Propuesta de resolución - B8-0213/2014Propuesta de resolución
B8-0213/2014

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación humanitaria en Sudán del Sur

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes, Davor Škrlec en nombre del Grupo Verts/ALE

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0213/2014

Procedimiento : 2014/2922(RSP)
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B8-0213/2014
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B8-0213/2014
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B8‑0213/2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación humanitaria en Sudán del Sur

(2014/2922(RSP))

El Parlamento Europeo,

–       Visto el Acuerdo General de Paz para Sudán de 2005,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,

–       Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981,

–       Vista la hoja de ruta para Sudán y Sudán del Sur establecida en el comunicado emitido el 24 de abril de 2012 por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana,

–       Vista la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur, que está investigando las violaciones de derechos humanos ocurridas desde el estallido del conflicto el 15 de diciembre de 2013,

–       Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Sudán del Sur, en particular la de 10 de diciembre de 2013 sobre los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de desarrollo y de construcción del Estado en Sudán del Sur[1], y la de 16 de enero de 2014 sobre la situación en Sudán del Sur[2],

–       Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 23 de enero de 2014 y 10 de mayo de 2014, sobre la situación en Sudán del Sur,

–       Vistas la declaración del portavoz de la Alta Representante, de 28 de agosto de 2014, sobre la situación en Sudán del Sur,

–       Vista la declaración del Consejo de la Unión Europea, de 10 de julio de 2014, sobre Sudán del Sur,

–       Vistas las conclusiones del Consejo, de 20 de enero de 2014 y 17 de marzo de 2014, sobre Sudán y Sudán del Sur,

–       Vista la declaración de la Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva, de 25 de septiembre de 2014,

–       Vista la declaración de Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, de 30 de octubre de 2014,

–       Vista la declaración de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de 20 de octubre de 2014,

–       Visto el Acuerdo revisado de Cotonú,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que los combates se iniciaron el 15 de diciembre de 2013, con los primeros enfrentamientos a raíz de que Salva Kiir, presidente del país y miembro del grupo étnico dinka, acusara a su vicepresidente destituido, Riek Machar, de etnia nuer, de estar organizando un golpe de estado contra él, cosa que Machar ha negado;

B.     Considerando que mucho antes del estallido de violencia de diciembre de 2013, la estabilidad política en Sudán del Sur ya estaba amenazada por las rivalidades no resueltas entre el presidente Kiir y el antiguo vicepresidente Machar, que se remontan a la escisión de la facción Garang, en 1991, dentro del Movimiento de Liberación Popular del Sudán (SPLM); que la rivalidad política de estos dos hombres por el liderazgo y gobierno del país se ha visto alimentada por la instrumentalización de las identidades étnicas por parte de ambos bandos;

C.     Considerando que las partes en conflicto en Sudán del Sur entablaron negociaciones el 7 de enero de 2014 en Adís Abeba bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD); que las conversaciones de paz apenas si han progresado, pese a los llamamientos al acuerdo, cada vez más estériles, de la comunidad internacional;

D.     Considerando que el 23 de enero de 2014 se firmó un acuerdo de alto el fuego, ratificado el 9 de mayo de 2014, y que dicho acuerdo sigue sin respetarse;

E.     Considerando que desde la independencia del Sudán del Sur en 2011 se han producido repetidos brotes de violencia entre milicias tribales; que esta violencia se ha saldado con miles de muertos civiles, al tiempo que la situación humanitaria ha seguido agravándose;

F.     Considerando que Naciones Unidas ha clasificado la crisis de Sudán del Sur en el nivel 3 de emergencia, el más elevado para las crisis humanitarias;

G.     Considerando que unas 1.900.000 personas han huido de sus hogares en Sudán del Sur, incluidas 469.000 que han buscado refugio en países vecinos; que, al mismo tiempo, el país acoge cerca de un cuarto de millón de refugiados, principalmente de Sudán; que Sudán del Sur deberá probablemente hacer frente a más desplazamientos, dada la persistencia de la inseguridad;

H.     Considerando que Sudán del Sur sigue enfrentándose a una crisis de seguridad alimentaria, si bien la ayuda humanitaria ha contribuido a evitar el hambre entre los más vulnerables; que se calcula que en torno a 1,5 millones de personas deberán seguir afrontando inseguridad alimentaria de nivel de crisis o de emergencia; que las mujeres son especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria, ya que el 57 % de los hogares en los sitios de protección están gobernados por mujeres;

I.      Considerando que hasta hoy, en 2014, la UE, sus Estados miembros y la Comisión han prestado asistencia por valor superior a 254 millones de euros; que la capacidad y la financiación de las acciones humanitarias en Sudán están muy por debajo de las tremendas necesidades;

J.      Considerando que en el conflicto se están cometiendo atrocidades por ambos bandos; que el principal temor es que al término de la estación lluviosa a fines de este mes se reanuden los combates entre las fuerzas del presidente Kiir y las de los rebeldes leales a su antiguo vicepresidente Machar; que los principales organismos de ayuda, incluidos Oxfam, CARE y Cafod, advierten de que, si los combates se reanudan, parte de Sudán del Sur podría verse afectado por el hambre;

K.     Considerando que se ha retrasado a diciembre la aprobación de un proyecto de ley sobre las ONG, cuyo objeto es limitar el margen de actuación de las ONG y de la sociedad civil en Sudán del Sur; que, caso de aprobarse, esta ley podría tener consecuencias importantes para las acciones de ayuda en este momento crítico en que la comunidad internacional intenta evitar una situación de hambruna;

L.     Considerando que las hostilidades activas y la inseguridad en diversos estados, en particular Nilo Superior y Unidad, han seguido perturbando las acciones de respuesta humanitaria y limitando el acceso de los trabajadores humanitarios por aire y por tierra;

M.    Considerando que, ayuda humanitaria y de donantes aparte, la economía de Sudán del Sur es casi enteramente dependiente del sector petrolífero;

N.     Considerando que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza generalizada a pesar de que el país es rico en petróleo y recursos naturales, representando las exportaciones de petróleo más del 70 % del PIB y alrededor del 90 % de los ingresos del Estado;

O.     Considerando que los ingresos procedentes del sector petrolífero han alimentado conflictos violentos; que un Sudán reformado tiene el potencial de reconvertir lo que hasta hoy ha sido una «maldición de recursos» en una bendición que traiga prosperidad al país;

P.     Considerando que es preciso dar con una solución política democrática al actual conflicto y allanar el camino para que instituciones constituidas democráticamente construyan un Estado viable;

1.      Condena categóricamente las atrocidades cometidas por ambas partes del conflicto; denuncia en particular, y con la máxima firmeza, las matanzas generalizadas de civiles ‒a menudo basadas en la etnia de las víctimas‒, la destrucción masiva y el saqueo de propiedades civiles, y los asesinatos de trabajadores humanitarios; condena igualmente las flagrantes violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo las torturas y las violaciones, cometidas por oficiales del ejército, de las que no se han librado ni los niños (algunos han muerto como consecuencia de estos actos abominables), los asesinatos extrajudiciales y los encarcelamientos arbitrarios (asociados en muchos casos a malos tratos), que continúan produciéndose con total impunidad; expresa asimismo su profunda preocupación por las cada vez mayores restricciones impuestas a la libertad de expresión, a los medios y a la sociedad civil;

2.      Destaca que la única solución viable a esta crisis pasa por resolver pacíficamente las diferencias entre las partes en conflicto y poner por delante los intereses del país y su gente; pide a ambas partes que cesen las hostilidades y se comprometan seriamente a entablar negociaciones de paz para limitar la magnitud de la catástrofe humanitaria; insta a ambas partes, en particular, a que permitan el acceso humanitario sin restricciones y garanticen la participación de la sociedad civil en el proceso de paz;

3.      Manifiesta una especial preocupación por la dimensión étnica del conflicto; constata, con profunda preocupación, que cerca de 1.400.000 personas siguen desplazadas de sus hogares, tras meses de combates que se han saldado con al menos 10.000 muertos y provocado un rebrote de los asesinatos por razón de etnia; observa, asimismo, que unas 100.000 personas siguen hacinadas en campos de las Naciones Unidas repartidos por todo el país, temerosos de regresar a sus hogares aún después de cesados los combates;

4.      Alienta a la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán de Sur, a la que se han encomendado las tareas de investigar las violaciones de los derechos humanos y de la legislación internacional humanitaria cometidas durante el conflicto y de formular recomendaciones en relación con la reconciliación, las responsabilidades y la reforma de las instituciones, que proceda con su investigación sobre las violaciones de los derechos humanos; insta encarecidamente a sus miembros a que garanticen, como condición previa a cualquier proceso de reconciliación auténtico y duradero, que los autores de las violaciones de derechos humanos respondan ante la justicia y que se ponga fin a la impunidad;

5.      Lamenta que, pese a los continuos esfuerzos de la IGAD para mediar en favor de una solución política al conflicto en Sudán del Sur con vistas a establecer un gobierno provisional de unidad nacional, las partes hayan hecho tan pocos progresos hasta la fecha, puesto que han seguido produciéndose escaramuzas, con graves consecuencias para la población civil, violación del cese del acuerdo de alto el fuego, y un agravamiento de la crisis humanitaria;

6.      Insta a la UE, no obstante, a que siga asistiendo a la IGAD en sus esfuerzos de mediación entre ambas partes, tanto en términos financieros como materiales, y aportando personal para el mecanismo de supervisión y comprobación del alto el fuego;

7.      Pide a todos los países vecinos de Sudán del Sur y a las potencias regionales que cooperen estrechamente a fin de mejorar la situación de seguridad en el país y el conjunto de la región y de encontrar una vía hacia una solución política pacífica y duradera del actual conflicto;

8.      Reitera que las perspectivas a largo plazo para la coexistencia pacífica y el desarrollo exigen reformas institucionales exhaustivas que proporcionen al país un proceso regulador que garantice el Estado de Derecho; pide, por consiguiente, a las autoridades de Sudán del Sur que inicien reformas institucionales sólidas que, entre otras cosas: (i) garanticen la protección de los derechos humanos y fundamentales, incluidos los de los grupos vulnerables, como por ejemplo las mujeres y las minorías étnicas; (ii) establezcan mecanismos para la resolución pacífica del conflicto y creen un entorno en el que puedan coexistir pacíficamente todos los grupos de población del país; y (iii) garanticen una gestión eficaz y equitativa de los recursos naturales, así como la erradicación de la corrupción;

9.      Denuncia que el acceso humanitario sigue siendo obstaculizado por los combates y la violencia que perpetran ambas partes contra los trabajadores humanitarios, sus equipos y las infraestructuras; insta al gobierno a que, en las zonas bajo su control, cumpla con su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y la legislación sobre derechos humanos y garantice la protección de los civiles;

10.    Insta a las partes a que, en particular, faciliten el flujo de ayuda humanitaria a las personas que lo necesiten urgentemente y que apoyen activamente la libre circulación de todos los trabajadores de las organizaciones humanitarias;

11.    Pide a la comunidad internacional, asimismo, que cumpla con sus compromisos de financiación para Sudán del Sur y la región, y que movilice recursos para reaccionar de inmediato ante el empeoramiento de la situación humanitaria en Sudán del Sur;

12.    Destaca que Sudán del Sur tiene uno de los peores niveles de salud y nutrición del mundo, con graves problemas de acceso a la atención básica sanitaria por culpa del subdesarrollo, del actual conflicto, de los ataques a los centros de salud y de las dificultades de acceso a numerosas zonas; recalca que la deficiente atención sanitaria afecta en particular a los más vulnerables, con las consiguientes tasas de mortalidad elevadas entre niños y mujeres;

13.    Lamenta el hecho de que el conflicto haya interrumpido muchos servicios sociales básicos y que cientos de miles de niños se encuentren sin escuela; muestra su alarma por el hecho de que los niños sigan soportando la peor parte de la violencia y padezcan perjuicios psicológicos y falta de acceso a los servicios, incluida la educación; insta a las partes a que pongan fin al reclutamiento y a la utilización de niños en las fuerzas armadas y a otras graves violaciones contra los niños;

14.    Destaca que la creación de unas instituciones y un marco jurídico adecuados para la gestión de la riqueza petrolífera en el marco del federalismo étnico constituye un elemento esencial para el desarrollo pacífico de Sudán del Sur; pide a la UE, en particular, que apoye una estrategia de desarrollo a largo plazo para Sudán del Sur que permita la creación de un sistema sólido de buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas ‒en particular en lo relativo a la aplicación de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva‒ y el desarrollo de infraestructuras y programas de educación, salud y bienestar social que aprovechen los ingresos procedentes del petróleo y las ayudas al desarrollo;

15.    Insta a las autoridades de Sudán del Sur a que garanticen que los ingresos procedentes del petróleo redunden en beneficio de todos; pide a las partes negociadoras que incluyan en el proceso de paz la cuestión de la transparencia y el control público en el sector petrolero, con objeto de que los ingresos generados por este recurso se utilicen en favor del desarrollo sostenible del país y mejoren las condiciones de vida de la población;

16.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Sudán del Sur, al Comisario para los Derechos Humanos de Sudán del Sur, a la Asamblea Nacional Legislativa de Sudán del Sur, a las instituciones de la Unión Africana, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Secretario General de las Naciones Unidas.