Propuesta de resolución - B7-0100/2013Propuesta de resolución
B7-0100/2013

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Egipto

    6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

    tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
    presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento

    Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu, Pino Arlacchi en nombre del Grupo S&D

    Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0095/2013

    Procedimiento : 2013/2542(RSP)
    Ciclo de vida en sesión
    Ciclo relativo al documento :  
    B7-0100/2013
    Textos presentados :
    B7-0100/2013
    Debates :
    Textos aprobados :

    B7‑0100/2013

    Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Egipto

    (2013/2542(RSP))

    El Parlamento Europeo,

    –   Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto, en particular su Resolución, de 16 de febrero de 2012, sobre Egipto: acontecimientos recientes,

    –   Vistas las conclusiones del Consejo Europeo, de 8 de febrero de 2013, sobre la Primavera Árabe,

    –   Vistas las conclusiones de los copresidentes del Grupo de Trabajo UE-Egipto de 14 de noviembre de 2012,

    –   Vistas las declaraciones pronunciadas por el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, tras sus reuniones con el Presidente de Egipto, Mohamed Morsi, el 13 de enero de 2013 y el 13 de septiembre de 2012,

    –   Vistas las declaraciones de la Alta Representante, Catherine Ashton, de 25 de diciembre de 2012 sobre el referéndum en Egipto y de 5 de diciembre de 2012 sobre la situación en Egipto, y la declaración de su portavoz de 25 de enero de 2013 sobre las muertes en Port-Said,

    –   Visto el Reglamento (UE) nº 1099/2012 del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 270/2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto,

    –   Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto, de 2004, y el Plan de Acción aprobado en 2007,

    –   Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» de 25 de mayo de 2011,

    –   Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, ratificado por Egipto,

    –   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

    A. Considerando que Egipto es un socio clave de la Unión Europea en el Mediterráneo meridional; que los acontecimientos políticos, económicos y sociales en Egipto tienen importantes consecuencias para toda la región y también fuera de ella;

    B.  Considerando que Egipto ha experimentado importantes reformas a lo largo de los últimos dos años de revolución y transición; que las elecciones presidenciales, libres y justas, celebradas en 2012, representaron un hito en el proceso de transición democrática; que, sin embargo, la sociedad egipcia sigue enfrentándose a dificultades y desafíos fundamentales en su camino hacia una democracia profunda y sostenible basada en los valores básicos de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la buena gobernanza;

    C. Considerando que la nueva Constitución egipcia se aprobó en diciembre de 2012 mediante referéndum, con una participación del 32,9 %; que el proceso constituyente y la aprobación anticipada de la nueva Constitución, en lugar de crear consenso, ahondaron aún más las divisiones internas de la sociedad egipcia; que muchos egipcios y ciudadanos de otros países han expresado preocupaciones acerca de varios artículos de la nueva Constitución, entre ellos el estatus de la Sharia en la legislación nacional, la independencia del poder judicial y el papel de los tribunales militares, las libertades fundamentales y los derechos de las mujeres;

    D. Considerando que la celebración de elecciones a la Cámara de Representantes, en cuatro vueltas, está prevista desde el 22 de abril hasta junio de 2013; que, el 19 de enero de 2013, el Consejo de la Shura aprobó una nueva ley electoral que suscitó críticas y controversia; que, el 18 de febrero de 2013, el Tribunal Constitucional Supremo declaró anticonstitucionales varios artículos de esta ley en una sentencia que dio lugar a nuevas controversias; que las fuerzas de la oposición encabezadas por el Frente de Salvación Nacional han anunciado que boicotearán las próximas elecciones parlamentarias en protesta contra la falta de garantías jurídicas de unas elecciones libres y justas;

    E.  Considerando que las tensiones políticas crecientes han exacerbado la polarización interna de la sociedad egipcia y están provocando continuas protestas en las calles y enfrentamientos violentos; que a menudo quedan impunes los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia contra manifestantes pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos no identificados;

    F.  Considerando que un proceso político incluyente, basado en el consenso y en una apropiación conjunta, y un diálogo nacional genuino con una participación significativa de todas las fuerzas políticas democráticas son la única manera de superar las actuales divisiones y tensiones políticas y sociales con el objetivo de crear una democracia profunda y sostenible en Egipto; que el Presidente Morsi ha rechazado el llamamiento de las fuerzas de oposición en favor de la formación de un Gobierno de unidad nacional; que, el 26 de febrero de 2013, el Presidente Morsi inició un diálogo nacional que han boicoteado importantes fuerzas de la oposición;

    G. Considerando que la justicia social y un nivel de vida más elevado para los ciudadanos son dimensiones cruciales de la transición hacia una sociedad egipcia abierta, estable, democrática, libre y próspera; que Egipto sigue enfrentándose a dificultades económicas preocupantes, agravadas por la pérdida de ingresos del turismo y de inversión exterior directa; que la consolidación presupuestaria, el restablecimiento de la confianza en la economía y entre los inversores —que exige estabilidad política— y la lucha contra la corrupción son indispensables para crear una economía sólida en Egipto; que la economía egipcia sigue necesitando el apoyo de la comunidad internacional, incluida la UE, para hacer frente a estos desafíos;

    H. Considerando que en Egipto las instituciones de la magistratura y los jueces siguen sufriendo presiones, ataques, intimidación e injerencia de diferentes agentes y fuerzas políticas; que, en noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional suspendió sus trabajos debido al asedio de sus locales por partidarios del Presidente y de sus aliados; que el cese del Fiscal General en octubre de 2012 y la designación de su sucesor dieron lugar a vivas críticas y protestas de jueces, funcionarios judiciales y otras personas; que la injerencia en el poder judicial socava la confianza de la población egipcia en la equidad y la imparcialidad del sistema judicial;

    I.   Considerando que las mujeres egipcias se encuentran en una situación particularmente vulnerable en el actual periodo de transición; que, según informes de organizaciones egipcias e internacionales del ámbito de los derechos humanos, las mujeres manifestantes han sufrido a menudo violencia, ataques sexuales, pruebas de virginidad y otros tratos degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, y que quienes defienden los derechos de la mujer son objeto de amenazas y acoso; considerando que la participación política de las mujeres ha sufrido importantes retrocesos; que las mujeres que trabajan en el sector informal, en particular en los ámbitos de la agricultura y el trabajo doméstico, lo hacen a menudo en condiciones peligrosas y degradantes, sin seguro de enfermedad ni protección contra lesiones;

    J.   Considerando que la sociedad civil egipcia y las ONG internacionales se enfrentan a una presión creciente en Egipto; que los proyectos legislativos sobre asociaciones y fundaciones civiles y sobre manifestaciones públicas son una amenaza considerable para su funcionamiento y sus operaciones, así como para el derecho de reunión pública pacífica; que los sindicatos independientes dan cuenta de una presión creciente sobre sus organizaciones y sus miembros; que la violencia física y el acoso a periodistas han aumentado significativamente;

    K. Considerando que, el 26 de enero de 2013, un tribunal de El Cairo sentenció a 21 personas a muerte a raíz de los disturbios relacionados con el fútbol que se produjeron en Port Said a principios de 2012, en los que murieron 74 personas; que, en su Resolución de 16 de febrero de 2012, el Parlamento Europeo pidió una investigación independiente de los acontecimientos que dieron lugar a la tragedia y que los responsables fueran entregados a la justicia; que la UE mantiene una posición firme y de principio en contra de la pena de muerte, cuya abolición es un objetivo fundamental de su política de derechos humanos;

    L.  Considerando que los días 13 y 14 de noviembre de 2012 se celebró en El Cairo una reunión del Grupo de Trabajo UE-Egipto con más de 500 participantes —líderes políticos, parlamentarios, más de 300 dirigentes empresariales y representantes de la sociedad civil de ambas partes— que debatieron una gama extraordinariamente amplia de temas, como la cooperación política y económica, la gobernanza y los derechos humanos, la recuperación de activos, el comercio, el turismo, las infraestructuras, las tecnologías de la información y la comunicación, y la ciencia;

    M. Considerando que la UE es el socio comercial más importante de Egipto y su principal fuente de inversión exterior y de cooperación para el desarrollo; que en la reunión del Grupo de Trabajo, la UE y las instituciones financieras asociadas ofrecieron a Egipto subvenciones, préstamos en condiciones favorables y otros préstamos por un importe total superior a 5 000 millones de euros para el periodo 2012-2013; que el Grupo de Trabajo anunció además que se duplicaría la participación egipcia en los programas Erasmus Mundus y Tempus con el objetivo de acercar estudiantes e investigadores egipcios a Europa; que el cumplimiento de estos compromisos y la agilización de la entrega de la ayuda de la UE son de importancia crucial para Egipto;

    N. Considerando que el Grupo de Trabajo resaltó su compromiso con el fomento y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y la igualdad de género, con miras al empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos, las libertades de expresión y de asociación y la libertad de religión o de convicciones, y condenó todas las formas de incitación al odio por motivos religiosos, la intolerancia, el enfrentamiento o la violencia;

    O. Considerando que la UE se ha ofrecido a enviar una misión de observación electoral, si recibe una invitación de Egipto, a las próximas elecciones a la Cámara de Representantes; que el Comité Electoral Supremo egipcio ha decidido recientemente invitar y aceptar a varios agentes internacionales, entre los que figura la UE, para supervisar estas elecciones;

    P.  Considerando que la devolución de los activos robados por el régimen anterior, más allá de su significado económico, puede contribuir a la justicia y a la asunción de responsabilidades frente al pueblo egipcio, por lo que es una importante cuestión política con un gran valor simbólico en las relaciones entre la UE y Egipto; que, desde marzo de 2011, están congelados los activos en la UE de 19 personas responsables de apropiación indebida de fondos del Estado egipcio, incluido el anterior Presidente Mubarak; que el Consejo adoptó el 26 de noviembre de 2012 un nuevo Reglamento para facilitar la devolución de estos activos objeto de apropiación indebida; que el Grupo de Trabajo ha acordado finalizar en un plazo de tres meses un programa que podría incluir el establecimiento de un grupo de recuperación de activos coordinado por el SEAE;

     

    Q. Considerando que el principio de «más por más» y el principio de asociación con sociedades son las piedras angulares de la política de vecindad revisada de la UE;

    1.  Reitera su solidaridad y su apoyo al pueblo egipcio en este periodo de transición política, económica y social, difícil y complejo, en el país;

    2.  Destaca la importancia de las próximas elecciones parlamentarias a la Cámara de Representantes, que serán otro hito en el proceso de transición democrática y que el Gobierno egipcio debería utilizar para poner en marcha un proceso político incluyente basado en el consenso y en una apropiación conjunta, a través de un diálogo nacional genuino con la participación significativa de todas las fuerzas políticas democráticas; pide a todas las fuerzas políticas egipcias que colaboren en este sentido;

    3.  Aplaude la decisión del Comité Electoral Supremo egipcio de invitar a la UE a observar las próximas elecciones parlamentarias a la Cámara de Representantes;

    4.  Expresa su profunda preocupación por la creciente polarización interna de la sociedad egipcia y por los continuos incidentes violentos; recuerda a las autoridades estatales egipcias y a las fuerzas de seguridad su deber de restaurar y garantizar la seguridad y el orden en el país; insta a todos los agentes políticos a que den prueba de contención con el fin de evitar más violencia, por el interés del país; pide asimismo una investigación seria, imparcial y transparente de los asesinatos, torturas, trato degradante y acoso a manifestantes pacíficos, con atención especial a las mujeres, y que los responsables sean entregados a la justicia;

    5.  Reitera su llamamiento al Gobierno y a las autoridades de Egipto para que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los derechos de las mujeres, las libertades de religión, conciencia y pensamiento, la protección de las minorías y la no discriminación por motivos de orientación sexual, la libertad de asociación y de reunión pacífica, la libertad de expresión y opinión, y la libertad de la prensa y de los medios de comunicación, puesto que son elementos esenciales de una democracia profunda y sostenible;

    6.  Hace hincapié en las dificultades y los desafíos a los que se enfrenta actualmente la economía egipcia; anima al Gobierno egipcio a continuar avanzando en la reforma económica; insta a la comunidad internacional, incluida la UE, a que respete plenamente los compromisos adoptados con Egipto y a que acelere la entrega de la ayuda económica al país; destaca, sin embargo, la importancia de poner en práctica el principio de «más por más», piedra angular de la política europea de vecindad revisada, en la relaciones de la UE con el Gobierno egipcio, sin generar un efecto perjudicial sobre las condiciones de vida de la población del país;

    7.  Manifiesta su preocupación por la situación de la judicatura en Egipto; pide al Gobierno y a las fuerzas políticas de Egipto que respeten plenamente, apoyen y promuevan la independencia y la integridad de las instituciones judiciales del país;

    8.  Pide el cese inmediato de todos los actos de violencia, ataques sexuales, pruebas de virginidad y otras formas de trato degradante de mujeres manifestantes y defensores de los derechos de las mujeres, además de investigaciones serias e imparciales de todos estos casos y la entrega a la justicia de los responsables; insta al Gobierno a que promueva y apoye la participación política de las mujeres invirtiendo la actual tendencia negativa en este ámbito;

    9.  Insta al Gobierno egipcio a que retire los proyectos legislativos sobre asociaciones y fundaciones civiles y sobre manifestaciones públicas, y que proponga una legislación –teniendo en cuenta el proyecto de ley presentado por 60 organizaciones de la sociedad civil en 2011‑ que proteja, apoye y fomente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil egipcia y de las ONG internacionales en el país; pide el fin inmediato de toda forma de presión, intimidación o acoso contra sindicatos y periodistas;

    10. Reitera la posición firme y de principio de la UE en contra de la pena de muerte y pide una moratoria absoluta de la ejecución de todas las sentencias de muerte pendientes en Egipto; insta a Egipto a que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 destinado a abolir la pena de muerte;

    11. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que hagan nuevos y significativos esfuerzos por facilitar la devolución de los activos robados por el anterior régimen al pueblo de Egipto; pide, en este contexto, que la UE cree un grupo de investigadores, abogados y fiscales de sus Estados miembros y de otros países europeos a fin de prestar apoyo y asesoramiento jurídicos a las autoridades egipcias en este proceso;

    12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Presidente, al Gobierno y al Consejo de la Shura de Egipto.