PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre Egipto
10.9.2013 - (2013/2820(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Louis Michel en nombre del Grupo ALDE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0411/2013
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto, en particular la de 16 de febrero de 2012 sobre Egipto: acontecimientos recientes[1], 14 de marzo de 2013 sobre la situación en Egipto[2], y 4 de julio de 2013 sobre la crisis en Egipto[3],
– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 8 de febrero de 2013 sobre la primavera árabe,
– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Egipto, de 27 de febrero y 25 de junio de 2012, así como de 31 de enero, 8 de febrero, 22 de julio y 21 de agosto de 2013,
– Vistas las declaraciones de la Alta Representante, Catherine Ashton, sobre la situación en Egipto, de 28 de junio, 3 y 31 de julio y 14, 15 y 16 de agosto de 2013, así como sus observaciones, de 18 de julio de 2013, tras su visita a Egipto, la declaración conjunta, de 7 de agosto de 2013, de la Vicepresidenta y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y sus observaciones, de 21 de agosto de 2013, tras la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores,
– Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto de 2001, que entró en vigor en 2004 y fue reforzado por el Plan de Acción de 2007, y el informe de situación de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, sobre su aplicación,
– Vistas la reunión del Grupo de Trabajo UE-Egipto, celebrada el 13 y 14 de noviembre de 2012 y sus conclusiones,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del que Egipto es parte,
– Visto el decreto presidencial del Presidente interino egipcio, Adly Mansour, de 8 de julio de 2013, en el que propone una hoja de ruta para la adopción de reformas constitucionales y la celebración de nuevas elecciones,
– Visto el informe de 2013 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ayuda concedida por la UE a Egipto entre 2007 y 2012,
– Visto el apartado 2 del artículo 110 del Reglamento,
A. Considerando que Egipto es el mayor de los países árabes, un país clave en el Mediterráneo meridional, un importante socio comercial de la UE y un gran beneficiario de ayuda de la UE; que los acontecimientos políticos, económicos y sociales en Egipto tienen importantes consecuencias para toda la región y también fuera de ella;
B. Considerando que, el 30 de junio de 2013, varios millones de personas se echaron a las calles de El Cairo y de todo Egipto en protestas pacíficas de una magnitud sin precedentes, convocados por el Movimiento Rebelde (Tamarod) para exigir que el Presidente Morsi abandonara el poder, denunciando que la situación general del país bajo el gobierno de los Hermanos Musulmanes no solo no había mejorado sino que se había deteriorado; que simpatizantes del Presidente Morsi organizaron manifestaciones de apoyo al Presidente y a los Hermanos Musulmanes; que decenas de personas murieron violentamente y muchas resultaron heridas en las manifestaciones; que varios ministros y altos cargos dimitieron para mostrar su apoyo al multitudinario movimiento de protesta popular;
C. Considerando que las fuerzas armadas egipcias emitieron, el 1 de julio de 2013, una declaración en la que daban a las fuerzas políticas egipcias 48 horas para cumplir las exigencias de la población, a falta de lo cual el ejército intervendría y presentaría una hoja de ruta política para el país;
D. Considerando que el 3 de julio de 2013 el Presidente Morsi fue obligado a abandonar el cargo y permanece aún detenido en paradero desconocido;
E. Considerando que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en su declaración de 4 de julio de 2013, anunció la suspensión de la Constitución, la transferencia de poderes al presidente del Alto Tribunal Constitucional hasta la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, a las que seguirán elecciones parlamentarias, y la formación de un gobierno nacional de coalición y de una comisión encargada de estudiar la reforma constitucional; que ese mismo día Adly Mansour juró como Presidente interino; que la Cámara Alta del Parlamento fue disuelta el 5 de julio de 2013;
F. Considerando que, desde la intervención militar, los partidarios de los Hermanos Musulmanes han organizado manifestaciones a gran escala en todo el país para pedir la liberación y la vuelta del Presidente Morsi; que han sido detenidos varios dirigentes de los Hermanos Musulmanes, así como muchos de sus partidarios;
G. Considerando que muchas de las protestas organizadas por los Hermanos Musulmanes tomaron un cariz violento y terminaron con enfrentamientos mortales entre ciudadanos, así como entre partidarios de los Hermanos Musulmanes y el ejército y las fuerzas de seguridad;
H. Considerando que la UE, junto con los Estados Unidos y varios países árabes, desplegó esfuerzos diplomáticos al más alto nivel para conseguir un compromiso político entre el ejército, el Gobierno interino y los dirigentes de los Hermanos Musulmanes; que, lamentablemente, pese a los numerosos esfuerzos, no se alcanzó ningún consenso político;
I. Considerando que, el 14 de agosto de 2014, el ejército y las fuerzas de seguridad despejaron violentamente las acampadas de las plazas Rabaa y Nahda, donde se congregaban partidarios de los Hermanos Musulmanes, utilizando munición real y recurriendo a francotiradores, matando deliberadamente a cientos de ciudadanos, incluidos hijos de dirigentes de los Hermanos Musulmanes; que el uso excesivo de la fuerza y la violencia contra manifestantes pacíficos continúa y sigue impune;
J. Considerando que, el 14 de agosto de 2013, la Presidencia egipcia decretó el estado de emergencia durante un mes; que el Ministerio de Interior autorizó a la policía a hacer uso de la fuerza contra los manifestantes que atacaban a la policía y las instituciones estatales;
K. Considerando que la comunidad copta ha sido y sigue siendo objeto de actos de violencia cometidos contra sus miembros y de actos de destrucción dirigidos a sus iglesias, sus centros comunitarios y sus negocios; que está creciendo la preocupación por las restricciones a la libertad de conciencia, creencias y religión en Egipto;
L. Considerando que una prensa y unos medios de comunicación independientes y libres son un componente clave de la sociedad en una verdadera democracia; que han aumentado la violencia física y los actos de acoso cometidos contra periodistas;
M. Considerando que, en respuesta a la matanza de cientos de manifestantes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad de Egipto, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE decidieron en una reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores, el 21 de agosto de 2013, que los Estados miembros suspendieran las licencias de exportación a Egipto de todo material utilizado para la represión interna, y volvieran a examinar las licencias de exportación cubiertas por la Posición Común 2008/944/PESC de la UE, y encargó a la Vicepresidenta / Alta Representante, Catherine Ashton, que revisara la cuestión de la asistencia de la UE en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV) y del Acuerdo de Asociación, sobre la base del compromiso de Egipto en favor de los principios que subyacen a los mismos y entendiéndose que continuará la asistencia a los grupos más vulnerables y a la sociedad civil;
N. Considerando que, el 3 de septiembre de 2013, un tribunal de El Cairo ordenó el cierre de cuatro emisoras de televisión, con lo que se han cerrado unas diez en los últimos dos meses, alegando que estaban operando ilegalmente;
O. Considerando que la libertad de prensa y la libertad digital favorecen los derechos humanos universales, por lo que deben defenderse en todo momento;
P. Considerando que, el 1 de septiembre de 2013, se nombró una nueva Comisión Constitucional, compuesta por cincuenta expertos y encargada de redactar la próxima Constitución de Egipto;
Q. Considerando que, el 2 de septiembre de 2013, el Fiscal General de Egipto acusó al destituido Presidente Mohammed Morsi y a miembros de los Hermanos Musulmanes de incitación al asesinato de manifestantes;
R. Considerando que varios dirigentes de los Hermanos Musulmanes han hecho un llamamiento en favor del «martirio», lo que supone una incitación a la violencia;
S. Considerando que, el 5 de septiembre de 2013, el Ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed Ibrahim, sobrevivió a un ataque con bomba dirigido contra su convoy en El Cairo;
T. Considerando que, debido a la inestabilidad y a la falta de seguridad en todo el país, están aumentando los ataques terroristas en el Sinaí, que han causado numerosas muertes, incluidas las de varios soldados egipcios;
U. Considerando un proceso político integrador basado en el consenso, en el sentimiento de responsabilidad compartida y en un verdadero diálogo nacional en el que participen de forma significativa todas las fuerzas democráticas constituye la única vía para superar las actuales divisiones políticas y sociales, construir una democracia sólida y sostenible en Egipto y permitir la reforma económica y la gobernanza necesarias; que Egipto no debe invalidar sus logros democráticos volviendo a una dictadura militar;
V. Considerando que las mujeres se encuentran en una situación particularmente vulnerable en el actual período de transición del país; que las mujeres manifestantes son objeto frecuentemente de actos de violencia, ataques sexuales, pruebas de virginidad y otras formas de trato degradante, y que quienes defienden los derechos de la mujer sufren un acoso y una intimidación constantes; que las mujeres han presenciado retrocesos sustanciales en el ámbito de la participación política en el país;
W. Considerando que Egipto se enfrenta a unas dificultades económicas cada vez mayores; que la prosperidad económica del país requiere estabilidad política, políticas económicas sólidas, lucha contra la corrupción y respaldo internacional; que la justicia social y un nivel de vida más elevado para los ciudadanos son dimensiones cruciales de la transición hacia una sociedad egipcia abierta, estable, democrática, libre y próspera;
X. Considerando que la sociedad civil tiene un papel esencial que desempeñar en la transición democrática de Egipto y que se le debe permitir actuar en libertad;
Y. Considerando que, entre 2007 y 2008, Egipto recibió aproximadamente 1 000 millones de euros de ayuda de la UE y que esta ha comprometido otros 5 000 millones de euros de ayuda que solamente estarán plenamente disponibles cuando se cumplan las condiciones vinculadas a las fijadas por el FMI;
Z. Considerando que el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Egipto establece que las relaciones entre las Partes se basarán en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales y conduce a la política de «más por más», que es un elemento fundamental de la PEV revisada de la UE;
1. Expresa su solidaridad con el pueblo egipcio en este período crítico de transición hacia la democracia, transmite su más sincero pésame a las familias de las víctimas y exige que los responsables sean puestos a disposición de la justicia; reitera su firme compromiso de ayudar a la población egipcia a avanzar hacia una sociedad democrática, en la que respeten los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales;
2. Expresa su profunda preocupación por la situación de Egipto tras la intervención militar, en particular las fuertes medidas represivas aplicadas a los partidarios del depuesto Presidente Morsi y a miembros de los Hermanos Musulmanes, la violación de derechos humanos y libertades fundamentales y la creciente polarización social; muestra su preocupación por el deterioro de la seguridad en todo el país y los crecientes problemas socioeconómicos;
3. Hace hincapié en que la transferencia del poder a las autoridades civiles democráticamente elegidas tiene que producirse cuanto antes; expresa su solidaridad fundamental con todos los egipcios que albergan aspiraciones y valores democráticos para su país, y pide la vuelta rápida al proceso democrático, en particular la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en un proceso plenamente integrador en el que participen todos los actores democráticos;
4. Condena enérgicamente todos los actos de violencia, el desproporcionado uso de la fuerza por parte del ejército y la policía, la trágica pérdida de vidas durante el desmantelamiento de las acampadas de Rabaa y Nahda y las matanzas colectivas que se produjeron en el lugar;
5. Pide al Gobierno interino que imponga restricciones, y señala la urgente necesidad de un diálogo político constructivo e integrador para establecer una hoja de ruta clara para la transición a la democracia; pide a las autoridades egipcias que creen una comisión judicial para efectuar una investigación independiente de todas las matanzas, como prometió la Presidencia egipcia el 8 de julio de 2013; toma nota del reciente anuncio del Primer Ministro El Beblawy, según el cual está prevista la creación de una comisión independiente compuesta por personalidades para investigar la disolución de las sentadas de las plazas Rabaa y Nahda;
6. Lamenta al mismo tiempo que los dirigentes de los Hermanos Musulmanes no hayan recomendado claramente a su base política que se abstengan de ejercer todo tipo de violencia contra los ciudadanos, el ejército y la policía; lamenta que los dirigentes de los Hermanos Musulmanes no hicieran nada para evitar y detener dichos ataques y se limitaran a condenarlos con retraso; pide a los dirigentes de los Hermanos Musulmanes que se abstengan de hacer llamamientos a la violencia y de glorificarla;
7. Insta a las autoridades interinas a que ordenen que se ponga fin a las detenciones por motivos políticos y a otras formas de acoso; pide la liberación de todos los presos políticos, incluido el depuesto Presidente Morsi, y la revisión, rápida y transparente, de todos los casos penales; destaca la importancia de garantizar juicios libres y justos a todos los detenidos; hace hincapié en que las personas civiles no deben ser juzgadas por tribunales militares;
8. Pide a las autoridades interinas que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones, su militancia política y su confesión religiosa, respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, protejan la libertad de asociación y de expresión y respeten y cumplan sus obligaciones internacionales; pide a todas las partes que actúen responsablemente, con ánimo de evitar acciones violentas y provocaciones que pudieran menoscabar u obstaculizar el derecho legítimo de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y expresar libremente su voluntad y sus opiniones;
9. Condena la violencia contra la comunidad copta y la destrucción de un gran número de iglesias, centros comunitarios y negocios en todo el país; hace hincapié en el histórico pluralismo de la sociedad egipcia, y pide al Gobierno de Egipto que apoye a las distintas comunidades de todas las formas posibles, para poder restablecer con rapidez la cohabitación pacífica;
10. Insiste en que urge iniciar un proceso de reconciliación nacional que incluya a todas las fuerzas políticas y sociales moderadas de Egipto, y pide a los sectores moderados de los Hermanos Musulmanes que apoyen activamente el proceso de transición democrática y participen en el mismo;
11. Muestra su gran preocupación por el restablecimiento de la ley de emergencia, y solicita a la VP/AR, Catherine Ashton, que pida a las autoridades egipcias el rápido levantamiento de dicha ley;
12. Expresa su sólido apoyo al actual proceso de redacción y reforma constitucional, y destaca que debe sentar las bases de un nuevo Egipto auténticamente democrático, que garantice los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos egipcios y fomente la tolerancia y la cohabitación entre las religiones; está firmemente convencido de que en el proceso de consulta sobre el nuevo borrador de la Constitución se debe incluir a todos los sectores del espectro político egipcio, incluidos los sectores moderados de los Hermanos Musulmanes, y que posteriormente ha de celebrarse un referéndum sobre una Constitución nueva y pluralista;
13. Pide a la Unión que aplique el principio de «condicionalidad» y que no se comprometa en ayudas y préstamos ni en un acuerdo de libre comercio completo y exhaustivo hasta que se alcancen los parámetros para la estabilidad política, tales como el establecimiento de los órganos democráticos electos, la consolidación del Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales; señala que, el 21 de agosto de 2013, el Consejo de Asuntos Exteriores encargó a la VP/AR, Catherine Ashton, que revisara la cuestión de la asistencia de la UE en el marco de la PEV y del Acuerdo de Asociación, sobre la base del compromiso de Egipto en favor de los principios que subyacen a los mismos y entendiéndose que continuará la asistencia a los grupos más vulnerables y a la sociedad civil;
14. Pide un control estricto de los fondos abonados por la UE, en términos de transparencia y responsabilidad, así como de otras cuestiones mencionadas por el Tribunal de Cuentas Europeo en relación con la ayuda concedida por la UE a Egipto entre 2007 y 2012;
15. Considera que la ayuda de la Unión debe centrarse en la transición a la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades, los derechos de las mujeres y de las minorías, el desarrollo de las capacidades institucionales, la reforma del poder judicial, el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales y la mejora del medio empresarial; acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores, de 21 de agosto de 2013, de suspender las licencias de exportación a Egipto de todo material utilizado para la represión interna, así como de examinar de nuevo las licencias de exportación cubiertas por la Posición Común de la UE;
16. Elogia el papel activo desempeñado in situ en Egipto por la Vicepresidenta / Alta Representante y el personal del Servicio Europeo de Acción Exterior, como mediadores para negociar una salida a la crisis; pide a la comunidad internacional, y en particular a la Liga de Estados Árabes, que desempeñe un papel activo a la hora de abordar la situación de Egipto con la máxima urgencia;
17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, a la Liga de Estados Árabes y a las autoridades de Egipto.
- [1] Textos Aprobados, P7_TA(2012)0064.
- [2] Textos Aprobados, P7_TA(2013)0095.
- [3] Textos Aprobados, P7_TA(2013)0333.