PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2015
12.1.2015 - (2014/2829(RSP))
de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión
Vicky Ford en nombre del Grupo ECR
B8‑0037/2015
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2015
El Parlamento Europeo,
– Vista la próxima Comunicación sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2015 y sus tres anexos:
• «Nuevas iniciativas»;
• «Lista de retiradas o modificaciones de propuestas pendientes»;
• «Acciones REFIT»,
– Vistas las «Orientaciones políticas» del Presidente de la Comisión Europea,
– Vista la Estrategia Europa 2020,
– Visto el actual Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, y, en particular, su anexo 4,
– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,
A. Considerando que Europa se encuentra en una carrera global en la que solo las economías competitivas serán capaces de crear empleo y elevar el nivel de vida de sus ciudadanos;
B. Considerando que la Unión Europea afronta una profunda crisis de competitividad en una economía mundial cada vez más exigente;
C. Considerando que la mayoría de las demás regiones del mundo crecen más rápidamente y con niveles de productividad e innovación cada vez más elevados;
D. Considerando que la crisis de la deuda pública de la zona del euro ha perjudicado grandemente a la economía europea y ha causado una penuria considerable para millones de personas;
E. Considerando que los resultados de las elecciones europeas revelaron en muchos países una insatisfacción generalizada con muchos aspectos de la UE y pusieron de relieve la necesidad de reforma;
PARTE 1: OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PARA 2015
1. Acoge con satisfacción las peticiones expresadas en el Programa de trabajo de la Comisión para 2015 de una mejor legislación, subsidiariedad y transparencia, y apoya el principio de discontinuidad política y la retirada de muchas iniciativas; expresa su acuerdo con que el centro de atención debe situarse en iniciativas que aporten crecimiento y empleo y que permitan que prosperen las empresas; considera que la primera prioridad debe consistir en garantizar que las políticas existentes tengan un impacto positivo en la competitividad, se apliquen correctamente y sean adecuadas a los fines perseguidos; pide a la Comisión que fije un objetivo ambicioso pero realista de reducción de la carga burocrática;
2. Considera que toda nueva propuesta legislativa debe pasar una prueba de competitividad para acreditar, antes de su presentación por la Comisión, su efecto positivo neto demostrable en la competitividad;
3. Insiste en que, si bien es necesaria una inversión pública bien orientada, por ejemplo para mejorar los niveles de educación y desarrollar algunas infraestructuras, el crecimiento a largo plazo no se logra aumentando el gasto público, lo que entrañaría la necesidad de aumentar la carga fiscal sobre particulares y empresas, todos ya sometidos a una elevada presión, o de tomar prestado aún más dinero que deberán reembolsar las generaciones futuras; insiste en la importancia de crear las condiciones adecuadas para estimular la inversión del sector privado, esencial para la recuperación económica de Europa a largo plazo;
4. Apoya una estrategia de crecimiento que tenga por objetivo garantizar que se establece un marco político adecuado para que empresas y emprendedores prosperen y creen empleo, generen riqueza y aumenten el nivel de vida; señala que la Estrategia Europa 2020 ha marcado un camino para el futuro, pero lamenta que no haya habido voluntad política para imprimirle el impulso suficiente para garantizar su ejecución íntegra;
5. Hace hincapié en que el gasto público europeo no puede quedar exento de los considerables esfuerzos hechos por los Estados miembros para poner su gasto público bajo control e insiste en que el presupuesto de la Unión debe perseguir reducciones para aligerar la carga fiscal sobre los contribuyentes; opina que el presupuesto de la UE debe dirigirse con claridad a ayudar a los Estados miembros a hacer frente a los desafíos estructurales, especialmente a la pérdida de competitividad y al consiguiente aumento del desempleo; insiste en la necesidad de reducir el gasto en la administración de la UE (por ejemplo, poniendo fin a la obligación de que el Parlamento se reúna en Estrasburgo) y lograr disminuciones reales en el presupuesto de la UE;
6. Insiste en el principio del valor añadido europeo, que debe representar la piedra angular de todo gasto, que debe orientarse asimismo según los principios de eficiencia, eficacia y rentabilidad, respetando el principio de subsidiariedad definido en el artículo 5 del Tratado UE y consagrado en el Protocolo 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea;
7. Lamenta que no se entre en detalles sobre la subsidiariedad en el Programa de trabajo de la Comisión; tiene el convencimiento de que la adhesión a este principio, y no cualquier noción de «unión cada vez más estrecha», llevará a la Unión Europea en una dirección que la hará más popular entre la población de nuestros países europeos; propone que la Comisión identifique en una fase temprana el mejor modo de reconocer los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y de adherirse a ellos y, en particular, el mejor modo de reflejar esta política en sus interacciones con los Parlamentos nacionales; insiste en que los intereses en relación con la gobernanza económica no deben dar cobertura a la centralización de las políticas social y de empleo;
8. Deplora la prioridad aparentemente baja que la nueva Comisión atribuye al logro de una gestión eficaz de los recursos puestos a la disposición de la Unión Europea y, más concretamente, la absoluta falta de ambición de obtener una declaración de fiabilidad positiva del Tribunal de Cuentas Europeo; Censura que la nueva Comisión no disponga de un comisario de Control Presupuestario especializado y a tiempo completo, en contra de la petición reiterada del Parlamento Europeo; cree que no haber nombrado este comisario a tiempo completo demuestra que la nueva Comisión o bien apenas es consciente de la magnitud del desafío a que se enfrenta o bien no tiene mucho interés en abordarlo; reitera su petición de que la Comisión haga cuanto esté en su mano por seguir adelante con la introducción de declaraciones de gestión normalizadas por parte de los Estados miembros, firmadas al nivel político adecuado, referentes a los fondos de la UE objeto de gestión compartida; insiste en la importancia de unas evaluaciones sistemáticas, periódicas e independientes para garantizar que todo el gasto alcanza los resultados deseados con eficacia de costes;
PARTE 2: PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO
«Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión»
9. Considera que, para crear un entorno más favorable a la creación de empleo, la Comisión debe ayudar a los Estados miembros a llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para atender a los factores siguientes: inadecuación de cualificaciones, emprendimiento, demografía, acceso al mercado, acceso a la financiación, rigideces del mercado de trabajo, costes administrativos y mejor legislación;
10. Reitera la importancia que tiene profundizar el mercado único y pide que la política de mejor legislación de la Comisión se centre en facilitar un entorno empresarial sano reduciendo la burocracia, eliminando carga reguladora y obstáculos a la inversión y alentando un mínimo de nueva legislación;
11. Celebra la insistencia en la inversión del sector privado y pide que se eliminen más obstáculos a la inversión en toda la Unión, en particular a la inversión en pequeñas y medianas empresas;
12. Acoge con satisfacción la prioridad política atribuida por la Comisión a aligerar la carga reguladora y pide a la Comisión, en el contexto del Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación (REFIT), que lleve a la práctica rápidamente los compromisos expresados en su Comunicación;
13. Hace hincapié en la importancia de basar todas las propuestas reglamentarias y legislativas en documentos de empresas y otros expertos y partes interesadas y pide al Presidente de la Comisión Europea que haga honor a su compromiso de recurrir a los servicios de un asesor científico principal;
14. Alaba las medidas tomadas por la Comisión en respuesta a los resultados del estudio sobre los diez actos legislativos más onerosos para las pymes, que contribuirán a que las empresas creen más oportunidades de empleo; cree que la Comisión debe dar prioridad urgentemente a la mejora de estas normativas de modo que respondan a las preocupaciones de las pymes; cree que es necesario garantizar que la UE y los Estados miembros tengan en cuenta las necesidades específicas de las empresas y consideren la introducción en el proceso de formulación de políticas de medidas de apoyo a las empresas, en particular las pymes y las microempresas;
15. Destaca la reciente tendencia entre las empresas a devolver la producción y los servicios a Europa y las oportunidades que ello supone para la creación de empleo; pide a la Comisión que reflexione sobre el modo en que la UE puede ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades que brinda la relocalización;
16. Toma nota del propósito de la Comisión de modernizar las normas en materia de derechos de autor; solicita, no obstante, que en toda reforma de estas características se tenga presente la subsidiariedad y se preste la máxima atención a las implicaciones culturales, a la igualdad de accesibilidad y al principio de que allí donde las mejores prácticas hayan dado lugar a una relación entre titulares de derechos y usuarios comerciales de los derechos, se respeten estos acuerdos y se permita su continuación sin perturbaciones;
17. Exhorta a que el nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas se diseñe de manera que complemente los Fondos Estructurales, y a que todos los instrumentos de financiación nuevos que vayan a promoverse en conjunción con el fondo para aumentar el impacto de los Fondos Estructurales se conciban de un modo sostenible que tenga en cuenta los mejores intereses de las regiones; pide que el Fondo se estructure de manera que se evite la nacionalización de las pérdidas y la privatización de las ganancias;
18. Acoge con satisfacción el firme compromiso de la Comisión con una mejor legislación y con el Programa REFIT; apoya el recurso a comprobaciones de la adecuación y pide a la Comisión que les dedique más atención; encuentra alentador el enfoque adoptado en el Programa de trabajo de «despejar la situación», y considera que comenzar de nuevo es precisamente lo que hace falta en muchos ámbitos políticos; advierte de que, en los casos en los que se retiren propuestas para sustituirlas por otras nuevas, estas nuevas iniciativas no deben introducir cargas mayores para las personas y las empresas afectadas;
19. Apoya el desarrollo y la modernización continuos de las leyes de propiedad intelectual de la UE y, en particular, los esfuerzos por mejorar el funcionamiento de los derechos de autor; se compromete a examinar en detalle las propuestas de la Comisión en este ámbito, de acuerdo con su propósito de facilitar el crecimiento y la realización del mercado único; recuerda a la Comisión que debe hallarse un equilibrio adecuado entre los intereses de todos los agentes participantes en actividades relacionadas con los derechos de autor y que si no se garantiza adecuadamente su respeto, los derechos de propiedad intelectual no aportarán valor a todos los interesados;
20. Celebra la insistencia en la inversión y pide que se sigan eliminando obstáculos a la inversión en toda la Unión; celebra la retirada del sistema de indemnización de los inversores; apoya las medidas destinadas a que los servicios financieros al por menor aporten más beneficios a los consumidores;
21. Considera que deben supervisarse cuidadosamente las externalidades de las novedades en este sector financiero; expresa su preocupación ante el desarrollo de normas diferentes entre competidores en situación de igualdad como consecuencia de la normalización de las regulaciones financieras; toma nota del considerable progreso de la regulación bancaria de la UE desde 2008 y en particular en 2013; considera correcto un análisis exhaustivo de los aspectos de competencia del ingente volumen de nueva regulación bancaria de la UE;
«Un mercado único digital conectado»
22. Apoya firmemente la prioridad concedida al mercado único digital en razón de las oportunidades que pueden generar las actividades digitales en términos de empleo, crecimiento, innovación y competitividad; indica que deben abordarse las cuestiones siguientes: confianza, privacidad y protección de datos, ciberdelincuencia y seguridad, accesibilidad, contenido digital y derechos de autor, interoperabilidad y normas, pagos electrónicos, contratación, licitación y facturación electrónicas, administración electrónica, infraestructura digital, contratación pública electrónica, información del sector público y datos abiertos, itinerancia e intermediarios en línea;
23. Apoya firmemente las nuevas iniciativas legislativas y no legislativas en el contexto del mercado único digital que conceden prioridad al crecimiento y propone que estas iniciativas se incorporen a un «Acta del Mercado Único Digital»; destaca que, siguiendo el enfoque de las Actas del Mercado Único, en el Acta del Mercado Único Digital deben tener prioridad las iniciativas no legislativas y legislativas con mayor potencial de generar crecimiento, empleos y competitividad, en particular el comercio electrónico;
24. Celebra el compromiso de la Comisión de liberar el comercio electrónico, pues los consumidores podrían ahorrar más de 11 700 millones de euros anuales si pudieran elegir entre una amplia gama de bienes y servicios al comprar en línea; subraya, a este respecto, que concretamente los servicios en línea, el acceso al contenido digital, la prevención del fraude, los registros en sitios web, las promociones de ventas y el etiquetado han sido señalados como obstáculos al mercado único digital;
25. Destaca la reciente Resolución del Parlamento Europeo sobre el Acta del Mercado Único Digital, aprobada por una amplia mayoría, que enumera los ámbitos clave de crecimiento que deben abordarse en el mercado único digital, como el comercio electrónico, los datos masivos y la computación en la nube; recuerda que la Resolución también llamaba la atención sobre la importancia crucial de la accesibilidad y la seguridad en línea;
26. Aguarda la estrategia de la Comisión, que señalará los desafíos mayores para completar un mercado único digital seguro, fiable y dinámico; celebraría particularmente las simplificaciones en beneficio de los consumidores para hacer adquisiciones digitales en línea, pero señala la importancia de que se brinde a los consumidores el mismo nivel de protección que en sus mercados tradicionales;
27. Apoya los esfuerzos de la Comisión Europea por concluir el Reglamento de la UE sobre la protección de datos; pide a este respecto que toda reforma de la legislación en materia de protección de datos sea proporcionada, viable y proteja los derechos de los consumidores y la privacidad y asimismo permita que prosperen las empresas y la economía y que florezca la innovación;
28. Pide que se observen las tendencias de la prestación de servicios en la esperada reforma de las telecomunicaciones, en particular las ofertas de paquetes de contenidos y servicios a fin de garantizar que los grandes operadores no abusen de posiciones dominantes en detrimento de los consumidores;
29. Destaca que los elementos no controvertidos del paquete sobre el «continente conectado» relativos a los contratos con consumidores y el consumo de datos deberían considerarse prioritarios en las negociaciones sobre el paquete a fin de poder avanzar;
30. Destaca las significativas inquietudes en relación con las medidas fiscales en la economía digital, en particular el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y la miniventanilla única, especialmente para las microentidades, e insta a la Comisión a que reconsidere urgentemente la necesidad de introducir un umbral para estas empresas;
«Una unión de la energía resiliente con una política de cambio climático que mire hacia el futuro»
31. Destaca la importancia de que el suministro de energía sea asequible, sostenible y seguro; considera la política de competencia de vital importancia para fomentar la segmentación funcional y afrontar la fragmentación actual del mercado; señala que la regulación de las ayudas de Estado en este ámbito debe hacerse en el mismo espíritu que en cualquier otro;
32. Hace hincapié, habida cuenta de los acontecimientos en curso en Ucrania, en que la seguridad energética debe reforzarse mediante una serie de medidas de toda una gama de opciones, como la diversificación de las fuentes de suministro, mejoras de la eficiencia energética para reducir el consumo, y un mayor uso de fuentes internas de energía, así como inversiones sustanciales en infraestructuras; pide que se aclare la idea de la «compra colectiva» de gas y otros productos energéticos; subraya que la cooperación ulterior en relación con negociaciones sobre energía debe ir de la mano con el refuerzo de la competencia en el mercado interior como clave para la seguridad del suministro a largo plazo y con la contribución a nuestros objetivos de diversificación;
33. Aguarda propuestas que desarrollen la «Unión de la Energía» y apoya los esfuerzos de mejora del funcionamiento del mercado interior de la energía y medidas de mejora de la infraestructura transfronteriza, como los interconectores, con este fin; anima a la Comisión a que vele por el desarrollo de fuentes interiores de energía como parte clave de la unión de la energía; le recuerda, no obstante, que incumbe a la responsabilidad de sus Estados miembros determinar su propia combinación energética y que cualquier política futura de descarbonización y reducción de emisiones debe tener en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad energética y la diversificación, no la sostenibilidad de manera aislada, como ha ocurrido hasta ahora;
34. Toma nota, en el contexto del marco estratégico para la Unión de la Energía, del reciente acuerdo en el Consejo Europeo de octubre sobre la política climática y energética para 2030, y acoge con satisfacción, en particular, la ausencia de objetivos vinculantes de energías renovables por Estado miembro, pues los objetivos actuales han resultado inflexibles y caros, y han ahogado la inversión en otras tecnologías hipocarbónicas, como la captura y el almacenamiento de carbono; insiste, no obstante, en relación con este marco, en que es imperativo que se mantengan las disposiciones de protección de los sectores industriales con riesgos de fuga de carbono;
35. Toma nota de que la Comisión revisará el proceso de adopción de decisiones para la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG); indica que 2015 es una fecha demasiado temprana para proponer nuevos cambios del marco jurídico de los OMG, pues debe evaluarse antes el impacto de la Directiva relativa a la liberación intencional en el medio ambiente de OMG revisada (2001/18/CE);
36. Toma nota del compromiso del Vicepresidente Timmermans de mantener la propuesta de Directiva sobre techos nacionales de emisión y presentar propuestas modificadas para reflejar mejor las sinergias con el paquete sobre energía y clima para 2030 y reducir las cargas administrativas, habida cuenta de la importancia de tratar la calidad del aire para abordar notables inquietudes públicas en cuestiones de salud y responder ante la urgente necesidad de cumplir los límites acordados a nivel internacional para 2020; pide a la Comisión que garantice que todas las demás enmiendas se atengan estrictamente al programa relativo a una mejor legislación y faciliten una mejor aplicación; solicita que la decisión de modificar la propuesta original no dé lugar a retrasos innecesarios;
37. Opina que invertir en una economía circular puede ser plenamente compatible con la agenda de la Comisión en materia de empleo, crecimiento y competitividad y tiene el potencial de dar lugar a una situación beneficiosa para todas las partes interesadas; insta, por consiguiente, a la Comisión a que trabaje con los Estados miembros con miras a alcanzar estos objetivos y a que, en caso necesario, reconsidere la retirada;
38. Solicita a la Comisión que aclare el calendario y el procedimiento relativos a la retirada y la adopción de una nueva propuesta modificada sobre la economía circular;
39. Pide a la Comisión que retire sus propuestas de Directiva marco del suelo y de Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, habida cuenta de la indebida carga económica y administrativa que impondrían a las empresas europeas, que amenazaría el crecimiento y el empleo;
«Un mercado interior más justo y profundo con una base industrial reforzada»
40. Acoge con satisfacción el plan de la Comisión de presentar una estrategia del mercado interior de bienes y servicios para mejorar el reconocimiento mutuo y fortalecer más sectores clave de la industria y los servicios con el mayor potencial económico, como los servicios a las empresas, la construcción, el comercio minorista, las profesiones reguladas y la mejora de la prestación de servicios y bienes;
41. Apoya firmemente la decisión de la Comisión de retirar y modificar la normativa común de compraventa europea; señala que la propuesta actual ha suscitado preocupación en algunas organizaciones de consumidores y opina que cualquier propuesta modificada debe basarse en modelos de contrato, que resultarían más fáciles de comprender para consumidores y empresas; Señala asimismo, en el contexto de la propuesta, que es fundamental que los consumidores disfruten en línea del mismo nivel de protección que tienen fuera de línea, en el mercado tradicional;
42. Destaca la importancia de la aplicación de las normas vigentes del mercado único, evaluar los problemas de aplicación y analizar los obstáculos y las oportunidades existentes, velando a la vez por que todas las medidas nuevas sean objeto de un análisis de impacto, tengan garantía de futuro y sean idóneas para la edad digital;
43. Pide al Consejo y a la Comisión que sigan consolidando la aplicación y el cumplimiento de la legislación acordada sobre el mercado único, en particular en relación con el sector de bienes y servicios, y que hagan más uso de los principios de evaluación mutua y reconocimiento mutuo;
44. Pide que se haga un mayor uso de la prueba de proporcionalidad, vinculada al procedimiento de evaluación mutua, para detectar normas desproporcionadas que inhiban la prestación de servicios y revocarlas si un número significativo de Estados miembros lo considera necesario;
45. Pide que se suprima la «prueba de necesidades económicas», que puede utilizarse para limitar el acceso a los mercados;
46. Destaca la función de la contratación pública para impulsar la innovación y el crucial acceso a los mercados;
47. Insta a la Comisión a que potencie el papel de las ventanillas únicas para que puedan asistir a los proveedores de servicios con las dudas que puedan tener en relación con su establecimiento en otros Estados miembros (de manera que no solo asistan a los que están cubiertos por la Directiva de Servicios) y facilitarles también información sobre el régimen fiscal aplicable;
48. Apoya las iniciativas que contribuyan a renovar la base industrial de los países europeos, que necesita apoyo en términos de investigación e innovación, acceso a la financiación y asimismo un mejor entorno legislativo que deje más flexibilidad a las empresas; aguarda las medidas específicas que serán propuestas para reducir la carga legislativa y administrativa de las pymes;
49. Hace hincapié en la continuación de la ejecución de Horizonte 2020, en particular en sus esfuerzos por atender en mayor medida a convertir una investigación de categoría mundial en productos y servicios que puedan contribuir a revitalizar la competitividad de las economías europeas;
50. Toma nota de la intención de la Comisión de retirar la propuesta sobre los servicios de asistencia en tierra y destaca que la nueva propuesta al respecto debe abordar los monopolios que aún existen en determinados grandes aeropuertos de la UE, tomando debidamente en consideración a aquellos Estados miembros que ya han liberalizado los servicios de asistencia en tierra; pide liberalización y competencia mediante un aumento del número de prestadores de servicios en grandes aeropuertos de la UE, pues ello mejorará la eficiencia y la calidad de las operaciones aeroportuarias y reducirá los precios para usuarios de aeropuertos y pasajeros; insiste, no obstante, en que la nueva propuesta no debe tratar asuntos sociales, en particular los traslados de personal, ni el establecimiento y la aplicación de normas mínimas de calidad para los servicios de asistencia en tierra;
51. Expresa su preocupación ante la falta de claridad y transparencia del marco regulador y la adopción de decisiones sobre asignación de inversiones del Plan de Inversiones para Europa en lo relativo a los proyectos de infraestructura de transportes; destaca la importancia de la claridad, pues el Fondo facilitará la inversión privada en proyectos más seguros de infraestructura de transportes, en particular en centros industriales, señalando al mismo tiempo que el objetivo general y las prioridades de financiación del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y de la política de RTE-T consisten en conceder financiación europea a proyectos transfronterizos de interés común a gran escala de menor rentabilidad (unos nueve corredores de la red básica), desarrollar una red completa de transporte multimodal de la UE y atender a la falta de infraestructuras adecuadas y accesibilidad y a la baja interoperabilidad entre diferentes zonas y regiones de la UE;
52. Destaca que la Federación de Rusia sigue rehusando respetar el acuerdo sobre la supresión gradual de los derechos por sobrevolar Siberia y que, en el contexto de las recientes sanciones de la UE contra Rusia, Rusia ha amenazado con prohibir a las líneas aéreas europeas que utilicen el espacio aéreo siberiano; insta a la Comisión a que establezca medidas legales efectivas (incluidas medidas recíprocas de denegación o limitación del uso del espacio aéreo de la Unión por parte de compañías aéreas de la Federación de Rusia) para forzar a Rusia a dejar de imponer tasas ilegales que someten a las compañías aéreas de la Unión a condiciones discriminatorias a largo plazo y obstaculizan la competencia libre y leal entre compañías aéreas en las rutas entre la UE y Asia;
53. Se declara de acuerdo con la retirada de la anticuada propuesta sobre las tasas de protección de la aviación; se declara escéptico acerca del futuro de esta propuesta, a la vez que apoya la necesidad de que las tasas de protección de la aviación sean equitativas y proporcionadas, habida cuenta de las numerosas dificultades de la propuesta, como el alcance de la directiva, las cuestiones relacionadas con los costes y la financiación pública; opina que los principios comunes para la percepción de tasas de protección en los aeropuertos de la Unión deben alinearse con la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias;
«Una unión económica y monetaria más profunda y más justa»
54. Hace hincapié en que la subsidiariedad en el ámbito de la fiscalidad es vital para la salud democrática y económica de Europa; rechaza toda maniobra para tomar cuestiones relativas a la gobernanza económica como pretexto para imponer medidas fiscales a nivel de la UE;
55. Acoge con satisfacción la idea de una Unión de los Mercados de Capitales o mercado único de capitales, pero observará atentamente la consulta de la Comisión y el desarrollo del plan de acción, velando por una visión ambiciosa y que ello no consista solamente en la eliminación técnica de barreras;
56. Acoge con satisfacción la propuesta relativa al rescate y la resolución de infraestructuras críticas del mercado con el fin de garantizar una protección adecuada de los activos de los inversores en estas entidades;
57. Toma nota de que los compromisos globales basados en la transformación de productos comercializados bilateralmente en una infraestructura de mercado multilateral aumentan la presión sobre estas instituciones;
58. Expresa su acuerdo, por consiguiente, con que las entidades financieras de importancia sistémica deben demostrar su adecuada gobernanza y una firme gestión de riesgos, en beneficio del conjunto del sistema;
59. Pide que el centro de atención se mantenga en una consolidación presupuestaria favorable al crecimiento; considera que impulsar la inversión no debe considerarse como una alternativa a las necesarias reformas estructurales;
60. Cuestiona algunos detalles del paquete de inversión, y pregunta concretamente cómo seleccionará el fondo de inversión los proyectos y cómo les asignará prioridades; cómo estimulará la inversión privada; y cómo evitará el fondo una situación de privatización de beneficios y nacionalización de pérdidas;
61. Acoge con satisfacción que la Comisión reconozca la competencia de los Estados miembros sobre sus sistemas fiscales;
62. Reitera su firme objeción a un impuesto sobre las transacciones financieras a menos que se introduzca a nivel mundial y recuerda a la Comisión la falta de apoyo a su propuesta precedente de base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades;
63. Toma nota de que el intercambio de información pertinente entre autoridades fiscales podría ser útil, pero destaca que los países de la UE no pueden permitirse verse en una situación de desventaja competitiva cuando persiguen la inversión y la recuperación económica;
64. Pide un análisis exhaustivo de la situación económica de la zona del euro;
65. Pide que se establezcan comparaciones entre la recuperación de la zona del euro y la de terceros países y regiones;
66. Pide una mayor atención a formas de financiación no bancaria, como el capital riesgo y la financiación colectiva;
«Un acuerdo de libre comercio razonable y equilibrado con los Estados Unidos»
67. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar la política de comercio e inversión de la UE y celebra el interés que se propone dedicar a su contribución al empleo y el crecimiento en la UE; solicita que este examen tenga una base amplia y carácter estratégico y prospectivo, cubra todos los aspectos de la política comercial y de inversión, incluidas las negociaciones bilaterales, plurilaterales y multilaterales y las medidas autónomas, con un interés particular en las relaciones comerciales no solo con grandes naciones emergentes y socios estratégicos de todo el mundo, sino también con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con los que la UE no tiene actualmente acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo;
68. Insta a la Comisión a que dedique suficientes recursos a fomentar una agenda comercial ambiciosa con socios comerciales de todo el mundo y trabaje también con miras a completar las negociaciones sobre una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) profunda, completa y equilibrada, señalando al mismo tiempo que la política comercial no debe limitarse a este ámbito, sino que debe comprender todos los acuerdos multilaterales, plurilaterales y bilaterales de comercio e inversión que son actualmente objeto de negociaciones;
69. Reconoce el enorme potencial de una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) exitosa, pues abaratará y facilitará la exportación para empresas de todos los tamaños de ambas orillas del Atlántico, con la perspectiva de añadir más de 100 000 millones de euros a las economías europeas mediante un mejor acceso a los mercados y la eliminación o la reducción de aranceles;
70. Agradece la Comunicación de la Comisión de 25 de noviembre sobre la transparencia en las negociaciones de la ATCI y la considera una buena medida para mejorar por igual la transparencia, la consulta a las partes interesadas y el acceso a los documentos, garantizando al mismo tiempo que se mantenga el grado de confidencialidad necesario para que los negociadores comerciales lleguen a un buen acuerdo final; expresa su disposición a trabajar junto con la Comisión para llevar a la práctica las disposiciones de esta Comunicación tan pronto como sea posible en 2015;
71. Reconoce los grandes beneficios para ambas partes de un buen Acuerdo Bilateral de Comercio e Inversión con India, y pide que se aporten energías renovadas a las negociaciones; pide asimismo la rápida reanudación de las conversaciones con miras a un acuerdo amplio que cubra, entre otros sectores, los servicios (seguros, banca, servicios postales, servicios jurídicos, publicidad, distribución, venta al por menor, etc.) y la industria (automóviles, vinos y licores, infraestructuras), y aporte salvaguardas más sólidas de la propiedad intelectual;
72. Pide a la Comisión que, como parte de su trabajo en 2015, presente propuestas de directiva que se dirigirán a los Estados miembros para la modernización del Acuerdo vigente con México; pide que estas directivas contengan disposiciones ambiciosas para la apertura mutua de los mercados, abordando los aranceles, las barreras no arancelarias y las barreras técnicas al comercio en toda una gama de sectores, como, sin ánimo de exhaustividad, los servicios financieros, los servicios profesionales, los seguros, la contratación pública, las sustancias químicas, los alimentos transformados, el comercio de energía, la propiedad intelectual y las industrias de la automoción;
73. Lamenta que la Comisión no haya asumido el compromiso de retirar su propuesta de Reglamento sobre el acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública, a pesar de la firme oposición de gran número de Estados miembros a lo que muchos consideran una medida proteccionista que podría entrañar graves dificultades comerciales con determinados socios comerciales, así como posibles medidas de retorsión que consistirían en cierres de mercado no solo en el ámbito de la contratación pública, sino también en otros sectores clave; opina que las cuestiones señaladas por la Comisión se abordarían mejor en negociaciones comerciales con miras a acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo o animando a otros países a adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP);
74. Expresa su preocupación ante la solicitud de la Comisión de un dictamen del Tribunal de Justicia Europeo sobre el Acuerdo de la UE con Singapur y el prolongado retraso que ello supondrá para su entrada en vigor;
«Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua»
75. Apoya los esfuerzos de la Comisión Europea por retirar propuestas legislativas que no han hallado apoyo en el Consejo y, en este contexto, considera adecuada la retirada de la Directiva sobre el permiso de maternidad, reconociendo el derecho de los Estados miembros a adoptar disposiciones que vayan más allá de los requisitos mínimos de la legislación de la UE;
76. Apoya plenamente la lucha contra la delincuencia transfronteriza y la corrupción; lamenta, no obstante, que, a pesar de una significativa oposición en el Consejo y de serias preocupaciones en cuanto a la proporcionalidad, la base jurídica, la subsidiariedad y los derechos fundamentales, la Comisión Europea no haya retirado la propuesta relativa al Fiscal Europeo;
77. Apoya plenamente el compromiso de la Comisión Europea de ayudar a hacer frente a las amenazas a la seguridad interior de los países de la UE relacionadas con los combatientes extranjeros y el terrorismo; insta, a este respecto, a la Comisión, a que incluya en su Programa de trabajo con carácter prioritario la rápida adopción de la Directiva PNR de la UE;
78. Acoge con satisfacción la prioridad concedida a la ciberdelincuencia en la Agenda Europea de Seguridad; pide a la Comisión Europea que actúe con firmeza en lo relativo a la protección de los niños en línea;
79. Lamenta que la Comisión Europea haya solicitado que las empresas cotizadas en bolsa en la Unión Europea alcancen una cuota de un 40 % de personas del sexo menos representado en sus consejos de administración; señala que la propia Comisión está formada por un 32 % de mujeres y un 68 % de hombres; insiste en que los nombramientos para puestos en consejos de administración deben basarse exclusivamente en los méritos y pide por ello a la Comisión que retire la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (COM(2012)0614);
80. Insta a la Comisión a que trabaje con los Estados miembros y terceros países para dar una serie de pasos medibles para erradicar prácticas perniciosas para las mujeres y las niñas, como el matrimonio infantil y el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, los asesinatos por cuestiones de honor, la esterilización forzosa, las violaciones en situaciones de conflicto, la lapidación y cualquier otra forma de brutalidad; insta a la Comisión a que trabaje con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para mejorar la asistencia disponible para las víctimas de tales brutalidades;
81. Apoya firmemente las medidas para poner fin a todas las formas de discriminación y las políticas que reconocen la importancia de la familia como base de la sociedad; celebra el compromiso de la Comisión de apoyar a las mujeres en su participación en el mercado de trabajo;
«Hacia una nueva política migratoria»
82. Apoya la necesidad de un enfoque firme pero equitativo de la política migratoria de la UE; apoya plenamente la petición de la Comisión de que se combatan los abusos del sistema migratorio de la UE;
83. Recuerda a la Comisión la grave preocupación de algunos Estados miembros acerca del abuso de las prestaciones sociales entre residentes de otros Estados miembros; destaca que las decisiones sobre pagos de prestaciones y asistencia social incumben exclusivamente a los Estados miembros;
84. Considera necesario que la migración se vincule a la política exterior de la UE, y pide a la Comisión que dé prioridad a la cooperación con terceros países, incluidos los de las regiones del África subsahariana, el norte de África y Oriente Próximo, mediante retornos, programas de reasentamiento y acuerdos de gestión de migraciones con los países de origen y de tránsito; pide asimismo a la Comisión que ofrezca más asistencia de tipo humanitario, político y de formación;
85. Pide a la Comisión que aborde las deficiencias existentes en cuanto a la calidad de las condiciones de detención y los procedimientos de asilo en la UE, pues ambos factores tienen un impacto significativo a la hora de hacer frente a las presiones migratorias de manera eficaz y eficiente;
86. Apoya plenamente la petición de la Comisión de que se tomen medidas firmes contra tratantes de personas y pasadores y de que se preste asistencia a terceros países mediante medidas de educación y formación para poner de relieve los riesgos de la trata de personas; exhorta a la Comisión a que dé prioridad a medidas concretas para hacer frente a la práctica vergonzosa de la esclavitud moderna y las ponga en práctica;
87. Pide a la Comisión que examine cómo puede mejorarse el futuro papel de Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo con el fin de responder a las presiones migratorias y los desafíos a que se enfrenta la UE, manteniendo la seguridad de las fronteras exteriores y evitando la pérdida de vidas humanas en el mar;
88. Pide que la Comisión lleve a cabo un análisis completo de la eficacia del uso de recursos y financiación de la UE en el ámbito de la migración y el asilo, en particular el uso de los fondos para Asuntos de Interior y especialmente en relación con el asilo, la integración, los controles de fronteras y los retornos;
«Un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial»
89. Respeta el derecho de los Estados miembros a tomar decisiones unilaterales sobre asuntos exteriores y política de seguridad y de defensa y alienta a que, cuando sea conveniente, se elaboren respuestas comunes a través del Consejo Europeo ante amenazas y desafíos compartidos actuales y emergentes;
90. Reitera su compromiso de trabajar en cooperación y no en competencia con organizaciones como las Naciones Unidas, la OTAN y el G-20 con el fin de garantizar que la UE y sus Estados miembros puedan hacer frente efectivamente a desafíos exteriores y de seguridad actuales y emergentes, en particular en las vecindades oriental y meridional de la Unión;
91. Insta a la Comisión a que aproveche la oportunidad que ofrece el Año del Desarrollo 2015 para impulsar un programa de revisiones periódicas del Acuerdo de Cotonú, en particular en el contexto de las cláusulas de derechos humanos y democracia;
92. Opina que los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deben conocer una reducción sustancial del número de objetivos y metas a fin de que la agenda de desarrollo para el periodo posterior a 2015 sea más coherente y eficaz, y que debe hacerse más hincapié en el crecimiento económico y la creación de riqueza en los propios países en desarrollo, en el comercio y en el apoyo a las pymes creando un entorno favorable a los propietarios de pequeñas empresas y facilitando el acceso a los servicios financieros; alienta los nuevos esfuerzos de lucha contra la corrupción, el blanqueo de dinero y los flujos ilícitos de capital como prioridad máxima en la financiación del desarrollo;
93. Pide un conjunto de objetivos único, convincente y comunicable para erradicar la pobreza extrema mediante el desarrollo sostenible para 2030, que debería centrarse en el crecimiento económico y la creación de riqueza, incluidos el consumo y la producción sostenibles como elemento clave del desarrollo sostenible; la paz, la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas por las instituciones; la libertad con respecto a la violencia y el Estado de Derecho;
94. Pide que los esfuerzos de desarrollo se reorienten al comercio y la inversión para el desarrollo y pone de relieve la importancia de los acuerdos de asociación económica (AAE) negociados, pues son instrumentos esenciales de desarrollo, basados en la reciprocidad y la liberalización del comercio entre miembros regionales; cree que los debates del año próximo sobre los AAE ofrecen una oportunidad para pedir un seguimiento eficiente de estos acuerdos y velar por la coherencia entre nuestras relaciones con los países ACP y nuestros objetivos de desarrollo;
95. Pide medidas a largo plazo para evitar futuros brotes de enfermedades; destaca la necesidad de inversiones sustanciales en sistemas locales de atención sanitaria, pues unas clínicas con una buena dotación de personal y bien equipadas ayudarían a los países asociados no solo a reaccionar ante crisis transitorias, sino ante enfermedades de prevalencia más común, como la malaria y las enfermedades diarreicas;
«Una unión de cambio democrático»
Cuestiones institucionales
96. Recuerda a la Comisión las promesas hechas por el Presidente Juncker de aceptar un «acuerdo justo» con el Reino Unido y otros Estados miembros que desean recuperar ámbitos de soberanía; pide a la Comisión que inicie las negociaciones presentando esta cuestión en la próxima conferencia intergubernamental que se celebre y manteniéndola hasta que puedan concluirse las negociaciones;
97. Expresa su preocupación ante la falta de transparencia en el Tribunal de Justicia Europeo (TJE); pide, por consiguiente, que el Tribunal permita que sus jueces presenten opiniones discrepantes, de acuerdo con la práctica de otros tribunales internacionales y, concretamente, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo;
98. Toma nota del dictamen del TJE sobre el acuerdo relativo a la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); cuestiona el valor seguir adelante con esta adhesión, habida cuenta de la complejidad y la incertidumbre que añadiría tener dos jurisdicciones en conflicto en el ámbito de los derechos del Convenio y los derechos de la Carta; mantiene su opinión de que la adhesión no debe constituir una prioridad para la UE y de que, al contrario, las partes contratantes del CEDH deben procurar su reforma para mejorar su adopción de decisiones, lo que debe tener carácter prioritario en el ámbito de los derechos humanos;
99. Acoge con satisfacción los compromisos de legislar mejor y de transparencia, en particular en lo relativo a la futura revisión de los acuerdos interinstitucionales; considera que estos tipos de reformas institucionales son necesarios para restablecer la confianza y modernizar la actitud de instituciones y perspectivas a menudo antiguas; expresa, no obstante, su profunda decepción al constatar que la reforma no ha sido un motor más explícito del presente Programa de trabajo;
Cuestiones presupuestarias
100. Pide a la Comisión que trabaje junto con los Estados miembros para garantizar que se introducen una disciplina y unos procesos más rigurosos que permitan un gasto mejor y más y eficiente; considera que el actual problema de pagos debe abordarse urgentemente y que deben hallarse soluciones sostenibles a largo plazo;
101. Destaca que el presupuesto de la UE debe ser un presupuesto de inversión centrado en obtener resultados concretos; opina que el presupuesto debe centrarse en ámbitos de gasto que ofrezcan un valor añadido claro y demostrable, y que todos los instrumentos deben agotarse con la mayor eficacia posible; pide, a este respecto, más y mejor control;
102. Recuerda que el gasto público europeo no puede quedar exento de los considerables esfuerzos hechos por los Estados miembros para poner su gasto público bajo control; insisten en que en aras de la eficiencia deben hacerse reducciones del personal de las instituciones de la UE, en que toda petición de personal para atender nuevas prioridades debe compensarse con reducciones en otros lugares y en que, por lo tanto, debe haber reducciones significativas en los presupuestos de las instituciones de la UE;
103. Insiste en que el presupuesto de la Unión no debe añadir cargas fiscales adicionales a los contribuyentes y debe orientarse claramente a ayudar a los Estados miembros a superar los actuales desafíos estructurales, incluido el de recuperar nuestra competitividad;
104. Opina que debe revisarse el proceso de adopción de decisiones en torno al procedimiento presupuestario anual; opina, a este respecto, que el Consejo debe establecer el presupuesto, y que el Parlamento, junto con la Comisión, debe fijar las prioridades de gasto y controlar íntegramente el gasto en términos de resultados;
Política agrícola común
105. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión con la simplificación de la política agrícola común; reitera, no obstante, que esta simplificación debe ir más allá de meros retoques legislativos y debe centrarse en simplificar las numerosas cargas reglamentarias que pesan sobre los agricultores de toda la UE; señala a este respecto que la última reforma de la PAC ha aumentado significativamente su complejidad;
106. Toma nota del compromiso de la Comisión de revisar las medidas de «ecologización» en el marco de los pagos directos tras el primer año de aplicación; exhorta, no obstante, a la Comisión a que garantice que esta revisión se convierte en una auténtica revisión intermedia de todos los aspectos de la PAC, no solo de las medidas de ecologización, con miras a hacerla más justa y menos onerosa para los agricultores y las administraciones nacionales y a garantizar que los agricultores europeos puedan ser competitivos en el mercado mundial;
107. Insta a la Comisión a que retrase un año la introducción de medidas de ecologización en el primer pilar de la PAC con el fin de dejar tiempo para hacer frente a las graves dificultades que encuentran muchas administraciones nacionales al tratar de aplicar estas reformas;
108. Destaca que la UE tiene unas normas de seguridad de los alimentos y de salud muy exigentes que son vitales para la confianza de los consumidores de la UE y reitera que estas normas no deben verse comprometidas ni ser objeto de negociación en los acuerdos que la UE trata de concluir con terceros países;
Política pesquera común
109. Lamenta que no haya referencias a la aplicación, el cumplimiento y el control de la política pesquera común reformada, pues desde el 1 de enero de 2015 se verán diversos cambios significativos en la PPC, como el refuerzo del aspecto regional de la PPC, la aplicación de la prohibición de descartes y la aportación de seguridad jurídica a los pescadores, el cumplimiento de los objetivos de rendimiento máximo sostenible y la recopilación de los datos necesarios para gestionar mejor los recursos pesqueros europeos; reconoce que siguen siendo necesarias reformas;
110. Insta a la Comisión a que trabaje estrechamente con los Estados miembros en especial en lo relativo al apoyo a la pesca artesanal, la conservación de los métodos pesqueros tradicionales y un mayor control nacional y regional de las poblaciones pesqueras y las prácticas de pesca;
111. Pide a la Comisión que presente una evaluación de impacto sobre la pesca recreativa y su impacto en los recursos pesqueros de la UE, lo que será acorde con las normas vigentes de la PPC;
112. Reconoce que el plan de gestión multiespecies del Báltico y la entrada en vigor de la obligación de desembarque, prevista en las reformas de la PPC, sustituirán a varios reglamentos bloqueados actualmente en el Consejo; pide a la Comisión que controle la aplicación del plan de gestión multiespecies del Báltico y de la obligación de desembarque;
113. Insta a la Comisión a que considere la posibilidad de levantar la prohibición de la pesca con impulsos eléctricos en la próxima revisión del Reglamento de medidas técnicas y le recuerda que esta técnica es sostenible e innovadora y podría contribuir a reducir los descartes;
114. Insta a la Comisión a que trabaje específicamente con Islandia para negociar un acuerdo pesquero que proteja el estado de la caballa a largo plazo;
Política regional
115. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de establecer una asociación más estrecha con los Estados miembros, los Parlamentos nacionales y las regiones con el fin de mejorar la aplicación y la eficacia de los Fondos Estructurales y de introducir las nuevas normas relativas a los Fondos para el periodo 2014-2020 con las menores fricciones posibles; destaca la importancia de la simplificación para mejorar la accesibilidad a los fondos y la eliminación de las irregularidades y el fraude;
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116. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.