El Parlamento Europeo,

–       Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre Libia, incluida la Resolución 2174 de 27 de agosto de 2014,

–       Vistas las sesiones informativas del CSNU con la intervención del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y Jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL),

–       Visto el informe de la UNSMIL y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) sobre las violaciones del Derecho internacional humanitario y de derechos humanos durante la situación actual de violencia en Libia, publicado el 4 de septiembre de 2014 y actualizado el 23 de diciembre de 2014,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre Libia, entre ellas las más recientes de 15 de diciembre de 2014,

–       Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Libia y, en particular, su Resolución de 18 de septiembre de 2014(1),

–       Vistas las recientes declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre Libia, incluidas las de los días 16 y 30 de diciembre de 2014 y 10 de enero de 2015,

–       Vistas las declaraciones de los jefes de misión en Libia de los Estados miembros de la UE sobre el asesinato de Salwa Bugaighis, de 27 de junio de 2014,

–       Vista la declaración común sobre Libia de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos, la Vicepresidenta / Alta Representante y el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 2014,

–       Visto el comunicado conjunto, emitido el 22 de septiembre de 2014, de 13 países incluidos Egipto, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos por el que se comprometen con una política de no injerencia en los asuntos de Libia,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que, desde el derrocamiento del dictador Muammar Gaddafi por grupos rebeldes apoyados por fuerzas de la OTAN en 2011, Libia ha experimentado una dramática sucesión de crisis políticas, institucionales y de seguridad;

B.     Considerando que los Estados miembros de la UE que participaron en la guerra de 2011 y la UE en su conjunto tienen la responsabilidad particular de asistir a la población libia y de apoyar los esfuerzos por conseguir la paz y la estabilidad en el país;

C.     Considerando que un ciclo de combates cada vez más intenso azota el país durante los últimos seis meses; que el conflicto opone principalmente a dos grupos rivales dispersos y fragmentados, es decir, las fuerzas de la Operación Dignidad del general retirado Khalifa Haftar, aliado con las milicias de la ciudad de Zintan, y la coalición Amanecer Libio, compuesta principalmente por milicias de la ciudad de Misrata y de la minoría amazigh, además de grupos islamistas y milicias locales de otras ciudades del oeste de Libia;

D.     Considerando que el conflicto armado y otros tipos de violencia estallaron a mediados de mayo de 2014, en la ciudad de Bengasi y sus alrededores, al este, y, a continuación, en Trípoli, la capital, antes de extenderse al oeste de Libia; que el sur de Libia también está experimentado violencia; que en las últimas semanas tienen lugar combates por el control de la mayor terminal petrolera del país, situada en Es Sider, y su mayor refinería, en Ras Lanuf, al este del país;

E.     Considerando que la situación humanitaria y de los derechos humanos se ha deteriorado gravemente a medida que Libia se ha deslizado hacia la guerra civil; que presuntamente ambas partes han cometido una amplia gama de violaciones y abusos del Derecho internacional humanitario y de derechos humanos, lo que ha provocado cientos de muertos, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria en muchas zonas; que la UNSMIL informa de bombardeos indiscriminados y ataques aéreos contra objetivos civiles, además de amplios ataques contra infraestructuras vitales e instituciones electas; que docenas de defensores de los derechos humanos, activistas políticos, profesionales de los medios de comunicación y otros personajes públicos han sido víctimas de secuestros o amenazas o han sufrido la confiscación o el incendio de sus hogares; que los profesionales de los medios de comunicación siguen siendo un objetivo; que las Naciones Unidas han recibido informes acerca de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos practicados por ambos bandos; que los civiles de Trípoli, Bengasi, las montañas de Nafusa y Awbari se enfrentan a la escasez de alimentos, combustible y otras necesidades básicas;

F.     Considerando que ambos bandos presentan relatos enfrentados y reivindicaciones de legitimidad, con la existencia de dos gobiernos y parlamentos opuestos, basados respectivamente en Trípoli y en Tobruk; que, el 6 de noviembre de 2014, el Tribunal Supremo libio dictaminó que las elecciones parlamentarias de junio, a raíz de las cuales se estableció la Cámara de Representantes con sede en Tobruk, reconocida internacionalmente, eran ilegales;

G.     Considerando que ambas partes reciben supuestamente apoyo de potencias exteriores; que, según informaciones, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos han llevado a cabo ataques aéreos y operaciones especiales de incursión contra fuerzas yihadistas en Bengasi y Derna y contra las posiciones de Amanecer Libio en Trípoli; que Qatar y Turquía presuntamente han prestado apoyo a las fuerzas de Amanecer Libio;

H.     Considerando que los grupos de milicia presuntamente aliados con el Estado Islámico están presentes ahora en la ciudad oriental de Derna y que se les acusa de haber llevado a cabo actos terroristas, como la decapitación de jóvenes activistas y un ataque suicida con bombas contra la Cámara de Representantes el 30 de diciembre de 2014; que, según la información disponible, elementos de Al Qaeda en el Magreb Islámico han establecido centros logísticos en la periferia meridional de Libia; que el CSNU ha incluido en la lista de organizaciones terroristas en virtud de la Resolución 1267 de las Naciones Unidas a dos ramas del grupo islamista extremista Ansar al Sharia, basadas respectivamente en Derna y en Bengasi;

I.      Considerando que el Enviado Especial de las Naciones Unidas, Bernardino León, ha intentado activamente actuar de intermediario en las conversaciones entre las facciones en conflicto e iniciar un diálogo nacional que lleve a un proceso de reconciliación y a la formación de un gobierno de unidad nacional; que la primera ronda de conversaciones se celebró en Ghadames el 29 de septiembre de 2014 y continuó en Trípoli el 11 de octubre, mientras que una nueva ronda, prevista inicialmente para el 5 de enero de 2015, se aplazó debido a la falta de acuerdo por ambas partes; que la UNSMIL ha anunciado que las partes libias han aceptado celebrar una nueva ronda de conversaciones en Ginebra, supuestamente el 14 de enero de 2015; que ambos bandos, hasta el momento, se han mostrado muy reticentes o incapaces de mantener un compromiso;

J.      Considerando que la Enviada Especial de las Naciones Unidas para el Sahel, Hiroute Guebre Sellassie, ha advertido al CSNU de que la crisis libia amenaza con desestabilizar a toda la región en un futuro cercano, y que declaró además que las redes terroristas y criminales de Libia están estrechando sus lazos con Mali y el norte de Nigeria, practicando la venta de armas y el tráfico de drogas entre otras actividades comerciales ilegales;

K.     Considerando que, según datos de la UNSMIL, la última oleada de combates ha provocado más de 400 000 desplazados internos en Libia y más de 150 000 personas, incluidos muchos trabajadores migrantes, han abandonado el país; que el personal diplomático y humanitario extranjero, incluido el de la UE y la UNSMIL, ha sido evacuado de Libia; que la llegada masiva de refugiados libios al vecino Túnez está suponiendo una importante presión para las capacidades de ese país y para su propia estabilidad; que las autoridades libias no han sido capaces de proteger a la comunidad de Tawargha frente a ataques y secuestros perpetrados por las milicias desde que les expulsaran de sus casas en agosto de 2011;

L.     Considerando que cientos de migrantes y refugiados que huyen de la violencia en Libia habrían perecido al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa, lo que ha provocado una grave crisis de refugiados en Italia y Malta; que Libia es el principal punto de salida para los migrantes que intentan alcanzar Europa;

M.    Considerando que el 26 de febrero de 2011 el CSNU remitió el caso de Libia a la Corte Penal Internacional; que esta sigue siendo competente para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país y de enjuiciar a los responsables; que el 27 de junio de 2011 la Corte Penal Internacional dictó tres órdenes de detención contra Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi y Abdullah al-Senussi por crímenes contra la humanidad; que los demás sospechosos no se encuentran bajo custodia de la Corte; que las autoridades libias han insistido en que sean juzgados con arreglo al ordenamiento jurídico libio; que la Corte remitió el caso de Libia al CSNU el 10 de diciembre a causa del incumplimiento de la petición de cooperación de la Corte, al no entregar a Saif al-Islam;

N.     Considerando que el petróleo constituye el 95 % de los ingresos públicos de Libia y el 65 % del PIB del país; que Libia posee la mayor reserva petrolífera de África y la quinta mayor del mundo;

1.      Expresa su grave preocupación por la absurda deriva de Libia hacia la guerra civil; se declara profundamente alarmado por esta situación, de consecuencias devastadoras para la población civil y las instituciones libias, y susceptible de desestabilizar aún más el conjunto de la región;

2.      Pide a las partes en conflicto que cesen de inmediato todas las hostilidades y que inicien un diálogo político inclusivo; expresa, en este sentido, su total respaldo a los esfuerzos de las Naciones Unidas y en particular del Representante Especial de la institución, Bernardino León, por facilitar este proceso con vista a la creación de instituciones de consenso que apliquen un programa de amplia reconciliación nacional; insiste en la necesidad de prestar la debida atención a la participación de las mujeres y las minorías en este proceso;

3.      Condena la situación actual de violencia y las violaciones del Derecho internacional humanitario que cometen las partes beligerantes por todo el país; sigue gravemente preocupado ante el deterioro constante de la situación de los derechos humanos, que incluye casos de detenciones arbitrarias, secuestros, ejecuciones ilegales, torturas y violencia contra periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos;

4.      Destaca la necesidad de garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional sean perseguidas judicialmente; remite a la declaración de la UNSMIL en el sentido de que gran número de las violaciones y de los abusos cometidos en Libia quedan dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y pide que esta reciba los recursos políticos, logísticos y económicos que le permitan investigar tales crímenes; considera que fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas puede disuadir a las milicias a la hora de perpetrar abusos y violaciones, y pide que se estudie la posibilidad de crear una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas o un mecanismo similar con objeto de investigar las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional;

5.      Hace hincapié en que la más reciente resolución del CSNU permite ampliar el alcance de las sanciones internacionales para neutralizar a los saboteadores de uno y otro lado; exhorta a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes contra aquellos que bloquean el diálogo y a aplicar realmente el embargo de armas sobre Libia decretado por las Naciones Unidas;

6.      Expresa sus reservas frente a las expresiones indiscriminadas de apoyo internacional a cualquiera de los bandos en conflicto, pues generan el riesgo de enquistar aún más las posturas radicales y debilitar los esfuerzos de reconciliación en este momento decisivo; pide, en concreto, a la UE y a sus Estados miembros que se abstengan de prestar cualquier forma de asistencia militar a las entidades libias antes de la conclusión de un proceso de reconciliación política;

7.      Estima que la respuesta más eficaz para hacer frente a la preocupante presencia de militantes islámicos radicales en Libia es, en último término, crear instituciones nacionales inclusivas que puedan representar el Estado de Derecho y combatir eficazmente tales grupos que amenazan la estabilidad del país y del conjunto de la región;

8.      Aplaude los trabajos iniciales de los comités temáticos de la Asamblea Constituyente, y la anima a que prosiga su labor de forma transparente e incluyente; hace hincapié en la importancia que reviste el trabajo de esta Asamblea, y pide a todos los libios que sigan respetando su independencia, para que pueda completar así el mandato que se le ha encomendado;

9.      Denuncia el continuo intervencionismo oculto de los actores regionales en la escena nacional libia, que ha contribuido en gran medida a la gradual desintegración del país; pide a los países vecinos de Libia y a otros actores regionales, en especial Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, que se abstengan de toda acción que pueda exacerbar las tensiones dentro del país; celebra las recientes declaraciones en este sentido efectuadas por la Unión Africana en su reunión de 3 de diciembre de 2014 y por la Liga Árabe el 5 de enero de 2015;

10.    Insiste en preservar la neutralidad de las principales instituciones libias, es decir, el Banco Central, la compañía petrolera nacional y el fondo soberano de inversión, autorizados por las Naciones Unidas a recibir ingresos del petróleo procedentes del extranjero; aboga, en este contexto, por la creación de un mecanismo de supervisión internacional que congele estos ingresos, excepto el gasto en salarios, hasta la formación de un gobierno de unidad nacional, como incentivo para que las facciones beligerantes acuerden un compromiso político;

11.    Pide a las autoridades libias que se comprometan a mantener un elevado grado de transparencia en el sector nacional de las industrias extractivas, para que los recursos naturales libios beneficien a toda la población y, en especial, que se adhieran cuanto antes a los requisitos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE); reitera su llamamiento a favor de que las empresas europeas involucradas en Libia revelen sus operaciones financieras en el sector energético;

12.    Manifiesta su grave preocupación ante las consecuencias ambientales derivadas de la destrucción de los depósitos de almacenamiento de petróleo a raíz de los últimos combates en el este de Libia;

13.    Pide a la UE y a sus Estados miembros que no escatimen esfuerzos en apoyar a las Naciones Unidas y a otras iniciativas no militares para solucionar la actual crisis; pide en particular a la UE y a sus Estados miembros que refuercen su ayuda humanitaria para responder al sufrimiento del pueblo libio, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia, y que estén preparados para actuar ante cualquier posible deterioro de la situación;

14.    Considera que la UE no ha conseguido desarrollar y aplicar una estrategia sólida y exhaustiva para ayudar al proceso de transición post-Gaddafi; lamenta, en particular, la persistente falta de coordinación entre las políticas de los Estados miembros de la UE en relación con Libia y los problemas que experimenta el SEAE a la hora de promover una posición de la UE común y efectiva;

15.    Insta a la UE a que haga pleno uso del Instrumento de Estabilidad y Paz en relación con la mediación, el diálogo y la reconciliación, y que brinde apoyo urgente a la mediación, en coordinación con la UNSMIL; insta igualmente a la UE a que respalde el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil y en particular de los grupos de mujeres, que buscan encontrar soluciones no violentas para las múltiples crisis del país;

16.    Expresa su preocupación por las informaciones sobre las disfunciones del sistema judicial en Libia y los graves obstáculos a la celebración de juicios justos; pide a las autoridades libias que cooperen plenamente con la Corte Penal Internacional asistiéndola en sus investigaciones y acatando sus resoluciones; expresa su preocupación por la negativa de las autoridades libias a conceder derechos procesales básicos a Abdullah al-Senussi y Saif al-Islam Gaddafi, acusados por la Corte; reitera su total oposición a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la naturaleza del delito cometido, y pide a Libia la abolición de la misma; pide a la UE que considere la posibilidad de apoyar los esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho en el país;

17.    Expresa su profunda preocupación por el destino de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados de Libia, cuya precaria situación sigue agravándose; pide a la UE y a sus Estados miembros que ayuden efectivamente a Italia en sus loables esfuerzos por atender los flujos de migrantes y refugiados procedentes del norte de África, y en particular de Libia, que están creciendo de manera vertiginosa; considera que el programa de la UE denominado «Operación Tritón», creado recientemente, no ofrece la respuesta adecuada a los desafíos actuales, y pide una revisión en profundidad de dicho programa; insta a todos los Estados miembros de la UE, y especialmente a Italia, a que cumplan estrictamente las leyes de la Unión e internacionales en materia de refugiados, incluido el respeto del principio de no devolución y el estudio individual de las situaciones;

18.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al SEAE, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, a la Cámara de Representantes de Libia, al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Liga Árabe y a la Unión Africana.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0028.