Procedimiento : 2013/2543(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B7-0125/2013

Textos presentados :

B7-0125/2013

Debates :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Votaciones :

PV 14/03/2013 - 8.3
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Textos aprobados :

P7_TA(2013)0090

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0121/2013
6.3.2013
PE507.377v02-00
 
B7-0125/2013

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre el refuerzo de la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la gitanofobia, la homofobia, la transfobia y todas las formas de delitos motivados por el odio e incitación al odio (2013/2543(RSP))


Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre el refuerzo de la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la gitanofobia, la homofobia, la transfobia y todas las formas de delitos motivados por el odio e incitación al odio (2013/2543(RSP))  
B7‑0125/2013

El Parlamento Europeo,

–   Vistos los instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben la discriminación, en particular la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

–   Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular su artículo 14, que prohíbe la discriminación «por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación», y el Protocolo nº 12 de modificación del Convenio, relativo a la prohibición general de la discriminación, así como la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

–   Visto el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe «toda discriminación por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual», o por razón de nacionalidad,

–   Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que establece que «[l]a Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías» y que «[e]stos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres»,

–   Visto el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece que «[e]n la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual»,

–   Visto el artículo 19 del TFUE, que confiere a la UE el mandato político de «adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual»,

–   Visto el artículo 67 del TFUE, que establece que la UE «se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención [del] racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos»,

–   Visto el artículo 83, apartado 2, del TFUE, que faculta a la UE, «[c]uando la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en materia penal resulte imprescindible para garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización», para «establecer mediante directivas normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de que se trate»,

–   Vistas sus resoluciones anteriores sobre el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la gitanofobia, la homofobia, la transfobia, la discriminación, la violencia causada por prejuicios, el extremismo y un enfoque de la UE acerca del Derecho penal,

–   Vista la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) y sus trabajos en los ámbitos de la no discriminación, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia y otros tipos de intolerancia y la violencia causada por los prejuicios,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que sobre el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, la transfobia, la gitanofobia y la intolerancia consiguiente se basan en creencias, prejuicios y actitudes que legitiman la discriminación, la violencia y el odio por determinadas razones;

B.  Considerando que, aunque todos los Estados miembros han introducido la prohibición de la discriminación en sus ordenamientos jurídicos con el fin de promover la igualdad para todos, siguen produciéndose en la UE discriminación y delitos motivados por el odio, es decir, la violencia y los delitos motivados por el racismo, la xenofobia, la gitanofobia, la intolerancia religiosa, el antisemitismo, la homofobia, la transfobia o la pertenencia a una minoría, con arreglo a la lista no exhaustiva de motivos que figura en la Carta de los Derechos Fundamentales;

C. Considerando que promueven los discursos, las campañas, las publicaciones y los programas de incitación al odio y la intolerancia líderes extremistas y populistas de partidos que han obtenido representación parlamentaria e incluso participan en el gobierno en algunos Estados miembros,

D. Considerando que el partido populista de derechas Partido Liberal de Austria (FPÖ) permite e incluso alienta un nivel creciente de delitos motivados por el odio y de incitación al odio; considerando que el político populista austriaco del FPÖ Heinz-Christian Strache presenta en su página de Facebook chistes gráficos antisemitas; considerando que el número de incidentes antisemitas se ha duplicado en Austria, pasando de 71 a 135 entre 2011 y 2012; que la organización austriaca contra el racismo ZARA refirió 706 casos de racismo en 2011 (asesinatos, detenciones por motivos raciales, casos de discriminación e incitación al odio), especialmente contra personas de origen africano o de religión musulmana; considerando asimismo que ataques recientes contra jóvenes gais han mostrado que la comunidad LGBT austriaca también sufre delitos motivados por el odio e incitación al odio;

E.  Considerando que el partido populista neonazi griego Chrisi Avgi (Alba Dorada) alienta un nivel creciente de delitos motivados por el odio y de incitación al odio y que la policía griega tolera la impunidad de los delitos motivados por el odio; considerando que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, en Grecia se registraron 87 delitos racistas entre enero y septiembre de 2015, de los que 15 se atribuyen a violencia y brutalidad de carácter racista inducidas por la policía; considerando que según asociaciones de inmigrantes se produjeron más de 600 casos de delitos racistas en Grecia en 2011 y 2012, especialmente contra personas de origen pakistaní o afgano o de religión musulmana; considerando que las unidades de lucha contra los delitos motivados por el odio, recientemente establecidas en la policía griega no operan suficientemente bien, lo que da lugar a que muchos delitos motivados por el odio no sean denunciados como tales, siendo el caso más significativo el reciente asesinato de un inmigrante pakistaní, apuñalado hasta la muerte por dos neonazis cuando montaba en bicicleta; considerando que la comunidad LGBT griega da cuenta de un incremento alarmante del número de delitos e incitación al odio de carácter homófobo y transfóbico; considerando que al parecer la policía griega no reconoce que los delitos transfóbicos y homófobos sean de la competencia de las nuevas unidades de lucha contra los delitos motivados por el odio, y se niega a admitir denuncias de víctimas de tales delitos o de inmigrantes irregulares víctimas de delitos motivados por el odio;

F.  Considerando que Zsolt Bayer, destacado comentarista político y miembro fundador del partido húngaro Fidesz ha suscitado indignación en Hungría y en el extranjero por comparar a los gitanos con animales y decir que «no se debería permitir que existan» y que «buena parte de los gitanos no son aptos para la coexistencia. No están preparados para convivir con la gente. Estos gitanos son animales y se comportan como animales. Cuando encuentran resistencia, asesinan. Son incapaces de comunicarse como humanos. Surgen sonidos inarticulados de sus cráneos bestiales [...]»; considerando, además, que Márton Gyöngösi, especialista en política exterior del partido húngaro de extrema derecha Jobbik, ha pedido la elaboración de una «lista de judíos» alegando que los judíos son un riesgo para la seguridad;

G. Considerando que en Suecia las estadísticas de 2011 de delitos motivados por el odio por cuestiones de religión muestran que se ha reducido el número de delitos motivados por la islamofobia, mientras que ha aumentado el de los motivados por el antisemitismo; considerando, no obstante, que la categoría más nutrida es la de delitos xenófobos y racistas; considerando que solo el 7 % de los delitos motivados por el odio en Suecia son resueltos por la policía, frente al 17 % de los delitos en general; considerando que se han referido varios casos de violencia antisemita en Malmoe, señalados, entre otros, por las Naciones Unidas y el Presidente de los EE.UU.; considerando que en septiembre de 2012 estalló una bomba en el exterior de la Iglesia Mosaica en Malmoe, y que fueron detenidos dos jóvenes sospechosos de haber cometido el delito;

H. Considerando que investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch sobre la situación en Alemania publicadas el 9 de diciembre de 2011 pusieron de manifiesto que las víctimas de delitos motivados por el odio se encuentran a menudo con un trato inadecuado por parte de los órganos encargados del cumplimiento de la ley, como la ausencia de reacción de la policía contra el agresor, la negativa a buscar testigos o a registrar sus declaraciones y, en algunos casos, el trato de la víctima como si fuera el agresor;

I.   Considerando que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en su informe de 2011 sobre España, expresa su preocupación ante la sentencia de 2007 del Tribunal Constitucional por la que se declara inconstitucional la penalización de la negación del Holocausto; considerando que la sentencia declara que la mera negación neutra de determinados hechos, sin intención de justificar la violencia, el odio o la discriminación o incitar a ellos, no tiene relevancia penal; considerando que 4 de los 12 jueces votaron contra la sentencia; considerando que ECRI ha sido informada de que el líder local del Partido Popular ha promovido la incitación al odio en Badalona, ciudad cercana a Barcelona, durante varios años, acusando a inmigrantes rumanos y romaníes de ser la causa de la delincuencia en la ciudad; considerando que organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación ante la «invisibilidad» del racismo y la discriminación racial en España y ante la pasividad o la falta de voluntad de reconocer y tratar el problema en los niveles inferiores de gobierno; considerando que el hecho de que no se disponga de datos sobre el racismo o la discriminación contribuye a la impresión de que el racismo no existe; considerando que el servicio dedicado a los delitos motivados por el odio y la discriminación de la Fiscalía de Barcelona se creó en octubre de 2009 a raíz de dos juicios objeto de mucha cobertura periodística de los dueños de dos librerías de Barcelona que vendían publicaciones que justificaban y promovían el genocidio; considerando que, según las autoridades, en la actualidad no hay planes para introducir este servicio en otras ciudades españolas y es pronto para evaluar su eficacia;

J.   Considerando que en el Reino Unido se ha producido un notable incremento del número de delitos motivados por el odio contra personas con discapacidad;

K. Considerando que es importante que la UE y sus Estados miembros actúen para combatir este comportamiento, en las esferas pública y privada, mediante la prevención a través de la educación en una cultura de respeto, aceptación y tolerancia y velando por que las víctimas de delitos motivados por el odio los denuncien, los cuerpos policiales y la fiscalía los investiguen y el sistema judicial los sancione;

L.  Considerando que la UE ha adoptado una serie de instrumentos para combatir estos actos y la discriminación, en particular la Directiva 2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(1) (la Directiva sobre la igualdad racial); la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(2) (Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo), que prohíbe la discriminación en el trabajo por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual; la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal(3) (Decisión Marco sobre el racismo y la xenofobia), y el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos;

 

M. Considerando que la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos(4) obliga a los Estados miembros a proteger y apoyar a las víctimas de violencia motivada por prejuicios sin discriminaciones y con independencia de su estatuto jurídico, y reconoce que las víctimas de delitos motivados por prejuicios o por discriminación, que podría estar relacionado, en particular, con sus características personales, pueden necesitar una protección específica;

N. Considerando que la propuesta de 2008 de la Comisión de Directiva del Consejo sobre la garantía de la igualdad de trato fuera del empleo con independencia de la religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual (Directiva sobre igualdad) no ha sido adoptada por el Consejo tras cinco años de debates debido a la decidida oposición de algunos Estados miembros;

O. Considerando que la FRA ha comunicado que los datos oficiales recopilados más a menudo se refieren a delitos racistas o xenófobos (25 Estados miembros), seguidos por los delitos antisemitas (12), los delitos motivados por la orientación sexual de la persona (8), los delitos extremistas (7), los delitos por motivos de religión (6) y los delitos motivados por la islamofobia (6); considerando que 4 Estados miembros registran datos oficiales sobre delitos motivados por la identidad de género de la persona, pertenencia a la minoría romaní o discapacidad;

P.  Considerando que la FRA ha comunicado que una persona de cada cuatro de un grupo minoritario ha sufrido un delito motivado por el odio, que el 90 % de estos incidentes no se denuncia a la policía y que solamente cuatro Estados miembros recopilan datos sobre los delitos contra los gitanos y solo ocho registran los delitos motivados por la orientación sexual (percibida) de la víctima;

Q. Considerando que la FRA ha comunicado que una persona de cada cuatro de un grupo minoritario ha sufrido un delito por motivos raciales y que el 90 % de estos ataques o amenazas sufridos por inmigrantes o miembros de grupos étnicos minoritarios no se denuncia a la policía;

R.  Considerando que el Parlamento ha pedido reiteradamente a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que refuercen la lucha contra la violencia y la discriminación motivadas por prejuicios como el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la gitanofobia, la homofobia y la transfobia;

S.  Considerando que ha pedido en particular:

a)  la plena aplicación de las directivas contra la discriminación ya adoptadas y de la Decisión Marco sobre el racismo y la xenofobia;

b)  la adopción sin más demora de la Directiva sobre igualdad;

c)  la revisión de la Decisión Marco sobre el racismo y la xenofobia para ampliar su ámbito de aplicación y reforzar sus disposiciones y su eficacia;

d)  el reconocimiento en la legislación europea y nacional de los delitos motivados por el odio, los prejuicios subyacentes y el efecto que tiene en las víctimas, y la recopilación de datos al respecto;

e)  la elaboración de un programa en favor de la igualdad en relación con la orientación sexual y la identidad de género;

f)   medidas para reforzar la lucha contra la gitanofobia y para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los gitanos contra la persecución, la discriminación y la expulsión;

g)  que las personalidades públicas se abstengan de hacer declaraciones públicas que inciten al odio o la estigmatización de grupos de personas por su raza, origen étnico, religión, discapacidad, orientación sexual o nacionalidad;

T.  Considerando que, en el Consejo informal JAI de los días 17 y 18 de enero de 2013, la Presidencia irlandesa inició un debate sobre la acción de la UE contra los crímenes motivados por el odio, el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la homofobia, y destacó la necesidad de garantizar una mayor protección y de mejorar la recopilación de datos, así como de un mayor empeño de los líderes políticos en la defensa activa de los valores europeos y el fomento de un clima de respeto mutuo e inclusión de personas de orígenes religiosos o étnicos distintos u orientación sexual diferente;

U. Considerando que la Comisaria de Asuntos de Interior Cecilia Malmström ha advertido recientemente sobre el discurso político de extrema derecha que está alimentando el odio en toda la UE, pues se está haciendo más corriente el uso de términos despreciativos contra grupos minoritarios como los gitanos, los musulmanes, los judíos y los inmigrantes; considerando que el discurso político racista, extremista y populista también puede inducir a «lobos solitarios» a perpetrar matanzas indiscriminadas a medida que se extiende la amenaza del extremismo violento;

V. Considerando que la recopilación de datos desglosados colectivos, comparables y fiables es necesaria para probar la discriminación en procedimientos judiciales, medir desigualdades y la diversidad, analizar la eficacia de la legislación contra la discriminación y concebir políticas públicas eficaces;

W. Considerando que se espera que el próximo informe de la FRA sobre su estudio de la discriminación y la victimización de las personas LGBT destaque el alcance de los delitos homófobos y transfóbicos y la incitación al odio por estos motivos en la UE;

X. Considerando que todos los Estados participantes en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), incluidos todos los Estados miembros, han reconocido que los delitos motivados por el odio, definidos como las infracciones penales cometidas por prejuicios, deben combatirse mediante el Derecho penal y con medidas específicas;

1.  Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que refuercen la lucha contra la violencia y la discriminación basadas en prejuicios y en el odio en los Estados miembros:

a)   proponiendo una revisión ambiciosa de la Decisión Marco 2008/913/JAI en la línea de lo indicado por el Parlamento, incluyendo expresamente algunas formas y expresiones de antisemitismo, islamofobia, homofobia, transfobia y gitanofobia;

b)   velando por que todos los instrumentos pertinentes de Derecho penal de la UE, incluida la Decisión Marco, sean plenamente coherentes con las normas de derechos humanos, también en el ámbito de la libertad de expresión, y aborden conductas claramente definidas y delimitadas que no puedan abordarse eficazmente con medidas menos severas, e incorporen un espectro más amplio de sanciones graduales, incluidas, si procede, penas alternativas, como trabajos de interés general;

c)  lanzando una estrategia global de lucha contra los delitos motivados por el odio, la violencia motivada por prejuicios y la discriminación;

d)  adoptando sin más dilación la Directiva sobre igualdad, que es uno de los principales instrumentos de la UE para promover y garantizar una verdadera igualdad en la UE y luchar contra prejuicios y la discriminación múltiple;

e)  garantizando la ejecución del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos y reforzándolo, en particular reconociendo la gitanofobia y dando apoyo a largo plazo a la lucha contra ella, también con miras a que las autoridades locales y regionales desarrollen y apliquen políticas, programas, medidas e intervenciones eficaces y respetuosos de los derechos humanos para la inclusión de los gitanos, utilizando los fondos disponibles, incluidos los de la UE; supervisando escrupulosamente el respeto de los derechos fundamentales y la aplicación de la Directiva sobre la libertad de circulación;

f)   evaluando sistemáticamente los conocimientos especializados adquiridos mediante los diferentes programas de este ámbito de la UE (Daphne; Derechos Fundamentales y Ciudadanía 2007-2013; Derechos y Ciudadanía 2014-2020 y Justicia 2014-2020), con participación de las organizaciones de la sociedad civil pertinentes;

g)  velando por la recopilación de datos fiables acerca de los delitos por motivos de odio, registrando, como mínimo, el número de incidentes denunciados por la población y registrados por las autoridades, el número de condenas, los motivos por los que estos delitos se consideraron discriminatorios y las sanciones aplicadas, así como encuestas de victimización acerca de la naturaleza y el alcance de los delitos no denunciados, las experiencias de las víctimas de delitos de odio con las autoridades policiales, las razones para no denunciar y el conocimiento por parte de las víctimas de sus propios derechos;

h)  estableciendo mecanismos para dotar de visibilidad a los delitos por motivos de odio en la UE demostrando que las autoridades se toman en serio tales delitos, animando a las víctimas y los testigos de este tipo de delitos a denunciar incidentes, y ofreciendo la oportunidad de obtener medidas contra los autores;

i)   dando curso a la reiterada petición del Parlamento de que se elabore un programa en favor de la igualdad en relación con la orientación sexual y la identidad de género;

j)   procediendo a la firma por la UE de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, habida cuenta de que ya la han ratificado todos los Estados miembros;

k)  llevando a la práctica los compromisos pertinentes asumidos por los Estados miembros en otros foros internacionales, incluida la Decisión nº 9/09del Consejo Ministerial de la OSCE relativa a la lucha contra los delitos motivados por el odio y la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;

l)   apoyando y complementando las políticas y los programas nacionales con el objetivo particular de erradicar la violencia contra las personas con discapacidad, en conexión con la ejecución de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020;

m) transversalizando aspectos relacionados con todas las formas de violencia motivada por prejuicios en el programa de trabajo de las agencias de la UE (como la FRA, Eurofound, la Escuela Europea de Policía, Eurojust, Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo);

2.  Pide a los Estados miembros que se oponen a la Directiva sobre la igualdad y la bloquean que hagan públicas sus razones para ello, para poder debatirlas públicamente y con transparencia;

3.  Pide a los Estados miembros que se aseguren de que los líderes y las autoridades a todos los niveles y en todos los ámbitos (gobierno, Estado, administración regional y local, autoridades policiales, poder judicial, partidos políticos, líderes políticos y religiosos, etc.) no inciten con sus acciones o sus declaraciones a la discriminación, la violencia y el odio ni los aprueben;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

(2)

DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(3)

DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.

(4)

DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.

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