Procedimiento : 2013/2682(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B7-0336/2013

Textos presentados :

B7-0336/2013

Debates :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Votaciones :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3
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Textos aprobados :

P7_TA(2013)0322

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0336/2013
1.7.2013
PE515.880v01-00
 
B7-0336/2013

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos y los programas de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en la privacidad de los ciudadanos de la UE (2013/2682(RSP))


Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze, Malika Benarab-Attou en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos y los programas de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en la privacidad de los ciudadanos de la UE (2013/2682(RSP))  
B7‑0336/2013

El Parlamento Europeo,

–   Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los artículos 2, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de los Estados miembros, del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

–   Visto el Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América(1),

–   Visto el Convenio sobre la Ciberdelincuencia (CETS nº 185),

–   Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en particular su artículo 17 relativo a la injerencia en la vida privada de la persona, su familia, su domicilio o su correspondencia,

–   Vista la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y en particular sus artículos 24 y 27 relativos a la inviolabilidad de las comunicaciones y los documentos diplomáticos,

–   Visto el Acuerdo de puerto seguro UE-EE.UU., y en particular su artículo 3, y la lista de Partes en el acuerdo,

–   Vista su Resolución sobre la existencia de un sistema mundial de interceptación de comunicaciones privadas y comerciales (sistema de interceptación Echelon)(2) y el informe al respecto de su Comisión Temporal sobre el Sistema de Interceptación Echelon(A5‑0264/2001),

–   Visto el debate mantenido con la Comisaria Reding el 15 de febrero de 2012 sobre la legislación de terceros países y de la UE en materia de protección de datos (Acta de 15.2.2012, p. 19),

–   Vista la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas,

–   Visto el paquete sobre protección de datos formado por las propuestas COM(2012)0011 y COM(2012)0010,

–   Vistas las negociaciones en curso sobre el acuerdo UE-EE-UU. sobre protección de los datos personales intercambiados con fines policiales,

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Liberar el potencial de la computación en nube en Europa» (COM(2012)0529),

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que las noticias aparecidas en la prensa internacional han revelado pruebas de que, mediante programas como PRISM, las autoridades de los EE.UU. están accediendo a datos personales de ciudadanos de la UE y residentes en la UE a través de proveedores de servicios en línea estadounidenses, y procesándolos a gran escala;

B.  Considerando que la Comisaria Reding ha enviado una carta al Fiscal General de los EE.UU., Eric Holder, en la que plantea las preocupaciones europeas y pide aclaraciones y explicaciones sobre el programa PRISM y otros programas análogos de recopilación y búsqueda de datos y sobre las leyes en virtud de las cuales puede autorizarse el recurso a tales programas;

C. Considerando que aún no se ha recibido una respuesta completa de las autoridades de los EE.UU., a pesar de los debates mantenidos en la reunión de Ministros de Justicia UE‑EE.UU. celebrada en Dublín el 14 de junio de 2013;

D. Considerando que la asociación transatlántica entre la UE y los EE.UU. se basa en el respecto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho y la cooperación leal entre iguales;

E.  Considerando que, en virtud del Acuerdo de puerto seguro, se confía a los Estados miembros y la Comisión el cometido de garantizar la seguridad y la integridad de los datos personales; que, de conformidad con el artículo 3, de no ser respetadas las disposiciones del Acuerdo, la Comisión tiene el deber de revocarlo o suspenderlo;

F.  Considerando que las empresas implicadas en el programa PRISM según la prensa internacional son todas Partes en el Acuerdo de puerto seguro;

G. Considerando que los EE.UU. han firmado y ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia con efecto a partir de 2007, es decir, han incorporado sus principios al Derecho nacional de los EE.UU.;

H. Considerando que el Convenio sobre la Ciberdelincuencia establece que todas las medidas de la recogida por medios electrónicos de pruebas de una infracción penal (artículo 14) deben prever la protección debida de los derechos humanos fundamentales, en particular, los consagrados en el CEDH (artículo 8, respeto de la vida privada), deben garantizar el respeto del «principio de proporcionalidad» y deben estar supeditadas a salvaguardias, entre otras, el control judicial o un control independiente; que su aplicación debe estar debidamente justificada, y que el alcance y la duración de tales procedimientos serán limitados (artículo 15);

I.   Considerando que el Acuerdo UE-EE.UU. de Asistencia Judicial, ratificado por la Unión y por el Congreso, estipula modalidades de recopilación e intercambio de información y para solicitar y prestar asistencia para obtener pruebas localizadas en un país a fin de prestar asistencia para investigaciones o procedimientos penales en otro país;

J.   Considerando que la Comisión ha anunciado que se convocará en breve un grupo de expertos UE-EE.UU. para debatir el asunto PRISM desde las perspectivas de la protección de datos y de la seguridad;

K. Considerando que la prensa internacional también ha dado cuenta de la supuesta cooperación e implicación de Estados miembros de la UE en el programa PRISM y otros programas análogos o de su acceso a las bases de datos creadas;

L.  Considerando que varios Estados miembros disponen de programas de vigilancia similares o están debatiendo su creación;

M. Considerando que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), debe poder probarse la proporcionalidad de cualquier programa de este tipo y su necesidad en una sociedad democrática; que el TEDH ha advertido justificadamente de que un sistema de vigilancia secreta destinado a la protección de la seguridad nacional podría minar la democracia e incluso destruirla so capa de defenderla, y que la mera existencia de una ley que permite un sistema para el control secreto de las comunicaciones supone una amenaza para todos aquellos a quienes puede aplicarse dicha ley;

N. Considerando que la reforma de la protección de datos está en curso a nivel de la UE mediante la revisión de la Directiva 95/46/CE y su sustitución por los propuestos Reglamento general sobre protección de datos y directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos; considerando que la propuesta de Reglamento sobre protección de datos remitida en noviembre de 2011 por la Comisaria de Justicia Viviane Reding a sus colegas contenía una disposición que supeditaría la comunicación de información sobre datos de usuarios a autoridades de terceros países a la condición de la existencia de un fundamento jurídico como un acuerdo de asistencia judicial y a la autorización de la autoridad competente en materia de protección de datos; que este artículo despareció tras intensas presiones de la Administración de los EE.UU., y que quedó solamente un considerando muy débil;

O. Considerando que los Estados miembros están obligados a respetar los valores fundamentales consagrados en el artículo 2 del TUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales;

P.  Considerando que las noticias de la prensa internacional han revelado que las autoridades de los EE.UU. han instalado sistemáticamente micrófonos ocultos en las oficinas de representación de la UE ante los EE.UU. y las Naciones Unidas, y se han infiltrado en sus redes informáticas;

Q. Considerando que la prensa ha revelado que el Centro Gubernamental de Comunicaciones del Reino Unido (GCHQ) ha intervenido más de 200 cables de fibra óptica para acceder a conversaciones telefónicas y tráfico de internet y que almacena todo el tráfico durante tres días y los metadatos, durante treinta días, a través de un programa llamado Tempora, basándose en el apartado 4 del artículo 8 de la Ley reguladora de los poderes de investigación, que habilita al Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido para expedir un certificado para fines de interceptación general;

R.  Considerando que hay noticias de que otros Estados miembros acceden a comunicaciones electrónicas transnacionales sin una orden regular, pero sobre la base de tribunales especiales, si bien comparten datos con otros países (Suecia) y considerando que otros pueden aumentar sus capacidades de vigilancia (los Países Bajos, Alemania); considerando que otros países han expresado su preocupación en cuanto a los poderes de interceptación de los servicios secretos (Polonia);

S.  Considerando que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (2002/58/CE) obliga a los Estados miembros a proteger la confidencialidad de las comunicaciones, incluido el tráfico relacionado con ellas, y en particular a prohibir la escucha, la grabación, el almacenamiento u otros tipos de intervención o vigilancia de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas; que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva permite excepciones a esta prohibición solamente cuando constituyan una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática;

T.  Considerando que las medidas de vigilancia secreta a menudo son desconocidas para el público y que quienes las revelan se exponen a graves consecuencias al ser objeto de persecución penal;

1.  Expresa su grave preocupación ante los programas PRISM y Tempora y otros programas similares para recogida de datos, pues, de confirmarse la información disponible, supondrían una grave violación del derecho fundamental a la privacidad y la protección de los datos de los ciudadanos y los residentes de la UE, así como del derecho a la vida privada y familiar, la confidencialidad de las comunicaciones, la presunción de inocencia, la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de empresa;

2.  Pide a las autoridades de los EE.UU. que faciliten sin demoras injustificadas a la UE información completa sobre el programa PRISM y otros programas similares que sirvan para la recogida de datos, como solicitó la Comisaria Reding en su carta de 10 de junio de 2013 al Fiscal General Eric Holder;

3.  Destaca que cualquier restricción de los derechos fundamentales debe atenerse al Estado de Derecho y ser estrictamente proporcional, adecuada y necesaria en una sociedad democrática, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales;

4.  Pide que se otorgue al grupo de expertos transatlántico, anunciado por la Comisaria Malmström y con participación del Parlamento, un nivel adecuado de habilitación de seguridad y acceso a todos los documentos pertinentes, de manera que pueda realizar su trabajo correctamente y en un plazo preestablecido;

5.  Pide a la Comisión y a la Administración de los EE.UU. que reanuden sin demora las negociaciones sobre el acuerdo marco para la protección de los datos personales que se transmiten y procesan para fines de cooperación policial y judicial; pide a la Comisión y a la Administración de los EE.UU. que incluyan disposiciones especiales en materia de acceso por parte de las autoridades públicas a los datos personales y la información en poder de entidades privadas para fines comerciales y que garanticen que los ciudadanos de la UE gozan de los mismos derechos jurídicamente ejecutables y la misma protección que los ciudadanos y residentes de los EE.UU.;

6.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una revisión completa del Acuerdo de puerto seguro a la luz de la información reciente, en virtud del artículo 3 del Acuerdo;

7.  Expresa su profunda preocupación ante las revelaciones de presuntos programas de vigilancia aplicados por Estados miembros, con la ayuda de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (NSA) o unilateralmente;

8.  Pide a los Estados miembros que velen por que sus respectivas leyes y prácticas sean plenamente conformes con los principios de necesidad y proporcionalidad, el CEDH y la jurisprudencia al respecto, y que si no lo son, las revisen en consecuencia;

9.  Pide al Consejo, con carácter de urgencia, que agilice su trabajo sobre el conjunto del paquete sobre protección de datos y, más específicamente, sobre la Directiva de protección de datos;

10. Destaca que todas las empresas que ofrezcan servicios a los ciudadanos de la UE deben cumplir con el Derecho de la UE sin excepción y son responsables de las infracciones que cometan;

11. Destaca que las empresas de la jurisdicción de terceros países deben advertir de manera clara e inequívoca a los usuarios ubicados en la UE acerca de la posibilidad de que sus datos personales sean procesados por servicios policiales y de inteligencia a raíz de órdenes o requerimientos secretos;

12. Destaca que cualquier ley que establezca medidas de vigilancia debe estar redactada con claridad e indicar las categorías de ciudadanos afectadas, los fines claros y precisos de la medida, las condiciones de la injerencia, los derechos de la persona, unos plazos estrictos para el almacenamiento de datos y la destrucción o el borrado de los datos tras la expiración de estos plazos, así como las condiciones para compartir datos con terceros países;

13. Condena enérgicamente el espionaje de las representaciones de la UE, pues, de confirmarse la información disponible por ahora, supondría una grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aparte de su posible repercusión en las relaciones transatlánticas;

14. Destaca la necesidad de procedimientos que permitan que quienes denuncien la existencia de sistemas secretos e ilegales de vigilancia no tengan que temer consecuencias personales; pide a los Estados miembros que ofrezcan asilo al autor de las denuncias Edward Snowden, en el espíritu de las Directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos;

15. Pide a la Comisión que vele por que las normas de la UE en materia de protección de datos y las negociaciones sobre el paquete actual de la UE de protección de datos no sufran menoscabo a consecuencia de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) con los EE.UU., y que aplace las negociaciones sobre la ATCI hasta que los EE.UU. pongan fin a sus actividades de espionaje de instituciones de la UE; pide a la Comisión, por tanto, que anule la primera ronda de negociaciones prevista en Washington;

16. Pide a la Comisión que inicie de inmediato procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 259 del TFUE contra los Estados miembros cuyas medidas de vigilancia no sean compatibles con el Derecho de la UE;

17. Considera que hay motivos razonables para creer que las comunicaciones del Parlamento Europeo, sus diputados y su personal han sido interceptadas por el programa Tempora de un modo que infringe las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos; encarga por consiguiente a su Servicio Jurídico que explore las posibilidades de que el Parlamento Europeo emprenda acciones legales contra el Gobierno del Reino Unido, entre otras vías, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

18. Destaca que estas revelaciones ponen seriamente en cuestión la confianza en la computación en nube y otros servicios de la sociedad de información, especialmente cuando los proveedores están sujetos a la jurisdicción de un tercer país;

19. Toma nota de que los proveedores de la UE han dado cuenta de un gran aumento de las preguntas de los clientes a raíz de las noticias sobre el programa PRISM;

20. Destaca que ello puede convertirse en una ventaja competitiva para la computación en nube y otros servicios de la sociedad de la información basados en la UE, siempre que existan unas normas estrictas de protección de datos que protejan también contra el acceso a los datos por autoridades de terceros países y contra la apropiación indebida de datos por servicios de inteligencia de Estados miembros;

21. Pide a la Comisión que revise su estrategia de computación en nube a la luz de estas revelaciones y que elabore una iniciativa clara y coherente de computación en nube que aborde todas estas cuestiones y promueva iniciativas de computación en nube de la UE que hagan suya plenamente la protección de todas las libertades fundamentales;

22. Pide que el Parlamento lleve a cabo una investigación a fondo de este asunto y que presente un informe al Pleno antes de finales de año, sobre la base de competencias efectivas para investigar, en particular, las medidas tomadas por la UE y las instituciones de los Estados miembros;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo de Europa, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente de los EE.UU., al Congreso y al Senado de los EE.UU. y a los Secretarios de Estado de Seguridad del Territorio Nacional y de Justicia de los EE.UU.

 

(1)

DO L 181, 19.7.2003, p. 34.

(2)

DO C 72 E, 21.3.2002, p. 221.

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