PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2015
12.1.2015 - (2014/2829(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
Gabriele Zimmer en nombre del Grupo GUE/NGL
B8‑0039/2015
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2015
El Parlamento Europeo,
– Vista la Comunicación de la Comisión relativa al programa de trabajo de la Comisión para 2015 (COM(2014)0910),
– Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea[1], y, en particular, su anexo IV,
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Revisión de la gobernanza económica ‑ Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) nº 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 473/2013» (COM(2014)0905);
– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo del 18 de diciembre de 2014,
– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,
A. Considerando que la UE sigue lidiando con la crisis económica y social más profunda desde su fundación, con economías estancadas y la amenaza incipiente de la deflación, un desempleo elevado, la pérdida de derechos sociales y laborales, y crecientes desigualdades socioeconómicas, lo que pone a la UE ante retos sin precedentes;
B. Considerando que gran parte de la crisis actual tiene sus raíces en la introducción del euro, pues esta moneda presenta grandes deficiencias en su diseño estructural, lo que, visto en perspectiva, indica que no era adecuada; que algunas de las deficiencias son la falta de supervisión, pues cientos de miles de millones de euros fluyeron de los denominados países centrales hacia la periferia de la UE, y la falta de previsión, pues no existían estructuras que pudieran abordar los daños provocados por este repentino movimiento transnacional a gran escala de la moneda; considerando que todos los Estados miembros comparten la responsabilidad de los errores de diseño inherentes al euro, que la carga de la deuda que se ha derivado de estos errores es enormemente desproporcionada y algunos países se benefician mientras que otros se han visto empujados a una depresión grave; que aún no se han abordado estas deficiencias fundamentales ni los desequilibrios;
C. Considerando que las instituciones de la UE están imponiendo nuevas restricciones en los presupuestos nacionales; que esta política provocará el crecimiento del desempleo, grandes recortes salariales, un aumento de la edad de jubilación y un descenso del gasto público en ámbitos como la educación y la salud, y reducirá la demanda a la vez que allanará el camino para introducir un programa radical de privatizaciones, lo que creará las condiciones para seguir agravando la actual crisis económica y social;
D. Considerando que siete años después del estallido de la crisis financiera, la regulación del sector financiero sigue siendo insuficiente y persiste el peligro de los «bancos zombi», que se mantienen en vida a pesar de las últimas pruebas de resistencia del BCE, y que bloquean el flujo de crédito a las empresas y a las familias;
E. Considerando que los debates acerca de la denominada Unión de los Mercados de Capitales destacan que el grupo de presión de los mercados financieros es más fuerte que nunca pues intenta nuevamente elevar al máximo su libertad de acción y sus beneficios reavivando el mercado de productos tóxicos tales como los bonos de titulización de activos;
F. Considerando que las soluciones adoptadas, tales como los paquetes de gobernanza económica, eliminan permanentemente las opciones políticas de los gobiernos soberanos, elegidos democráticamente, de los Estados miembros y el control democrático por parte de los pueblos de Europa, incluidos los Parlamentos nacionales, e imponen una austeridad permanente que lleva a Europa hacia una depresión económica de larga duración;
G. Considerando que los sistemas fiscales están diseñados para favorecer a las grandes empresas y no a los ciudadanos corrientes; que las medidas de austeridad y de severa disciplina presupuestaria, junto con las grandes pérdidas de ingresos públicos provocadas por la evasión y la elusión fiscales, añaden más presión al presupuesto de los Estados miembros y perjudican a los intereses de los contribuyentes y de los trabajadores de la Unión;
H. Considerando que se plantea una importante cuestión de justicia social ante el hecho de que, mientras la población de Europa sufre de manera irreparable los programas de austeridad y las reformas estructurales de carácter neoliberal, son perfectamente legales los acuerdos fiscales secretos, la evasión fiscal mundial y la transferencia de beneficios a paraísos fiscales;
I. Recordando que el escándalo que rodea al papel del presidente de la Comisión en los regímenes de evasión fiscal en Luxemburgo ha debilitado la credibilidad de la Comisión, en especial en lo relativo a su objetivo declarado de luchar contra los paraísos fiscales, la evasión y el fraude fiscales y de fomentar un sistema fiscal justo en el que contribuyan todos los sectores de la sociedad;
J. Considerando que el clima de crisis sigue constituyendo una amenaza para la estabilidad, la salud y las condiciones de vida de las sociedades de todo el mundo, además de para el bienestar animal y la biodiversidad; que la política de la UE relativa al clima resulta insuficiente y la necesidad de un cambio real del sistema de producción se ha visto, hasta el momento, eclipsada por el deseo de mejorar la competitividad de la Unión en el mercado mundial;
K. Considerando que, hasta el momento, las políticas no solo no han logrado restablecer una economía sostenible e integradora que pueda generar empleos dignos para los millones de desempleados o subempleados de la Unión Europea, además de servicios de asistencia social de alta calidad, sin olvidar la protección del medio ambiente, sino que además estas políticas poco inteligentes han sembrado una profunda desconfianza entre los ciudadanos, que no creen que la UE pueda dar respuesta a los problemas con los que se enfrentan en la vida cotidiana;
L. Considerando que avanzar en la transparencia, la apertura y la democratización de la UE, también mediante una mayor participación de los ciudadanos a la hora de configurar el futuro de la Unión, es obligatorio para restablecer la confianza de los ciudadanos en la UE y, con ello, asegurar la supervivencia a largo plazo de la Unión;
M. Recordando que es necesario un cambio radical de planteamiento para enterrar las políticas que aplica actualmente la Comisión a favor de otras que contribuyan a los esfuerzos de la UE y de los Estados miembros por crear un crecimiento económico sostenible y el pleno empleo, y por combatir la pobreza, la exclusión social y las desigualdades de ingresos;
PARTE 1
1. Expresa su profunda insatisfacción por el hecho de que el programa de trabajo de la Comisión para 2015 no incluya propuestas legislativas elaboradas y debatidas en la legislatura anterior;
2. Condena enérgicamente el principio de discontinuidad política de la Comisión, pues debilita por completo los derechos del Parlamento Europeo como colegislador; insiste en que la decisión de retirar un expediente legislativo debe ser el resultado del procedimiento de toma de decisiones; se opone firmemente a la proposición de retirar la propuesta relativa al permiso de maternidad, así como el paquete sobre residuos, la revisión de las políticas sobre el aire puro y la iniciativa de economía circular, considerados básicos para el crecimiento sostenible y para el bienestar y la salud de los ciudadanos de la UE;
3. Lamenta profundamente el reciente intento de la Comisión de interferir en las elecciones nacionales griegas; insiste en que la Comisión debe abstenerse de injerencias en los procesos democráticos de los Estados miembros;
4. Lamenta que, a pesar de la promesa intrínseca de «Un nuevo comienzo», el programa de trabajo de la Comisión es básicamente la continuación de las políticas fallidas de consolidación presupuestaria, reformas estructurales y desregulación;
5. Considera, por tanto, que el programa de trabajo no aborda los principales retos a que se enfrenta hoy la UE, tales como las economías estancadas, la amenaza de deflación, un desempleo elevado, la pérdida de derechos sociales y laborales, las crecientes desigualdades socioeconómicas y una deuda pública y exterior elevada; insiste en que solo es posible superar la crisis económica, social, climática y política mediante una política radicalmente nueva que se centre en las personas, los animales y el medio ambiente en vez de en los intereses de los mercados financieros;
6. Critica el estandarte del programa de trabajo, el plan de inversiones propuesto, pues resulta completamente insuficiente para estimular la inversión, ya que presenta defectos conceptuales, propone la privatización de beneficios y la socialización de riesgos, y carece de los recursos financieros necesarios para abordar la enorme brecha de la demanda y la inversión en la UE; hace hincapié asimismo en la necesidad de sustituir el «Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas» por un «Programa Europeo para el Desarrollo Sostenible, el Empleo y la Inclusión Social», robusto y potente, que estimule un crecimiento de calidad y equilibrado desde el punto de vista social;
7. Lamenta profundamente que el programa de trabajo carezca por completo de dimensión social y medioambiental; deplora, además, la ausencia de políticas en materia de cultura, juventud y educación; destaca que las medidas de austeridad han debilitado los servicios públicos y puesto en peligro los efectos de la educación y la formación para la recuperación económica; recuerda que el apoyo a profesiones e industrias creativas y el aprendizaje permanente deben ser una prioridad de primer nivel para luchar contra el desempleo, la pobreza y las desigualdades;
8. Subraya que los niveles de la deuda pública y exterior de los países periféricos de la UE figuran entre los más elevados del mundo, lo que demuestra el carácter asimétrico del proceso de integración; recuerda que esta deuda se origina, en gran medida, a través de los rescates a entidades financieras que previamente habían llevado a cabo prácticas abusivas y especulativas, gracias a la falta de una regulación y un control democrático adecuados de la economía; denuncia que la deuda pública ha servido como pretexto para imponer medidas de austeridad, cuyas consecuencias son un aumento de la pobreza, la violación de los derechos humanos y sociales fundamentales y más deuda; considera imperativo abordar la carga de la deuda, renegociarla (restructurándola y reduciéndola sustancialmente), llevarla a niveles sostenibles, como cuestión urgente y de justicia elemental; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa que prohíba la confiscación de propiedades por parte de los bancos dirigida a ciudadanos corrientes que se han visto afectados negativamente por la crisis;
9. Insiste en que la Comisión reconsidere el programa REFIT a fin de evitar que un programa de mejora de la regulación y de simplificación se utilice como excusa para una desregulación que debilita la protección social de los trabajadores, la protección del consumidor, las normas medioambientales y de bienestar animal, y el diálogo social;
10. Reitera que la Comisión y los Estados miembros deben demostrar determinación política real y gravar a los propietarios reales de la riqueza, y que debe desarrollarse una estrategia global con medidas legislativas concretas y eficaces centradas especialmente en las operaciones comerciales internacionales, el traslado de beneficios multinacionales y las transacciones intragrupo, así como en la prohibición de las empresas off-shore y los paraísos fiscales, y fijar tipos mínimos del impuesto sobre sociedades;
11. Insta a la Comisión a que garantice que toda legislación futura se someterá a una evaluación del impacto sobre los derechos sociales y fundamentales; concretamente, los paquetes sobre gobernanza económica, la política en materia de inmigración y los regímenes de la UE para la recopilación, el procesamiento, la transferencia y el almacenamiento de datos a gran escala deben someterse a una evaluación ex ante de su coherencia con los derechos fundamentales;
PARTE 2
POSICIONES POLÍTICAS ESPECÍFICAS POR SECTOR RESPECTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PARA 2015
Una nueva política, socialmente equilibrada, para el empleo, el crecimiento y la inversión
12. Resalta que la crisis económica y social actual también es resultado de las políticas neoliberales de la Comisión que fomentan los mercados financieros desregulados, los mercados liberalizados de productos y servicios y la creciente financiarización de la economía, además de reducir la inversión pública y agravar la desregulación del mercado laboral; pide a la Comisión que invierta esta política;
13. Pide a la Comisión que presente una propuesta para la adhesión de la UE a la Carta Social Europea como primer paso para lograr un mejor equilibrio entre los intereses sociales y laborales, por una parte, y los intereses económicos, por otra;
14. Pide a la Comisión que sustituya el «Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas» por un «Programa Europeo para el Desarrollo Sostenible, el Empleo y la Inclusión Social», robusto y potente, que estimule un crecimiento de calidad y equilibrado desde el punto de vista social;
15. Pide a la Comisión que revise las normas en materia de ayudas públicas con miras a permitir la intervención estatal para impulsar proyectos con beneficios sociales y medioambientales, y para ayudar a las pymes y a las industrias en dificultades contribuyendo a reconstruir sus capacidades de producción, afectadas gravemente por la crisis;
16. Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión intermedia del MFP que refleje de verdad las prioridades necesarias para estimular un crecimiento sostenible, de calidad y equilibrado desde un punto de vista social;
17. Hace hincapié en que la política regional es un instrumento indispensable para fomentar la cohesión económica y social, cuyo principal objetivo es reducir las disparidades regionales, promover una convergencia real y estimular el crecimiento y el empleo; insiste en que es necesario proseguir y fortalecer la política de cohesión y en que esta debe seguir siendo una política independiente que ofrezca desarrollo sostenible (económico, social, ambiental y territorial) y reduzca las disparidades entre regiones y el atraso de las regiones más pobres;
18. Rechaza el enfoque de la Comisión que subordina la política de cohesión a la gobernanza económica europea, así como la utilización de la condicionalidad macroeconómica en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como un requisito para acceder a la política de cohesión y a los fondos de desarrollo regional; insiste en que la política de cohesión no debe utilizarse como un instrumento de penalización financiera;
19. Considera que la financiación de la UE existente y los actuales recursos financieros de la UE para la política de cohesión son insuficientes en relación con lo que sería necesario para alcanzar una convergencia real y reducir las disparidades regionales, los elevados niveles de desempleo, las desigualdades de renta y la pobreza en la Unión Europea; señala la necesidad de reforzar el presupuesto de la UE en el ámbito de la política de cohesión; manifiesta su profunda preocupación en cuanto al retraso significativo en la ejecución de la política de cohesión 2014-2020, así como en cuanto al retraso en los pagos de la política de cohesión para el periodo 2007-2013;
Una política digital que proteja los intereses y los derechos de los ciudadanos
20. Celebra el objetivo de la Comisión de encabezar la revolución digital; subraya, sin embargo, que Internet pertenece al dominio público y que garantizar el principio de neutralidad de la red debe ser parte central de la política de la UE;
21. Señala que la confianza de los ciudadanos en Internet resulta básica para el éxito de la economía y la sociedad digitales; considera que la ciberseguridad, en especial la de los menores, es importante pero que, para los ciudadanos, reviste la misma importancia no ser objeto de sospechas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la protección de la intimidad y de los datos privados en Internet frente a organismos públicos y privados;
22. Opina que, habida cuenta de las condiciones laborales cada vez más precarias en la economía digital, la estrategia de la Comisión relativa al mercado único digital debe completarse con medidas de salvaguardia a fin de garantizar condiciones de trabajo dignas en este sector;
23. Considera que un distintivo de «trabajo justo» para los programas informáticos (como juegos y aplicaciones) podría ser el primer paso en esta dirección;
24. Hace hincapié en que la reforma prevista de los derechos de propiedad intelectual no solo debe proteger los derechos de los propietarios (autores y creadores, por una parte, y sociedades de gestión colectiva, editoriales y empresas del sector del ocio, por otra), sino también asegurar un amplio acceso de la población e impedir que se frene la innovación;
Una nueva política climática sostenible y una política energética socialmente justa
25. Considera que la crisis climática es el resultado de un sistema de producción defectuoso que consume gran cantidad de energía y está orientado a la búsqueda de beneficios, y que la solución al cambio climático no puede dejarse al mercado, sino que exige un cambio radical de los métodos de producción y del consumo; pide a la Comisión que reconsidere su política climática y que la incorpore en todas sus políticas;
26. Lamenta la falta de ambición que ha demostrado hasta el momento la Comisión en lo que respecta a los objetivos vinculantes; considera que es urgentemente necesario incrementar la ambición en el ámbito del clima a fin de que la Unión Europea siga liderando las negociaciones relativas al cambio climático, fomente la creación de empleos ecológicos y contribuya en su justa proporción a la acción mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;
27. Toma nota de la promesa de presentar propuestas legislativas con miras a aplicar el paquete de medidas sobre el clima y la energía para 2030 a más tardar a finales de 2015; recuerda al presidente Juncker su compromiso con la aplicación de un objetivo de eficiencia energética del 30 %;
28. Pide a la Comisión que presente criterios vinculantes de sostenibilidad para el uso de energía y para la biomasa; pide además a la Comisión que presente propuestas para abordar la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de la ganadería intensiva, pues estos tienen un impacto mayor en el cambio climático que otros gases de efecto invernadero;
29. Toma nota de la intención de la Comisión de reformar y reorganizar la política energética de la UE para crear una Unión Europea de la Energía a fin de garantizar los suministros de energía, reducir la dependencia de las importaciones procedentes de terceros países, mejorar la participación de los consumidores, aumentar la eficiencia energética y el ahorro de energía, avanzar en una arquitectura energética cooperativa a escala internacional que incluya a Rusia y fomentar la investigación y la innovación en el ámbito de la energía; insiste, en este sentido, en que la política energética de la UE debe garantizar el acceso a la energía para todos, contribuir a precios asequibles de la energía que beneficien a todos los consumidores y reforzar el control y la regulación públicos en este sector, además de contribuir a una resolución pacífica de los conflictos en materia de energía;
30. Pide a la Comisión que se centre también en la cuestión de la pobreza energética al elaborar su propuesta de un marco estratégico para la Unión de la Energía;
31. Hace hincapié en la importancia de medidas ambiciosas de política estratégica y de inversiones significativas, encabezadas por el sector público, con objeto de apoyar decididamente el desarrollo de fuentes de energía renovables y la eficiencia energética, y en la necesidad de apoyar sistemas energéticos distribuidos con vistas a garantizar el suministro de energía y evitar la pérdida durante el transporte; resalta que debe fortalecerse la financiación de la investigación en el ámbito de las tecnologías hipocarbónicas, la modernización de las redes de distribución y el almacenamiento de energía;
32. Coincide con la Comisión en que es importante poner fin a cualquier aislamiento de los Estados miembros respecto a las redes europeas de gas y electricidad, y considera que la UE debe ayudar, con carácter prioritario, a los países más vulnerables a diversificar sus fuentes y sus rutas de abastecimiento; aboga por una producción de energía sostenible que, al mismo tiempo, permita a los Estados miembros alcanzar los objetivos de la UE en materia de energía con arreglo a sus condiciones específicas;
Un mercado interno equilibrado desde un punto de vista socio-económico y con una base industrial reforzada
33. Manifiesta su extrema preocupación por el hecho de que la Comisión presione para recuperar la titulización a través de la denominada Unión de los Mercados de Capitales; recuerda a la Comisión que el sector financiero se ha beneficiado enormemente de la desregulación de los mercados financieros y es una de las causas principales de la crisis económica; reitera su demanda de que se reduzca radicalmente el tamaño del sector financiero, de que se recuperen los préstamos bancarios tradicionales a la economía real poniendo fin a la austeridad que dificulta la demanda de inversión, y de que se garantice la supervisión y el control democráticos del sector bancario;
34. Lamenta que la revisión selectiva de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores se vea solo como una medida para profundizar el mercado interior, y no como una directiva para proteger las condiciones de los trabajadores; aboga por una auténtica política que proteja los derechos de los trabajadores contra el dumping social;
35. Reitera la importancia de una presencia repartida de actividades industriales y de manufactura en los distintos Estados miembros, en consonancia con los objetivos de la UE, que marcan que la industria debe generar el 20 % del PIB; observa que la industria produce el 80 % de las exportaciones de la UE y es una fuente importante de conocimientos tecnológicos y de empleo altamente cualificado; señala que, como resultado de la crisis, en muchos Estados miembros la producción industrial ha perdido más del 20 %, que varios sectores se han visto especialmente afectados por la crisis y que se necesita una nueva política industrial para construir nuevas capacidades industriales en actividades sostenibles;
36. Incide en el hecho de que sectores estratégicos como la industria siderúrgica, las materias primas y la construcción sufren especialmente, y en que las normas actuales en materia de competencia no están creando un entorno favorable para su desarrollo; recuerda que la Comisión tiene como objetivo que la industria genere el 20 % del PIB;
37. Señala que resulta fundamental prestar un mayor apoyo a las pymes, a las microempresas y a las cooperativas en especial con el fin de impulsar sus actividades dentro de un entorno comercial estable, reducir al mínimo los efectos de la posición dominante de grandes empresas y conglomerados en el mercado, y ayudar a la creación y al crecimiento de pymes, microempresas y cooperativas;
38. Pide un enfoque equilibrado desde un punto de vista regional frente a la política industrial con el objetivo de crear una base industrial diversificada en todos los Estados miembros y regiones, algo fundamental para garantizar elevados niveles de empleo y de actividad en toda la UE;
Una política económica y monetaria democrática
39. Está firmemente convencido de que la arquitectura de la gobernanza económica y de la UEM es antidemocrática;
40. Insiste en la sustitución del actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un auténtico pacto por el empleo y el desarrollo basado en criterios sociales que beneficien a los pueblos de la UE;
41. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un programa de apoyo, completado mediante la intervención del BCE, para los países intervenidos por la troika en caso de que decidan en manera soberana que la permanencia en el euro es insostenible e inasumible, previendo la compensación adecuada para las pérdidas provocadas en el marco de una salida negociada de la moneda;
42. Pide una conferencia intergubernamental con objeto de revocar el Pacto Presupuestario (Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria) y aboga por su suspensión inmediata hasta que se celebre dicha conferencia;
43. Insta a la Comisión a que reconozca finalmente que las medidas de gobernanza económica han fracasado por completo a la hora de restablecer un crecimiento equilibrado desde un punto de vista económico y social, y por ello reitera su petición de que revise a fondo los paquetes de seis y de dos medidas y que los sustituya por incentivos fiscales ambiciosos y socialmente equilibrados;
44. Considera que la legislación relativa a la unión bancaria responde únicamente a los intereses del gran capital financiero en la UE e infringe los principios democráticos básicos; aboga por la derogación de la legislación relativa a la unión bancaria y afirma que es necesario garantizar un control público y democrático del sistema bancario;
45. Defiende un cambio profundo en el mandato y los estatutos del BCE, que ponga fin a su falsa autonomía, garantice su control político y democrático por parte de los Estados miembros en pie de igualdad, y que devuelva a los Estados miembros la facultad de decidir sobre opciones económicas clave, incluido el control de su política monetaria; defiende asimismo iniciar la transformación del BCE en un prestamista de última instancia, con lo que actuaría como los bancos centrales normales que estimulan la economía en épocas de deflación y recesión; insiste, en este contexto, en que el BCE y el BEI deben financiar directamente las inversiones públicas a fin de apoyar la economía real en lugar de las nuevas burbujas del precio de los activos;
46. Reclama a la Comisión una evaluación exhaustiva y transparente de las diversas medidas de gobernanza económica, incluidos los programas de ajuste macroeconómico prescritos por la troika, y que reflexione sobre las críticas que formulan no solo economistas críticos, sino también miembros de la troika misma; reitera su llamamiento a disolver inmediatamente el sistema de la troika;
47. Lamenta y pide poner fin inmediatamente a las políticas fiscales injustas, incluidos los impuestos sobre el agua, injustos y regresivos, que se imponen a los Estados miembros a través de programas de ajuste presupuestario, y especialmente bajo la supervisión de la troika, y que violan el principio de igualdad proporcional y de progresividad de la fiscalidad, pues las familias con pocos ingresos se ven afectadas de manera desproporcionada por tales medidas;
48. Lamenta el enfoque, que combina un razonamiento a corto plazo con medidas a medias, que está aplicando la Comisión respecto al desempleo juvenil; pide a la Comisión que intervenga en los vectores a largo plazo del empleo juvenil, centrándose especialmente en la creación de empleos de calidad sostenibles para jóvenes, por ejemplo a través de un enfoque sólido basado en derechos;
Una nueva política comercial justa
49. Expresa su profunda preocupación respecto a la orientación general que imprime la Comisión a la política comercial internacional de la UE, en particular su falta de coherencia con los objetivos clave para la UE de crear empleo, luchar contra la pobreza, garantizar una economía sostenible, controlar la especulación, especialmente la especulación con los alimentos, proteger la salud pública, el bienestar animal, la agricultura sostenible y el medio ambiente, y de velar por la diversidad cultural;
50. Rechaza los mandatos, demasiado extensos, que el Consejo ha otorgado a la Comisión para negociar acuerdos de libre comercio de amplio alcance, tales como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), que presentan una seria amenaza para la seguridad y la soberanía alimentarias, el empleo, el medio ambiente, la salud pública y los servicios públicos, entre otros, y que permite la inclusión de un mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados, con todas las consecuencias negativas de tales sistemas; pide a la Comisión que detenga estas negociaciones comerciales internacionales en 2015, y que reoriente los acuerdos comerciales internacionales de la UE;
51. Recuerda que los estudios de impacto encargados por la Comisión, en especial los relativos a la ACTI, al ACS y al AECG, que prometen empleo y riqueza para todos, presentan deficiencias graves y una falta de credibilidad porque los modelos económicos utilizados son obsoletos; pide a la Comisión que utilice modelos económicos más creíbles y que compruebe los resultados de los acuerdos de libre comercio ya en vigor y los compare con los estudios de evaluación de impacto;
52. Destaca que todos los acuerdos de libre comercio deben estar condicionados a la salvaguardia de los niveles actuales de regulación del trabajo, la protección de los derechos medioambientales y sociales, y la salvaguardia en materia de contratación pública y prestación de servicios de interés público, incluido el derecho de los países a adoptar en el futuro medidas más exigentes en estos ámbitos; insiste en que todo mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados debe quedar excluido de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, con el fin de mantener el control democrático sobre dicha regulación;
53. Rechaza el secretismo en los acuerdos comerciales internacionales, y pide a la Comisión que haga públicos todos los documentos de la negociación a los diputados y a todos los ciudadanos interesados; aboga por un debate público y democrático con todas las partes interesadas pertinentes, en especial sindicatos y representantes de la sociedad civil, a fin de garantizar una adecuada supervisión de las implicaciones del programa de la Comisión en materia de libre comercio;
54. Considera que el lanzamiento precipitado de nuevos acuerdos de libre comercio busca esquivar los planteamientos reales para resolver la crisis, por ejemplo, la reducción de las desigualdades económicas en el seno de la UE, la limitación de los abusos cometidos por las sociedades corporativas y los inversores, la auditoría y la reducción de la deuda pública, y la necesaria lucha contra la evasión fiscal y la elusión fiscal;
55. Recuerda que, a raíz de la posición de los Estados miembros y del Parlamento, la Comisión aceptó el principio de «excepción cultural», en virtud del cual la cultura debe tratarse de manera diferente a otros productos comerciales y, por tanto, los bienes y los servicios culturales deben quedar fuera de las negociaciones; opina, por ejemplo, que ello debe incluir la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, las subvenciones públicas, las obligaciones de financiación para entes de radiodifusión, los impuestos sobre entradas de cine, los acuerdos de coproducción, las medidas de política lingüística, el funcionamiento de canales que cumplen un servicio público, la existencia de límites de participación en canales y redes, los derechos de propiedad intelectual y los sistemas específicos de seguridad social;
Una política real en materia de justicia y derechos fundamentales
56. Pide a la Comisión que desempeñe un papel activo y presione por la adopción de una directiva horizontal contra la discriminación, en consonancia con la posición del Parlamento, y en la lucha contra la discriminación, incluidos los ataques a la población romaní, a los migrantes, a los solicitantes de asilo y a otros grupos vulnerables;
57. Pide a la Comisión que evalúe la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población gitana y la recomendación del Consejo relativa a medidas para favorecer una integración efectiva de este colectivo en los Estados miembros, y que proponga medidas adicionales, si procede, para la inclusión real de la población gitana;
58. Pide a la Comisión que aplique las Resoluciones del Parlamento sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE, incluidos los informes Michel, Benova, Gal y Tavares; pide a la Comisión que proponga rápidamente un plan de acción sobre el dilema de Copenhague;
59. Pide a la Comisión que presente un plan de acción para que los Estados miembros mejoren las condiciones de detención, teniendo en cuenta especialmente el uso generalizado de la prisión preventiva, también en los casos de orden de detención europea; insta a la Comisión a que tenga plenamente en cuenta la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las condiciones de detención;
60. Manifiesta su decepción ante la inacción de la Comisión respecto al informe legislativo de propia iniciativa sobre la revisión de la orden de detención europea; pide a la Comisión que presente una nueva propuesta, teniendo en cuenta el informe del Parlamento sobre este asunto y, en especial, la cuestión de las pruebas de proporcionalidad;
61. Lamenta que la Comisión no haya incluido en sus nuevas iniciativas una propuesta renovada y actualizada de acceso público a los documentos, que refleje el acuerdo en primera lectura que alcanzó el Parlamento en 2011;
62. Manifiesta su preocupación por el anuncio de la Comisión de que presentará un programa europeo sobre seguridad; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación en profundidad de la necesidad, la proporcionalidad y la eficacia de los instrumentos existentes en el ámbito de la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada antes de proponer nuevas medidas en este ámbito (por ejemplo, registros de nombres de pasajeros (PNR) y el Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos (TFTP));
63. Insta a la Comisión a que responda a las peticiones del Parlamento Europeo formuladas en sus resoluciones sobre presuntas operaciones de la CIA de transporte y detención ilegal de presos en los países europeos, en especial a raíz del informe del Senado de los EE.UU. sobre torturas practicadas por la CIA;
64. Celebra el renovado compromiso de adherirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); considera, no obstante, que la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la adhesión de la UE al TEDH constituye un grave retroceso para los derechos humanos;
65. Acoge con satisfacción el compromiso de adherirse a la Carta Social renovada;
66. Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta la sentencia del TJUE en los asuntos combinados C‑293/12 y C‑594/12 de 8 de abril de 2014; insta a la Comisión, en este contexto, a que se abstenga de proponer más medidas sobre la base de la recopilación de oficio de datos;
67. Considera que la sentencia del TJUE sobre la retención de datos es pertinente para la recopilación de los datos de los registros de nombres de pasajeros a efectos de aplicación de la ley; pide, por tanto, a la Comisión que retire su propuesta de un PNR de la UE;
68. Exhorta a la Comisión a poner en marcha esfuerzos serios para proteger a los ciudadanos frente a la creciente vigilancia estatal;
Una política sobre migración basada en los derechos humanos
69. Aboga por que la futura comunicación relativa a un programa europeo sobre migración adopte un enfoque realmente holístico frente a la migración de la UE elaborando propuestas para desarrollar sistemas seguros y legales para acceder a la protección en Europa para todas las mujeres, hombres y niños que necesitan protección, de manera que las personas no se vean obligadas a arriesgar sus vidas en el Mediterráneo o en los desiertos en su camino hacia Europa;
70. Aboga por que la futura comunicación relativa a un programa europeo sobre migración desarrolle nuevos caminos para la inmigración legal más allá de los trabajadores altamente cualificados, de manera que las personas dejen de aceptar empleos irregulares;
71. Condena el enfoque actual de la política común europea sobre migración, que se centra en la prevención y la represión de la migración irregular, también mediante la detención, sin ninguna consideración por el número creciente de solicitantes de asilo que escapan de guerras, persecución y catástrofes climáticas;
72. Manifiesta su grave preocupación ante la voluntad de la Comisión de intensificar la cooperación con terceros países a fin de mejorar la gestión de la migración; expresa su preocupación por la proliferación y la ampliación de tales acuerdos, también por su extensión a terceros países donde no se respetan los derechos humanos de las personas, como en el caso del Proceso de Jartum y en la futura Iniciativa sobre la ruta migratoria UE‑Cuerno de África;
73. Señala que la cooperación de la UE con terceros países en materia de migración puede entrar en conflicto con el derecho efectivo de hombres, mujeres y niños a abandonar su país; considera que ello contribuye al aumento de las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo en todas las fases del proceso de migración;
74. Condena la creciente externalización de las fronteras de la UE disimulada como cooperación al desarrollo; recuerda que la ayuda al desarrollo no debe ligarse a la celebración de acuerdos de readmisión, al despliegue y utilización de tecnologías de vigilancia de fronteras ni a la detención de migrantes;
75. Pide a la Comisión que empiece a considerar posibles enmiendas al actual Sistema Europeo Común de Asilo, teniendo en cuenta la jurisprudencia pertinente tanto del TJUE como del TEDH, y la necesidad de un estatuto uniforme de asilo, válido en toda la Unión (como se recoge en el artículo 78, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea);
Un actor mundial pacífico
76. Pide a la Comisión y al Consejo que desarrollen una política exterior equilibrada que refuerce las relaciones de la UE con socios estratégicos en ámbitos importantes, por ejemplo el Mediterráneo, Rusia, China y los nuevos actores emergentes mundiales y regionales;
77. No está de acuerdo con las líneas a partir de las cuales se despliegan la PESC y la PCSD, es decir, en plena sintonía con la OTAN y la relación transatlántica, militarizando aún más las relaciones internacionales, defendiendo intervenciones y respaldando activamente el complejo industrial-militar; defiende el respeto del Derecho internacional y el retorno a medios diplomáticos y políticos para la resolución de conflictos;
Una Unión de cambio democrático
78. Celebra el compromiso de presentar propuestas para un acuerdo interinstitucional sobre un registro obligatorio de transparencia para todas las instituciones de la UE, pero reitera la necesidad de mejorar la democracia representativa y participativa mediante la aplicación de los artículos 9 a 12 del Tratado de Lisboa;
Otras prioridades políticas
Política pesquera
79. Aboga por una política pesquera común (PPC) que fomente la modernización y el desarrollo sostenible del sector pesquero, garantizando su viabilidad socioeconómica, la sostenibilidad de los recursos, el mantenimiento y la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del sector;
80. Hace un llamamiento en pos de medidas dirigidas a mejorar el precio de la primera venta de pescado y los ingresos de los trabajadores del sector y a introducir mecanismos de subvención o compensación para los trabajadores afectados por los efectos económicos y sociales de los planes de recuperación, así como sistemas de gestión plurianuales y medidas de protección de los ecosistemas;
81. Solicita medidas destinadas a garantizar la soberanía nacional respecto de las zonas económicas exclusivas de los Estados miembros y de sus recursos pesqueros, permitiendo una gestión de proximidad; considera que deben mantenerse las doce millas como zona de acceso exclusivo para la flota nacional de cada Estado miembro y propone considerar la posibilidad de su ampliación a las zonas adyacentes, en función de las plataformas continentales;
82. Pide que se proteja la biodiversidad en los entornos marinos, garantizando condiciones favorables para que las poblaciones de peces se recuperen; aboga, en este sentido, por la creación de zonas sin pesca en áreas en las que las poblaciones de peces y la biodiversidad estén amenazadas;
83. Reafirma la necesidad de que la PPC reconozca las características específicas de la pesca artesanal y costera y analice en qué medida los actuales instrumentos son adecuados para las necesidades del sector, adaptándolos en consecuencia;
84. Pide que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) apoye la pesca artesanal, aborde de lleno los problemas específicos del sector y apoye la gestión de proximidad, la pesca sostenible y el desarrollo de las comunidades costeras;
85. Lamenta que la PPC aprobada y la organización común de mercado (OCM) queden muy por debajo respecto a las necesidades reales del sector de la pesca, y pide que se revisen estas dos normativas lo antes posible;
86. Critica el daño que los recortes drásticos por exceso de celo practicados en el total admisible de capturas (TAC) pueden causar en el sector, en las condiciones de vida y en las comunidades rurales, y pide a la Comisión que haga cuanto esté en su mano para evitar que esto se repita en el futuro;
Políticas agrícolas
87. Considera que la agricultura europea es uno de los sectores que puede mantener una cierta creación de valor a pesar de los efectos de la crisis; observa, sin embargo, que el sector carece de muchos agricultores y que la no sustitución por parte de los agricultores jóvenes es grave; lamenta que este fenómeno ponga en riesgo nuestros importantes patrimonios agrícolas y rurales en el mundo, a la vez que las grandes empresas agrícolas amplían sus márgenes e imponen su modelo de un sistema de alimentación mundial que comporta efectos destructivos para el medio ambiente; destaca, por tanto, que los agricultores y no las grandes empresas, deben ocupar el centro de la política agrícola y alimentaria europea, con objeto de impulsar realmente el crecimiento y el empleo en todas las regiones de la UE; observa que la tendencia actual conduce a la disminución de las granjas familiares tradicionales en toda Europa y a un descenso de la actividad social y económica en las zonas rurales;
88. Se opone enérgicamente a la dominación del mercado y a la fijación de precios injustos por parte de las grandes empresas agroalimentarias, que explotan a los agricultores y fuerzan la sobreproducción a expensas de la calidad de los alimentos, la salud humana y animal, el bienestar animal y el medio ambiente;
89. Hace hincapié en que la UE necesita instrumentos políticos fiables, claros y democráticos para ayudar a los agricultores a vender sus productos a precios adecuados, impulsando la producción de calidad en el sector agrícola, una de las características más conocidas de la agricultura europea en todo el mundo; considera que, ante este panorama, es fundamental revisar la PAC, en los próximos años, a fin de encontrar una distribución equitativa de los recursos que ayude a los agricultores y no a las grandes compañías ni a los grandes propietarios;
90. Destaca que Europa debe desarrollar instrumentos públicos que adapten la oferta y la demanda a fin de mantener los ingresos de los agricultores y los niveles de producción de alimentos con el fin de proteger a los agricultores frente a la volatilidad de los precios;
91. Pide a la Comisión que mantenga el sistema de cuotas y que trabaje por una redistribución justa del derecho a cultivar entre los productores de la UE;
92. Pide a la Unión Europea que prohíba la autorización, el cultivo y la comercialización de OMG y que asuma un compromiso firme con el sector europeo de la agricultura ecológica, el único que ha crecido en los últimos decenios;
93. Subraya que Europa debe dar prioridad a la protección de su suelo agrícola, teniendo presente que 2015 es el año internacional del suelo, y afrontar la cuestión del acaparamiento de tierras, un problema de importancia mundial, para defender a los agricultores, el suelo y el medio ambiente;
94. Destaca, con miras a proteger el suelo agrícola a largo plazo, la necesidad de una prevención eficaz del cambio climático y de estrategias de mitigación que se pongan en marcha en toda Europa a fin de descarbonizar el sector agrícola pero, al mismo tiempo, buscando proteger la productividad de las granjas europeas;
95. Pide que se revise y se estimule el sector de la horticultura en todos los Estados miembros a fin de garantizar que los alimentos nutritivos recorren el mínimo de kilómetros alimentarios;
96. Insta a la Unión a que prohíba cualquier forma de patente sobre las semillas, con objeto de proteger a los agricultores frente a la competencia desleal y la burocracia innecesaria;
97. Lamenta que actualmente no se respeten las normas en materia de bienestar animal en la ganadería europea y suplica a la Comisión que garantice que los Estados miembros aplican adecuadamente la legislación en vigor;
98. Aboga por abandonar la ganadería intensiva en pos de una forma de producción de proteínas justa, sostenible y de origen vegetal para la agricultura de la UE;
99. Pide a la Comisión que publique su informe sobre la construcción de un sistema alimentario europeo sostenible, que ya ha sido aprobado por tres antiguos comisarios, y que proponga un plan de acción que tenga en cuenta las conclusiones de dicho informe;
100. Pide a la Comisión que mejore las normas en materia de bienestar animal en la actual legislación de la UE relativa a la agricultura ecológica y que elimine todas las excepciones en las normas sobre bienestar animal, por ejemplo el uso de razas no adecuadas, la estabulación trabada y la castración innecesaria;
101. Pide a la Comisión que retire sus propuestas sobre clonación y que presente otras que reflejen la posición del Parlamento Europeo, además de permitir la aplicación del procedimiento legislativo ordinario; se opone a la elección del procedimiento de aprobación para la directiva sobre la introducción en el mercado de alimentos derivados de clones animales, ya que ello privaría al Parlamento de su derecho a modificar la propuesta;
102. Critica enérgicamente la existencia continua de restituciones agrícolas a la exportación de cualquier tipo; exige su inmediata abolición;
103. Acoge con satisfacción la iniciativa reciente de los Países Bajos, Alemania y Dinamarca de limitar el tiempo máximo de transporte de animales vivos a ocho horas; pide a la Comisión que revise, con carácter urgente, el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, y que reduzca el tiempo máximo de transporte de animales vivos;
104. Aboga por una revisión intermedia, que resulte firme y eficaz a la hora de encontrar soluciones a los problemas intrínsecos de la PAC;
105. Solicita que se abra el debate para desarrollar una nueva política de la UE en materia de agricultura y alimentación que responda a los intereses de toda la sociedad;
Derechos de la mujer e igualdad de género
106. Pide un capítulo independiente en materia de derechos de la mujer e igualdad de género en el que:
– invita a la Comisión y al Consejo a que presenten una propuesta para una estrategia exhaustiva de la UE por lo que se refiere a la violencia ejercida sobre las mujeres, incluida legislación sobre normas mínimas para luchar contra la violencia ejercida sobre las mujeres; considera que no deben existir planes de acción específicos sobre, por ejemplo, la mutilación genital femenina, la violencia doméstica o la violencia sexual, sino que todas las formas de violencia contra la mujer deben incluirse en una estrategia general y efectiva basada en una perspectiva de igualdad de género, que incluya promover la adhesión de la UE al Convenio de Estambul, firmado en 2011 para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
– resalta la necesidad urgente de disponer de una estrategia de la UE en materia de igualdad entre mujeres y hombres, basada en la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, y abordar sus doce esferas de especial preocupación; su principal objetivo debe ser aplicar todos los pasos necesarios para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, empezando por una arquitectura o un marco para los derechos de la mujer en el nivel europeo; sin esta estructura, y sin esta estrategia, no se respetarán los derechos de las mujeres y de las niñas europeas ni serán iguales (ni a los hombres ni entre ellas); se debe entender la estrategia y apoyarla como la respuesta política estratégica de las instituciones europeas a los retos a que se enfrentan las mujeres 20 años después de la aprobación de la Plataforma de Acción de Pekín; está en juego la credibilidad de la UE en materia de derechos humanos en general, tanto en Europa como en el panorama internacional;
– pide al Consejo de la Unión Europea y a los Estados miembros que se comprometan y avancen en las negociaciones con el Parlamento, que den a conocer su posición oficial, y que apoyen una sólida directiva sobre el permiso de maternidad a fin de garantizar que todas las mujeres europeas cuentan con los mismos derechos;
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107. Pide a la Comisión que revise su programa de trabajo en consonancia con la Resolución del Parlamento, incluidas las posiciones específicas por sector que figuran en la parte 2 de la presente Resolución;
108. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
- [1] DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.