Procedimiento : 2013/2612(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B7-0194/2013

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B7-0194/2013

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PV 23/05/2013 - 13.8
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P7_TA(2013)0224

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0188/2013
15.5.2013
PE509.822v01-00
 
B7-0194/2013

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre la recuperación de los activos de los países de la Primavera Árabe en proceso de transición (2013/2612(RSP))


Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini, Eva Joly en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea

Resolución del Parlamento Europeo sobre la recuperación de los activos de los países de la Primavera Árabe en proceso de transición (2013/2612(RSP))  
B7‑0194/2013

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre los países de la Primavera Árabe en proceso de transición, en particular la de 14 de marzo de 2013 sobre la situación en Egipto(1),

–   Vistas las recomendaciones de la Comisión Política, de Seguridad y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, de 12 de abril de 2013,

–   Vistas las conclusiones de los copresidentes tras la reunión del Grupo de Trabajo UE-Túnez de 29 de septiembre de 2011, y las conclusiones de los copresidentes tras la reunión del Grupo de Trabajo UE-Egipto de 14 de noviembre de 2012,

–   Vistos el Reglamento (UE) nº 101/2011 del Consejo, de 4 de febrero de 2011, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez, y el Reglamento (UE) nº 1100/2012 del Consejo que lo modifica,

–   Vistos el Reglamento (UE) nº 270/2011 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto, y el Reglamento (UE) nº 1099/2012 del Consejo que lo modifica,

–   Vistos la Decisión 2011/137/PESC del Consejo, de 28 de febrero de 2011 , relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia y las Decisiones 2011/625/PESC y 2011/178/PESC que la modifican, el Reglamento (UE) n ° 204/2001 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia y el Reglamento (UE) nº 965/2011 del Consejo que lo modifica, así como los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 364/2013 y nº 50/2013 del Consejo por el que se aplica el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia,

–   Vistos los instrumentos jurídicos existentes en la UE cuyo objetivo es mejorar la confiscación y la recuperación de activos en el marco de las Decisiones 2001/500/JAI, 2003/577/JAI, 2005/212/JAI, 2006/783/JAI y 2007/845/JAI del Consejo, y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2012, sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea (COM(2012)0085),

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003 (UNCAC), que entró en vigor en 2005, y a la que la UE se adhirió mediante la Decisión 2008/801/CE del Consejo, de 25 de septiembre de 2008,

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) de 2000,

–   Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1970 (2011), 1973 (2011) y 2009 (2011) sobre Libia,

–   Vista la Resolución 19/38 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 19 de abril de 2012, sobre las repercusiones negativas de la no repatriación al país de procedencia de los fondos de origen ilícito para hacer plenamente efectivos todos los derechos humanos, y la importancia de mejorar la cooperación internacional,

–   Vista la Iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR), un programa conjunto del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

–   Visto el Plan de Acción sobre la recuperación de activos de la asociación de Deauville en el marco del G-8 con los países árabes en proceso de transición de 21 de mayo de 2012,

–   Vistos el primer Foro Árabe de Recuperación de Activos (AFAR), organizado conjuntamente por Qatar y la Presidencia estadounidense de la Cumbre del G8 de los días 11 a 13 de septiembre de 2012, y su informe final,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando la gran importancia de que la UE demuestre el compromiso real y concreto de aceptar, y superar, su anterior estrategia para con los países de la orilla meridional del Mediterráneo, que se caracterizó por unas estrechas relaciones políticas y económicas con las élites locales, ignorando su falta de legitimidad democrática y las violaciones generalizadas de los derechos humanos;

B.  Considerando que la recuperación de los activos es una cuestión económica importante y sensible para los vecinos meridionales interesados, dados el potencial de dichos activos y sus implicaciones morales; que la recuperación de los activos implica un mensaje claro contra la impunidad de las personas implicadas en casos de corrupción y contribuye también a reducir la inestabilidad en el sistema financiero internacional al tratarse de fondos que a menudo intervienen en operaciones financieras especulativas;

C. Considerando que la comunidad internacional ha instaurado un sistema sólido de acuerdos y normas internacionales que tratan de la corrupción, el blanqueo de dinero y la aplicación de la ley, prestando especial atención a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003; que la recuperación de los activos se sitúa en la intersección de esos esfuerzos; que el artículo 51 de la UNCAC establece que la restitución de activos «es un principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto», mientras que el artículo 46, apartado 1 subraya que «los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención»;

D. Considerando que en la práctica la competencia en materia de recuperación de activos recae ante todo y fundamentalmente en las autoridades nacionales de los Estados a los que se solicita; que, en el contexto de la UE, si bien la congelación de activos entra dentro del ámbito de competencias de la Unión, la recuperación y repatriación de dichos activos es competencia de los Estados miembros sobre la base de sus legislaciones nacionales; que, por su propia naturaleza, la recuperación de los activos requiere una gran voluntad política y una verdadera cooperación entre las múltiples agencias nacionales tanto de los Estados destinatarios de las solicitudes como de los que las presentan;

E.  Considerando que a raíz de las revoluciones de la Primavera Árabe en Egipto y Túnez, la UE congeló inmediatamente los activos de los antiguos dictadores, sus familias y numerosas otras personas asociadas con sus regímenes; que, en el caso de Libia, la UE adoptó una decisión similar, de conformidad con la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; que el nuevo marco legislativo adoptado por el Consejo el 26 de noviembre de 2012 permite a los Estados miembros de la UE liberar activos congelados de Egipto y Túnez, sobre la base de decisiones judiciales reconocidas;

F.  Considerando que las conclusiones de los copresidentes del Grupo de Trabajo UE-Túnez de 29 de septiembre de 2011 declaraban que el Grupo de Trabajo se ha comprometido a hacer todo lo posible para ayudar a las autoridades a restituir al pueblo tunecino lo que fue robado por la corrupción del régimen anterior; para facilitar la restitución de esos activos, la UE anunció que prestará ayuda a las autoridades tunecinas, en particular creando un equipo de apoyo a la recuperación de activos con expertos con base en Túnez y Bruselas»;

G. Considerando que las conclusiones de los copresidentes del Grupo de Trabajo UE-Egipto declaraban que «la congelación y la recuperación de los activos robados es un asunto político importante para Egipto y la UE» y que «la UE seguirá asumiendo el liderazgo en el asunto de la recuperación de activos y trabajando estrechamente con los socios internacionales, como Suiza, las entidades financieras internacionales, en particular la iniciativa StAR del Banco Mundial y el G8, para trazar un mapa de la situación, proponer los próximos pasos concretos a dar y fomentar la coordinación»;

H. Considerando que Egipto, Libia y Túnez han realizado esfuerzos considerables para asegurar que los activos robados por los anteriores dictadores y sus regímenes sean repatriados a dichos países; que varios actores internacionales fundamentales – entre los que se incluyen la UE. los miembros del G8 y Suiza – han respondido positivamente a esos esfuerzos; que hasta ahora se han alcanzado, no obstante, pocos resultados concretos en este contexto, y que se percibe una frustración creciente, y legítima, entre los gobiernos y las sociedades civiles de los países solicitantes;

I.   Considerando que el Tribunal Supremo («High Court») de Londres sentenció que una mansión londinense de un valor de 10 millones GBP adquirida por el hijo mayor del depuesto dictador libio Muammar Gaddafi pertenece legítimamente al pueblo de Libia; que el 27 de marzo de 2013 una delegación del programa conjunto StAR del Banco Mundial y de las Naciones Unidas que se reunió con las autoridades libias en Trípoli reiteró su compromiso de rastrear los activos libios y garantizar la devolución de todos los fondos robados por el régimen de Gaddafi;

J.   Considerando que en abril de 2013 las autoridades libanesas devolvieron a sus homólogos tunecinos cerca de 30 millones USD depositados ilegalmente en cuentas bancarias del anterior dirigente tunecino;

K. Considerando que el compromiso proactivo de las entidades financieras interesadas y la participación y contribución de organizaciones de la sociedad civil, tanto en los Estados solicitantes como en los Estados destinatarios de las solicitudes, constituyen elementos decisivos para el éxito de las iniciativas de recuperación de activos;

L.  Considerando que la comunicación y la transparencia resultan fundamentales en los esfuerzos por recuperar los activos en lo que se refiere a difusión de las mejores prácticas y la creación de incentivos fomentando los éxitos logrados;

M. Considerando que la deuda contraída por regímenes autoritarios en contra de los intereses de sus pueblos y que no se ha gastado en beneficio suyo constituye una deuda odiosa; que las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios de Túnez y Egipto han solicitado una auditoría independiente de su deuda nacional; que, en su alocución pronunciada ante el Parlamento Europeo el 1 de febrero de 2013, el Presidente tunecino Marzouki pidió al Parlamento Europeo que siguiera el ejemplo de Alemania y convirtiera parte de la deuda exterior tunecina contraída bajo el régimen de Ben Ali en ayuda al desarrollo; que más de cien diputados al Parlamento Europeo han firmado una petición en la que piden la suspensión del pago de la deuda exterior de Túnez hasta que se lleve a cabo una auditoría independiente a fin de determinar la parte ilegítima y odiosa de dicha deuda; que, según el Banco Mundial, una cuarta parte de la deuda exterior de Túnez corresponde a Francia y al Banco Europeo de Inversiones;

1.  Subraya que la restitución de los activos robados por los anteriores dictadores y sus regímenes en los países de la Primavera Árabe en proceso de transición y la determinación de la deuda odiosa contraída por ellos constituyen, más allá de su importancia económica, un imperativo moral y una cuestión políticamente muy delicada debido a sus implicaciones en términos de restitución de la justicia y la responsabilidad en un espíritu de democracia y de Estado de Derecho, así como de compromiso político y credibilidad de la UE, por lo que representa una dimensión decisiva de la asociación de la UE con sus países vecinos meridionales, en especial con Egipto, Libia y Túnez;

2.  Destaca el hecho de que, aunque el proceso de recuperación de activos tenga lugar de acuerdo con las disposiciones jurídicas nacionales y las competencias pertinentes recaigan sobre todo en las autoridades nacionales de los Estados miembros, de otros países europeos y de otros países, la UE ha de desempeñar un papel fundamental a la hora de estimular y facilitar este proceso, en particular con respecto a los países con los que existen acuerdos marco y a las organizaciones políticas y económicas multilaterales de las que la UE es miembro;

3.  Lamenta que, pese a los considerables esfuerzos realizados por las autoridades egipcias, libias y tunecinas y la firme voluntad demostrada por todos, hasta ahora los profesionales que intentan ocuparse de la recuperación de los activos robados han tenido muy poco éxito, debido principalmente a la diversidad y la complejidad de las disposiciones y los procedimientos pertinentes en los diferentes sistemas jurídicos nacionales, a la rigidez jurídica, a la falta de conocimientos por parte de los países de la Primavera Árabe en cuestión por lo que respecta a los procedimientos jurídicos, financieros y administrativos que se aplican en las jurisdicciones europeas y de otros países;

4.  Lamenta el hecho de que la UE y sus Estados miembros en su conjunto no hayan estado a la altura de las legítimas expectativas de los países interesados en el sentido de que tomarían todas las medidas necesarias para garantizar una recuperación oportuna de los fondos adquiridos ilegalmente, y de que la misma credibilidad de la política revisada de la UE con respecto a los países de la Primavera Árabe se ha debilitado en consecuencia;

5.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que aumenten sus esfuerzos en el ámbito de la recuperación de activos por parte de Egipto, Libia y Túnez; subraya que la recuperación de activos es una dimensión fundamental del apoyo de la Unión a la transición democrática y la recuperación económica de esos países capaz de reforzar la confianza mutua entre ambas partes en el espíritu de asociación con las sociedades, que constituye la piedra angular de la política europea de vecindad revisada;

6.  Acoge con satisfacción el nuevo marco legislativo adoptado por el Consejo el 26 de noviembre de 2012, que facilita la restitución de los fondos robados a Egipto y Túnez autorizando a los Estados miembros a liberar los activos congelados sobre la base de decisiones judiciales reconocidas y fomentando el intercambio de información entre las autoridades pertinentes de los Estados miembros, por una parte, y de Egipto y Túnez, por la otra; subraya, no obstante, la necesidad de lograr resultados concretos en un plazo razonable y de incluir a Libia plenamente en este proceso;

7.  Anima a los organismos nacionales de recuperación de activos de todos los Estados miembros a que colaboren estrechamente y desarrollen sus relaciones con las autoridades pertinentes de los países de la Primavera Árabe con vistas a ayudarles a la hora de abordar los complicados procedimientos legales; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que asuma un papel dirigente proactivo, en particular en la coordinación de los esfuerzos de los Estados miembros, contribuyendo a la creación de capacidades y fomentando la cooperación entre todos los Estados interesados;

8.  Acoge con satisfacción en este contexto la iniciativa de Canadá, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Japón, Suiza y los Estados Unidos de elaborar una guía con una descripción completa de sus sistemas jurídicos nacionales en relación con la recuperación de activos, que permita a los países solicitantes una mejor comprensión de lo que es legalmente posible, de la información de que se dispone, de los tipos de investigación que pueden realizarse y de la manera de proceder para lograr una recuperación efectiva de activos mediante una asistencia jurídica mutua; anima a todos los Estados miembros a que hagan lo mismo;

9.  Se felicita por la cooperación entre las instituciones de la UE y otros actores internacionales clave en la recuperación de los activos por parte de Egipto, Libia y Túnez, en especial en relación con la Iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; subraya la importancia de hacer pleno uso de los mecanismos existentes, tanto a escala nacional como internacional, adoptando al mismo tiempo la nueva legislación necesaria y adaptando la legislación existente en los sistemas jurídicos nacionales en este ámbito;

10. Acoge con satisfacción la iniciativa del G8 del Plan de Acción de la Asociación de Deauville para la recuperación de activos, que señala medidas concretas para promover la cooperación, la asistencia en cada caso, los esfuerzos de creación de capacidades y la asistencia técnica, y sugiere una iniciativa de colaboración a escala regional, el Foro Euro-Árabe de Recuperación de Activos, para debatir y cooperar con vistas a realizar nuevos esfuerzos;

11. Pide el establecimiento inmediato de un mecanismo de la UE compuesto por un equipo de investigadores, fiscales, abogados y otros expertos de los Estados miembros y de otros países europeos y no europeos interesados, incluidos Canadá y los Estados Unidos, con el objetivo de prestar asistencia y asesoramiento jurídico y técnico a los países de la Primavera Árabe en el proceso de recuperación de activos; pide que ese mecanismo esté debidamente financiado con cargo al instrumento financiero pertinente dentro del ámbito de las relaciones exteriores de la Unión; subraya, en el contexto de procedimientos judiciales complejos, sensibles y largos, la importancia de la sostenibilidad de este mecanismo de la UE;

12. Pide a la Unión Europea que extraiga lecciones de su experiencia de recuperación de activos en los países de la Primavera Árabe, teniendo en cuenta también las deficiencias de los marcos jurídicos y políticos de la UE y de los Estados miembros, así como a escala internacional, en este ámbito; pide a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior que elaboren una comunicación en la que se esbocen posibles iniciativas a escala de la UE e internacional para garantizar una recuperación rápida y eficaz de los activos adquiridos ilícitamente tras los procesos de transición democrática en países terceros y que garanticen que no existen paraísos fiscales para los activos robados por regímenes corruptos en el sistema financiero europeo en particular y en todo el mundo en general;

13. Anima a la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo a que aborde la cuestión de la recuperación de activos por parte de los países de la Primavera Árabe en proceso de transición, con el objeto de integrar en este proceso a diputados de los parlamentos nacionales de ambas orillas del Mediterráneo;

14. Pide a la Liga Árabe que defina, adopte y aplique rápidamente mecanismos de cooperación en materia de recuperación de activos, y a los países terceros, en particular a Suiza y a los países del Golfo, que mejoren su cooperación con los países de la Primavera Árabe en relación con el proceso de recuperación de activos y les presten asistencia jurídica;

15. Considera que una parte de la deuda de los países de la Primavera Árabe podría encajar perfectamente en la definición jurídica de deuda ilegal, ilegítima u odiosa, por lo que pide que se determine esta;

16. Pide que se declare una moratoria sobre el pago de intereses relativos a la deuda exterior de Túnez hasta que se lleve a cabo una auditoría independiente de todos los préstamos externos contraídos por el Estado o que se beneficiaran de garantías del Estado entre 1987 y febrero de 2011 para determinar la parte de la deuda que es ilegítima y odiosa; pide al Banco Europeo de Inversiones, a Francia y a otros importantes acreedores europeos que lleven a cabo una auditoría detallada independiente de los préstamos otorgados a Túnez bajo el régimen de Ben Ali; les anima en este contexto a que estudien la posibilidad de convertir parte de esa deuda en ayuda al desarrollo; pide a la Comisión que apoye este proceso de conversión, también mediante una cofinanciación;

17. Destaca la importancia de la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, tanto de los Estados solicitantes como de los destinatarios de las solicitudes, al proceso de recuperación de activos, así como en lo que respecta a la determinación de la parte odiosa de la deuda exterior, en particular facilitando información a las autoridades competentes, fomentando la cooperación entre los principales actores nacionales e internacionales, controlando la restitución de activos y garantizando que los activos restituidos se utilicen de forma transparente y eficaz en el Estado solicitante;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, a los Parlamentos y Gobiernos de Suiza y Canadá, al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de Egipto, Libia y Túnez y al Banco Europeo de Inversiones.

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Textos Aprobados, P7_TA(2013)0095.

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