Procedimiento : 2013/2542(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B7-0099/2013

Textos presentados :

B7-0099/2013

Debates :

Votaciones :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Textos aprobados :

P7_TA(2013)0095

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0095/2013
6.3.2013
PE507.369v01-00
 
B7-0099/2013

para cerrar el debate tras la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Egipto (2013/2542(RSP))


Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Hans van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Egipto (2013/2542(RSP))  
B7‑0099/2013

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto, en especial su Resolución, de 16 de febrero de 2012, sobre los acontecimientos recientes en dicho país(1),

–   Vistos sus debates plenarios sobre Egipto y Oriente Próximo de los días 12 de junio de 2012, 4 de julio de 2012 y 12 de diciembre de 2012,

–   Vistas las declaraciones efectuadas por (el portavoz de) la Alta Representante (AR/VP) Catherine Ashton el 18 de marzo de 2012 sobre el fallecimiento del Papa copto Chenuda III; el 11 de mayo de 2012, sobre la situación en Egipto en vísperas de las elecciones presidenciales de los días 23 y 24 de mayo; el 25 de mayo, sobre las elecciones presidenciales en Egipto; el 1 de junio de 2012, sobre el levantamiento del estado de excepción en Egipto; el 15 de junio de 2012, sobre las sentencias del Tribunal Constitucional egipcio, de 14 de junio, por las que se declara inconstitucional el marco legislativo aplicable a las elecciones parlamentarias; el 20 de junio de 2012, sobre la situación política en Egipto; el 24 de junio de 2012, sobre la elección de Mohammed Morsi como Presidente de Egipto; el 30 de junio de 2012, sobre la investidura del Presidente Morsi de Egipto; el 24 de julio de 2012, sobre la designación del nuevo Primer Ministro egipcio; el 5 de diciembre de 2012, sobre la situación en Egipto; el 25 de diciembre de 2012, sobre el referéndum en Egipto; y el 25 de enero de 2013, sobre las matanzas de Port Said,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Egipto de los días 27 de febrero de 2012, 25 de junio de 2012, 19 de noviembre de 2012, 10 de diciembre de 2012 y 8 de febrero de 2013,

–   Visto el informe de situación sobre Egipto, de 15 de mayo de 2012, elaborado en el marco del paquete sobre la Política Europea de Vecindad (PEV),

–   Visto el nuevo diálogo de la Comisión sobre la educación superior con los países del Sur del Mediterráneo, entre ellos Egipto, de 2 de julio de 2012, que pretende evaluar los retos a que se enfrenta la educación superior y reforzar el apoyo y la cooperación de la UE en el futuro,

–   Vista la visita de la AR/VP a Egipto los días 18 y 19 de julio de 2012, y su reunión con el Presidente Morsi en Bruselas, el 13 de septiembre de 2012,

–   Vista la reunión del Grupo de trabajo UE-Egipto de los días 13 y 14 de noviembre de 2012, las conclusiones de los copresidentes de dicho Grupo de trabajo, el paquete de ayuda económica y política a la transición egipcia, con particular apoyo a la creación de empleo y la formación profesional orientadas a los jóvenes egipcios, y las cuatro declaraciones de intenciones firmadas sobre el aprovechamiento de los beneficios mutuos para las empresas en la UE y Egipto, así como las observaciones formuladas por la AR/VP y por el Comisario responsable de la Política Europea de Vecindad, Štefan Füle,

–   Vista la «Declaración de El Cairo» emitida con ocasión de la Segunda Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes, el 13 de noviembre de 2012,

–   Vistas las observaciones formuladas por el Presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, tras su reunión en El Cairo con el Presidente de Egipto, Mohamed Morsi, el 13 de enero de 2013,

–   Visto el Comunicado de prensa del Consejo, de 8 de febrero de 2013, sobre «La respuesta de la UE a la Primavera Árabe: la situación dos años después»,

–   Vista la cooperación, en particular en el Mediterráneo, entre el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Islámico de Desarrollo, anunciada el 9 de febrero de 2012,

–   Vista la Comunicación conjunta, de 15 de mayo de 2012, de la Comisión y de la VP/AR al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Diseño de una nueva Política Europea de Vecindad»,

–   Visto el Acuerdo de Asociación UE-Egipto, de 2001 (que entró en vigor el 1 de junio de 2004), reforzado por el Plan de Acción y por la Política Europea de Vecindad, aprobados en 2007,

–   Vistas las declaraciones realizadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el 7 de diciembre de 2012 sobre la violencia en Egipto y los graves problemas con el proyecto de Constitución, y el 29 de enero de 2013 sobre la necesidad de un diálogo serio y de poner fin al uso excesivo de la fuerza,

–   Vista la declaración realizada por el portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Egipto, el 24 de enero de 2013,

–   Vista la declaración realizada el 31 de enero de 2013 por la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en la que expresaba su profunda preocupación por la escalada de la violencia contra las mujeres en los lugares públicos en Egipto,

–   Vista la sentencia del Tribunal Supremo Constitucional egipcio, de 14 de junio de 2012, por la que se declaraba la inconstitucionalidad de las elecciones parlamentarias de 2012 y la ilegitimidad de un tercio de sus ganadores, y por la que se derogaba la Ley de Exclusión Política, que impedía la participación en las elecciones de los antiguos miembros del régimen de Mubarak,

–   Vistos los decretos constitucionales promulgados por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFA) los días 17 y 18 de junio de 2012, por los que se modifica la Constitución Provisional de la República Árabe de Egipto, de 30 de marzo de 2012, concediendo a las autoridades militares un mayor protagonismo en la aplicación del Derecho civil y unos mayores poderes decisorios en asuntos de interior y de seguridad nacional,

–   Vistas las elecciones presidenciales egipcias celebradas los días 23 y 24 de mayo y 16 y 17 de junio de 2012, y la victoria obtenida por el candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi, frente al antiguo general del Ejército Ahmed Shafiq, al lograr el 51,7 % de los votos, tal como confirmó la comisión electoral nacional el 24 de junio de 2012,

–   Vista la declaración constitucional del Presidente Morsi, de 12 de agosto de 2012, por la que se arrogaba unos amplios poderes legislativos y ejecutivos así como un protagonismo en la redacción de la nueva Constitución egipcia,

–   Vista la declaración constitucional del Presidente Morsi, de 22 de noviembre de 2012, por la que proclamaba la inmunidad de todos los decretos y leyes presidenciales frente a cualquier recurso judicial o anulación, y por la que se protegía al Consejo de la Shura y a la Asamblea Constituyente de cualquier intento de disolución o control judicial, y se ordenaba que el antiguo Presidente Hosni Mubarak fuera sometido a un nuevo proceso,

–   Vista la revocación de la declaración constitucional del Presidente Morsi, el 8 de diciembre de 2012,

–   Visto el referéndum constitucional celebrado los días 15 y 22 de diciembre de 2012, en el que la mayoría votó a favor de la Constitución, y cuya participación fue del 33 %,

–   Vistos las próximas elecciones parlamentarias, que se celebrarán del 22 de abril de 2013 al 24 de junio de 2013, y el anuncio público del boicoteo de las mismas por parte de la Asociación Nacional para el Cambio, el Frente de Salvación Nacional y la Yihad Islámica Egipcia,

–   Vistos los informes de Amnistía Internacional, de enero de 2013, titulado «La impunidad creciente: sigue sin haber justicia para los manifestantes asesinados en la "Revolución del 25 de enero"», y de febrero de 2013, titulado «Egipto: la violencia de género contra las mujeres en la plaza de Tahrir y sus alrededores»,

–   Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificados por Egipto,

–   Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

Las elecciones y la Constitución

A. Considerando que las elecciones presidenciales egipcias se celebraron entre el 23 de mayo y el 17 de junio de 2012 y que 12 candidatos concurrieron oficialmente a las mismas;

B.  Considerando que, el 14 de junio de 2012, el Tribunal Supremo Constitucional egipcio declaró inconstitucional el marco legislativo aplicable a las elecciones parlamentarias egipcias; que, a raíz de la sentencia, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFA) anunció el 16 de junio la disolución del Parlamento; que los Hermanos Musulmanes denunciaron la ilegalidad de la decisión del CSFA; y que el Consejo de la Shura funciona como un órgano legislativo temporal, se compone de un 85 % de islamistas y fue elegido con una participación del 10 % del electorado;

C. Considerando que, el 24 de junio de 2012, Mohamed Morsi fue declarado oficialmente el ganador de las elecciones presidenciales, tras las primeras elecciones presidenciales libres y democráticas celebradas en el país, con lo que se convirtió en el primer candidato islamista elegido Jefe de Estado en el mundo árabe;

D. Considerando que, el 12 de agosto de 2012, el Presidente Morsi reclamó un poder político tras la ampliación sustancial de su función en asuntos civiles por parte del CSFA desde la caída del antiguo Presidente Mubarak;

E.  Considerando que, el 10 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de El Cairo disolvió la Asamblea Constitucional, a quien se había encargado la redacción de una nueva Constitución, y que el 8 de junio de 2012 se instauró una nueva Asamblea Constitucional, compuesta por 100 miembros;

F.  Considerando que, el 22 de noviembre de 2012, el Presidente Morsi anunció un decreto constitucional por el que se ampliaban considerablemente sus poderes, se sustraían todos los decretos y leyes presidenciales a cualquier recurso judicial o anulación, se protegía el Consejo de la Shura y la Asamblea Constituyente frente a cualquier intento de disolución o autoridad judicial, se ampliaba el mandato de la Asamblea Constituyente a ocho meses, y se confería inmunidad a todas las decisiones y decretos promulgados por el Presidente desde el inicio de su mandato el 30 de junio de 2012 hasta la ratificación de la nueva Constitución; y que dicho decreto también confería al Presidente el derecho exclusivo de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la unidad nacional de Egipto, la seguridad y la revolución;

G. Considerando que, el 30 de noviembre de 2012, la Asamblea Constituyente aprobó el proyecto de Constitución, que, según varios grupos de defensa de los derechos humanos y expertos internacionales, contenía numerosas imprecisiones y ambigüedades susceptibles de ser interpretadas de forma amplia, en particular las referencias religiosas, al tiempo que recortaba las libertades civiles tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad religiosa y los derechos de la mujer; que el proyecto de Constitución no pone fin a los juicios militares contra civiles; que el proyecto de Constitución se aprobó por una mayoría de votos (63,8 %) en un referéndum celebrado los días 15 y 22 de diciembre de 2012 con una participación del 32,9 % del electorado, y que varios líderes de la oposición han tildado la Constitución de ilegítima, intentando obstaculizar su aplicación;

H. Considerando que, el 8 de diciembre de 2012, el Presidente Morsi revocó su declaración constitucional de 22 de noviembre de 2012;

I.   Considerando que, a raíz de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se saldaron con decenas de muertos, en vísperas del segundo aniversario de la Revolución del 25 de enero y en las semanas siguientes, provocados bien por la creciente situación anárquica en Egipto, el declive generalizado de la economía egipcia y las docenas de sentencias de muerte dictadas contra los civiles involucrados en los disturbios mortales de Port Said de 2012 que llevaron al Presidente Morsi a proclamar el estado de excepción en varias ciudades egipcias y que propiciaron las advertencias de las autoridades militares acerca del «desmoronamiento del Estado», el 30 de enero de 2013 los líderes de la oposición en un signo de unidad instaron al Presidente Morsi a que pusiera fin a la violencia contra los manifestantes, formara un gobierno de unidad e iniciara un diálogo nacional; y que el Presidente Morsi hizo oídos sordos a los llamamientos en favor de un gobierno de unidad;

J.   Considerando que se han anunciado nuevas elecciones parlamentarias en Egipto para el 27 de abril de 2013 y que concluirán a finales de junio; que el nuevo Parlamento electo celebrará su sesión constituyente el 6 de julio de 2013; que el nuevo Parlamento tendrá que aprobar el nombramiento del nuevo Primer Ministro egipcio; que el Comité Electoral Supremo egipcio ha aceptado que cuatro organizaciones no gubernamentales actúen como testigos de las elecciones, junto con la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y la Unión Africana; y que la ley electoral en la actualidad aún está sujeta a modificaciones por parte del Consejo de la Shura y ha suscitado fuertes críticas de grupos políticos y el Consejo Constitucional;

K. Considerando que, en el período previo a las próximas elecciones parlamentarias, la transición democrática en Egipto se enfrenta a continuos retos y sigue viéndose afectada por políticas excluyentes, el recurso persistente a la violencia por parte de las fuerzas policiales y de seguridad contra los manifestantes, el recurso excesivo a los gases lacrimógenos, las detenciones arbitrarias —incluso de niños—, el acoso sexual generalizado de mujeres, el secuestro de activistas seculares y liberales y una regresión acusada hacia políticas represivas comparables a las que aplicaba el régimen de Mubarak;

L.  Considerando que la violencia y los enfrentamientos persistentes en las calles de Egipto suponen una importante amenaza para el desarrollo seguro y satisfactorio de las elecciones; que los secuestros y la intimidación sin una investigación policial seria propician un clima de impunidad que podría dar pie a actos intimidatorios o ataques contra los seguidores de los candidatos parlamentarios; que los grupos de defensa de los derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de tortura, con un desenlace mortal en al menos dos casos registrados; y que deben mantenerse la seguridad y el orden público, con contención y pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

Las relaciones UE-Egipto

M. Considerando que la UE ha expresado en repetidas ocasiones su compromiso con la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión y los derechos de la mujer, y ha destacado que los gobiernos tienen el deber de garantizar estas libertades en todo el mundo; que es un requisito legal que las acciones exteriores de la UE cumplan sus principios fundamentales, en particular el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

N. Considerando que la AR/VP visitó al Presidente Morsi en El Cairo el 19 de julio de 2012; que el Presidente Morsi visitó la Comisión Europea en Bruselas el 12 de septiembre de 2012 a fin de examinar la situación política y económica así como los siguientes pasos en la transición hacia una democracia;

O. Considerando que los días 13 y 14 de noviembre de 2012 el Grupo de trabajo UE-Egipto, copresidido por la AR/VP y el Ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Kamel Amr, se reunió en El Cairo y acordó un importante paquete de ayuda económica y política para asistir a Egipto con su transición en curso, por un valor total de casi 5 000 millones de euros en forma de préstamos y subvenciones para el periodo 2012-2013; que la ayuda financiera queda supeditada (en parte) al éxito de Egipto a la hora de ultimar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así como en materia de derechos humanos, democracia y gobernanza económica;

P.  Considerando que la UE y Egipto han acordado estudiar conjuntamente la manera de profundizar las relaciones comerciales y de inversión, también a través de la ayuda técnica, lo cual podría dar lugar a un Acuerdo de Libre Comercio exhaustivo y global;

Q. Considerando que el Presidente Morsi promulgó su declaración constitucional, que le confería unos poderes sin precedentes sin control judicial ni parlamentario, tan solo ocho días después de la celebración de la reunión del Grupo de trabajo UE-Egipto; y que tanto el momento escogido para dicha declaración como los efectos de la misma han mermado la confianza de la UE en el compromiso del Presidente de trabajar en pro de una relación constructiva y estable con la UE en materia política y comercial;

R.  Considerando que la situación económica egipcia es desesperada, con un bajo nivel de reservas de divisas y la más baja cotización de la libra egipcia desde 2004; que la mejora económica del país dependerá de la estabilidad política y social del país a largo plazo; y que Egipto está atravesando un período crítico de transición y se enfrenta a unos retos y dificultades considerables en el proceso hacia la democracia;

S.  Considerando que la UE ha ofrecido constantemente su ayuda y conocimientos técnicos a las autoridades egipcias durante la transición de Egipto hacia una sociedad democrática justa, reglamentada, libre y democrática;

Las violaciones de las libertades y los derechos civiles

T.  Considerando que la falta de estabilidad política y gobernanza diaria básica, sin controles ni equilibrios constitucionales, en particular la importante separación de poderes, en ausencia de un claro marco constitucional y con el deterioro de las condiciones socioeconómicas en Egipto, han generado un clima en el que han seguido perpetrándose violaciones de los derechos humanos con impunidad;

U. Considerando que varios proyectos de una nueva ley que se aplicaría a las actividades de las organizaciones no gubernamentales han suscitado preocupación entre los activistas y las organizaciones de la sociedad civil; que, según una carta del Ministerio de Previsión Social y Asuntos Sociales, se prohíbe que cualquier ONG egipcia (o «entidad local») mantenga contactos con socios extranjeros (o «entidades internacionales») sin permiso previo de los órganos encargados de la seguridad pública aún por establecer, lo que entraña de facto un control y una limitación de cualquier modalidad de actividad u organización social, dado que numerosas organizaciones de la sociedad civil dependen de la financiación exterior, por ejemplo de la UE; que se prevé que la nueva Ley sobre las ONG limitará asimismo las misiones de investigación y otras actividades esenciales por Egipto, lo que en la práctica impide que las organizaciones de la sociedad civil desempeñen su labor;

V. Considerando que las ONG en Egipto ya se enfrentan a pesadas trabas burocráticas a la hora de obtener la autorización para desarrollar su actividad en el país; que, desde 2011, tres ONG internacionales y 43 miembros de su personal han sido procesados por la obtención de fondos sin una autorización previa de las autoridades egipcias;

W. Considerando que 42 personas, entre ellas dos agentes de policía, han fallecido en enfrentamientos después de que un tribunal recomendara el 26 de enero de 2013 que se condenara a muerte a 21 habitantes de Port Said por las matanzas perpetradas tras un partido de fútbol un año antes; que se prevé la confirmación de dicha sentencia y el veredicto contra los 52 acusados restantes para el 9 de marzo;

X. Considerando que la policía egipcia de Port Said, como en el resto del país, recurre con excesiva rapidez a la violencia (letal), amparada por la inexistencia de investigaciones serias sobre estas prácticas así como de cualquier forma de responsabilización;

Y. Considerando que la opinión pública en Egipto se muestra sumamente crítica frente a las restricciones a la libertad de expresión; que el Código Penal y la Constitución recién aprobada podrían recortar seriamente la libertad de expresión al prohibir los insultos proferidos contra otras personas, el Profeta y la Presidencia; que prosiguen las actuaciones penales contra periodistas y actores, por ejemplo Gamal Fahmy, Basem Yusef y Okasha Tawfiq; que se ha documentado la instrucción de 24 causas por insultos al Presidente; y que han aumentado las denuncias por blasfemia desde que el Presidente Morsi asumió sus funciones;

Z.  Considerando que, el 9 de febrero de 2013, un tribunal administrativo de El Cairo decretó una prohibición de 30 días contra YouTube y contra varios otros sitios web, debido al vídeo «La inocencia de los musulmanes»; que, tras una reunión, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Reglamentación de las Telecomunicaciones resolvieron que el bloqueo de YouTube afectaría técnicamente la utilización de la función de búsqueda de Google en Egipto, lo cual perjudicaría económicamente al país, por lo que decidieron no ejecutar la orden judicial; y que las libertades digitales son facilitadoras de los derechos humanos universales, por lo que deberían defenderse en todo momento, y no únicamente por intereses económicos;

AA. Considerando que la nueva Ley sobre la protección del derecho de manifestarse pacíficamente en lugares públicos puede limitar la libertad de expresión y la libertad de reunión al recurrir a un lenguaje ambiguo, cuyo exponente más problemático sería «el interés de los ciudadanos», para justificar la prohibición de manifestaciones o la dispersión de protestas por la fuerza, y que dicha Ley omite hacer referencia a la Constitución egipcia y a los tratados internacionales ratificados por Egipto;

BA. Considerando que la violencia contra las mujeres, sobre todo durante manifestaciones públicas, va en aumento; que la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer egipcio (CNM), Mervat al-Tallawi, hizo un llamamiento a todas las mujeres víctimas de actos de violencia sexual para que presentaran la correspondiente documentación y se unieran a una demanda judicial masiva contra el Estado;

CA. Considerando que las críticas se han originado en el CNM y en la sociedad civil ante el silencio de las autoridades, que se han abstenido de condenar la violencia sufrida por las mujeres, transmitiendo de este modo una señal errónea acerca del respeto de los derechos de la mujer en Egipto;

1.  Expresa su solidaridad con el pueblo egipcio en este momento crucial de transición democrática en el país; pide a las autoridades egipcias que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos la libertad de expresión y asociación, la libertad de la prensa y de los medios de comunicación, los derechos de la mujer, las libertades de religión, conciencia y pensamiento, la protección de las minorías y la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual, y que garanticen el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y el derecho a un proceso justo, puesto que son elementos esenciales de una sociedad libre y democrática;

2.  Reconoce las dificultades que afrontan las autoridades egipcias a la hora de conducir al país a través de un período de transición, si bien considera que el respeto de los derechos y libertades fundamentales constituye la norma mínima por la que deben regirse todas las acciones y políticas;

3.  Deplora profundamente la pérdida de numerosas vidas humanas y el gran número de heridos registrados durante los recientes enfrentamientos, y transmite su pésame a las familias de las víctimas; pide que se lleve a cabo una investigación independiente de los acontecimientos que propiciaron dichas víctimas mortales y heridos, y que se adopten unas medidas concretas y eficaces que garanticen el procesamiento de los responsables;

4.  Pide a las fuerzas de seguridad y a las autoridades egipcias que pongan fin a la violencia, la represión y la detención de manifestantes pacíficos y que den prueba de la máxima contención cuando traten de controlar las protestas; pide a las autoridades que actúen en estricto cumplimiento de su legislación y de sus obligaciones internacionales; pide a los manifestantes, activistas y fuerzas de la oposición que velen por el desarrollo pacífico de las protestas;

5.  Deplora las sentencias de muerte dictadas contra los civiles involucrados en la violencia futbolística de Port Said, condena el recurso a la pena de muerte en toda circunstancia y pide al poder judicial egipcio que imponga una moratoria sobre la ejecución de la pena capital;

6.  Manifiesta su preocupación por el aumento de la violencia sexual contra las mujeres, en particular contra las manifestantes, y ante la incapacidad de las autoridades de prevenir y condenar esta violencia o de pedir cuentas a los responsables de estos actos; pide al Presidente Morsi, así como a los líderes de los partidos en el poder y de la oposición, que ejerzan un firme liderazgo político a la hora de abordar el problema de la violencia de género, y que garanticen que todos los incidentes de violencia y acoso sexuales contra mujeres son objeto de una investigación efectiva, con el consiguiente procesamiento judicial de sus responsables y garantías de una reparación adecuada para las víctimas; insta al Presidente Morsi a que aborde este problema de violencia y discriminación crónicas contra las mujeres aprobando la legislación anti-acoso propuesta por las defensoras de los derechos de la mujer; pide a las autoridades egipcias que condenen todas las formas de violencia y agresión contra las mujeres;

7.  Pide a las autoridades egipcias que reformen las fuerzas policiales y de seguridad, que deroguen todas aquellas leyes que permiten el recurso ilimitado a la violencia por parte de las fuerzas policiales y de seguridad contra la población civil, y que investiguen seriamente todas las denuncias de torturas o uso excesivo de la violencia contra la población civil, en particular los niños y las mujeres, y que garanticen que sus autores deberán rendir plenamente cuentas, de conformidad con los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como con los tratados internacionales firmados por Egipto;

8.  Pide a las autoridades egipcias que firmen y ratifiquen el Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, y que se abstengan de invitar a jefes de Estado contra los que la CPI haya emitido órdenes de detención;

9.  Insta a las autoridades egipcias a que se abstengan de proponer leyes y reglamentos que dificulten y, de hecho, silencien cualquier crítica contra las autoridades, mediante el control de todas las organizaciones no gubernamentales y su financiación; insta a las autoridades egipcias a que reconozcan la importante labor desempeñada por las organizaciones de la sociedad civil y a que velen por que las nuevas leyes y reglamentos se ajusten a las normas de Derecho internacional;

10. Respalda firmemente las reformas orientadas hacia la democratización, el Estado de Derecho y la justicia social en Egipto, conforme al deseo expresado por el pueblo egipcio; reitera su llamamiento para que se levante completamente el estado de excepción en todo el país; pide que se ponga fin de inmediato al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares;

11. Insta a las autoridades egipcias a que garanticen el desarrollo libre y satisfactorio de las elecciones parlamentarias anunciadas, investigando los recientes secuestros de activistas de la oposición y periodistas, a que respeten plenamente la libertad de expresión —tanto electrónica como no electrónica— a fin de permitir la celebración de un debate político público, y a que velen por que las fuerzas de seguridad no dispersen las manifestaciones pacíficas y se abstengan de un uso excesivo de la violencia;

12. Se congratula de la invitación cursada por las autoridades egipcias a varias organizaciones no gubernamentales internacionales y a organizaciones internacionales como la UE, para que actúen de observadoras en las próximas elecciones parlamentarias; reitera su propuesta de enviar una misión de observación electoral completa, que actúe en estrecha cooperación y coordinación con las autoridades egipcias, a fin de garantizar el desarrollo libre y justo de las elecciones;

13. Pide a las autoridades egipcias y a las fuerzas de la oposición que alcancen una solución de compromiso para reducir la escalada de violencia y división, y destaca la importancia de que las elecciones sean libres, justas y transparentes y cuenten con la participación de todas las fuerzas políticas, a fin de proseguir la transición hacia una democracia real en Egipto; pide a la UE y a sus Estados miembros que sigan apoyando a las autoridades egipcias, los partidos políticos y la sociedad civil, y colaborando con ellos, en sus esfuerzos destinados a conseguir este objetivo;

14. Reitera que la Constitución egipcia debe ser lo más integradora posible y gozar de un apoyo generalizado, sin permitir que nadie sea objeto de discriminación en la sociedad egipcia;

15. Insta a las autoridades egipcias a que inicien un auténtico diálogo nacional con miras a abordar y solucionar los problemas que en la actualidad perturban la transición egipcia y la promesa de la Revolución del 25 de enero, en particular el recurso a la violencia, los actos de violencia sexual contra mujeres, el uso excesivo de la fuerza, todos ellos de forma impune, y el recorte de las libertades fundamentales y de las libertades civiles, así como la inestabilidad de la economía egipcia; en este contexto, pide a la AR/VP, a la Comisión y a los Estados miembros que asuman sus responsabilidades con respecto a uno de sus países vecinos más importantes y al futuro de su población joven y ambiciosa;

16. Considera que la inestabilidad política está estrechamente relacionada con la inestabilidad económica, y pide a las autoridades egipcias y a las fuerzas de la oposición que avancen en un clima pacífico y de consenso, a fin de superar sus divergencias; apoya el desarrollo de una cooperación económica entre la UE y Egipto, con un diálogo bilateral intensificado sobre reformas económicas, como un paso importante para fomentar la confianza entre los inversores, así como el Fondo Monetario Internacional, cuyo préstamo reviste carácter vital para la supervivencia de la economía egipcia;

17. Deplora el hecho de que la AR/VP no condenara, ni respondiera públicamente de ningún otro modo a la usurpación de poder por parte del Presidente Morsi tan solo unos días después de la reunión del Grupo de trabajo UE-Egipto, minando de este modo la credibilidad de la UE como defensor a ultranza de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

18. Deplora el hecho de que, cuatro días después de la declaración del Presidente Morsi por la que se arrogaba unos poderes sin precedentes y no sujetos a control alguno, el Consejo anunciara a las autoridades egipcias un compromiso renovado de recuperación y redistribución de activos;

19. Insta a la AR/VP, a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen inequívocamente al pueblo egipcio en su lucha por la libertad, la dignidad y la autodeterminación;

20. Insta a la AR/VP y a la Comisión a que desarrollen el principio de «más por más» de forma más coherente y práctica, y no como un mero concepto sobre el papel, incluyendo unas condiciones y referencias claras, por si el Gobierno egipcio se apartara de las reformas democráticas y del respeto de los derechos humanos y las libertades;

21. Insta a la AR/VP a que recuerde a las autoridades egipcias y al Presidente Morsi sus compromisos relativos al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; pide a la UE que no conceda ayuda presupuestaria alguna a las autoridades egipcias, caso de no cumplirse unas condiciones básicas como el respeto de los derechos humanos y las libertades, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho;

22. Expresa su pleno apoyo al incremento de la cooperación UE-Egipto, ya sea en el marco del Acuerdo de Asociación y sus planes de acción, la continuación satisfactoria de la labor del Grupo de trabajo UE-Egipto, los diálogos periódicos sobre los derechos humanos, una mayor cooperación comercial, una mayor movilidad para los ciudadanos egipcios, en particular los estudiantes, hacia la UE, la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio exhaustivo y global o la futura integración de los mercados;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y a las autoridades egipcias.

(1)

Textos Aprobados P7_TA(2012)0064.

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