PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Turquía
11.6.2013 - (2013/2664(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis en nombre del Grupo GUE/NGL
El Parlamento Europeo,
– Vistas la Convención Europea de Derechos Humanos adoptada en 1950 y sus disposiciones sobre el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1996, en particular su artículo 19, que consagra el derecho a la libertad de expresión, y los artículos 21 y 22, que consagran el derecho a la libertad de reunión y de asociación, y recordando, asimismo, que esas disposiciones garantizan el derecho a la libre asociación y el derecho a crear sindicatos, y que son principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo,
– Visto el Informe anual de 2012 de la Comisión sobre los progresos realizados por Turquía (SWD(2012)0336),
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 14 de diciembre de 2010, 5 diciembre de 2011 y 11 de diciembre de 2012,
– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre los progresos realizados por Turquía,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, con las negociaciones de adhesión, Turquía se ha comprometido a efectuar reformas, mantener relaciones de buena vecindad y alinearse progresivamente con la UE, y que estos esfuerzos deben verse como una oportunidad que se brinda a la propia Turquía para seguir modernizándose y consolidar y mejorar en mayor medida sus instituciones democráticas, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
B. Considerando que el Gobierno turco ha emprendido a buen ritmo las reformas económicas neoliberales y la desregulación vinculadas al proceso de adhesión a la UE, pero que, por el contrario, las reformas políticas y democráticas, como la mejora del respeto de los derechos humanos, avanzan a ritmo muy lento;
C. Considerando que la violencia sistemática contra manifestantes se ha convertido en un fenómeno frecuente en Turquía;
D. Considerando que las manifestaciones masivas que comenzaron como protesta contra un proyecto de remodelación del parque Gezi, en Estambul, se ha convertido rápidamente en un movimiento de protesta contra la opresión, como reacción a la brutalidad de la policía y la violencia infligida a los manifestantes en la plaza Taksim;
E. Considerando que, según organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos de médicos, la violencia de los últimos días se ha extendido ahora por todo el país, cobrándose cuatro muertes y al menos 1 500 heridos en Estambul, y más de 700 heridos en Ankara;
F. Considerando que la policía hizo un uso generalizado de los gases lacrimógenos contra las personas que en un principio se manifestaban de forma pacífica, muchos de ellos lanzados también desde helicópteros sobre zonas residenciales donde no había manifestantes; que en diversas ocasiones los gases lacrimógenos se lanzaron al interior de los hogares, en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad;
G. Considerando que existen graves acusaciones de que el Gobierno de Turquía ha intentado bloquear las redes sociales y cortar el acceso a internet, en un intento de detener el flujo de información sobre las escenas de manifestaciones contra el gobierno; que el Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan ha calificado de «amenaza» a los medios de comunicación sociales;
H. Considerando que las manifestaciones masivas han puesto de relieve la inestabilidad política del país; que, aunque las movilizaciones populares representan un amplio un espectro ideológico, constituyen una clara exteriorización de la ira de la población turca dirigida contra el Gobierno de Erdogan y su partido gobernante, el AKP;
I. Considerando que el cumplimiento y la aplicación de un programa pro islámico ha creado diferencias y conflictos entre diferentes grupos sociales, políticos y económicos de Turquía;
J. Considerando que las protestas y la participación masiva muestran que el pueblo está afrontando problemas múltiples y profundamente arraigados, dado que el crecimiento económico en Turquía no está acompañado de una mejora de los niveles de vida de las personas, que los ciudadanos y trabajadores turcos no gozan de derechos y libertades fundamentales y que sus salarios y beneficios son muy bajos;
K. Considerando que otra causa importante de insatisfacción tiene relación con la política exterior de Erdogan en relación con Siria, puesto que la postura intervencionista con respecto a la guerra civil en Siria, mediante la cooperación con las fuerzas de la oposición e incluso dentro de las fronteras del país, ha transferido el clima de guerra del país vecino a Turquía;
L. Considerando que la policía antidisturbios tiene como objetivo los partidos políticos, y que, según informaciones, se han producido ataques contra las oficinas del partido político TKP y contra el Centro Cultural Nazim Hikmet;
M. Considerando que en la mañana del 11 de junio de 2013 la policía antidisturbios volvió a la plaza Taksim lanzado gases lacrimógenos y utilizando cañones de agua;
N. Considerando que Turquía ya ha sido condenada en tres ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de los derechos de los participantes en manifestaciones y maltrato a los detenidos;
O. Considerando que, en su condición de candidata a la adhesión, Turquía tiene la obligación de respetar y promover la democracia y de reforzar las libertades y los derechos democráticos y humanos; que, en su Informe de 2012 sobre los progresos realizados por Turquía, la Comisión tomaba nota de la asignación de 810 millones de euros con cargo al Instrumento de Preadhesión para la reforma judicial y policial;
P. Considerando que el derecho democrático a manifestarse peligra cada vez más a medida que aumenta la ira de la gente en todo el mundo frente a las políticas neoliberales y antisociales;
1. Condena enérgicamente la violencia estatal ejercida por el Gobierno turco contra los manifestantes y el pueblo de Turquía;
2. Condena enérgicamente las acciones de la policía antidisturbios turca dirigidas contra los partidos políticos;
3. Pide al Gobierno turco que cese inmediatamente la violencia contra los manifestantes y libere a todos los manifestantes pacíficos que se encuentran detenidos;
4. Expresa su solidaridad con las reivindicaciones de los manifestantes en relación con el respeto de la democracia y los derechos y libertades democráticos y humanos; opina que ninguna religión debería menoscabar los derechos cívicos, los derechos de las mujeres y los derechos sociales y económicos;
5. Condena los intentos de los principales medios de comunicación de masa turcos de silenciar los hechos;
6. Destaca la importancia una tolerancia cero frente a la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos, y pide la creación de una comisión independiente e imparcial encargada de investigar las acusaciones de tortura y malos tratos y el uso de la fuerza por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la que participen organizaciones defensoras de los derechos humanos, comités de manifestantes y todas las demás partes interesadas;
7. Pide al Gobierno turco que abandone a su estilo autoritario de gobierno y que entable conversación con las organizaciones de manifestantes, con el fin de evitar una escalada de violencia, que se cobrará aún más víctimas;
8. Pide la liberación inmediata de los 10 000 presos políticos, muchos de ellos activistas de izquierda o kurdos, así como periodistas, detenidos en condiciones que no respetan el Estado de Derecho;
9. Pide al Gobierno de Turquía que revise sus acciones en los ámbitos social, político, cultural y económico, que son la principal causa del levantamiento popular, siendo el incidente del parque Gezi un mero pretexto que ha desencadenado la situación;
10. Condena las declaraciones de cargos turcos que, en lugar de contribuir a la normalización de la situación, continúan siendo incendiarias y son causa de una mayor inestabilidad en el país;
11. Manifiesta su preocupación por el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil turca continúen recibiendo multas y afrontando procedimientos de cierre y obstáculos administrativos, y por que los derechos de los sindicalistas y trabajadores no se respetan plenamente; pide al Gobierno turco la aplicación inmediata de la nueva legislación en el ámbito de los derechos laborales y sindicales, con el fin de garantizar su conformidad con el acervo de la UE y las convenciones de la OIT, en particular en lo que respecta al derecho a la huelga y al derecho a las negociaciones colectivas;
12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión, al Secretario General del Consejo de Europa, al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y al Gobierno y a la Gran Asamblea Nacional de la República de Turquía.