Propuesta de resolución - B8-0055/2014Propuesta de resolución
B8-0055/2014

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre el empleo juvenil

15.7.2014 - (2014/2713(RSP))

tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo en nombre del Grupo GUE/NGL

Procedimiento : 2014/2713(RSP)
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B8-0055/2014
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B8-0055/2014
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B8‑0055/2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre el empleo juvenil

(2014/2713(RSP))

El Parlamento Europeo,

–       Vista la Resolución del Consejo, de 20 de mayo de 2014, relativa al diálogo estructurado y la inclusión social de los jóvenes,

–       Visto el Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el fomento del empleo de los jóvenes con el fin de lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, adoptadas en Luxemburgo el 17 de junio de 2011,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012 sobre el Pacto por el Crecimiento y el Empleo, que subrayan la necesidad de luchar contra el creciente desempleo juvenil,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo sobre la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, de 7 de febrero de 2013,

–       Visto el acuerdo político alcanzado en el Consejo, de 28 de febrero de 2013, relativo a una recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil,

–       Vista la contribución conjunta de los Gobiernos de Francia y Alemania, de 30 de mayo de 2013, como preparación para la reunión del Consejo de los días 27 y 28 de junio de 2013 denominada «Francia y Alemania — Juntas por una Europa de estabilidad y crecimiento más fuerte»,

–       Vistas la Comunicación de la Comisión, de 29 de mayo de 2013, titulada «Semestre Europeo 2013: recomendaciones específicas por país – Sacar a Europa de la crisis» (COM(2013)350) y las recomendaciones propuestas,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que hay 25,1 millones de desempleados, que el 22,8 % de los jóvenes de la UE están desempleados (algunos Estados miembros tienen una tasa de desempleo juvenil superior a la media europea, a saber, Grecia (57,7 %), España (54 %), Italia (43 %), Chipre (36 %) y Portugal (34,8 %)), que 8,3 millones de jóvenes de menos de 25 años no ejercen ninguna actividad, que el 19 % de los niños sufren la amenaza de la pobreza, que el 8 % de la población sufre de privación material grave, que el 15 % de los niños abandonan la escuela antes de llegar a la enseñanza secundaria, que el 24,2 % de la población corre el riesgo de vivir en la pobreza, que los trabajadores pobres representan un tercio de los adultos en edad de trabajar amenazados por la pobreza, y que cada noche duermen en la calle en la UE 410 000 personas;

B.     Considerando que, en 2013, el 13 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años y el 21 % de los jóvenes de entre 25 y 29 años ni estudiaban, ni trabajaban, ni seguían una formación («NiNi»); que la pérdida económica debida a este elevado número de NiNi se estimó en 153 000 millones EUR, lo que corresponde al 1,2 % del PIB de la UE[1];

C.     Considerando que las tasas de desempleo juvenil van desde menos del 5 % en algunas regiones hasta más del 60 % en otras, lo que evidencia un alto nivel de disparidad entre las regiones europeas; que el desempleo juvenil afecta especialmente a las regiones ultraperiféricas, ya que la lejanía y la insularidad agravan la situación;

D.     Considerando que la crisis de la UE y la malhadada combinación de políticas de austeridad y de reformas estructurales neoliberales han contribuido a un nivel históricamente bajo de inversión privada en la economía, al reducirse el poder adquisitivo de la población, deprimirse la demanda interna y aumentar las desigualdades de renta y la pobreza, tal como se ha visto trágicamente en los países que se encuentran bajo la tutela de la troika;

E.     Considerando que la desregulación de los mercados de trabajo de las pasadas décadas ha dejado a la mayoría de los jóvenes con un acceso al empleo limitado esencialmente a contratos de duración determinada, empleos a tiempo parcial, prácticas no remuneradas y modalidades de empleo precario por lo general, a pesar de todas las expectativas precedentes de que el «envejecimiento demográfico» les facilitaría el acceso al empleo permanente a tiempo completo con una remuneración digna, derechos y protección social;

F.     Considerando que las «reformas» de los sistemas de educación, como las inducidas por el proceso de Bolonia, y las políticas de austeridad impuestas en varios Estados miembros han anulado muchos de los pasos dados hacia un sistema educativo más accesible; considerando, por consiguiente, que urge cada vez más contar con un sistema educativo de propiedad pública, dirigido democráticamente, accesible para todos y gratuito para los usuarios para proporcionar a los jóvenes, en particular a los más vulnerables, una educación de buena calidad y accesible;

G.     Considerando que el desempleo juvenil es un factor que contribuye en una medida importante al acusado aumento de la emigración de jóvenes procedentes de varios Estados miembros, principalmente de los países «sujetos a un programa» y otros, como España e Italia, hacia Estados miembros más ricos; remitiendo, en este contexto, a un estudio del Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda (NYCI)[2], que muestra que el 70 % de los jóvenes interrogados prevé emigrar en el curso de los doce meses siguientes; considerando que esta emigración masiva —a menudo de jóvenes con titulación universitaria— ha privado a estos países de una capa importante de su población más dinámica y tiene un efecto devastador para las comunidades locales y sus perspectivas futuras de desarrollo económico y social sostenible;

H.     Considerando que la austeridad, las restricciones presupuestarias y las «reformas estructurales» neoliberales propugnadas por la Comisión y el Consejo en el marco del Semestre Europeo desde 2010 y practicadas por la mayoría de los Estados miembros —en particular por los que están bajo la tutela de la troika Comisión/BCE/FMI, los denominados «países sujetos a un programa», y otros, como España e Italia— han aumentado las presiones deflacionistas sobre una economía de la UE frágil y estancada en términos generales, han deprimido los salarios, la demanda interna y los ingresos fiscales, han desmantelado los «estabilizadores automáticos» como los sistemas de protección social y la inversión pública, empujando así a la mayor parte de las economías de la UE a una crisis y un estancamiento prolongados, haciendo trizas todas las afirmaciones anteriores de que con este enfoque no solo se reducirían los déficits presupuestarios del momento, sino que, sobre todo, se rebajaría sustancialmente la relación deuda pública/PIB y se alcanzaría la consolidación presupuestaria; subrayando la necesidad de rechazar toda la deuda execrable e insostenible;

I.      Considerando que el refuerzo de la UEM conllevará una profundización de las políticas actuales, que son responsables de la elevadísima tasa de desempleo en los Estados miembros de la zona del euro, en particular en los sujetos a los llamados «memorandos de acuerdo»;

J.      Considerando que esas políticas neoliberales han contribuido en gran medida al aumento del desempleo en general y del desempleo juvenil en particular, generando más exclusión social y más pobreza, con lo que han provocado una regresión social grave, una economía más debilitada y la desestabilización de la integración europea y la democracia;

K.     Considerando que, en una cumbre celebrada en junio de 2013, los Estados miembros acordaron desembolsar unos 8 000 millones EUR −más de los 6 000 millones EUR asignados inicialmente en febrero de ese mismo año− para luchar contra el desempleo juvenil, que la mayor parte de esa suma estará disponible durante un periodo de dos años a partir de 2014 y que el resto se liberará durante los siete años del siguiente presupuesto de la UE; que, durante la reunión del Consejo de la UE, un jefe de Estado de la UE admitió que la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, lanzada hace un año, había sido un fracaso hasta entonces;

L.     Considerando que la Conferencia sobre la juventud y el empleo prevista por la Presidencia de la UE se ha aplazado hasta finales de año, retrasando así la aplicación activa de los objetivos prioritarios anunciados de la Presidencia de turno;

1.      Condena que en la Resolución del Consejo, de 20 de mayo de 2014, relativa al diálogo estructurado y la inclusión social de los jóvenes no se reflejen los mensajes y aportaciones centrales de los jóvenes, como la necesidad de obtener empleo de calidad, un mejor acceso a las ayudas sociales, derechos sociales y solidaridad, y que la Resolución no contenga ningún compromiso con políticas concretas a favor de una mejor inclusión social de los jóvenes;

2.      Critica enérgicamente que las prioridades del Consejo, anunciadas el 27 de junio de 2014 como programa estratégico para la UE y la nueva Comisión, no incluyan medidas e inversiones específicas para contribuir a la creación de empleo de calidad para los jóvenes;

3.      Destaca que, dadas las consecuencias de la crisis para los jóvenes, los Estados miembros deben garantizar una supervisión regular y compromisos para mejorar la situación de los jóvenes; pide, en este contexto, a los Estados miembros que acometan la cuestión del desempleo juvenil en el transcurso de la próxima sesión informal del Consejo EPSCO, que tendrá lugar los días 17 y 18 de julio en Milán;

4.      Destaca que la UE y los Estados miembros deben imprimir un cambio radical a las políticas macroeconómicas, convirtiendo al sector público en la fuerza motriz de la recuperación económica, garantizando un empleo de gran calidad, los derechos de los trabajadores y una protección social digna a fin de dar un empuje rápido a la recuperación económica; pide el fin de las políticas de austeridad en todos los Estados miembros;

5.      Destaca que el refuerzo de la UEM conllevará una profundización de las políticas actuales, que son responsables de la elevadísima tasa de desempleo en los Estados miembros de la zona del euro, en particular en los sujetos a los llamados «memorandos de acuerdo»;

6.      Critica severamente el enfoque general adoptado por la Comisión en su Comunicación de 2014 sobre las recomendaciones específicas por país en el sentido de luchar contra el desempleo, por ejemplo, aumentando la flexibilidad de los mercados de trabajo y reduciendo los costes laborales comparativamente altos; señala que esas «reformas estructurales» neoliberales de los mercados de trabajo perseguidas por los Estados miembros han sido y son responsables del drástico incremento de las modalidades de empleo precario, los reducidos niveles de protección social y la expansión de sectores de bajos salarios que tanto deploran los informes sobre el empleo de la Comisión, evoluciones que afectan en particular muy negativamente a los jóvenes y sus perspectivas de empleo;

7.      Subraya que la UE debe promover el empleo juvenil y los puestos de trabajo compartidos mediante incentivos como una edad de jubilación anticipada o la reducción de la jornada laboral sin disminución de los sueldos, pensiones y derechos sociales;

8.      Hace hincapié en que debería haberse previsto que la Garantía Juvenil pudiera aplicarse a los jóvenes menores de 30 años tan pronto como se encuentren sin empleo; subraya que la financiación asignada a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil es muy inferior al volumen que se necesitaría para que tuviera un impacto real en el desempleo juvenil; remite, en este contexto, al estudio de la OIT titulado «Crisis del empleo en la Eurozona: Tendencias y políticas para afrontarla», que plantea la necesidad de inyectar 21 000 millones EUR para incidir en el nivel de desempleo juvenil;

9.      Destaca que la Iniciativa sobre Empleo Juvenil no debe impedir a los Estados miembros recurrir al Fondo Social Europeo para financiar proyectos más amplios relacionados con los jóvenes, en particular sobre la pobreza y la inclusión social; pide a la Comisión que supervise el uso de los fondos del FSE para proyectos relacionados con los jóvenes;

10.    Hace hincapié en que este programa debe contribuir a garantizar la conservación de los puestos de trabajo en las empresas que se benefician del mismo y la conversión de los contratos de prácticas en contratos permanentes; señala que el apoyo a las empresas debe ser temporal y conllevar contrapartidas claramente definidas, especialmente en lo que respecta a la conservación de los puestos de trabajo, el cumplimiento de las normas establecidas en las legislaciones nacionales y en los convenios laborales colectivos, y el respeto de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social;

11.    Recomienda que todos los Estados miembros incluyan en sus sistemas educativos una formación obligatoria sobre los derechos laborales y la salud en el trabajo;

12.    Insta a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a que aborden el problema del trabajo precario y regulen los acuerdos contractuales explorando las distintas opciones y atajando el problema de la polarización del mercado laboral, a que protejan a los jóvenes de la precariedad en el trabajo y a que favorezcan los contratos permanentes;

13.    Subraya que se debe acabar con la discriminación por razón de edad cuando se trata de acceder a las prestaciones sociales, incluido el acceso condicionado a prestaciones por desempleo;

14.    Hace hincapié en que la crisis y las políticas de austeridad han provocado un aumento de la emigración forzosa de jóvenes;

15.    Pide a los Estados miembros que garanticen estructuras de alta calidad para las prácticas, velando por que estén concebidas a la medida de las necesidades de los jóvenes e incluyan una remuneración digna, protección social, incluida una cotización adecuada para la futura jubilación, derechos laborales y sindicales y unas condiciones de trabajo que no socaven los empleos, los salarios y las condiciones de la mano de obra existente, que cuenten con apoyo financiero y supervisión obligatoria, y que estén sujetas a una norma común de calidad; solicita un incremento de los mecanismos de detección de los servicios de inspección del trabajo con objeto de limitar el recurso a becarios para sustituir a trabajadores normales y de salvaguardar las normas comunes de seguridad para protección en el trabajo;

16.    Insta a la UE y a los Estados miembros a que elaboren medidas destinadas a impedir la existencia de falsos trabajadores autónomos, por ejemplo, la posibilidad de sancionar y penalizar a las empresas que emplean a trabajadores autónomos que previamente formaban parte de la plantilla, o a las empresas sin personal propio que recurren a las empresas de trabajo temporal para contratar a personal;

17.    Pide a los Estados miembros que garanticen la asistencia a todos los desempleados que perciben ayudas a fin de determinar las necesidades concretas de cada trabajador en términos de formación, cualificación y, en su caso, reconversión profesional, en la fase de evaluación de las ofertas de empleo y en el periodo posterior a la aceptación del empleo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas y el grado de adaptación del trabajador;

18.    Pide a la Comisión y a agencias como Eurofound y Cedefob que analicen los sistemas existentes de formación profesional dual con el fin de facilitar esta información a otros Estados miembros que se interesan por esos sistemas de forma voluntaria, sin rebajar los niveles de educación vigentes;

19.    Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen la creación de puestos de trabajo con amplias inversiones públicas en desarrollo sostenible, especialmente en el sector social y en la sanidad pública, así como en las infraestructuras y la educación pública;

20.    Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la legislación destinada a impedir la discriminación de las mujeres; pide a los Estados miembros que garanticen por la ley la igualdad de acceso al primer empleo y la igualdad de condiciones en la formación profesional de las jóvenes, eliminando las condiciones discriminatorias, como el «techo de cristal», y promuevan medidas reales para lograr la emancipación de las jóvenes en lo tocante al empleo;

21.    Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que evalúen regularmente los resultados de los programas operativos de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y garanticen el acceso público a todas las bases de datos;

22.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.