Propuesta de resolución - B8-0111/2014Propuesta de resolución
B8-0111/2014

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Libia

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Ernest Maragall en nombre del Grupo Verts/ALE

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0111/2014

Procedimiento : 2014/2844(RSP)
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B8-0111/2014
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B8-0111/2014
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B8‑0111/2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Libia

(2014/2844(RSP))

El Parlamento Europeo,

–       Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre Libia, incluida la Resolución 2174 de 27 de agosto de 2014,

–       Vistas la sesión informativa del CSNU con la intervención del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y Jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), de 27 de agosto de 2014,

–       Visto el informe conjunto de la UNSMIL y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en la actual situación de violencia en Libia,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre Libia, incluidas las del 15 de agosto de 2014,

          Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Libia, en particular la de 10 de marzo de 2011, sobre los países vecinos meridionales y Libia en particular[1], y la de 15 de septiembre de 2011, sobre la situación en Libia,[2]

–       Vistas las recientes declaraciones sobre Libia de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton,

–       Vistas las declaraciones de los Jefes de Misión en Libia del EMUE sobre el asesinato de Salwa Bugaighis, de 27 de junio de 2014,

–       Vistas las declaraciones del Ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, de 9 de septiembre de 2014,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que desde el derrocamiento del régimen de Muammar Gaddafi por grupos rebeldes apoyados por fuerzas de la OTAN en 2011 Libia ha experimentado una dramática sucesión de crisis políticas, institucionales y de seguridad;

B.     Considerando que desde mediados de mayo se han producido intensos combates en la ciudad oriental de Benghazi y alrededores, a raíz de la operación armada lanzada por el general retirado Khalifa Haftar contra una coalición de milicias islamistas, incluido el grupo yihadista Ansar-al-Sharia, y otras fuerzas armadas;

C.     Considerando que el 13 de julio de 2014 se iniciaron las hostilidades por el control del aeropuerto internacional de Trípoli, entre milicias armadas de Zintan y sus aliados, por un lado, y la coalición «Amanecer Libio» integrada principalmente por milicias islamistas de Misrata, por otro; considerando que el 24 de agosto de 2014 las fuerzas de Amanecer Libio se apoderaron del aeropuerto de Trípoli, y desde esa fecha controlan la mayor parte de la ciudad, incluidos ministerios y sedes centrales de otras instituciones;

D.     Considerando que las elecciones de 25 de junio de 2014 se saldaron con la derrota de los hasta entonces hegemónicos partidos islamistas; que el nuevo parlamento, la Cámara de Representantes (CR), ha sustituido al anterior Congreso Nacional General (CNG), trasladándose desde Trípoli a la ciudad oriental de Tobruk por motivos de seguridad; que la CR ha pedido la intervención extranjera para poner fin a la situación de inseguridad;

E.     Considerando que fuerzas de la coalición Amanecer Libio han cuestionado el traslado de la CR, alegando la supuesta inconstitucionalidad de la transferencia de autoridad al nuevo parlamento; que el 25 de agosto de 2014 en Trípoli se convocó nuevamente al CNG, que eligió como Primer Ministro a Omar al-Hasi con el apoyo islamistas, pidiéndole la formación de un gobierno «de salvación nacional»;

F.     Considerando que la CR ha calificado de terroristas a los grupos que combaten bajo las denominaciones de Amanecer Libio y Ansar-al-Sharia ; que Amanecer Libio y sus aliados han acusado a la CR de estar controlada por partidarios del régimen de Gaddafi;

G.     Considerando las informaciones sobre aviones no identificados que habrían efectuado ataques aéreos contra facciones de Amanecer Libio en Trípoli; que diversas fuentes estadounidenses han responsabilizado a Egipto y a los Emiratos Árabes Unidos de estos ataques; que Egipto ha negado haber efectuado ataques aéreos o cualquier otra operación militar en Libia;

H.     Considerando que el 25 de agosto de 2014 se convocó en El Cairo una reunión de los países vecinos de Libia, en que Libia apeló a la protección internacional de sus pozos petrolíferos y sus aeropuertos y manifestó su incapacidad para desarticular a los grupos armados; considerando que los Estados participantes convinieron en no intervenir en los asuntos internos de Libia e hicieron un llamamiento por el diálogo nacional;

I.      Considerando que hasta la fecha han fracasado todos los intentos de Naciones Unidas por auspiciar un alto el fuego entre las facciones beligerantes y el inicio de un diálogo nacional; que el recién designado Enviado Especial de las Naciones Unidas, Bernardino León, se encuentra actualmente en Libia; que el Ministro de Defensa francés advirtió, el 9 de septiembre de 2014, que Libia se está convirtiendo en un centro de operaciones para grupos terroristas, y pidió acciones internacionales concluyentes;

J.      Considerando que los conflictos en Benghazi y Trípoli han derivado en un grave deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos; que las facciones beligerantes han sometido a bombardeos de artillería indiscriminados diversas áreas civiles de Trípoli y Benghazi, lo que ha producido víctimas civiles y daños en las infraestructuras y edificios civiles; que según las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch estos bombardeos constituyen crímenes de guerra; que el 25 de junio de 2014 fue asesinada en Benghazi la destacada defensora de los derechos humanos Salwa Bugaighis;

K.     Considerando que la población civil de Trípoli y Benghazi padece escasez de alimentos, combustible y otros artículos básicos; que el deterioro de la seguridad se ha traducido, al parecer, también en un aumento de la criminalidad y en una proliferación de los grupos terroristas;

L.     Considerando que, según datos de la USMIL, la última oleada de combates ha provocado más de 100.000 desplazados internos en Libia y forzado a más de 150.000 libios, incluidos muchos trabajadores migrantes, a huir del país; que el personal diplomático y humanitario extranjero, incluido el de la UE y la UNSMIL, ha sido evacuado de Libia; que el Primer Ministro provisional de Túnez, Sr. Jomaa, ha declarado que la afluencia masiva de refugiados libios está sometiendo a dura prueba las capacidades de su país;

M.    Considerando que cientos de migrantes y refugiados que huyen de la violencia en Libia habrían perecido al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa, provocando una grave crisis de refugiados en Italia y Malta; que según el ACNUR desde junio han muerto más de 1600 personas al intentar llegar a Europa; que Libia es el principal punto de salida para los migrantes que intentan alcanzar Europa; que, según las estimaciones del ACNUR, a 29 de agosto de 2014 de las 109.000 personas llegadas a Italia, unas 98.000 habrían salido de Libia;

N.     Considerando que el 26 de febrero de 2011 el CSNU remitió el caso de Libia a la Corte Penal Internacional; que el 27 de junio de 2011 la Corte Penal Internacional dictó tres órdenes de detención contra Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi y Abdullah al-Senussi por crímenes contra la humanidad; que los restantes sospechosos no se encuentran bajo custodia de la Corte; que las autoridades libias han insistido en que sean juzgados con arreglo al ordenamiento jurídico libio;

1.      Expresa su grave preocupación por la escalada de violencia y de confrontación armada en Libia, particularmente en la ciudades de Trípoli y Benghazi y alrededores; se declara alarmado por esta situación, de consecuencias devastadoras para la población civil y sus instituciones y susceptible de desestabilizar aún más el conjunto de la región;

2.      Pide a las partes en conflicto que cesen de inmediato todas las hostilidades armadas y que inicien un diálogo político inclusivo; expresa, en este sentido, su total respaldo a los esfuerzos de las Naciones Unidas y en particular del Representante Especial de la institución, Bernardino León, por facilitar este proceso con vista a la creación de instituciones de consenso que apliquen una agenda de amplia reconciliación nacional; insiste en la necesidad de prestar la debida atención a la participación de las mujeres y las minorías en este proceso;

3.      Insta a la recién elegida Cámara de Representantes a que desempeñe sus funciones legislativas de manera inclusiva y atienda a la totalidad de la población libia;

4.      Hace hincapié en que la resolución del CSNU permite ampliar el alcance de las sanciones internacionales para neutralizar a los saboteadores de uno y otro lado;

5.      Condena el bombardeo indiscriminado de áreas civiles de Trípoli y Benghazi por las partes beligerantes en los últimos meses; expresa su grave preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en todo el país, que incluye casos de detenciones arbitrarias, secuestros, ejecuciones ilegales, torturas y violencia contra periodistas, funcionarios, figuras políticas y defensores de los derechos humanos como la activista Salwa Bugaighis, brutalmente asesinada; destaca la necesidad de garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario sean perseguidas judicialmente;

6.      Denuncia el continuo intervencionismo oculto de los actores regionales en la escena nacional libia, que ha contribuido en gran medida a la gradual deriva del país hacia el caos político y militar; pide a los vecinos de Libia y demás actores de la región que se abstengan de toda acción que pueda exacerbar las tensiones en el país;

7.      Recuerda que la UE y sus Estados miembros tienen la especial responsabilidad de asistir a la población libia, dad su participación en la guerra de 2011;

8.      Pide a la UE y a sus Estados miembros que no escatimen esfuerzos en apoyar a las Naciones Unidas y a otras iniciativas no militares para solucionar la actual crisis; pide en particular a la UE que refuerce su ayuda humanitaria para responder al sufrimiento del pueblo libio, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia, y que esté preparada para actuar ante cualquier posible deterioro de la situación;

9.      Considera que la UE no ha conseguido desarrollar y aplicar una estratégica sólida y exhaustiva para ayudar al proceso de transición post-Gaddafi; lamenta, en particular, la persistente falta de coordinación entre las políticas de los Estados miembros de la UE en relación con Libia y la incapacidad del SEAE para promover una posición de la UE común y efectiva;

10.    Lamenta, en particular, el escaso nivel de ambición y eficacia de la UE en el ámbito de la seguridad; cuestiona su enfoque, limitado a la gestión de fronteras y migración y que por tanto no incide en las causas últimas de la inseguridad en Libia; insta a la UE a que desarrolle un concepto amplio para la reforma del sector de la seguridad en Libia con un especial enfoque en la supervisión parlamentaria y con inclusión de importantes elementos de derechos humanos y formación en derecho humanitario;

11.    Recuerda las cuantiosas ventas de armas procedentes de numerosos Estados miembros a los servicios de seguridad de Gaddafi; considera que la UE y sus Estados miembros tienen la especial responsabilidad de asistir en el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los excombatientes y en la recolecta y destrucción del numeroso armamento ilegal del país; pide un amplio programa de la UE en el ámbito del DDR y la recolecta y destrucción del armamento irregular;

12.    Insta a la UE a que haga pleno uso del Instrumento de Estabilidad y Paz en relación con la mediación, el diálogo y la reconciliación, y que brinde apoyo urgente a la mediación, en coordinación con la UNSMIL; insta igualmente a la UE a que apoye el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil y en particular de los grupos de mujeres, con vistas a encontrar soluciones no violentas para las múltiples crisis del país;

13.    Expresa su profunda preocupación por el destino de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados de Libia, cuya precaria situación se ha agravado aún más; se declara alarmado por las continuas informaciones sobre las atroces condiciones de detención de los miles de migrantes y refugiados en centros de gestión pública; insiste en que la UE y los Estados miembros retiren su apoyo financiero en este terreno hasta que los abusos hayan sido exhaustivamente investigados y en su caso erradicados;

14.    Se opone a la externalización de las políticas migratorias de la UE a países terceros, especialmente mediante el establecimiento de centros de acogida en países no firmantes de las Convenciones de Ginebra sobre refugiados ‒como es el caso de Libia‒, lo que impediría garantizar un adecuado nivel de protección;

15.    Pide a la UE y a sus Estados miembros que ayuden efectivamente a Italia en sus loables esfuerzos por atender los flujos migratorios del norte de África, y en particular de Libia, que están creciendo de manera vertiginosa; insiste en la necesidad de continuar con el proyecto Mare Nostrum y pide el apoyo de los Estados miembros para él; pide a todos los Estados miembros, y especialmente a Italia, que cumplan estrictamente las leyes de la UE e internacionales en materia de refugiados, incluido el respeto del principio de no devolución y el estudio individual de las situaciones;

16.    Expresa su preocupación por las informaciones sobre las disfunciones del sistema judicial en Libia y los graves obstáculos a la celebración de juicios justos; pide a las autoridades libias que cooperen plenamente con la Corte Penal Internacional asistiéndola en sus investigaciones y acatando sus resoluciones; expresa su preocupación por la negativa de las autoridades libias a conceder derechos procesales básicos a los acusados por la CPI Abdullah al-Sanussi y Saif al-Islam Gaddafi; reitera su total oposición a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la naturaleza del delito cometido, y pide a Libia la abolición de la misma; pide a la UE que considere la posibilidad de apoyar los esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho en el país;

17.    Pide a las autoridades libias que se comprometan a mantener un elevado grado de transparencia en el sector nacional de las industrias extractivas, para que los recursos naturales libios puedan beneficiar a toda la población y, en especial, que se adhieran cuanto antes a los requisitos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE); pide que las empresas europeas involucradas en Libia revelen sus operaciones financieras en el sector energético;

18.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al SEAE, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, a la Cámara de Representantes libia, al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Liga Árabe y a la Unión Africana.