PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Egipto
6.3.2013 - (2013/2542(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat en nombre del Grupo GUE/NGL
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto,
– Vistos el Plan de Acción UE-Egipto de 2007 y el Acuerdo de Asociación UE-Egipto, que entró en vigor el 1 de junio de 2004,
– Vista su anterior Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la Política Europea de Vecindad y la Unión para el Mediterráneo[1],
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ratificado por Egipto en 1982,
– Visto el artículo 122 de su Reglamento,
A. Considerando que, hace ahora dos años, Hosni Mubarak dimitió tras las manifestaciones en la plaza Tahrir y los levantamientos en todo Egipto en los que se exigían reformas fundamentales del sistema político, económico y social del país, el final de la corrupción, la plena libertad, una democracia real, el respeto de los derechos humanos, mejores condiciones de vida y un Estado laico;
B. Considerando que los manifestantes siguen con las mismas reivindicaciones presentadas en el contexto de la revolución del 25 de enero en relación con la libertad, la dignidad humana y la justicia social; que exigen un aumento de los sueldos en consonancia con el incremento de los precios, vivienda, sanidad, creación de empleo, la derogación de la tergiversada Constitución, la formación de un Gobierno de salvación nacional y elecciones presidenciales anticipadas;
C. Considerando que Egipto ha estado atrapado durante meses en una crisis política y económica; que todavía hay oleadas de manifestaciones contra Morsi, que se saldan repetidamente con disturbios y enfrentamientos mortales; que el Presidente Morsi y los Hermanos Musulmanes, EN la práctica, están asumiendo el mismo papel que el depuesto Hosni Mubarak, sin llevar a cabo reformas, mientras persiguen la instauración de un sistema más conservador de tipo religioso;
D. Considerando que, en 2012, tuvieron lugar en todo Egipto más de 3 400 protestas por cuestiones económicas y sociales, en su mayoría huelgas y ocupaciones; que esta cifra es casi cinco veces superior a la de cualquier año desde 2000 y que más de dos tercios de estas protestas han tenido lugar tras la investidura de Morsi como Presidente, el 30 de junio;
E. Considerando que los ataques físicos y jurídicos a los activistas sindicales han aumentado desde la elección del Presidente Morsi, que en septiembre de 2012 cinco dirigentes sindicales de la Compañía de Contenedores del Puerto de Alejandría fueron condenados a tres años de cárcel por dirigir una huelga de 600 trabajadores en octubre de 2011, y que el caso se encuentra actualmente en fase de apelación;
F. Considerando que los manifestantes han seguido protestando contra Morsi durante meses; que el pueblo ha salido a la calle para protestar porque la situación del país no ha mejorado con el Gobierno de los Hermanos Musulmanes, sino que ha empeorado; que la represión gubernamental de las manifestaciones recuerda a la ejercida por Mubarak; que los manifestantes denuncian casos de tortura, acoso, detenciones, apaleamientos y violaciones entre la población egipcia y quieren que los responsables sean llevados ante la justicia; que cada vez es mayor el sentimiento de frustración por la lentitud de las reformas y los abusos continuos cometidos por la policía y otras fuerzas del orden, que siguen actuando con impunidad; que la impunidad ha estimulado el acoso y las agresiones sexuales contra mujeres en los alrededores de la plaza Tahrir durante los últimos meses;
G. Considerando que, el 25 de enero y varios días después, durante el segundo aniversario de la revolución del 25 de enero, el uso innecesario de medios letales por parte de las fuerzas del orden, en el marco de un fin de semana de enfrentamientos con manifestantes, produjo al menos 45 muertes y 1 000 heridos;
H. Considerando que la nueva Constitución redactada por el partido de Morsi, los Hermanos Musulmanes, abre la puerta a un Estado religioso y no garantiza la libertad de expresión, al legalizar la confiscación de periódicos y el encarcelamiento de periodistas; que la Constitución impide la libre enseñanza, permite la discriminación por motivos de religión, menoscaba los derechos de las mujeres y los niños, y no garantiza ni el derecho a la sanidad y la vivienda ni los derechos de los trabajadores; que dicha Constitución pone al Presidente Morsi por encima de la ley y permite los juicios militares de civiles;
I. Considerando que el Consejo de la Shura (cámara alta del Parlamento) está elaborando actualmente una ley que limita las huelgas y las manifestaciones, y que dicha ley se basa en la Ley 14 de 1923, altamente restrictiva y originada por la represión colonial británica tras el levantamiento de 1919 contra la ocupación británica;
J. Considerando que Egipto ha anunciado una nueva ley que prohibirá que las ONG nacionales mantengan contacto con organizaciones extranjeras sin permiso previo de los órganos encargados de la seguridad; que la legislación actual ya dificulta el registro y la financiación extranjera de las ONG; que esta nueva ley limita severamente la capacidad de las ONG para llevar a cabo misiones de investigación y otras actividades esenciales, aparte de restringir más la financiación;
K. Considerando que Mubarak fue condenado a cadena perpetua en junio por no haber evitado la muerte de ciudadanos, pero un tribunal de apelación revocó las sentencias en enero y ordenó un nuevo proceso el próximo 13 de abril; que, pese a ello, todavía no se ha emprendido ninguna investigación independiente;
L. Considerando que la Unión Europea, en el marco de la política europea de vecindad, debe desarrollar una relación especial con sus países vecinos con el fin de establecer una zona de prosperidad y buena vecindad, basada en valores comunes entre los socios y caracterizada por relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación;
M. Considerando que el 22 de abril se celebrarán en Egipto elecciones legislativas y que el Frente de Salvación Nacional, de la oposión, ha anunciado que las boicoteará;
N. Considerando que, el 2 de marzo, el Secretario de Estado de los Estados Unidos presionó a Egipto durante su visita al país para que llevara a cabo las reformas de austeridad económica necesarias para poder beneficiarse de un paquete de préstamos de 4 800 millones del Fondo Monetario Internacional y también anunció una contribución por parte de los Estados Unidos de 190 millones de dólares como apoyo presupuestario; que estas reformas de austeridad relacionadas con el control del déficit conllevarán unas peores condiciones laborales, sociales y de vida para la población egipcia;
1. Reitera su apoyo a las reivindicaciones del pueblo egipcio de libertad, dignidad humana, justicia social, plena libertad, una democracia real, el respeto de los derechos humanos, mejores condiciones de vida y un Estado laico, y respalda en particular sus exigencias de un aumento de los sueldos en consonancia con el incremento de los precios, vivienda, sanidad, creación de empleo, la derogación de la sesgada Constitución, la formación de un Gobierno de salvación nacional y elecciones presidenciales anticipadas;
2. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la represión y los ataques contra los sindicatos y los activistas sindicales, y exige la reinserción de los trabajadores despedidos por participar en actividades sindicales;
3. Defiende el derecho de los trabajadores de formar sindicatos y de participar en actividades sindicales sin miedo a la represión;
4. Pide que se cree una comisión de investigación independiente e imparcial para que investigue las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen de Mubarak, en especial por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y también durante la presidencia de Morsi, entre ellos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias; pide, asimismo, que se identifique a los responsables y que, en su caso, sean procesados y se ofrezca compensación a las víctimas y a sus familias;
5. Se opone rotundamente a las condiciones vinculadas al préstamo del FMI, ya que contribuirán al empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de las capas más vulnerables de la sociedad egipcia;
6. Insiste en que el futuro de Egipto debe permanecer firmemente en manos de su pueblo, sin interferencias extranjeras;
7. Insta a las autoridades egipcias a que velen por que la legislación que sustituya a la Ley sobre las ONG sea conforme con el Derecho internacional, respete el derecho a la libertad de expresión y asociación, y se base en consultas transparentes con organizaciones de derechos humanos y otras ONG;
8. Pide a las autoridades egipcias que pongan fin a la impunidad y que adopten medidas drásticas para erradicar las violaciones, el acoso sexual y todo tipo de discriminación basada en el género;
9. Reitera que las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y de cualquier otro tipo entre la UE y cualquier país de la PEV deben basarse en la igualdad de trato, la no injerencia, la solidaridad, el diálogo y el respeto de las asimetrías específicas y de las características de cada país;
10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, a la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo, a la Unión Africana y al Gobierno y al Parlamento de Egipto.
- [1] Textos Aprobados: P7_TA(2011)0576.