Propuesta de resolución - B7-0190/2014Propuesta de resolución
B7-0190/2014

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Irak

19.2.2014 - (2014/2565(RSP))

tras la declaración de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa, Pino Arlacchi en nombre del Grupo S&D

Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0188/2014

Procedimiento : 2014/2565(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
B7-0190/2014
Textos presentados :
B7-0190/2014
Debates :
Textos aprobados :

B7‑0190/2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Irak

(2014/2565(RSP))

El Parlamento Europeo,

–       Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irak, en particular la de 10 de octubre de 2013 sobre los recientes actos de violencia en Irak[1],

–       Vistos el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra parte, y su Resolución, de 17 de enero de 2013, sobre el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE e Irak[2],

–       Visto el documento estratégico conjunto para Irak (2011-2013) de la Comisión Europea,

–       Visto el Informe sobre los derechos humanos en Irak: enero a junio de 2012, presentado conjuntamente por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 19 de diciembre de 2012,

–       Vistos los datos de las Naciones Unidas sobre el número de víctimas registradas en septiembre de 2013, publicados el 1 de octubre de 2013,

–       Vista la Declaración de 1981 de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del que Irak es parte,

–       Vista la declaración, de 5 de septiembre de 2013, de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, sobre los recientes actos de violencia en Irak,

–       Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que Irak sigue enfrentándose a difíciles retos políticos, de seguridad y socioeconómicos, y que su escenario político está extremadamente fragmentado y azotado por la violencia y la política sectaria, lo que menoscaba seriamente las legítimas aspiraciones del pueblo iraquí a la paz, la prosperidad y una verdadera transición a la democracia;

B.     Considerando que el año 2013 presenció el mayor número de asesinatos en Irak desde 2008, cuando la violencia sectaria llegó a su punto álgido; considerando que las zonas más afectadas por la violencia son Bagdad, Nínive, Diyala, Saladino y Anbar; considerando que, en el norte del país, la comunidad kurda ha logrado crear su propia región autónoma;

C.     Considerando que, desde la retirada de las tropas estadounidenses, han comenzado a reorganizarse los grupos afines a Al Qaeda, y que el número de ataques terroristas —en su mayoría dirigidos contra objetivos chiíes y gubernamentales— ha vuelto a aumentar;

D.     Considerando que la militancia de las organizaciones suníes siguió aumentando a raíz del inicio del conflicto en Siria, donde Jabhat al-Nusra, con base de operaciones en Siria, y el Estado Islámico de Irak y Sham (ISIS), dominado por los iraquíes, se han hecho con puntos de apoyo territoriales;

E.     Considerando que el Gobierno de Nuri Al Maliki no ha sido capaz de responder de forma adecuada a las preocupaciones de la minoría suní; que la política desbaasificadora aplicada de conformidad con la Ley de Justicia y Responsabilidad ha dado lugar al despido de funcionarios suníes en su mayoría, lo cual ha reforzado la percepción del sectarismo del Gobierno; y que conviene que se respeten los derechos de todas las minorías, incluida la cristiana;

F.     Considerando que, como reacción a la creciente percepción de marginación, los árabes suníes iniciaron un movimiento pacífico de protesta a finales de 2012; que el 30 de diciembre de 2013, el Gobierno de Al Maliki decidió desmantelar por la fuerza un campamento de protesta que se había instalado en Ramadi durante más de un año; considerando que esta decisión precipitó la confrontación violenta en la provincia de Anbar; y que, en consecuencia, Faluya y otras ciudades de la provincia de Anbar han presenciado luchas entre las fuerzas gubernamentales y militantes de Al Quaeda desde diciembre de 2013;

G.     Considerando que los graves problemas sociales y económicos, como la pobreza generalizada, la elevada tasa de desempleo, el estancamiento económico, la degradación del medio ambiente y la inexistencia de servicios públicos básicos, siguen afectando a una gran parte de la población;

H.     Considerando que la violencia y los sabotajes han obstaculizado los esfuerzos por reactivar una economía destrozada por décadas de conflictos y sanciones; y que las reservas iraquíes de petróleo crudo son las terceras del mundo en importancia, pero que los ataques, la corrupción y el contrabando han paralizado las exportaciones;

I.      Considerando que la Constitución iraquí garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, así como los derechos administrativos, políticos, culturales y educativos de las distintas nacionalidades;

J.      Considerando que el Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak, y, en particular, su cláusula de derechos humanos, hace hincapié en que el diálogo político UE-Irak debe centrarse en los derechos humanos y en el refuerzo de las instituciones democráticas;

1.      Condena firmemente los recientes atentados terroristas y la creciente violencia sectaria, que pueden hacer que el país recaiga en los conflictos sectarios y suscitan temor ante una posible generalización de los conflictos sectarios en la región; señala que, si bien la violencia se manifiesta de forma sectaria, sus causas son más políticas que religiosas;

2.      Pide al Gobierno iraquí que se esfuerce al máximo por poner fin a la escalada de violencia a corto plazo, negociando treguas locales en las provincias más afectadas por la violencia, como Anbar, con miras a dar prioridad, conjuntamente con las fuerzas tribales locales, a la lucha contra Isis y Al Quaeda;

3.      Pide al Gobierno iraquí que aborde los asuntos pendientes desde hace tiempo que contribuyen a la inestabilidad del país, entre ellos las preocupaciones legítimas de la minoría suní, entablando un diálogo nacional integrador sobre la reforma de la Ley de Justicia y Responsabilidad, absteniéndose de realizar declaraciones sectarias incendiarias y aplicando medidas orientadas a la reconciliación nacional;

4.      Pide al Gobierno iraquí que se esfuerce al máximo por dejar a Irak al margen de la guerra civil siria absteniéndose de apoyar a ninguna de las partes en el conflicto e impidiendo que los combatientes, tanto suníes como chiitas, atraviesen la frontera y se adentren en territorio sirio, sobre todo a través de la cooperación con las fuerzas locales de la provincia de Anbar;

5.      Condena la violencia y la incitación a la lucha armada como medio de hacer valer los derechos de la minoría suní; rechaza los llamamientos en favor de la creación de una región federal suní en Irak, con miras a solucionar el actual conflicto, ya que esto probablemente propicie un aumento del sectarismo y de la violencia;

6.      Pide al Gobierno iraquí y a todos los dirigentes políticos que adopten las medidas necesarias para ofrecer seguridad y protección a todas las personas en Irak, y en particular a los miembros de minorías vulnerables; pide al Gobierno iraquí que vele por que las fuerzas de seguridad respeten el Estado de Derecho y las normas internacionales; pide al Gobierno iraquí que reforme las fuerzas de seguridad de forma integradora, de tal modo que estén representados todos los grupos étnicos y religiosos;

7.      Pide a la comunidad internacional y a la UE que apoyen al Gobierno iraquí promoviendo iniciativas de diálogo nacional, consolidación del Estado de Derecho y prestación de servicios básicos, con objeto de crear un Irak seguro, estable, unificado, próspero y democrático, en el que se protejan los derechos humanos y políticos de todas las personas;

8.      Pide a las autoridades iraquíes que, habida cuenta de que la situación de la seguridad ha agravado los problemas para los grupos más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes y los defensores de los derechos fundamentales, adopten medidas urgentes para destinar más recursos a los programas concebidos para mejorar la situación;

9.      Pide a las autoridades iraquíes que presten su apoyo a las ONG involucradas en la defensa de los derechos humanos;

10.    Opina que el asociar a Irán en una lucha conjunta contra los grupos suníes extremistas como ISIS y Al Quaeda podría entrañar unos beneficios estratégicos a la hora de estabilizar Irak; opina, además, que, dada la interdependencia política y confesional de los conflictos regionales, debe asociarse a Irán como actor regional a los esfuerzos por estabilizar toda la región de Oriente Próximo, en particular mediante su participación en las conversaciones de Ginebra sobre Siria;

11.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Consejo de Representantes de Irak, al Gobierno regional del Kurdistán, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.