Procedimiento : 2015/2530(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0122/2015

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B8-0122/2015

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PV 11/02/2015 - 9.18
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P8_TA(2015)0032

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.526v01-00
 
B8-0122/2015

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre medidas en materia de terrorismo (2015/2530(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Javier Nart en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas en materia de terrorismo (2015/2530(RSP))  
B8‑0122/2015

El Parlamento Europeo,

–       Vistos los artículos 2, 3, 6, 7 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–       Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 6, 7, 8, 10, apartado 1, 11, 12, 21, 47 a 50, 52 y 53,

–       Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre «la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros»(1),

–       Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos(2),

–       Visto el informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE (TE-SAT) referente a 2014,

–       Visto el informe de Europol de evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada facilitada por Internet (iOCTA) referente a 2014,

–       Vista la Evaluación de Europol de la amenaza de la delincuencia organizada grave en la UE (SOCTA) referente a 2013,

–       Visto el dictamen 01/2014 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre Protección de Datos relativo a la aplicación de los conceptos de necesidad y proporcionalidad y la protección de datos en el ámbito de las funciones coercitivas,

–       Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de septiembre de 2014, sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas (Resolución 2178 (2014)),

–       Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012)(3),

–       Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(4),

–       Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo(5),

–       Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de junio de 2014, sobre el Informe final sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 2010-2014 (COM(2014) 365),

–       Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE(6),

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que el respeto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho constituye un elemento esencial para el éxito de las políticas de lucha contra el terrorismo;

B.     Considerando que los trágicos acontecimientos sucedidos recientemente en París nos recuerdan que la Unión Europea se enfrenta a una amenaza terrorista permanente y cambiante que durante la última década ha golpeado con dureza a varios de sus Estados miembros con atentados que no solo iban dirigidos contra las personas, sino también contra las libertades en las que se basa la Unión;

C.     Considerando que la seguridad es uno de los derechos garantizados por la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, y que merece un debate abierto y transparente para alcanzar el objetivo último de garantizar la seguridad de todos y lograr la aceptación jurídica y popular de las medidas que se vayan a aplicar;

D.     Considerando que la lucha a largo plazo contra el terrorismo y la radicalización que lleva a la violencia debe basarse en una respuesta transversal, en todos los niveles, que se base asimismo en políticas de cohesión, en la educación y, en términos generales, en políticas socioeconómicas;

E.     Considerando que la amenaza terrorista en la UE tiene una dimensión interior y una dimensión exterior;

F.     Considerando que la envergadura del desafío al que se enfrenta la Unión requiere una respuesta que identifique con claridad el nivel de acción más adecuado y pertinente, sin excluir, de ser necesaria, una posible adaptación del Tratado, y que tenga presente la necesidad de garantizar mecanismos de control democrático en todos los niveles; considerando que la falta de una definición precisa del concepto de seguridad nacional ha llevado con frecuencia a los Estados miembros a limitar la puesta en común de conocimientos y experiencias, el intercambio de información o la cooperación a nivel europeo, con la justificación de que la materia en cuestión —es decir, la seguridad— es de su competencia exclusiva;

G.     Considerando que en todos los atentados de los últimos diez años, varios servicios de inteligencia y, en algunos casos, las propias fuerzas policiales conocían a los autores, y que se han detectado claras deficiencias en el intercambio y comunicación de la información disponible entre las autoridades, tanto a nivel nacional como europeo; considerando que la fragmentación de la información relativa a las amenaza terroristas a nivel nacional no permite su máximo aprovechamiento;

H.     Considerando que la nueva orientación dada a los recursos de los servicios de inteligencia, que prima la recogida indiscriminada de datos y la constitución de múltiples bases que reúnen el resultado de los programas de recogida masiva de información, ha afectado a la capacidad de los servicios en lo que atañe a la inteligencia humana, herramienta cuya ausencia, como se ha comprobado tras los últimos ataques, ha tenido una importancia crucial;

I.      Considerando que la rapidez en la evolución de las formas graves de delincuencia transnacional, incluido el terrorismo, ha puesto con frecuencia de manifiesto los límites de la capacidad de cooperación policial y judicial en Europa, debido a la falta de integración de la cooperación policial y la limitada armonización del marco judicial necesario para enjuiciar eficazmente a los delincuentes;

J.      Considerando que las estrategias de prevención en la lucha contra el terrorismo deben basarse en una perspectiva múltiple dirigida a combatir directamente la preparación de atentados en territorio de la Unión, pero que también debe incorporar la necesidad de eliminar las causas profundas del terrorismo, por ejemplo actuando contra la radicalización que lleva a la violencia, respondiendo a la propaganda terrorista, suprimiendo las deficiencias en la integración social e identificando factores críticos;

K.     Considerando que en ocasiones las medidas antiterroristas adoptadas en la UE desde los atentados del 9 de septiembre en los EE.UU. no se han aplicado eficazmente o, debido al contexto específico del momento de su adopción, no tuvieron suficientemente en cuenta la necesidad de garantizar todos los derechos fundamentales y limitar posibles interferencias con esos derechos mediante la observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad en relación con los objetivos perseguidos; considerando que el Tribunal de Justicia ha declarado en su sentencia en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12 que la Directiva sobre conservación de datos es inválida;

L.     Considerando que, siguiendo los principios de buena práctica legislativa, la presentación de nuevos instrumentos para luchar contra el terrorismo debe ir acompañada de una evaluación exhaustiva de las herramientas existentes y de su aplicación, con el fin de definir los problemas de aplicación y las lagunas legislativas que deben subsanarse;

1.      Transmite sus condolencias a las víctimas de los ataques terroristas que se han producido recientemente en París y a sus familias, así como a las víctimas del terrorismo en todo el mundo; pide a todos los Estados miembros que apliquen con eficacia y rapidez la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos;

2.      Pide a la Comisión Europea y al Consejo que den su respaldo a una hoja de ruta renovada para la lucha contra el terrorismo, con el fin de lograr una respuesta eficaz a las amenazas existentes y garantice la seguridad efectiva de todos, garantizando al mismo tiempo los derechos y libertades que son los principios fundacionales del proyecto europeo;

3.      Subraya, en particular, la necesidad de que la Unión Europea, sus Estados miembros y los países socios fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo internacional en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales; subraya, asimismo, que la acción exterior de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo internacional debe dirigirse ante todo a la prevención, y resalta la necesidad de fomentar el diálogo, la tolerancia y el entendimiento entre las diferentes culturas y religiones;

4.      Reitera su petición a la Comisión y al Consejo para que realicen una evaluación exhaustiva de la medidas antiterroristas y conexas de la UE, en particular por lo que se refiere a su incorporación a la legislación y su aplicación práctica en los Estados miembros, y del grado de cooperación con las agencias de la UE en la materia, en especial Europol y Eurojust, así como una evaluación complementaria de las lagunas existentes, haciendo uso del procedimiento previsto en el artículo 70 del TFUE, y que publiquen dicha evaluación junto con el programa europeo sobre seguridad;

Solución de las necesidades de intercambio de inteligencia e información a nivel de la UE

5.      Pide la creación de un organismo europeo para la puesta en común, el intercambio y la comunicación proactiva de información de los servicios nacionales de inteligencia, con el objetivo a largo plazo de establecer la puesta en común obligatoria de inteligencia sobre amenazas terroristas;

6.      Señala que debe existir una clara distinción entre la recogida de información con fines de seguridad nacional por parte de las fuerzas policiales, por un lado, y de los servicios de inteligencia, por otro; insiste en que la creación de dicho organismo ha de ir acompañada de la creación de una base adecuada en los Tratados y un marco jurídico que prevea salvaguardias para los derechos de los ciudadanos y mecanismos de control democrático;

7.      Pide a los Estados miembros que optimicen el uso de las plataformas, bases de datos y sistemas de alerta que ya existen a nivel europeo, como el Sistema de Información de Schengen (SIS), sistema de información de Europol (SIE), el equipo temático «viajeros» de Europol y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS);

8.      Insiste en que se impongan nuevas obligaciones a los Estados miembros, de modo que sea obligatorio el intercambio de información sobre delitos graves y terrorismo mediante informes SIS, con lo que mejoraría la eficacia de los instrumentos existentes;

9.      Señala que la adopción de cualquier nuevo instrumento que implique la recogida, tratamiento y conservación de datos personales con fines policiales debe basarse en un marco global claramente definido a tales efectos;

10.    Pide a la Comisión que revise su propuesta de marco legal para la recogida de datos de registro de nombres de los pasajeros en la UE, con el fin de cumplir el Derecho primario de la UE y ajustar la propuesta a la reciente jurisprudencia; pide la adopción rápida y simultánea del paquete de protección de datos, incluida la adopción de un enfoque general en el Consejo que respete las normas mínimas establecidas en la Directiva 95/46/UE;

11.    Insiste en que cualquier instrumento futuro cuya aplicación implique la recogida de datos personales debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad;

Refuerzo de la seguridad interior y las capacidades policiales

12.    Es consciente de la necesidad de reforzar la cooperación entre las autoridades policiales y el papel de Europol; manifiesta, a este respecto, su disposición a trabajar con el Consejo para alcanzar un acuerdo con miras a renovar el marco jurídico de Europol;

13.    Pide a la Comisión que estudie una propuesta para la creación de un Centro Europeo Antiterrorista en el seno de Europol, a semejanza del ya existente Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3);

14.    Señala que también es esencial que la legislación nacional vele por el profesionalismo de las fuerzas policiales y que se garantice el respeto de los derechos fundamentales en las actividades policiales y de vigilancia a nivel nacional y europeo; celebra, a este respecto, la propuesta de la Comisión para renovar el marco jurídico de la Escuela Europea de Policía (CEPOL);

15.    Insiste en que el acervo de Schengen debe preservarse y defenderse frente a cualquier intento de aprovechar políticamente la actual amenaza a la seguridad para recortar la libre circulación;

16.    Pide a los Estados miembros que aprovechen al máximo todas las herramientas de que ya disponen para garantizar la seguridad en el espacio Schengen y el territorio de la Unión, incluida la verificación de los documentos de viaje de todas las personas, con independencia de su nacionalidad, en las fronteras exteriores de la UE, con el fin de determinar su identidad, y la consulta de las bases de datos pertinentes en cada una de estas verificaciones, haciendo una interpretación flexible del vigente Código de fronteras Schengen;

17.    Destaca que la cuestión de la autorización de los padres a los menores que salen del territorio de su Estado miembro de residencia, que en la actualidad no se aplica de forma coherente en toda la UE, debe ser examinada con el fin de evaluar si es necesario un permiso obligatorio a nivel de la UE;

18.    Lamenta las reticencias del Consejo a avanzar en la propuesta de estrategia global de ciberseguridad, en la que está plasmada la visión de la UE sobre la forma de prevenir y responder a los ciberataques de la forma más eficaz;

Adaptación del marco judicial europeo para luchar contra la delincuencia transfronteriza grave

19.    Destaca que el marco judicial a nivel europeo para enjuiciar eficazmente las formas graves de delincuencia transfronteriza, como es el caso del terrorismo, debe ser reformado y fortalecido; apoya, a este respecto, un proceso legislativo eficiente para lograr sin demora una reforma de Eurojust que refuerce el intercambio de información sobre procesos y condenas;

20.    Considera que debe estudiarse la comunicación obligatoria a Eurojust de los procesos por terrorismo, y que deben reforzarse las sinergias entre Eurojust y Europol en sus ámbitos de competencia respectivos;

21.    Insiste en que el fortalecimiento de Eurojust debe adoptarse en paralelo a la propuesta de creación de la Fiscalía Europea;

22.    Pide ampliar el mandato de la Fiscalía Europea para que abarque determinadas categorías de delincuencia transfronteriza grave, como el terrorismo y la delincuencia organizada, y así permitir una respuesta judicial más eficiente y aumentar la capacidad de actuación preventiva en el ámbito de la justicia;

23.    Celebra la próxima adopción a nivel europeo de un marco jurídico actualizado para luchar contra el blanqueo de capitales, lo que constituye un paso decisivo que se ha de aplicar a todos los niveles para garantizar su eficacia y, de este modo, dar respuesta a una importante fuente de financiación de las organizaciones terroristas;

24.    Insiste en la necesidad de intensificar la vigilancia y la represión de la financiación del terrorismo, del crimen organizado y del tráfico ilegal, como parte de una estrategia global dirigida contra las diversas fuentes de financiación de las que se nutren en la actualidad las organizaciones y los proyectos terroristas;

25.    Pide una revisión de la Directiva sobre armas de fuego (Directiva 91/477/CEE, modificada por la Directiva 2008/51/CE) con el fin de mejorar el intercambio de información en este ámbito y la cooperación de la respuesta europea a este fenómeno; considera que una de las prioridades de la UE en su lucha contra las formas graves de delincuencia internacional organizada ha de ser la lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego;

Lucha contra las causas profundas del terrorismo y de la radicalización que lleva a la violencia

26.    Destaca que el actual debate sobre el refuerzo de las medidas de seguridad y vigilancia para luchar contra el terrorismo no debe ser el único objetivo de la futura respuesta europea; señala que la necesidad de prevenir y abordar la radicalización que lleva a la violencia es de importancia primordial para obtener resultados en el objetivo a largo plazo de proteger a la Unión Europea de las amenazas terroristas;

27.    Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en su lucha contra los factores que favorecen la radicalización y el extremismo que llevan a la violencia y en la concepción de estrategias de prevención que abarquen los ámbitos de la educación, la integración social, la lucha contra discriminación y el diálogo intercultural e interreligioso;

28.    Pide la adopción de una recomendación del Consejo sobre estrategias nacionales de prevención de la radicalización que lleva a la violencia, recomendación que ha de abarcar una amplia gama de factores que favorecen la radicalización y ofrecer recomendaciones a los Estados miembros sobre el establecimiento de programas de desmovilización, rehabilitación y desradicalización;

29.    Insiste en que se preste especial atención a las cárceles y las condiciones de internamiento, con medidas específicas para luchar contra la radicalización en ese entorno;

30.    Apoya la adopción de una estrategia europea de lucha contra la propaganda terrorista, las redes radicales y el reclutamiento en línea que aproveche la labor y las iniciativas anteriores de carácter intergubernamental y voluntario con el fin de avanzar en el intercambio de mejores prácticas y métodos satisfactorios en este ámbito y que contribuya al desarrollo de un discurso alternativo dirigido a la población sobre la que suelen actuar los reclutadores;

31.    Tiene el firme convencimiento que uno de los objetivos de las estrategias de prevención debe ser asimismo el apoyo a los líderes comunitarios que promueven la desradicalización, apoyo que debe dar prioridad a las políticas dirigidas a los niveles local y de comunidad y que debe abarcar la elaboración y aplicación de estrategias de comunicación y discurso alternativo dirigidas a públicos específicos;

32.    Insiste en que, para ser eficaz y creíble, la estrategia contra las causas profundas del terrorismo y la radicalización que lleva a la violencia también debe apoyarse en un reforzamiento positivo de los valores en que se basa la Unión; pide, a este respecto, la adopción de un pacto de la UE de gobierno democrático para establecer un instrumento vinculante y gradual que garantice el respeto efectivo de los principios de democracia y de derechos fundamentales dentro de la UE;

33.    Pide a la Comisión que coopere con todas las partes interesadas en el ámbito de Internet con el fin de establecer normas comunes a nivel de la UE y definir una respuesta en materia de seguridad al terrorismo y la ciberdelincuencia que no fragmente Internet;

34.    Recomienda la creación de un grupo director compuesto por expertos y representantes de empresas que defina una respuesta coordinada para las cuestiones de acceso, supresión de contenidos y cooperación con las autoridades policiales y judicial, y recomienda que la UE establezca posteriormente normas comunes dirigidas a las empresas para que las políticas de acceso, contenidos y supresión se apliquen de forma uniforme;

35.    Señala que la respuesta estratégica en el ámbito de Internet debe garantizar que los derechos humanos y las libertades fundamentales —como el derecho a la intimidad, a la protección de datos, a un juicio equitativo y a la tutela judicial— sean objeto de la misma protección tanto en línea como fuera de línea;

Adopción de una estrategia exterior de la UE para luchar contra el terrorismo internacional

36.    Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que adopte una estrategia exterior de la UE de lucha contra el terrorismo internacional que se ocupe de las fuentes del terrorismo internacional y de la política antiterrorista ordinaria en el marco de la política exterior y de seguridad común; pide al SEAE que cree el puesto de «agregado de seguridad» dentro de las delegaciones de la UE en terceros países;

37.    Pide a la Comisión y al SEAE que elaboren una estrategia de cooperación antiterrorista con terceros países, garantizando el respeto de las normas internacionales de derechos humanos, en especial, el derecho a un juicio justo;

38.    Insta al SEAE y a los Estados miembros a que den prioridad a la cooperación con los países vecinos, y en especial con Turquía, en materia antiterrorista y de control de las fronteras y la migración, y que se ponga en marcha una política europea común sobre visados entre los Estados miembros y Turquía;

39.    Observa el nuevo fenómeno de la guerra híbrida, incluida la dimensión del terrorismo apoyado por Estados y los nuevos métodos de guerra terrorista, como los ataques económicos e informativos y los ciberataques;

40.    Destaca la importancia de luchar contra la pobreza y la desigualdad en todo el mundo, promover las soluciones pacíficas a las crisis internacionales e internas y aliviar el sufrimiento humano, e insta a la UE a que no aplique un doble rasero al promover nuestros valores y objetivos en las políticas exteriores;

41.    Muestra su apoyo a la aplicación del Tratado de Defensa Conjunta y Cooperación Económica de la Liga de los Estados Árabes como instrumento para dar respuesta a los peligros que en toda la región árabe se derivan del avance de la mentalidad yihadista extremista fomentada por el Estado Islámico, los hutíes de Yemen y otros grupos; pide que se prosiga la labor de presión a los principales actores del mundo árabe para que desistan de las guerras por procuración en Libia, Siria, Irak y Yemen, retiren su apoyo económico a las milicias y busquen soluciones negociadas para lograr la paz y la estabilidad en la región;

42.    Insta a una intensificación de los esfuerzos por crear una capacidad europea de defensa y aumentar la cooperación con los países vecinos y los terceros países estratégicos, en particular mediante la asistencia a la formación, la asesoría técnica, el apoyo a la capacidad ofensiva y el compromiso militar directo con las fuerzas locales;

43.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO C 168 E de 14.6.2013, p. 45.

(2)

Textos Aprobados P7_TA(2013)0418.

(3)

Textos Aprobados P7_TA(2014)0173.

(4)

Textos Aprobados P7_TA(2014)0230.

(5)

DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.

(6)

Textos Aprobados, P8_TA(2014)0102.

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