y la tortura de presos;
11. Pide a todos los Estados miembros que luchen contra la tortura, en particular en su propio territorio; pide a la delegación de la Unión y a las de sus Estados miembros que incluyan en el debate sobre la tortura y otras penas y tratos inhumanos y degradantes la prohibición del comercio de productos que pueden servir para actos de tortura, tanto dentro como fuera de la Unión;
12. Pide a la delegación de la Unión y a las de sus Estados miembros que se reafirmen en su posición contra la pena de muerte, con vistas a su abolición universal y a la aplicación de una moratoria inmediata en los países en los que todavía está en vigor; manifiesta su preocupación por el hecho de que algunos países que habían abolido la pena capital estén volviendo a cometer ejecuciones;
Derechos de los pueblos y de los particulares
13. Destaca una vez más el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación y a elegir sus orientaciones políticas; pide a la Unión y a sus Estados miembros que, con ocasión del 22° período de sesiones del CDHNU, promuevan decididamente este derecho en sustitución de las políticas actuales;
14. Manifiesta su preocupación por la degradación de la situación de los defensores, los militantes, las organizaciones y las instituciones de derechos humanos, así como de los periodistas, en formas diferentes y a diferentes niveles en el mundo entero;
15. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que concedan prioridad a las acciones concretas del CDHNU dirigidas a poner fin a las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra la población civil, en particular las mujeres y los niños en situaciones de guerra y de conflictos violentos; pide que se apliquen prioritariamente acciones que permitan acabar con el reclutamiento de niños soldado y garantizar su protección;
16. Se felicita del proceso de seguimiento del informe A/HRC/19/41sobre leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género actualmente en curso por parte del Alto Comisionado; favorece además este seguimiento, en particular mediante reuniones regionales y la participación activa de los Estados miembros en este proceso; pide que se adopten medidas específicas para la protección de estas personas, en particular en materia de asilo político y de protección consular;
17. Destaca que la definición de esclavitud propuesta por las Naciones Unidas corresponde al estado o la condición de una persona sobre la que se ejercen todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad; deplora el hecho de que todavía existan formas de esclavitud moderna, incluso dentro de la Unión Europea; destaca que las personas que son víctimas de esta práctica pertenecen a poblaciones particularmente vulnerables y que, por este motivo, merecen una protección específica; pide, por consiguiente, a la delegación de la Unión y a las de los Estados miembros que actúen en favor de la aplicación de una política mucho más firme en este sentido, en particular en lo que se refiere a los empleados domésticos —la categoría socioprofesional que se ve más afectada por este tipo de esclavitud—, e incluso que velen por que la protección diplomática no sirva como pretexto para impedir las acciones contra aquellos que violan de este modo los derechos humanos;
Interdependencia de los derechos humanos y de las cuestiones temáticas relacionadas con los derechos humanos
18. Manifiesta su honda preocupación por la degradación de los derechos humanos y las libertades públicas con el pretexto de luchar contra el terrorismo y, cada vez más, contra los delitos graves, sin que se hayan definido claramente estos conceptos, y ello incluso en el seno de la Unión o mediante acuerdos específicos con algunos Estados en los que no se aplican las normas en materia de derechos humanos; le preocupa en particular, a este respecto, la violación de las normas relativas a la protección de datos y al respeto de la vida privada;
19. Lamenta que la comunidad internacional no haya entablado todavía negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo internacional sobre la protección de los datos de carácter personal que podría basarse en el Convenio nº 108 del Consejo de Europa, y pide a la delegación de la Unión y a las de los Estados miembros que trabajen en la elaboración de un marco de esta índole, en colaboración con sus homólogos internacionales;
20. Condena el amplio recurso, en las políticas denominadas «de seguridad», a empresas militares o de seguridad privadas cuando se trata de competencias soberanas que son autoridad exclusiva de los Estados, y pide a la Unión y a sus Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para acabar con estas prácticas; considera que las empresas militares y de seguridad privadas deben aplicar en este ámbito, bajo la responsabilidad de los Estados, las normas en materia de derechos humanos, en particular en materia de protección de datos y respeto de la vida privada; considera que, puesto que se trata de una transferencia de misiones de servicio público, tanto los Estados como las empresas deben ser responsables de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario cometidas por el personal de sus empresas;
Situaciones relacionadas con los derechos humanos que exigen la atención del Consejo
21. Toma nota de la solicitud presentada por el CDHNU al Alto Comisionado para que le presente en su 22° período de sesiones un informe escrito sobre la situación de los derechos humanos en Mali, en particular en la parte norte; pide que se realice una evaluación completa de las atrocidades y los crímenes cometidos en este país por todas las fuerzas implicadas; pide a la delegación de la Unión Europea y a las de los Estados miembros que se comprometan a favorecer unas soluciones pacíficas a los conflictos en lugar de intervenciones armadas unilaterales como la que se ha producido en Mali;
22. Constata que la situación de los derechos humanos en Irán continúa deteriorándose; comprueba que la represión contra manifestantes y disidentes pacíficos (entre ellos, estudiantes, universitarios y defensores de los derechos humanos), militantes a favor de los derechos de la mujer, juristas, periodistas, «blogueros» y religiosos es habitual en este país; destaca el papel primordial que ha de desempeñar la comunidad internacional para garantizar la paz; manifiesta su profunda preocupación por la continua degradación de los derechos humanos en Irán, el número cada vez mayor de presos políticos y de conciencia, el aún elevado número de ejecuciones, incluidos menores, la tortura, los juicios arbitrarios y las cantidades exorbitantes exigidas como fianza, así como las fuertes restricciones a la libertad de información, expresión, reunión, religión, educación y circulación; opina que la visita de un relator especial de las Naciones Unidas puede contribuir a lograr una visión global de la situación de los derechos humanos en Irán; toma nota con preocupación de que Irán no ha aceptado la visita de relatores especiales o del Alto Comisionado para los Derechos Humanos desde 2005; pide a Irán que cumpla con su propósito declarado de autorizar, durante el año 2013, una visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Ahmed Shaheed;
23. Reconoce la persistencia de las reformas políticas y civiles que se están llevando a cabo en Birmania, pero pide a las autoridades que redoblen sus esfuerzos, en particular para la liberación de los presos políticos, y que luchen urgentemente contra la violencia intercomunitaria; manifiesta su profunda preocupación por la violencia en el Estado de Rakhine, que es una consecuencia ya antigua de las políticas discriminatorias contra los rohingyas; pide que se prorrogue por un año el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Birmania/Myanmar;
24. Lamenta que en el programa de este debate no se haya incluido la situación en América Latina, en particular en Honduras y Paraguay; pide que se lleve a cabo un seguimiento real de la situación en estos dos países desde los golpes de Estado y que se haga todo lo posible por restablecer la democracia y el Estado de Derecho en ellos; pide a la delegación de la Unión y a las de los Estados miembros que trabajen en pro de la condena de los golpes de Estado, que no reconozcan a los gobiernos «de facto» y que exijan que los culpables sean juzgados; pide, asimismo, que se lleve a cabo una investigación sobre las tentativas golpistas en otros países de América Latina (por ejemplo, en Ecuador) y que se aclaren todas las responsabilidades individuales, incluidas las de terceros países;
25. Comprueba que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la actividad sindical y política, y que las violaciones de los derechos humanos, de las que también son objeto estudiantes, militantes de los partidos de la oposición, agricultores, mujeres y niños, gozan de una impunidad prácticamente total; se opone, en consecuencia, a la ratificación del acuerdo de libre comercio con este país; condena firmemente que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende directamente del Presidente de la República, haya llevado a cabo escuchas sistemáticas y acciones ilegales para desacreditar a altos magistrados, parlamentarios de la oposición y defensores de los derechos humanos; recuerda que también han sido objeto de estas acciones la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, personas residentes en Europa y distintas ONG; pide que estos graves hechos no queden sin castigo; solicita a la Unión que aplique las recomendaciones relativas a Colombia del informe del Comité contra la tortura de 2009;
26. Lamenta asimismo que no se haya incluido en el orden del día la cuestión de los derechos humanos en Turquía; manifiesta su preocupación, en particular, por la degradación de la situación de la democracia en este país y por el aumento de la represión de que son objeto los demócratas, los diputados y los militantes políticos, los sindicalistas, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los artistas; comprueba que esta represión afecta principalmente a los curdos; pide a la delegación de la Unión que vele por que esta cuestión se aborde durante el 22° período de sesiones del CDHNU y por que se preste un apoyo explícito a la reanudación de las negociaciones sobre el proceso de paz;
27. Condena de nuevo las continuas violaciones de los derechos humanos ocasionadas por la ocupación permanente del 37 % del territorio de la República de Chipre por Turquía; destaca que la ocupación está vinculada directamente a la privatización del acceso a la propiedad de la tierra y su utilización; pide a la delegación de la Unión y a las de sus Estados miembros que denuncien estas violaciones continuas, condenen la presencia de tropas turcas y de colonos y exijan el fin inmediato de la ocupación del territorio chipriota por parte del ejército turco y de la política destinada a modificar la demografía de la República de Chipre; destaca que estas violaciones constituyen crímenes de guerra; pide a Turquía que autorice el acceso a las zonas militares para que se proceda a la verificación de las personas desaparecidas;
28. Pide al CDHNU que tome medidas concretas con arreglo al «Informe de examen interno sobre la acción de las Naciones Unidas en Sri Lanka», publicado en noviembre de 2012, en el que se precisa en particular que, en lo que se refiere a la situación de los civiles en los últimos meses de la guerra civil, las Naciones Unidas no asumieron sus responsabilidades; pide al CDHNU que condene el recrudecimiento de los ataque contra los derechos democráticos en Sri Lanka, incluidos la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la libertad de asociación y el derecho a unas elecciones libres y justas, y que exija una solución al conflicto, basada en el respeto de la democracia y de los derechos humanos, incluido el derecho del pueblo tamil a la autodeterminación; pide al CDHNU que aborde el proyecto de derogación de la enmienda 13 de la Constitución de Sri Lanka, que concede una cierta autonomía regional al norte y al este de la isla, y que manifieste su preocupación al respecto;
29. Lamenta que en esta conferencia no se aborde la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo; pide a la delegación de la Unión y a las de los Estados miembros que aborden esta cuestión durante el debate sobre las situaciones que requieren la atención del CDHNU, que condenen todo acto de violencia y toda violación de los derechos humanos en el este de la RDC y en la región de los Grandes Lagos, y que expresen su solidaridad con todas las poblaciones que sufren la guerra, que pidan a todas las fuerzas que participan en los combates en el este de la RDC que respeten los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario y que pongan fin a los ataques contra la población civil;
La situación de los derechos humanos en Palestina y en los otros territorios árabes ocupados
30. Se felicita de la atención especial concedida en este 22° período de sesiones a la situación de los derechos humanos en Palestina y en los otros territorios árabes ocupados, en particular en lo que se refiere al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación; insta encarecidamente a la delegación de la Unión a que condene cualquier forma de colonialismo, en especial en Palestina;
31. Recuerda su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la situación en el Sáhara Occidental; insta a Marruecos y al Frente Polisario a que prosigan las negociaciones con vistas a una solución pacífica y duradera del conflicto en el Sáhara Occidental, y reitera el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, que debe decidirse a través de un referéndum democrático; condena la persistente violación de los derechos humanos del pueblo saharaui, con arreglo a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; pide la liberación de los presos políticos saharauis, en particular del grupo de los 23 de Agdaym Izik, juzgados por un tribunal militar;
32. Lamenta que la Unión no haya aplicado las recomendaciones del Informe Goldstone; pide una vez más a los Estados miembros de la Unión que se esfuercen por alcanzar una posición común fuerte de la Unión Europea en relación con el seguimiento del Informe Goldstone, que exijan públicamente responsabilidades por los presuntos crímenes y que insten a Israel a que lleve a cabo investigaciones que cumplan las normas internacionales de independencia, imparcialidad, transparencia, rapidez y eficacia, en línea con la Resolución A/RES/64/10 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; considera que el proceso de paz en Oriente Próximo no puede avanzar sin rendición de cuentas ni justicia, y que las investigaciones emprendidas hasta ahora no cumplen estos requisitos; reclama a la Unión Europea que incluya el seguimiento del Informe Goldstone en sus diálogos con Israel;
33. Apoya los movimientos populares que se están produciendo en un gran número de países árabes a favor de la justicia social y los derechos sociales, económicos y políticos en estos países; lamenta que la caída de dictadores como Ben Aló o Mubarak no haya dado lugar a cambios profundos y rápidos en estas políticas, y manifiesta su preocupación por la evolución de la situación en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos en algunos países, como por ejemplo Egipto;
Asistencia técnica y mejora de las capacidades
34. Toma nota de la situación de la cooperación técnica en el ámbito de los derechos humanos en Afganistán; pide a la delegación de la Unión y a las de sus Estados miembros que denuncien el hecho de que la ocupación de Afganistán por la OTAN no ha mejorado la situación de los derechos humanos en dicho país; pide al CDHNU que se esfuerce por crear una comisión de investigación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y por incoar un proceso sobre los crímenes de guerra, las atrocidades y los asesinatos de civiles perpetrados en Iraq y Afganistán, en el marco de las competencias de la CPI; condena firmemente el recurso a la violencia por parte de las autoridades iraquíes en contra de manifestantes pacíficos, y lamenta el importante número de personas que han muerto o han resultado heridas; condena cualquier tipo de violencia contra grupos sociales, políticos o religiosos; condena todos los asesinatos y todas las ejecuciones que se han perpetrado desde 2003; lamenta la última ola de atentados terroristas; considera que uno de los principales resultados de la invasión estadounidense de Iraq ha sido el desmoronamiento prácticamente generalizado del orden público y la proliferación de las violaciones de los derechos humanos; pide al Gobierno iraquí que suprima la pena de muerte, y llama la atención sobre la necesidad urgente de solucionar los problemas humanitarios del pueblo iraquí;
35. Condena asimismo la intervención armada en Libia, bajo la protección de la OTAN, y destaca que la situación, en vez de estabilizarse, parece, por el contrario, estarse degradando desde el «final oficial de la guerra», lo que está dando lugar a una división del país, la incapacidad del Estado para impedir los actos de violencia, el aumento de los delitos de carácter racista y la falta de justicia y de democracia; desea que el CDHNU realice una investigación independiente e imparcial sobre el estado de la situación de los derechos humanos en el país, haciendo hincapié en la responsabilidad de todas las fuerzas que han participado en el conflicto;
36. Toma nota del debate sobre la situación de los derechos humanos en Haití, y pide a la Unión y a sus Estados miembros que hagan hincapié en la necesidad de facilitar una evaluación de las ayudas enviadas a Haití y de la aplicación real del plan de reconstrucción del país promovido por las Naciones Unidas;
37. Toma nota de la situación de la asistencia en Costa de Marfil; opina que convendría llevar a cabo una evaluación objetiva e imparcial de la evolución de los derechos humanos en el país, en especial desde la ocupación del país por el ejército francés;
o
o o
38. Encarga a su delegación en el 22° período de sesiones del CDHNU que se haga eco de las preocupaciones recogidas en la presente Resolución, le pide que informe de su visita a la Subcomisión de Derechos Humanos, y considera oportuno que se siga enviando una delegación del Parlamento Europeo a los períodos de sesiones pertinentes del CDHNU;
39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente del 64° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Grupo de trabajo UE-Naciones Unidas creado por la Comisión de Asuntos Exteriores.