PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Egipto
12.1.2015 - (2014/3017(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná en nombre del Grupo GUE/NGL
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Egipto, en particular las de 16 de febrero de 2012 sobre Egipto: acontecimientos recientes[1], de 15 de marzo de 2012 sobre el tráfico de seres humanos en el Sinaí, en particular el caso de Solomon W.[2], de 14 de marzo de 2013 sobre la situación en Egipto[3], de 4 de julio de 2013 sobre la crisis en Egipto[4], de 12 de septiembre de 2013 sobre la situación en Egipto[5], 6 de febrero de 2014 sobre la situación en Egipto[6], y de 17 de julio de 2014 sobre la libertad de expresión y de reunión en Egipto[7],
– Vistas las declaraciones del portavoz del SEAE, de 21 de septiembre de 2014 sobre el atentado con bomba frente al Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, y de 3 de diciembre de 2014 sobre las sentencias judiciales en Egipto,
– Vistas las conclusiones del Consejo sobre Egipto,
– Vistas las declaraciones del portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre Egipto y la declaración del Grupo de ocho expertos de las Naciones Unidas de sobre las condenas a muerte masivas en Egipto,
– Vistos el informe interno, de 9 de enero de 2014, de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, sobre el referéndum constitucional celebrado en Egipto en enero de 2014, y la declaración preliminar, de 29 de mayo de 2014, sobre elecciones presidenciales dentro del respeto de la ley, en una situación en la que no se respetan los principios constitucionales, de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea,
– Visto el Acuerdo de Asociación UE-Egipto de 2001,
– Vistas las trescientas recomendaciones del Examen Periódico Universal sobre Egipto formuladas en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 7 de noviembre de 2014,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, desde la toma del poder por los militares, Egipto ha promulgado leyes autoritarias por decreto y sin la participación del Parlamento, en virtud de las cuales, por ejemplo, se prohíben las protestas, se amplía la jurisdicción de los tribunales militares, se suprimen varias limitaciones a la prisión preventiva y se limita la cobertura mediática a las fuerzas armadas sin aprobación previa; que el 9 de enero de 2014 las fuerzas de seguridad mataron a cuatro manifestantes durante las protestas contra el Gobierno;
B. Considerando que, el 2 de diciembre de 2014, un tribunal penal egipcio del distrito de Guiza dictó sentencias provisionales de muerte a 188 acusados; que, antes de este caso, un juez de la gobernación de Minia dictó, en marzo y abril, tras dos juicios, 1 212 sentencias de muerte;
C. Considerando que, según organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos, en los últimos meses se han producido en Egipto, casi a diario arrestos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y prolongaciones del período de detención previo al juicio;
D. Considerando que las autoridades egipcias han llevado a cientos de civiles ante tribunales militares al amparo de un decreto del presidente Al Sisi de octubre de 2014; que al menos 820 civiles han sido llevados ante fiscales militares; que los fiscales civiles están aplicando este decreto retroactivamente, derivando casos civiles a la jurisdicción militar;
E. Considerando que, desde el golpe de Estado militar contra el presidente Morsi en julio de 2013, las fuerzas de seguridad egipcias han hecho uso reiterado de una fuerza excesiva y arbitraria para disolver las manifestaciones y han matado, como mínimo, a 1 400 manifestantes; que al menos 817 personas murieron en el violento desmantelamiento del campamento de Rab'a al Adawiya; que ni un solo agente de policía u oficial militar ha sido considerado responsable de tales muertes ni de otros graves abusos en el último año; que, según cifras oficiales, las fuerzas de seguridad también han detenido, como mínimo, a 22 000 personas; que, según otras estimaciones, la cifra se elevaría a 41 000 personas; que unas 29 000 personas pueden haber sido detenidas por presuntos vínculos con los Hermanos Musulmanes;
F. Considerando que Ibrahim Halawa, ciudadano irlandés de 19 años, está detenido en una prisión egipcia en prisión preventiva desde agosto de 2013;
G. Considerando que la policía egipcia ha detenido a cientos de personas por haber infringido la ley de noviembre de 2013, que tipifica como delito las reuniones de diez o más personas que no hayan sido aprobadas por las autoridades; que dicha ley permite al ministerio del Interior prohibir a su antojo manifestaciones y dispersar con contundencia aquellas que no hayan sido autorizadas;
H. Considerando que, el 21 de abril de 2015, un tribunal egipcio debe pronunciar su sentencia sobre el juicio del depuesto presidente Morsi y de otras catorce personas acusadas de incitar a la matanza de manifestantes; que Morsi se enfrenta además a otros juicios bajo la acusación de espionaje y fuga de la cárcel;
I. Considerando que, el 8 de enero de 2015, el fiscal de Egipto admitió a trámite un recurso en el juicio de Mubarak, después de que los cargos que se le imputaban de haber matado a manifestantes fueran desestimados en noviembre mediante sentencia judicial;
J. Considerando que, el 11 de enero de 2015, las autoridades egipcias liberaron a Khaled al Qazzaz, uno de los asesores del depuesto presidente Morsi que fueron detenidos con él el 3 de julio de 2013; que ha estado detenido sin cargos desde esa fecha;
K. Considerando que, el 7 de enero de 2015, Al Sisi se convertía en el primer presidente egipcio que asistía a la misa de Navidad en una iglesia copta de El Cairo; que recientemente ha pedido a los dirigentes islámicos de su país que se opongan al extremismo;
L. Considerando que, los días 14 y 15 de enero de 2014, se celebró un referéndum constitucional, y que las primeras elecciones presidenciales tras el golpe de Estado militar, los días 26 y 27 de mayo de 2014, se desarrollaron en una atmósfera de represión y censura en los medios de comunicación; que está previsto que el país celebre elecciones parlamentarias a finales de marzo de 2015; que Egipto lleva sin la principal cámara del Parlamento desde 2012, año en que un tribunal disolvió la Cámara de Representantes;
M. Considerando que hace casi cuatro años que Hosni Mubarak renunció al cargo tras las manifestaciones de la plaza Tahrir y las revueltas en todo Egipto en las que se exigían reformas fundamentales en el sistema político, económico y social de su país, el fin del régimen corrupto, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida;
N. Considerando que Egipto es el país árabe más poblado, al contar con más de 80 millones de habitantes, y se sitúa en una posición central en la región del Mediterráneo Meridional; que este país se enfrenta a graves problemas de seguridad debido a las repercusiones de la situación de sus países vecinos, principalmente de Libia; que los acontecimientos políticos, económicos y sociales en Egipto tienen importantes consecuencias para toda la región y fuera de ella;
O. Considerando que, en junio de 2014, los Estados Unidos desbloquearon 575 millones de dólares estadounidenses en ayuda militar para Egipto, importe que estaba congelado desde el golpe militar contra Morsi;
P. Considerando que, en diciembre de 2014, la UE propuso un nuevo acuerdo comercial para los países de la región de Oriente Próximo y África del Norte (MENA), incluido Egipto;
Q. Considerando que, de acuerdo con el informe de 2013 de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, el 99 % de las mujeres egipcias han sufrido alguna forma de acoso sexual y más de una tercera parte de las mujeres son víctimas de violencia doméstica; que según cifras de 2008, el 91 % de las mujeres egipcias de entre 15 y 49 años son víctimas de mutilación genital femenina; que el matrimonio precoz y la mutilación genital femenina persisten en el país pese a las leyes que los prohíben;
R. Considerando que, tras la decisión del Gobierno egipcio interino de declarar a los Hermanos Musulmanes un grupo terrorista, han sido detenidos y perseguidos cientos de dirigentes y miembros y miles de presuntos seguidores; que, en agosto de 2014, un tribunal disolvió su ala política, el Partido Libertad y Justicia, lo que le impide participar en las próximas elecciones; que esta represión general no solo afecta a los supuestos seguidores de este grupo sino también a los activistas laicos, periodistas, defensores de los derechos humanos, estudiantes y sindicalistas;
S. Considerando que, el 7 de diciembre de 2014, un grupo de unos 30 hombres fue detenido por «practicar el libertinaje» en unos baños públicos de El Cairo, lo que constituye la mayor detención de hombres supuestamente homosexuales desde 2001, bajo el régimen de Mubarak; que la detención fue grabada por una red de televisión progubernamental; que esta humillación pública constituye uno de los indicios del recrudecimiento de la represión gubernamental de la comunidad LGTBI en Egipto;
T. Considerando que el 24 de noviembre de 2013 se promulgó, mediante un decreto presidencial, la Ley nº 107 sobre la regulación del derecho a organizar reuniones públicas, marchas y protestas pacíficas; que esta «ley sobre las protestas» incluye medidas de control y sanciones en caso de incumplimiento que pueden considerarse desproporcionadas, con arreglo a las normas internacionales, ya que otorga a las fuerzas de seguridad el derecho a disolver toda reunión celebrada sin autorización gubernamental previa y permite el uso de la fuerza letal contra los manifestantes; que el Secretario General de las Naciones Unidas ha reiterado las preocupaciones expresadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por que la ley promulgada podría conducir a graves violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica;
U. Considerando que varios periodistas de Al Yazira han sido procesados por «difundir noticias falsas» y «ayudar a un grupo terrorista»; que el tribunal de El Cairo que juzgó a veinte personas, incluidos nueve trabajadores de Al Yazira, ha condenado a penas de varios años de prisión al corresponsal australiano Peter Greste (siete años), al jefe de la oficina de Al Yazira de El Cairo, Muhamed Fahmmy (siete años) y al productor egipcio Baher Mohammed (diez años), tras ser declarados culpables de difundir falsas noticias, perjudicar a la unidad nacional y la paz social y pertenecer a una organización terrorista; que el tribunal ha condenado a otros once periodistas y miembros de la oposición en rebeldía a diez años de prisión;
V. Considerando que, desde el derrocamiento de Morsi, cientos de estudiantes han sido detenidos durante protestas y enfrentamientos, privados de libertad y maltratados; que en el curso académico 2013-2014 murieron al menos catorce estudiantes;
W. Considerando que un tribunal egipcio ha condenado a un estudiante a tres años de prisión por publicar en Facebook que es ateo; que, en diciembre de 2012, un bloguero fue condenado a tres años de prisión acusado de blasfemia; que, en junio de 2014, un cristiano copto fue condenado a seis años de prisión por insultar al islam;
X. Considerando que el paso entre la Franja de Gaza y Egipto permanece cerrado en su mayor parte; que las autoridades egipcias han comenzado la segunda fase de la demolición de amplias zonas de Rafah, donde viven más de dos mil familias, y la ampliación de la zona de seguridad entre la ciudad egipcia fronteriza y la Franja de Gaza; que, asimismo, cientos de familias han sido desplazadas debido a la actividad militar en la zona, y que los que no han recibido compensación alguna del Gobierno están viviendo en campos al oeste de Al Arish;
1. Expresa su profunda preocupación por la represión general, en Egipto, de los derechos democráticos, como la libertad de expresión y la de reunión; considera que el derecho de asociación política debe garantizarse siempre que se respeten los principios democráticos; recuerda que la participación en protestas pacíficas o las críticas al Gobierno no deben constituir motivos de detención o persecución;
2. Pide a las autoridades egipcias que pongan fin a todos los actos de hostigamiento y represión, también en el plano judicial, cometidos contra activistas, periodistas, opositores políticos, defensores de derechos humanos y sindicalistas; les insta a poner en libertad a los presos de conciencia, como Ibrahim Halawa;
3. Muestra su preocupación por la ley que restringe las protestas; pide a Egipto que, a este respecto, cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos;
4. Expresa su profunda preocupación por el recurso intencionado a las condenas de muerte masivas, como instrumento de persecución arbitraria y por motivos políticos por parte del Estado, para reprimir la disidencia política; se muestra preocupado asimismo por la continuación de las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en particular por las detenciones de profesionales de los medios de comunicación y activistas y por los malos tratos a que son sometidos en el período de detención;
5. Reitera su firme oposición al recurso a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, así como su petición a las autoridades egipcias para que introduzcan una moratoria sobre las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena capital;
6. Pide a las autoridades judiciales egipcias que garanticen el derecho de los acusados a un juicio justo, basado en acusaciones claras e investigaciones adecuadas e independientes, así como su derecho de acceso a abogados y familiares y el derecho a mantener contacto con ellos, en consonancia con las normas internacionales;
7. Reitera su condena del golpe de Estado militar y de la brutal represión ejercida por el ejército egipcio; lamenta profundamente la pérdida de vidas, las lesiones y la destrucción en El Cairo y otros lugares del país; reitera su opinión de que la cúpula y los generales del ejército egipcio no pueden ofrecer vías para que prosperen las justas peticiones del pueblo egipcio, ya que la cúpula del ejército ocupa importantes posiciones económicas en Egipto y representa intereses económicos y políticos distintos de los de los trabajadores, los pobres y los jóvenes, quienes demandan justicia social y mejores condiciones de vida;
8. Reitera su apoyo a las demandas del pueblo egipcio de libertad, dignidad humana, justicia social, democracia, respeto de los derechos humanos, mejores condiciones de vida y un Estado laico y, en particular, sus demandas de aumentos de salarios que se ajusten al aumento de los precios y en relación con la vivienda, la sanidad y la creación de empleo;
9. Insiste en que el futuro de Egipto debe permanecer firmemente en manos de su pueblo, sin injerencias extranjeras; se opone a cualquier injerencia extranjera, en particular por parte de los Estados Unidos, Israel o Arabia Saudí;
10. Lamenta el apoyo proporcionado durante décadas por la UE y los gobiernos de algunos Estados miembros al régimen de Hosni Mubarak en particular; reitera que las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y de cualquier otro tipo entre la UE y cualquier país de la PEV deben basarse en la igualdad de trato, la no injerencia, la solidaridad, el diálogo y el respeto de las asimetrías específicas y de las características de cada país;
11. Aboga por que se constituya una comisión de investigación independiente e imparcial que investigue las violaciones de los derechos humanos que se hayan cometido durante el régimen de Mubarak, la presidencia de Morsi, tras el golpe de Estado militar, en particular la matanza de más de ochocientas personas durante el desmantelamiento del campamento de Rab'a al Adawiya, y, bajo la presidencia de Al Sisi, incluidos los casos de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, y que sus responsables sean identificados y, en su caso, llevados ante la justicia, y que se compense a las víctimas y sus familias;
12. Pide a los Estados miembros que prohíban la exportación a Egipto de equipos de seguridad y ayuda militar que pudieran utilizarse para sofocar protestas pacíficas y discrepancias;
13. Reitera su petición a las autoridades egipcias de proceder urgentemente a la reapertura de la frontera de Rafah para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, agravado por la reciente masacre cometida por el ejército israelí;
14. Lamenta que, a pesar de una nueva ley sobre el acoso sexual, la violencia contra las mujeres haya empeorado, en especial en el ámbito público, hasta el punto de producirse docenas de casos de violaciones y de violencia sexual durante las protestas; insta a las autoridades egipcias a que dejen de criminalizar a las personas LGBTI por expresar su orientación sexual y ejercer su derecho de reunión, sobre la base de la «Ley sobre el libertinaje», y a que liberen a todas las personas LGBTI detenidas y encarceladas en aplicación de la citada ley;
15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo, a la Unión Africana y al Gobierno y al Parlamento de Egipto.
- [1] DO C 249 E de 30.8.2013, p. 60.
- [2] DO C 251 de 31.8.2013, p. 106.
- [3] Textos Aprobados, P7_TA(2013)0095.
- [4] Textos Aprobados, P7_TA(2013)0333.
- [5] Textos Aprobados, P7_TA(2013)0379.
- [6] Textos Aprobados, P7_TA(2014)0100.
- [7] Textos Aprobados, P8_TA(2014)0007.