PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre Irak
19.2.2014 - (2014/2565(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en nombre del Grupo Verts/ALE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0188/2014
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irak, en particular su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre los recientes actos de violencia en Irak[1],
– Vistos el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra, y la primera reunión del Consejo de Cooperación UE-Irak celebrada el 20 de enero de 2014,
– Vista la declaración local de la UE sobre Irak realizada el 10 de diciembre de 2013 con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Irak, en particular, las del 10 de febrero de 2014,
– Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, sobre Irak, en particular las de 5 de febrero de 2014, 16 de enero de 2014 y 18 de diciembre de 2013,
– Vista la Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre Irak, de 10 de enero de 2014,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Irak,
– Vista la declaración del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre Irak,
– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, casi once años después de la invasión de Irak por la «Coalición de voluntarios», el país se enfrenta ahora a la peor ola de violencia desde 2008, y que, al parecer, más de mil personas han sido asesinadas solo en un mes, la violencia sectaria entre la mayoría chií y los suníes y las minorías más pequeñas va en aumento, y la paz, la igualdad, la democracia y la prosperidad cada día están más lejos;
B. Considerando que el origen de muchas de las actuales divisiones de Irak se remonta a la decisión de las autoridades de ocupación después de 2003 de suprimir el ejército iraquí y purgar la burocracia gubernamental, creando así un vacío que fue rápidamente ocupado por partidos y milicias sectarios;
C. Considerando que el Gobierno de al Maliki, de mayoría chií, ha marginalizado sistemáticamente a la minoría suní y a su representación política, se ha apoderado de los servicios de seguridad, permitiéndoles actuar con impunidad, ha sometido a sus opositores políticos a actos de intimidación y a arrestos, ha reprimido violentamente las manifestaciones masivas y sigue aumentando el número de ejecuciones; que, en particular, el desmantelamiento, durante todo un año, del campo de protesta de Ramadi por parte del Gobierno el 30 de octubre de 2013 ha contribuido considerablemente a aumentar las tensiones, ya de por sí exacerbadas;
D. Considerando que Irak sufre en la actualidad una intensa presión demográfica debido al crecimiento de la población y al desplazamiento interno, al mayor nivel de corrupción de Oriente Próximo y a una economía que no ha sido capaz de transformar la riqueza derivada del petróleo en crecimiento económico, unos importantes niveles de empleo y una renta per capita adecuada, y que el tejido social del país, en particular en lo que se refiere a los logros conseguidos en el pasado en relación con la igualdad de género, se ha visto gravemente alterado;
E. Considerando que la población sigue padeciendo las consecuencias de las grandes cantidades de uranio empobrecido utilizadas en municiones durante la invasión por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido, con un aumento extraordinario de los casos de cáncer y de malformaciones;
F. Considerando que la guerra civil que se registra actualmente en Siria se está propagando a Irak, y que miles de militantes, en particular militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) vinculados a Al Qaeda, están extendiendo sus actividades a territorio iraquí;
G. Considerando que, a principios de 2014, el ISIL se apoderó de zonas clave de Ramadi y Faluya, las principales ciudades de la provincia de Anbar, en su mayoría de población suní; que más de 60 000 familias han huido durante los posteriores combates entre el ISIL y las fuerzas gubernamentales, con una estimación aproximada de las Naciones unidas de seis personas por familia, lo que representa más de 370 000 personas, y que, según el informe de las Naciones Unidas, el 85 % de la población de Faluya ha sido desplazado;
H. Considerando que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se trata del mayor desplazamiento que se ha registrado en Irak desde la violencia sectaria que se produjo entre 2006 y 2008, y que esta cifra se añade a los 1,13 millones de personas que se encuentran ya internamente desplazadas en Irak, la mayoría de las cuales residen en las provincias de Bagdad, Diyala y Nínive; que, además, muchos civiles no pueden abandonar las zonas afectadas por el conflicto, donde empiezan a escasear los alimentos y el combustible;
I. Considerando que siguen produciéndose sin descanso ataques mortíferos con bombas en todo el país, como por ejemplo el ataque perpetrado el 5 de febrero de 2014 contra el Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí, y que afectó principalmente a vecindarios chiíes, mientras que varias fugas de prisiones están aumentando el número de combatientes que se suman a las filas de grupos de militantes extremistas;
J. Considerando que sigue sin haber acuerdo entre el Gobierno federal de Irak y el Gobierno regional del Kurdistán sobre la manera de compartir el uso de los recursos minerales de Irak, con un nuevo oleoducto que se espera que transporte dos millones de barriles de petróleo al mes del Kurdistán a Turquía, y que el Gobierno central está preparando una acción legal contra la provincia;
K. Considerando que el 16 de enero de 2014 el Primer Ministro al Maliki pidió a los Estados Unidos nuevas armas y formación, y que se está llevando a cabo una campaña de dotación masiva de armamento a Irak, en la que están en juego ventas por valor de miles de millones de dólares en equipamiento militar por parte de los Estados Unidos, Rusia, Irán y, probablemente, otros países;
L. Considerando que el Gobierno ha empezado a reclutar a miles de voluntarios de tribus suníes para luchar contra los militantes yihadistas extremistas en la provincia de Anbar;
M. Considerando que en noviembre de 2013 se aprobaron enmiendas a la ley electoral iraquí, allanando así el camino para las elecciones generales que está previsto que se celebren el 30 de abril;
1. Manifiesta su profunda preocupación por el deterioro de la situación de la seguridad en Irak, los nuevos suministros masivos de armas a una región en crisis y el aumento del peligro de que el país pueda entrar en una guerra civil abierta;
2. Reitera su enérgica condena a la invasión de Irak en 2003 y a las consecuencias de la misma, en particular la quiebra del Estado de Derecho, la escalada del extremismo religioso y un nivel excepcional de corrupción en el país; señala que este ataque violó el Derecho internacional;
3. Pide a todos los Estados miembros que ratifiquen sin demora las Enmiendas de Kampala de 2010 al Estatuto del Tribunal Penal Internacional sobre el «crimen de agresión» con el fin de allanar el camino hacia la condena de las guerras de agresión en el futuro;
4. Destaca la importancia primordial de continuar con el diálogo y la unidad nacionales, un proceso político inclusivo y el derecho a la protesta pacífica tal y como se garantiza en la Constitución iraquí;
5. Destaca la importancia de las próximas elecciones para la continuación de la transición democrática de Irak, y pide a todas las partes que velen por que las elecciones sean inclusivas, transparentes y creíbles, y por que se celebren a tiempo; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que ayude al Gobierno iraquí en la mayor medida de lo posible con los preparativos de orden práctico;
6. Se felicita de los nuevos esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno para aumentar el diálogo y la cooperación entre las tribus iraquíes, los líderes locales y las fuerzas de seguridad iraquíes en la provincia de Anbar con objeto de combatir la violencia y el terror;
7. Destaca, no obstante, que los años de discriminación, el abandono del Gobierno y el escaso acceso a los puestos de trabajo en la función pública han creado un resentimiento y una desconfianza que se encuentran enraizados entre la población suní, y señala asimismo la necesidad de un cambio radical en la política a largo plazo;
8. Pide al SEAE y a la Comisión que hagan todo lo que esté en su mano para ayudar al Gobierno iraquí y a la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) a proteger a las poblaciones civiles de Faluya y otras zonas, con el fin de garantizar el paso seguro de los civiles que se han quedado atrapados en zonas de conflicto y el retorno seguro de las personas desplazadas internamente, según lo permitan las condiciones;
9. Critica con dureza la reciente oleada de ejecuciones, que se cuentan por docenas, y los cientos de casos adicionales de pena capital a la espera de confirmación por la Presidencia, que son a menudo el resultado de condenas tras unos juicios flagrantemente injustos por cargos de terrorismo en virtud de la draconiana Ley Antiterrorista de 2005; reitera su urgente llamamiento a la Presidencia para que se abstenga de confirmar las penas de muerte, y al Gobierno para que introduzca una moratoria a todas las nuevas ejecuciones;
10. Considera que la reforma de un sistema judicial plagado de irregularidades, en el que la tortura y la corrupción son moneda corriente, es de suma importancia para restablecer el sentimiento de seguridad entre los ciudadanos, y que debe incluir la revisión de la Ley Antiterrorista, que proporciona muchas menos garantías a los sospechosos y detenidos que el Código de enjuiciamiento criminal, y pide que se ponga fin a la impunidad, en particular en el caso de las fuerzas de seguridad pública;
11. Condena el uso de uranio empobrecido durante la guerra, en particular por parte de Estados miembros, y pide a la UE que desarrolle una posición común de la UE en favor de la prohibición del uso de municiones de uranio empobrecido y que preste apoyo para el tratamiento de las víctimas y los posibles esfuerzos para desintoxicar las zonas afectadas;
12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente de la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Presidentes de los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Consejo de Representantes de la República de Iraq.
- [1] Textos Aprobados, P7_TA(2013)0424.