PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre los preparativos de la reunión del Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre de 2013
9.12.2013 - (2013/2626(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer en nombre del Grupo GUE/NGL
B7‑0565/2013
Resolución del Parlamento Europeo sobre los preparativos de la reunión del Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre de 2013
El Parlamento Europeo,
– Vista la declaración de la Cumbre de la zona del euro, celebrada el 29 de junio de 2012,
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre de 2013,
– Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, titulada «Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica – Coordinación ex ante de los planes de grandes reformas de la política económica» (COM(2013)0166) y «Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica – Introducción de un instrumento de convergencia y competitividad» (COM(2013)0165),
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 7 de febrero de 2013 sobre la «Iniciativa sobre Empleo juvenil»,
– Visto el acuerdo político alcanzado en el Consejo, de 28 de febrero de 2013, relativo a una recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil,
– Vistos los artículos 77, 78, 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo[1],
– Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre los flujos migratorios en el mar Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos acaecidos en aguas de Lampedusa[2],
– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (COM(2013)0197),
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, dada su historia, la Unión Europea tiene la obligación imperativa de ser un agente y un mediador fiable y no violento a nivel mundial que busque únicamente soluciones civiles y pacíficas a los conflictos y, en sus relaciones internacionales, de ser promotora de la erradicación de la pobreza a través del desarrollo sostenible, y del control de armas y el desarme, favorecedora de las relaciones económicas equilibradas, el comercio justo y la distribución equitativa de la riqueza y los recursos mundiales para asegurar la estabilidad y la prosperidad en la UE y en el mundo;
B. Considerando que el poder militar desarrollado por la UE (especialmente desde la Declaración de Saint Malo de 1998, la formulación de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en 2003 y tras el comienzo de la aplicación del Tratado de Lisboa) no se considera sólo un activo de último recurso que se pone de relieve en circunstancias excepcionales, sino más bien un instrumento útil para una amplia gama de funciones de «seguridad silenciosa» que trascienden la defensa y que incluyen la inteligencia, el reconocimiento, la vigilancia masiva, la disuasión y el uso del espacio con fines militares;
C. Considerando que laboratorios internacionales de ideas (como los que impulsan European Global Strategy[3]) y la propia Vicepresidenta / Alta Representante abogan por un ámbito geográfico para la acción de la PCSD equivalente a un imperio europeo neocolonial, dado que abogan por que: «Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad y la de su entorno [...]. La Unión debe poder actuar con decisión a través de la PCSD como proveedor de seguridad, en asociación cuando sea posible aunque autónomamente cuando sea necesario, en su entorno, también mediante la intervención directa. La autonomía estratégica debe materializarse en primer lugar en el entorno de la UE [...] Cada vez está también más afectado «el entorno del entorno», por ejemplo, en el Sahel o en el Cuerno de África, dos regiones en las que la Unión está desplegando cinco misiones de gestión de crisis»[4];
D. Considerando que, según la Estrategia Europea de Seguridad, los retos de seguridad que afronta la UE pueden desencadenar reacciones militares que no se limitan a amenazas estrictamente militares, sino que comprenden incluso ámbitos como la seguridad energética, los flujos migratorios y el cambio climático;
E. Considerando que la crisis económica y social actual se ha visto seriamente agravada por la estructura y las políticas económicas de la Unión Monetaria europea y por las políticas neoliberales de la Unión Europea de promover la desregulación de los mercados financieros, la liberalización de los mercados de productos y servicios, el aumento de la financialización de la economía, y medidas de reducción de la inversión pública y de aumento de la desregulación del mercado de trabajo;
F. Considerando que estas políticas han contribuido en extremo al aumento del desempleo en general, y del desempleo juvenil en particular, generando más exclusión social y pobreza y, por tanto, conduciendo a un grave retroceso social;
G. Considerando que los mecanismos de transmisión monetaria siguen estando muy distorsionados y que la política de tipos de interés ultrabajos del Banco Central Europeo (BCE) solo ha servido para alimentar la especulación en los mercados financieros; considerando que los préstamos a la economía real siguen siendo moderados y que existen presiones deflacionarias en el horizonte;
H. Considerando que los bancos «zombis» siguen funcionando en toda la UE y se interponen en el camino de cualquier recuperación económica;
I. Considerando que el proyecto de Unión Bancaria no cambiará el funcionamiento de los mercados financieros ni de sus participantes; que, para conseguir una recuperación económica sostenible y socialmente equilibrada, se necesitan con urgencia cambios significativos de las estructuras bancarias;
J. Considerando que el vínculo entre las crisis financiera y de deuda soberana sigue existiendo, y que los bancos siguen obteniendo pingües beneficios a costa de los trabajadores de a pie;
K. Considerando que algunos Estados miembros hacen permanente caso omiso de los desequilibrios macroeconómicos evidentes existentes en la UE, que ya reconoce hasta la propia Comisión, y prosiguen sus políticas deflacionarias de salarios y del mercado de trabajo, que perjudican a las personas más vulnerables en Europa; que, especialmente en Alemania, el salario mínimo propuesto es un mero ejercicio cosmético más que una verdadera solución al problema;
L. Considerando que la UE, el BCE y el FMI (la troika) se han equivocado, tanto política como económicamente, en su respuesta a la crisis económica; que, a pesar de las previsiones, la situación económica sigue empeorando, lo que conduce a un círculo vicioso generalizado de recesión, pobreza, exclusión social y desempleo;
M. Considerando que las estructuras democráticas, incluido el funcionamiento de los Parlamentos nacionales, se han visto gravemente perturbadas debido a las políticas de «disciplina de mercado» y de austeridad impuestas por la UE, la troika y los Gobiernos de los Estados miembros; que las instituciones de gestión de crisis (la troika) y los mecanismos europeos de financiación (incluidos el Mecanismo Europeo de Estabilidad y la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera) no están sujetos a control democrático;
N. Considerando que las nuevas propuestas de la Comisión sobre la coordinación ex ante de las reformas de la política económica y sobre la introducción de un instrumento de convergencia y competitividad agudizan las políticas económicas neoliberales y tienen por objeto seguir limitando las opciones de los Estados miembros en esta materia, ya que reducen notablemente el margen de acción y las políticas alternativas;
O. Considerando que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el informe conexo sobre el mecanismo de alerta siguen equivocándose de remedio partiendo de supuestos cuestionables;
P. Considerando que las últimas tragedias acaecidas en aguas de Lampedusa han provocado la muerte de cuatrocientos migrantes y la desaparición de muchos más;
Q. Considerando que, según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 1993 han fallecido en el mar al menos 20 000 personas, señalando una vez más la necesidad de hacer todo lo posible por salvar las vidas de las personas en peligro y de que los Estados miembros cumplan sus obligaciones internacionales en materia de salvamento marítimo;
La Política Común de Seguridad y Defensa
1. Exige un compromiso claro con una política exterior civil estricta, y su ejecución, con la inclusión como objetivos prioritarios de la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la ejecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el control de las armas, el régimen del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, el desarme nuclear y convencional completo, la resolución pacífica de conflictos, el fomento de unas relaciones económicas equilibradas, el comercio justo y la distribución equitativa de los recursos mundiales y de la riqueza para garantizar la estabilidad y la prosperidad en la UE y en el mundo;
2. Denuncia la militarización de la UE, su completa vinculación a la OTAN, la formación de una unión militar y la ambición de autonomía militar por medio del aumento de la inversión en armamento y capacidades, a fin de asegurar los intereses económicos y geoestratégicos y los proyectos expansionistas de la UE y de las grandes capitales europeas y los principales Estados miembros;
3. Lamenta la falta de voluntad política por fomentar la resolución civil de conflictos, centrándose en cambio en la defensa de la UE, la intervención, la militarización y la vigilancia; denuncia, en este sentido, el énfasis puesto en los puntos esenciales siguientes, que han venido siendo objeto de atención en el informe anual de la PCSD y en otros informes afines del Parlamento Europeo:
• el chantaje que supone la afirmación de que los recortes en defensa implican un riesgo para la seguridad europea, asegurando que estaría limitada y controlada por potencias terceras;
• la exigencia de crear un mercado único de defensa; la cooperación, el uso compartido y la puesta en común en materia de armamento; la exigencia global de ampliar la investigación militar y de seguridad, en particular para las misiones de la PCSD; y el aumento de la inversión en investigación civil para uso militar, especialmente a través de Horizonte 2020;
• el reforzamiento del sector militar y de defensa de la UE, la promoción de la cooperación civil-militar y, a través de la base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE), el desarrollo y el fortalecimiento de un complejo industrial militar (CIM);
• el aumento del recurso a la ayuda al desarrollo (Fondo Europeo de Desarrollo) para financiar las operaciones y misiones de seguridad/PCSD, y la subordinación a la PCDS de políticas como la comercial y la política de desarrollo;
• la cooperación estructurada permanente vinculante como base para un «régimen y una garantía de seguridad del suministro a escala de la UE»;
• el llamamiento a que la UE financie operaciones militares (fondos de lanzamiento de empresas) y la necesidad de incrementar el mecanismo ATHENA;
• el apoyo a una Agencia Europea de Defensa (AED) y a un cuartel general de la UE fuertes que cuenten con soporte de inteligencia no sometido a control democrático parlamentario ni público, para establecer de forma centralizada el equipamiento y las capacidades de política militar de la UE;
• el llamamiento por el empleo de grupos de combate y la demanda de fuerzas militares de intervención rápida por tierra, aire, navales y especiales y un alto nivel de ambición: en esencia, un ejército de la UE;
4. Pide que los fondos de los presupuestos nacionales y europeos de defensa militar se reorienten para que se satisfagan las necesidades sociales y económicas de las personas, especialmente en épocas de crisis, se ponga fin a la austeridad, se invierta en el desarrollo y la industria civil, y se cree empleo;
5. Recalca que la inversión en asuntos militares supone una pesada losa para la economía y constituye una forma muy poco eficaz de crear empleo; pide, por tanto, que los fondos de los presupuestos nacionales y europeos de defensa militar se reorienten para que se satisfagan las necesidades sociales y económicas de los ciudadanos, especialmente en épocas de crisis, se ponga fin a la austeridad, se invierta en el desarrollo y la industria civil, y se cree empleo;
La Unión Bancaria
6. Reitera su llamamiento a favor de un sector bancario público fuerte y de un control público férreo del sector financiero, así como de su reducción, de modo que deje de suponer una amenaza para la sociedad y, en última instancia, satisfaga las necesidades de la economía real;
7. Condena firmemente las prácticas fraudulentas que han aplicado algunas entidades financieras y exige que los Gobiernos de los Estados miembros obliguen a los bancos a trabajar en pro de todos los ciudadanos en lugar de buscar el máximo beneficio de unos pocos accionistas;
8. Considera que las propuestas de la Unión Bancaria son completamente deficientes en cuanto a la resolución de los hondos problemas del sector financiero; pide al Consejo Europeo que revise en profundidad su orientación política en relación con el sector financiero;
9. Expresa su grave preocupación por la política del BCE, que, hasta el momento sólo ha estado al servicio de los intereses del sector financiero y de los participantes en los mercados de capitales, y no de los ciudadanos de a pie; pide al Consejo Europeo que entable debates maduros sobre la reforma del BCE, al objeto de que por fin pueda servir a los ciudadanos europeos y no a los mercados financieros;
Profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
10. Expresa su convencimiento de que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, así como los interlocutores sociales y la sociedad civil, deben desempeñar un papel fundamental en todas las cuestiones relacionadas con la elaboración de políticas económicas;
11. Recuerda que los niveles de deuda han aumentado en la UE, pasando del 18 % en 2008 al 25 % en 2012, al tiempo que los ricos han seguido incrementando su fortuna; condena la política de austeridad de la UE y exige al Consejo Europeo que dé marcha atrás; considera que los instrumentos actuales de coordinación de las políticas económicas son completamente inadecuados para resolver la crisis y transformar a los Estados miembros de la UE en sociedades democráticas e integradoras en beneficio de todos los ciudadanos;
12. Condena la lógica de «el palo y la zanahoria» que, disfrazada de mecanismo de solidaridad, está implícita en el llamado «instrumento de convergencia y competitividad», cuyo único objetivo es que los ciudadanos acepten, a cambio de dinero, medidas económicas erróneas encaminadas a debilitar a los trabajadores y los derechos sociales y que abrirán aún más la brecha entre ricos y pobres; rechaza toda forma de acuerdos contractuales que sigan limitando las opciones de política económica alternativas y progresistas a disposición de los Estados miembros;
13. Exige la anulación de los llamados «memorandos de acuerdo» entre los Estados miembros y la troika, así como de las medidas que emanan de dichos memorandos; exige asimismo la disolución de la troika; tiene la firme convicción de que los Estados miembros han de revisar y renegociar su deuda pública;
14. Exige que no se endosen de nuevo a los ciudadanos las deudas de los bancos e insiste en que no se rescate a más bancos con fondos públicos y que las futuras intervenciones del MEDE estén plenamente sujetas a control democrático; destaca que deben reducirse los bancos «zombis» y que la financiación de la economía real debe asegurarse mediante un banco público con pleno acceso a las operaciones de financiación del BCE;
El empleo y los aspectos sociales de la UEM
15. Pide que se rompa con la promoción de las reformas estructurales neoliberales del mercado de trabajo y que se elabore una estrategia europea de empleo basada en el concepto de «buen trabajo» y en el Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo, dedicando una atención especial a la creación de empleos de calidad y sostenibles, suprimiendo gradualmente modalidades de empleo precario, aboliendo los programas de trabajo a cambio de prestaciones sociales, promoviendo la calidad en el trabajo, mejorando la seguridad social, consolidando los derechos de los trabajadores, promoviendo la reducción de los horarios de trabajo colectivos sin pérdida de salario y conciliando la vida profesional y la vida privada;
16. Cree que deben introducirse reformas estructurales del mercado laboral con el objeto de crear un mercado laboral inclusivo que promueva la calidad del trabajo, mejore los niveles de educación, amplíe los programas de formación y mejore la igualdad de género y la integración de las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores jóvenes y de edad avanzada y otros grupos desfavorecidos en el mercado laboral;
17. Pide a la UE y a los Estados miembros que fomenten la reducción general del tiempo de trabajo sin pérdida de ingresos para los trabajadores, así como la creación de puestos de trabajo adicionales con el fin de evitar un aumento de la carga de trabajo, acompañando estas medidas, en su caso, con una reducción de las ayudas a las empresas a lo largo de un período transitorio en las fases de paralización económica;
18. Afirma que no puede lograrse una Unión Europea para todos los ciudadanos exclusivamente a través de la Unión Económica y Monetaria, sino que se necesita también una unión social;
El Grupo Especial para el Mediterráneo
19. Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013, sobre el trabajo del Grupo Especial para el Mediterráneo (COM(2013)0869) y lamenta la renovación del enfoque político de reforzar el control de las fronteras, que ha conducido a la Europa Fortaleza y causa tragedias en el mar; expresa su profunda preocupación por que las prioridades que ha establecido el Grupo para prevenir las muertes en el mar consistan sobre todo en seguir emprendiendo acciones en terceros países sin cumplir las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que asuman sus responsabilidades en la gestión de las tragedias en el mar;
20. Pide al Consejo Europeo, a los Estados miembros y a la Comisión que desistan de participar en toda cooperación en materia de control de las fronteras, intercambio de datos y gestión de flujos migratorios con terceros países que no cumpla íntegramente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derechos de los refugiados;
21. Saluda el estudio de otras posibilidades de entrada protegida a la UE como prioridad futura en el ámbito de los Asuntos de Interior, en particular en relación con una estrategia de visado humanitario y un proyecto piloto sobre la tramitación conjunta de solicitudes de protección; alerta, no obstante, de los riesgos que puede entrañar cualquier tramitación de solicitudes realizadas fuera del territorio de la UE, en particular en relación con las salvaguardas; destaca que la solidaridad de la UE tiene que verse respaldada por mecanismos concretos de distribución de responsabilidades para los refugiados y los solicitantes de asilo;
22. Opina que la UE debe seguir abriendo los canales de migración legal por trabajo y estudios, y permitir que los migrantes que buscan una vida mejor puedan trabajar en condiciones legales y seguras; estima que este enfoque asegurará que los migrantes puedan contribuir positivamente a nuestras sociedades y obtendrá una reducción considerable del número de víctimas del contrabando y la trata;
23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.
- [1] DO C 353 E de 3.12.2013, p. 16.
- [2] P7_TA(2013)0448.
- [3] European Global Strategy es un proceso dirigido por laboratorios de ideas concebido con el fin de estimular el debate sobre la dirección que las relaciones exteriores de la Unión Europea tomarán en el futuro: «La influencia mundial de la UE dependerá cada vez más de sus acciones en su entorno estratégico [...], la UE también debe estar preparada para emprender de forma autónoma todo el espectro de misiones civiles y militares en el entorno estratégico respetando el Derecho internacional, siempre y cuando sea necesario para proteger los intereses europeos vitales. Ello implica la capacidad de proyectar capacidades civiles y militares». 2013, página 11.
- [4] Discurso de Catherine Ashton, Vicepresidenta/Alta Representante y responsable del SEAE en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa (AED) en Bruselas el 21 de marzo de 2013, páginas 2 y 5.