PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre los preparativos del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013 en relación con la toma de decisiones democrática en la futura UEM
10.6.2013 - (2013/2672(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Younous Omarjee, Willy Meyer en nombre del Grupo GUE/NGL
B7‑0277/2013
Resolución del Parlamento Europeo sobre los preparativos del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013 en relación con la toma de decisiones democrática en la futura UEM
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración de la Cumbre de la Zona del Euro, de 29 de junio de 2012,
– Visto el Plan director de la Comisión para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica, de 28 de noviembre de 2012,
– Visto el informe del Presidente del Consejo Europeo, de 5 de diciembre de 2013, titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»,
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 2012,
– Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (en lo sucesivo, «Pacto Presupuestario»),
– Vistas las comunicaciones de la Comisión tituladas «Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica – Coordinación ex ante de los planes de grandes reformas de la política económica» (COM(2013)0166) y «Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica – Introducción de un instrumento de convergencia y competitividad» (COM(2013)0165),
– Vistas las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea, de 29 de mayo de 2013,
– Visto el Informe de país del FMI nº 13/156, de junio de 2013,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la actual crisis económica y social se debe a las políticas neoliberales de la Unión Europea de promoción de la desregulación de los mercados financieros, liberalización de los mercados de bienes y servicios y creciente «financiarización» de la economía, así como de reducción de la inversión pública y desregulación creciente del mercado de trabajo;
B. Considerando que la UE, el BCE y el FMI (la troika) se han equivocado, tanto política como económicamente, en su respuesta a la crisis económica; que, a pesar de las previsiones, la situación económica no deja de empeorar, lo que conduce a una recesión generalizada, a la pobreza, a la exclusión social y al desempleo;
C. Considerando que incluso algunos miembros del sistema de la troika, en especial el FMI, ya ponen en duda sus propias políticas, al ponerse cada vez más de manifiesto que las premisas, previsiones y bases teóricas de estas han resultado erróneas;
D. Considerando que las estructuras democráticas han sufrido graves perturbaciones debido a la imposición de la «disciplina de mercado»; que las instituciones de gestión de la crisis (la troika) y los mecanismos de financiación europeos (MEDE, FEEF) no están sujetos a control democrático;
E. Considerando que el Pacto Presupuestario quebranta de un modo nunca visto la legislación nacional y de la UE, ya que sustrae a los gobiernos democráticamente elegidos de los Estados miembros las decisiones de política presupuestaria y suprime opciones de políticas económicas alternativas que se necesitan con urgencia para lograr la recuperación;
F. Considerando que las nuevas propuestas de la Comisión de coordinación ex ante de las reformas de la política económica y de introducción de un instrumento de convergencia y competitividad tienen por objeto limitar las opciones de los Estados miembros en esta materia, ya que reducen el margen de acción y las política alternativas;
G. Considerando que las recientes recomendaciones específicas por país siguen equivocándose al recetar sus remedios basados en dudosas premisas;
1. Muestra su profunda preocupación por el método intergubernamental empleado permanentemente por el Consejo y pide una participación plena y en condiciones de igualdad de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo en materia de política económica;
2. Condena la política de austeridad de la UE y exige al Consejo que dé marcha atrás; considera que las medidas, tanto las existentes como las nuevas, que ha propuesto la Comisión son completamente insuficientes para resolver la crisis y transformar los Estados miembros de la UE en sociedades democráticas e integradoras en beneficio de todos los ciudadanos;
3. Pide al Consejo que preste la debida atención a los recientes estudios, como los del FMI, que recalcan que la política de austeridad no solo ha tenido efectos devastadores para Grecia, sino también para el conjunto de la UE, al haber resultado erróneas sus premisas económicas, como los efectos del multiplicador presupuestario; destaca que los niveles de deuda han aumentado en la UE, pasando del 18 % en 2008 al 25 % en 2012, al tiempo que los ricos han conseguido incrementado su fortuna;
4. Condena todo intento de incorporar al Derecho de la UE los acuerdos del Pacto Presupuestario, que son erróneos desde el punto de vista económico y dudosos desde el punto de vista jurídico; rechaza toda imposición, condicionamiento o restricción que viole el derecho soberano de los pueblos a decidir sobre sus políticas económicas;
5. Condena la lógica de «el palo y la zanahoria» que, disfrazada de mecanismo de solidaridad, está implícita en el llamado «instrumento de convergencia y competitividad», cuyo único objetivo es que los ciudadanos acepten, a cambio de dinero, medidas económicas erróneas encaminadas a debilitar a los trabajadores y los derechos sociales y que abrirán aún más la brecha entre ricos y pobres;
6. Pide al Consejo que de marcha atrás en las políticas fracasadas impuestas en los paquetes de gobernanza económica —en concreto, el «conjunto de seis medidas» y el «conjunto de dos medidas»— y que se oponga a cualquier propuesta de la Comisión que responda a la misma lógica;
7. Rechaza, como parte de la política de austeridad, las recomendaciones específicas por país de la Comisión, ya que suponen, en líneas generales, la continuación de políticas fracasadas; muestra su profunda preocupación por que la aplicación de estas recomendaciones lleve inevitablemente a un aumento de las diferencias socioeconómicas y a una distribución desigual de la riqueza; pide al Consejo, por tanto, que se abstenga de respaldarlas;
8. Pide a los Estados miembros que promuevan una convergencia real mediante la lucha contra la evasión fiscal, la supresión de los paraísos fiscales, la instauración de impuestos sobre el patrimonio, el aumento de los impuestos sobre la renta de quienes obtienen mayores ingresos, la efectividad de los impuestos sobre las sociedades y la tributación del sector financiero y de sus productos especulativos;
9. Considera que las propuestas relativas a la Unión Bancaria y el Mecanismo Único de Supervisión, que ponen en el centro de la supervisión financiera a un organismo no democrático (el BCE) que actúa principalmente en interés del sector financiero, están viciadas de raíz y no dan respuesta a los gravísimos problemas que se han acumulado en los mercados financieros durante las últimas décadas;
10. Considera que la reducción radical del tamaño del sector financiero, acompañada de una supervisión democrática, es un requisito esencial para la recuperación económica; pide al Consejo que acuerde un paquete eficaz de estímulo presupuestario y que se asegure de que sean las empresas y los ciudadanos quienes se beneficien de la política monetaria expansiva del BCE, y no los bancos y los especuladores;
11. Pide la revisión de los Estatutos del BCE;
12. Exige que no se endose a los ciudadanos las deudas de los bancos e insiste en que no se rescate a más bancos con fondos públicos y que las futuras intervenciones del MEDE estén plenamente sujetas a control democrático;
13. Exige la anulación de los llamados «memorandos de acuerdo» entre los Estados miembros y la troika, así como de las medidas que emanan de dichos memorandos; exige asimismo la disolución de la troika; está firmemente convencido de que los Estados miembros tienen que renegociar su deuda pública, la ampliación del plazo de devolución, los intereses y el capital;
14. Recuerda el compromiso del Eurogrupo de junio de 2012 de separar la deuda bancaria y la deuda soberana, compromiso que aún no se ha llevado a la práctica; pide al Consejo que se asegure de que la deuda histórica pueda ser objeto de recapitalización a través del MEDE;
15. Exige un liderazgo político y democrático en el proceso de desarrollo, supeditando la toma de decisiones económicas a la toma de decisiones políticas democráticas;
16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.