Procedimiento : 2015/2572(RSP)
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B8-0229/2015

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PV 12/03/2015 - 8.9
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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4.3.2015
PE552.204v01-00
 
B8-0229/2015

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre las prioridades de la Unión Europea ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015 (2015/2572(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades de la Unión Europea ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015 (2015/2572(RSP))  
B8‑0229/2015

El Parlamento Europeo,

–   Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1953,

 

–   Vistas la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000 (A/Res/55/2), y las resoluciones de su Asamblea General,

 

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas,

 

–   Vistas sus resoluciones urgentes sobre los derechos humanos y la democracia,

 

–   Visto el próximo 28º periodo de sesiones del CDH, que se celebra del 2 al 27 de marzo en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,

 

–   Vistos la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, el Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), el programa de acción de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20) y la Plataforma de Acción de Pekín,

 

–   Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

 

A. Considerando que, sesenta años después de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la lucha contra la discriminación y por el pleno ejercicio de todos los derechos humanos —sociales, económicos, culturales, civiles y políticos— sigue siendo un combate diario;

 

B. Considerando que los derechos económicos, sociales y culturales forman parte integrante de los derechos humanos y que, para respetarlos, han de aplicarse plenamente, como mínimo, los ocho objetivos para el desarrollo de la Declaración del Milenio del año 2000, es decir: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo; que se fijó un ambicioso calendario para alcanzar estos objetivos en 2015, pero que hoy en día todavía estamos lejos de alcanzarlos;

 

C. Considerando que, debido a la crisis financiera en los países de la OCDE, el mundo se enfrenta a la peor coyuntura económica desde la década de 1930; considerando que, según las estimaciones de la OMS, más de 100 millones de personas se han sumido en la pobreza debido al aumento del coste de los alimentos y la energía en el pasado; que la denominada habitualmente «crisis financiera y económica» es en realidad una crisis sistémica mundial que afecta a todos los sectores de la sociedad y repercute en todos los ámbitos: político, social, medioambiental, alimentario, energético, etc.;

 

D. Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían garantizar el respeto de los derechos humanos en todas sus políticas, tanto interiores como exteriores, y velar por la coherencia de dichas políticas para reforzar la posición de la UE y sus Estados miembros en el CDH y hacerla creíble;

 

E. Considerando que una delegación de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se desplazará a Ginebra con ocasión del 28° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), tal como hizo en años anteriores para los precedentes periodos de sesiones del CDH y, anteriormente, para los de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

 

F. Considerando que ocho Estados miembros forman parte en la actualidad del Consejo de Derechos Humanos: Alemania (hasta 2015), Estonia (hasta 2015), Francia (hasta 2016), Irlanda (hasta 2015), Letonia (hasta 2017), los Países Bajos (hasta 2017), Portugal (hasta 2017) y el Reino Unido (hasta 2017); que, además, el Consejo de Derechos Humanos eligió en su periodo de sesiones de 8 de diciembre de 2014 a los miembros de la Mesa para el noveno ciclo —que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015— y al presidente del Consejo, Joachim Rücker (Alemania);

 

G. Considerando la necesidad de fortalecer el trabajo de la Unión y de sus Estados miembros con el CDH y en su seno, y ello no solo para promover una visión indivisible de los derechos humanos, sino también para tener en mayor consideración las recomendaciones del CDH y aplicarlas mejor en la política de derechos humanos de la Unión, tanto a nivel interno como externo;

 

H. Considerando el orden del día de este 28º periodo ordinario de sesiones, en particular su punto 3 (promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo) y su punto 7 (la situación de los derechos humanos en Palestina y en los otros territorios árabes ocupados);

 

Funciones y organización del CDH

 

1.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que se opongan activamente a cualquier intento de debilitar el concepto de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos y animen activamente al CDH a combatir de igual manera todo tipo de discriminación, sea cual sea el motivo en que se base;

 

2.  Advierte contra la instrumentalización del CDH; destaca la importancia de sus resoluciones sobre países concretos para tratar los casos de violaciones graves de los derechos humanos; destaca la importancia que reviste evaluar la situación de los derechos humanos de forma objetiva, transparente, no selectiva, constructiva, sin buscar la confrontación y sobre la base de información fiable y de un diálogo interactivo, en condiciones de universalidad e igualdad de trato para todos los Estados; pide a los Estados miembros que contribuyan activamente a la aplicación de estos principios acordados con respecto al CDH;

 

3.  Subraya la importancia de hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad política en algunos países mediante políticas de desarrollo acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otras medidas socioeconómicas, políticas y culturales que puedan crear un entorno propicio para evitar el resurgimiento de conflictos, y destinadas a eliminar la pobreza, fomentar el desarrollo económico, social y cultural, crear capacidades institucionales y administrativas, mejorar la calidad de vida de la población y consolidar el Estado de Derecho por medios exclusivamente pacíficos;

 

4.  Toma nota de la lista de candidatos que presentará el grupo consultivo para los mandatos del Consejo de Derechos Humanos; lamenta la dimisión de un miembro del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y destaca la importancia de este Grupo de Trabajo a la hora de instaurar normas vinculantes en materia de derechos humanos para las empresas; acoge favorablemente las prioridades temáticas establecidas en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: reforzar los mecanismos internacionales de derechos humanos; impulsar la igualdad y luchar contra la discriminación; combatir la impunidad y reforzar la rendición de cuentas y el Estado de Derecho; integrar los derechos humanos en el desarrollo y en la esfera económica; ampliar el espacio democrático; y la alerta temprana y la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad; destaca la importancia de la prioridad reconocida a las migraciones;

 

5.  Celebra la creación de un mecanismo de expertos subsidiario para dotar al CDH de competencias temáticas en materia de pueblos indígenas, compuesto por cinco expertos independientes; toma nota de que el grupo consultivo propondrá al presidente del CDH una lista de candidatos para sustituir a uno de los cinco expertos independientes del mecanismo, procedente del grupo de Estados africanos, cuyo mandato expirará en marzo de 2015;

 

6.  Observa que Arabia Saudí es miembro del Consejo de Derechos Humanos hasta 2016; condena con firmeza las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el Reino de Arabia Saudí; reitera su llamamiento a la abolición universal de la pena de muerte y pide una moratoria inmediata de las ejecuciones en dicho país; condena que Arabia Saudí siga aplicando la pena de muerte por una amplia gama de motivos considerados delito en ese país, como la homosexualidad, las infracciones en materia de drogas, la apostasía o la brujería; exhorta a las autoridades saudíes a que pongan fin a todos los castigos corporales en el país y a que incorporen a la legislación nacional las normas internacionales de derechos humanos; pide igualmente a las autoridades saudíes que pongan en libertad inmediatamente a todos los presos de conciencia, incluido el bloguero Raif Badaoui;

 

7.  Observa asimismo que Kazajistán es miembro del Consejo de Derechos Humanos hasta 2015; muestra su profunda preocupación por los informes sobre presiones continuas a las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sindicales independientes en Kazajistán, según se indicaba en la declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, tras su reciente visita a Kazajistán en enero de 2015; lamenta el encarcelamiento continuado de presos políticos como Vladimir Kozlov, líder del partido opositor ALGA, Vadim Kuramshin, abogado de derechos humanos y defensor de los derechos presos, o el poeta y escritor Aron Atabek; invita al CDH a apoyar activamente su puesta en libertad inmediata, así como la puesta en libertad de todos los presos detenidos y procesados por motivos políticos; pide al CDH que muestre firmeza en la cuestión de los derechos de los presos; solicita a las autoridades kazajas, en particular por ser Kazajistán miembro de la Mesa del CDH en el 28º periodo de sesiones, que apliquen plenamente las recomendaciones del reciente examen periódico universal (EPU) de las Naciones Unidas y del Comité contra la Tortura (CAT) y a manifestar su compromiso en favor de la mejora de la situación de los derechos humanos en el país;

 

Informe anual del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes del Alto Comisionado y del Secretario General

 

8.  Saluda el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH); considera especialmente esencial el punto 5 del informe, en el que se afirma: «El aumento de la desigualdad y la exclusión política, económica y social de grupos marginados menoscabaron la dignidad y los derechos de las personas en muchos Estados e impulsaron gran parte de los disturbios y la mayoría de los conflictos comunicados. Los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo se vieron menoscabados por las políticas de austeridad que afectan desproporcionadamente a los pobres y marginados, al igual que la corrupción; no siempre se dio prioridad a los servicios públicos ni se reconoció el derecho de las personas a participar en decisiones que determinan sus vidas. Los migrantes siguieron padeciendo profundos sufrimientos y los últimos acontecimientos ocurridos en el mar demuestran un desprecio despiadado por la vida humana y los derechos humanos.»; solicita a la Unión y a los Estados miembros que ofrezcan recursos humanos, materiales y económicos suficientes para operaciones cuya única finalidad sea el salvamento marítimo; pide a la Unión y a los Estados miembros que abran a los solicitantes de asilo todas las vías jurídicas, en particular con un aumento sustancial de las plazas de reasentamiento de refugiados y la concesión de visados humanitarios, y que desarrollen las vías de inmigración económica legal;

 

9.  Considera igualmente esencial la atención prestada en el informe al impulso de la igualdad y a la lucha contra la discriminación, con independencia de que esté motivada por la raza, por la pertenencia a una minoría, por el sexo, por la orientación o la identidad sexual o por la discapacidad; destaca que la Unión y sus Estados miembros también deben aplicar las recomendaciones del ACNUDH en este ámbito;

 

10. Toma nota del informe del ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (A/HRC/28/3/Add.1-3); celebra la reanudación de las negociaciones de paz el pasado diciembre y la contribución de Cuba para poner fin a la guerra civil en ese país; observa, no obstante, que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la actividad sindical y política, y que las violaciones de los derechos humanos, de las que también son objeto estudiantes, militantes de los partidos de la oposición, agricultores, mujeres y niños, gozan de una impunidad prácticamente total; se opone, en consecuencia, a la ratificación del acuerdo de libre comercio con este país; condena con firmeza que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende directamente del presidente de la República, haya efectuado escuchas sistemáticas y acciones ilegales para desacreditar a altos magistrados, parlamentarios de la oposición y defensores de los derechos humanos; recuerda que también han sido objeto de estas actividades la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, personas que residen en Europa y organizaciones no gubernamentales; pide que estos graves hechos no queden sin castigo; pide a la Unión que aplique las recomendaciones relativas a Colombia del informe de 2009 del Comité contra la Tortura;

 

11. Se felicita de que se haya presentado al Consejo el informe del Alto Comisionado sobre la cuestión de los derechos humanos en Chipre; insiste en su condena de las violaciones reiteradas de los derechos humanos debidas a la continuada ocupación del 37 % del territorio de la República de Chipre, así como de la persistente violación del Derecho internacional humanitario durante cuarenta años por Turquía contra grecochipriotas y turcochipriotas; manifiesta su especial preocupación por la situación de los refugiados, las personas de los enclaves y los familiares de los desaparecidos; condena la privación del acceso a los bienes inmuebles y del uso de estos; condena la imposición de medidas de austeridad contra los turcochipriotas por parte de Turquía en las zonas que se encuentran bajo control militar, que constituye una violación de sus derechos económicos y sociales fundamentales; solicita a las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros que denuncien estas violaciones continuadas, condenen la presencia de tropas turcas y colonos y pidan el fin inmediato de la ocupación del territorio chipriota por el ejército turco y la política de alteración de la demografía de la República de Chipre; subraya que dichas violaciones son constitutivas de crímenes de guerra; denuncia la reubicación, por parte de Turquía, de fosas comunes en las que están sepultadas personas desaparecidas; pide a Turquía que autorice el acceso a todas las zonas militares y a los archivos de combates para efectuar verificaciones sobre las personas desaparecidas;

 

12. Toma nota del punto relativo a la promoción de la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka; recuerda que en marzo de 2014, el CDH creó una comisión de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en Sri Lanka, en particular en lo relativo a las últimas etapas de la guerra civil, en la que fueron brutalmente asesinados 40 000 civiles (fundamentalmente tamiles); considera que una comisión de investigación genuina e independiente al objeto de llevar ante los tribunales a los responsables, incluidos altos mandos del ejército, es un requisito previo para que Sri Lanka lleve a cabo un proceso de reconciliación digno de ese nombre; manifiesta su profunda insatisfacción por el hecho de que la publicación del informe, previsto para marzo de 2015, se haya retrasado a finales de 2015; destaca que este malestar se suma al de las víctimas y sus familiares ante la falta de determinación de las Naciones Unidas y de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión a la hora de investigar las graves denuncias de genocidio e impunidad en Sri Lanka; se remite a este respecto a las grandes manifestaciones celebradas, entre otros lugares, en el norte de Sri Lanka, en las que se ha pedido la publicación inmediata del informe, y pide a la CDH que reconsidere su decisión; toma nota del compromiso del Gobierno de Sri Lanka recientemente elegido de colaborar con el CDH; insiste, no obstante, en que esta colaboración resulte útil y contribuya al proceso de reconciliación; insiste en la necesidad de que el Gobierno de Sri Lanka adopte urgentemente medidas para poner fin a la militarización del norte y el este de la isla, poner en libertad a todos los presos políticos, eliminar todas las restricciones, incluidas las prohibiciones de desplazamiento y las presiones sobre activistas políticos, y garantizar el libre ejercicio de los derechos democráticos;

 

13. Toma nota del punto relativo a la situación de los derechos humanos en Irak a la luz de los abusos cometidos por el llamado Estado Islámico de Irak y el Levante y los grupos asociados; condena con firmeza los ataques perpetrados por esta organización contra los pueblos y los Estados de Irak y Siria, las ejecuciones sumarias, la destrucción y la violencia ejercida contra la población civil; hace llegar su profunda solidaridad y sus condolencias a las familias de las víctimas; pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes capturados por este grupo terrorista;

 

14. Considera especialmente importante el informe resultante de la mesa redonda sobre el derecho a la privacidad en la era digital; lamenta que las tecnologías y los servicios de información y comunicación, en particular los europeos, sean usados en países terceros para violar los derechos humanos, especialmente mediante la censura y la vigilancia generalizada; condena asimismo el espionaje de millones de personas realizado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos; manifiesta su preocupación por la difusión de tecnologías de vigilancia y filtrado, que suponen una amenaza creciente para los defensores de los derechos humanos y, con frecuencia, lesionan el derecho a la intimidad; pide que se tomen en consideración estos motivos de preocupación cuando se trate este punto del periodo de sesiones;

 

Promoción y protección de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

 

Derechos económicos, sociales y culturales

 

15. Se felicita de la importancia otorgada en el 28° periodo de sesiones del CDH a la promoción y a la protección de los derechos económicos y sociales y a la cuestión de la interdependencia de los derechos humanos; destaca una vez más la necesidad de conceder la misma importancia a los derechos económicos, sociales, culturales, cívicos y políticos; reitera que los elevados índices de desempleo, el aumento de la pobreza y la exclusión social y el acceso cada vez más difícil a servicios públicos asequibles en los ámbitos de la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte o la cultura, así como la degradación de la calidad de dichos servicios, constituyen importantes desafíos; destaca que los procesos de privatización y liberalización han contribuido a degradar el acceso a algunos de estos derechos, que es necesario invertir esta tendencia y que una mejor distribución de la riqueza, unos salarios adecuados y empleos de calidad son medios importantes para resolver estos problemas; constata asimismo que los planes de austeridad aplicados tanto por los países miembros de la Unión como en otros países, incluso bajo la presión de la Unión, no hacen más que acentuar las desigualdades y la pobreza;

 

16. Destaca asimismo que la introducción de la democracia (cláusulas de derechos humanos) en los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión con terceros países ha resultado un fracaso, no solo porque apenas se han tenido en cuenta, sino porque estos propios acuerdos de libre comercio han abocado a violaciones de derechos económicos y sociales, al empobrecimiento de las comunidades afectadas y a la monopolización de los recursos por parte de las multinacionales; considera que, además de estas cláusulas, es necesario instaurar nuevas formas de cooperación que faciliten el desarrollo económico y social de los terceros países sobre la base de las necesidades de sus pueblos; estima que el Consejo de Derechos humanos no solo debe analizar y denunciar el impacto de los programas de austeridad en los derechos humanos, sino también el de los acuerdos vigentes de libre comercio;

 

17. Observa que el Foro Económico Mundial, que se reúne todos los años en Davos, ha dado a conocer en 2015 que el 1 % de los habitantes del planeta poseen el 48 % de sus riquezas, frente a «solo» un 44 % en 2009, y destaca que se espera que el umbral del 50 % se supere el 2016; pone de relieve que la crisis ha confirmado los peligros del sistema económico y político actual y ha acentuado las desigualdades sociales, ya de por sí dramáticas, en beneficio de las mayores rentas, cuyo incremento es vertiginoso en comparación con las rentas medias; considera que la prioridad absoluta de este 28° periodo de sesiones del CDH debería ser el reparto de la riqueza en el mundo, ya que es el principal obstáculo para la consecución de los derechos económicos y sociales, y estima que las delegaciones de la Unión y sus Estados miembros debería tomar todas las medidas necesarias para el logro de este objetivo;

 

18. Celebra la importancia atribuida a la «vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado»; pide a las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros que promuevan el acceso a una vivienda de calidad para todos, sin discriminación, por constituir un derecho fundamental, y que estudien la cuestión del acceso a la vivienda en la Unión (en especial desde el inicio de la crisis y la aplicación de medidas de austeridad) con el fin de comprometerse en la resolución de este problema endémico, que ha seguido acentuándose en los últimos años; reafirma, por otra parte, la necesidad de expropiar las viviendas vacías y de congelar los desahucios para hacer frente a la crisis actual en varios Estados miembros;

 

19. Se felicita asimismo del informe sobre el «derecho a la alimentación» y de la prórroga durante tres años más del mandato de la Relatora Especial, con el fin de seguir trabajando en las repercusiones de la crisis alimentaria mundial en el logro de este derecho; destaca que los Estados miembros de las Naciones Unidas deberían promover en mayor medida el acceso a los recursos naturales y vitales y a las tierras, así como la soberanía y la seguridad alimentarias como medios para reducir la pobreza y el desempleo; lamenta que un importante número de personas no tenga o haya dejado de tener acceso a determinados recursos, incluidos bienes fundamentales como el agua, debido al acaparamiento de estos recursos por parte de empresas o entidades privadas, que pueden recibir el apoyo de las autoridades públicas de los Estados en cuestión, lo que provoca en particular penurias alimentarias y el aumento de los precios de los productos alimentarios; pide, por tanto, a las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para poner fin al acaparamiento de los recursos, en especial de las tierras, sobre todo por parte de empresas europeas, y que promuevan propuestas en foros y conferencias internacionales y regionales (Banco Mundial, OMC, UNCTAD, FMI, OCDE, etc.) con vistas al reconocimiento de los bienes públicos fundamentales y su inscripción en un convenio específico de Naciones Unidas; pide, asimismo, a la Unión y a sus Estados miembros que den su apoyo y hagan todo lo posible para que la Resolución nº 64/292, de 28 de julio de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el agua como un derecho fundamental, se aplique y sea vinculante;

 

20. Destaca la importancia del punto sobre «los efectos de la deuda exterior y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados en el pleno ejercicio de todos los derechos humanos» y se alarma de que el pago «de los intereses de la deuda» afecte hoy en día a la mayoría de los países y sirva de excusa para la aplicación de planes de austeridad denominados «planes de ajuste estructural»; reitera su posición, en particular en el actual contexto de crisis económica y social, en favor de la anulación de la deuda del Tercer Mundo, pero también de los países (en especial Estados miembros de la UE) que se enfrentan a un mayor número de dificultades, con el fin de evitar el agravamiento de la crisis y garantizar el disfrute real de los derechos económicos, sociales y culturales;

 

21. Considera que, habida cuenta de las responsabilidades de la Unión Europea y de algunos de sus Estados miembros en la situación económica, social y política que condujo a los levantamientos populares en los denominados países de la Primavera Árabe, la Unión Europea debe ayudar a las instituciones de esos países a realizar auditorías de sus créditos y, en particular, de los créditos europeos, a fin de identificar la parte ilegítima de esas deudas que no ha beneficiado a la población; añade que la Unión también debe hacer todo lo posible para permitir la rápida cancelación esas deudas ilegítimas; insta de nuevo a la Unión y a sus Estados miembros a que hagan nuevos y significativos esfuerzos para facilitar la restitución de los activos desviados por los anteriores regímenes a los pueblos de los países de la Primavera Árabe dentro de un plazo razonable; expresa su preocupación por la continuidad de las directrices de las asociaciones con respecto a los debates anteriormente mantenidos;

 

22. Destaca que las políticas migratorias de la Unión, al igual que el apoyo a regímenes no democráticos, con el pretexto de una «buena gobernanza» y de acuerdos de asociación puramente económicos, vulneran los derechos humanos y la propia credibilidad de la Unión en el plano internacional; condena, a este respecto, del «proceso de Jartum» iniciado por la Presidencia italiana de la Unión y el próximo lanzamiento de una iniciativa sobre la ruta migratoria UE-Cuerno de África, que implica la cooperación con los regímenes eritreo y sudanés, entre otros; pide de nuevo a los Estados miembros de la Unión Europea que apliquen las cláusulas «democracia y derechos humanos» en todos los acuerdos internacionales, sea cual sea su naturaleza, y que garanticen el respeto de los derechos humanos en sus propias políticas interiores y exteriores, ya que, de no ser así, la posición de la Unión se vería debilitada en el CDH y en cualquier otro foro en el que se aborden los derechos humanos;

 

Derechos civiles y políticos

 

23. Pide a todos los Estados que luchen contra la tortura, en particular en el territorio de los Estados miembros; pide a las delegaciones de la Unión y de sus Estados miembros que incluyan en el debate sobre la tortura y otras penas y tratos inhumanos y degradantes la prohibición del comercio de productos que pueden servir para actos de tortura, tanto dentro como fuera de la Unión Europea;

 

24. Destaca la importancia que reviste la continuación de la labor sobre las prácticas mundiales que implican el recurso a detenciones secretas en la lucha contra el terrorismo; pide a los Estados miembros de la Unión Europea que hagan un seguimiento adecuado de los informes existentes, de conformidad con las posiciones adoptadas anteriormente por el Parlamento Europeo sobre este asunto, en especial en sus resoluciones sobre la utilización de países europeos por la CIA para el transporte, la detención ilegal y la tortura de presos; condena asimismo el uso sistemático de la tortura por parte de los Estados Unidos en la base militar de Guantánamo; destaca una vez más la ilegalidad de esta base y pide su cierre inmediato, así como la devolución a Cuba de todo su territorio;

 

25. Pide a las delegaciones de la Unión y de sus Estados miembros que se reafirmen en su posición contra la pena de muerte, con vistas a su abolición universal y a la aplicación de una moratoria inmediata en los países en los que todavía está en vigor; manifiesta su preocupación por el hecho de que algunos países que habían abolido la pena capital estén reanudando las ejecuciones;

 

26. Insiste en la necesidad de abordar en este periodo de sesiones la cuestión de la libertad de asociación y de la lucha contra todas las formas de represión, incluido el asesinato de sindicalistas, activistas políticos y asociativos, artistas y defensores de los derechos humanos;

 

27. Toma nota del informe sobre la libertad de religión o de creencias y recuerda que esta libertad no solo implica el derecho a creer o a no creer, sino también el de promover las creencias religiosas y a cambiar de convicciones; destaca una vez más su compromiso con el secularismo como rasgo fundamental de determinados Estados y culturas, que se define como la estricta separación entre autoridades políticas y religiosas, lo que implica el rechazo a toda injerencia religiosa en el funcionamiento del gobierno y de toda injerencia política en los asuntos religiosos, salvo cuando se trate de mantener las normas de seguridad y orden público (incluido el respeto a la libertad de los demás, y que garantiza a todos —creyentes, agnósticos y ateos— la misma libertad de conciencia y la expresión pública de sus creencias;

 

Derechos de los pueblos y de grupos e individuos particulares

 

28. Destaca una vez más el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación y a elegir su orientación política, económica y social sin injerencias exteriores; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que, con ocasión del 28° periodo de sesiones del CDHNU, promuevan decididamente este derecho abandonando las políticas actuales; rechaza, además, la imposición de sanciones por parte de la Unión y de los Estados Unidos a países terceros con el fin de proteger sus intereses geopolíticos y económicos con independencia de la situación humanitaria;

 

29. Expresa de nuevo su preocupación por la degradación de la situación de los defensores, militantes, organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, así como por la de los periodistas, de forma diferente y a distintos niveles en el mundo entero, también en la Unión Europea;

 

30. Subraya la importancia que reviste el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales, definidos en el Convenio 169 de la OIT; manifiesta su profunda preocupación por la situación del pueblo mapuche y de los pueblos autóctonos en países como Guatemala; condena la represión ejercida contra los dirigentes autóctonos y el asesinato de varios dirigentes sindicales, y pide que el mandato de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala no concluya a finales de septiembre de 2015;

 

31. Celebra la importancia que se concede a los derechos del niño en este 28º periodo de sesiones, así como la voluntad, como consecuencia de la aprobación de la Resolución 25/6, de prorrogar por un periodo de tres años el mandato de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; celebra asimismo que, durante este 28º periodo de sesiones, el Consejo haya previsto celebrar una jornada de debates que, de conformidad con la Resolución 25/6, se dedicará al tema «Avance hacia una mejor inversión en los derechos del niño» y examinará la manera de agilizar la acción de la comunidad internacional destinada a poner fin a la violencia ejercida contra los niños;

 

32. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que den prioridad a las acciones concretas del CDH destinadas a poner fin a las violaciones de los derechos humanos de la población civil, y en particular de las mujeres y los niños, en situaciones de guerra y conflictos violentos; pide en particular que se lleven a cabo acciones prioritarias para acabar con el reclutamiento de niños soldado y para garantizar su protección;

 

33. Rechaza el concepto de «responsabilidad de proteger», ya que viola el Derecho internacional y no ofrece una base jurídica suficiente para justificar la utilización unilateral de la fuerza, a la que en muchos casos se recurre con el fin de cambiar de régimen; condena la hipótesis unilateral relativa al papel de policía mundial que se atribuyen algunos Estados poderosos como los Estados Unidos u organismos como la OTAN; condena asimismo los ataques aéreos calificados de «selectivos» y el despliegue de tropas extranjeras por tierra; denuncia el intento de la OTAN de desempeñar tareas de pacificación y estabilización cuando estas no pueden ejecutarse mediante un amplio consenso en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas; expresa su profunda preocupación ante el número cada vez mayor de niños y jóvenes reclutados; recuerda la necesidad de proteger especialmente a los niños y las mujeres afectados por los conflictos armados;

 

Interdependencia de los derechos humanos y de las cuestiones temáticas relacionadas con los derechos humanos

 

34. Considera extremadamente importante el punto relativo a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; constata con profunda preocupación la degradación de la situación de los derechos humanos y las libertades públicas con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y, cada vez más, contra las formas graves de delincuencia, sin que se hayan definido claramente estos conceptos, también en la Unión o a través de acuerdos específicos con determinados Estados en los que no se respetan los derechos humanos; le preocupa especialmente, a este respecto, la violación de las normas relativas a la protección de datos y al respeto de la privacidad;

 

35. Lamenta que la comunidad internacional aún no haya entablado negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo internacional sobre la protección de los datos personales para el que puede servir de modelo el Convenio nº 108 del Consejo de Europa, y pide a las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros que trabajen en la elaboración de un marco de esta índole en colaboración con sus homólogos internacionales;

 

36. Condena de nuevo el amplio recurso, en las políticas denominadas «de seguridad», a empresas militares o de seguridad privadas cuando en realidad se trata de competencias soberanas que atañen exclusivamente a los Estados, y pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para acabar con estas prácticas; considera que las empresas militares y de seguridad privadas deben respetar en este ámbito, y bajo la responsabilidad de los Estados, los derechos humanos, especialmente en materia de protección de datos y respeto de la privacidad; opina que, puesto que se trata de transferencias de misiones de servicio público, se ha de considerar tanto a los Estados como a las empresas responsables de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario cometidas por el personal de dichas empresas;

 

37. Insiste, por otra parte, en que la escasa regulación, la opacidad y la inexistencia de controles en lo relativo al comercio de armas han causado sufrimientos humanos, han alimentado los conflictos armados, la inestabilidad y la corrupción, han desbaratado los procesos de paz y han provocado el derrocamiento de Gobiernos elegidos democráticamente y violaciones del Estado de Derecho, de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; insiste, por consiguiente, en que debe tratarse esta cuestión durante este periodo de sesiones;

 

38. Considera asimismo extremadamente importante el punto relativo a los derechos humanos y el medio ambiente, y opina que este tema está vinculado intrínsecamente a los derechos de los pueblos a disponer de sus recursos naturales, de tierras y de un sistema medioambiental sostenible; considera, por lo tanto, fundamental la ratificación y aplicación por todas las partes del proceso de Kioto, así como de otros convenios internacionales que permiten el disfrute efectivo de estos derechos;

 

Situaciones relacionadas con los derechos humanos que exigen la atención del Consejo

 

39. Toma nota de la decisión del Consejo de prorrogar el mandato de la Comisión internacional independiente de investigación 25/23 encargada de investigar todas las violaciones del Derecho internacional y de los derechos humanos cometidas desde marzo de 2011; denuncia con firmeza el uso de armas químicas contra la población siria; lamenta el fracaso de Ginebra II e insiste en que el destino futuro de Siria debe estar terminantemente en manos del pueblo sirio; respalda una solución política del conflicto acordada por los sirios sin ningún tipo de injerencia exterior, que posibilite un diálogo nacional integrador que responda eficazmente a las aspiraciones y preocupaciones legítimas del pueblo sirio en lo relativo a los cambios democráticos;

 

40. Constata que la situación de los derechos humanos en Irán continúa deteriorándose; observa que la represión contra manifestantes y disidentes pacíficos (entre ellos, estudiantes, universitarios y defensores de los derechos humanos), militantes a favor de los derechos de la mujer, juristas, periodistas, blogueros y religiosos es habitual en este país; destaca el papel primordial que ha de desempeñar la comunidad internacional para garantizar la paz; manifiesta su profunda preocupación por la continua degradación de los derechos humanos en Irán, el número cada vez mayor de presos políticos y de conciencia, el número aún elevado de ejecuciones, también de menores, la tortura, los juicios arbitrarios y las cantidades exorbitantes exigidas como fianza, así como por las fuertes restricciones a la libertad de información, expresión, reunión, religión, educación y circulación; se felicita de la decisión del Consejo de prorrogar por un periodo de un año el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán;

 

41. Reconoce las continuas reformas políticas y civiles que se están llevando a cabo en Myanmar/Birmania en el ámbito de los derechos humanos, pero insta a las autoridades a que redoblen sus esfuerzos, en particular poniendo en libertad a los presos políticos, y a que luchen sin demora contra la violencia intercomunitaria; expresa su profunda preocupación por la violencia en el Estado de Rakhine, alimentada desde hace años por las políticas discriminatorias aplicadas a los Rohingya; se felicita de la prórroga del mandato de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania por un periodo de un año;

 

42. Lamenta que en el programa de este debate no se haya incluido la situación en América Latina, en particular en Honduras y Paraguay; pide que se lleve a cabo un seguimiento real de la situación de los derechos humanos en Honduras y Paraguay desde los golpes de Estado, y que se haga todo lo posible por restablecer en ellos la democracia y el Estado de Derecho; pide a las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros que actúen en favor de la condena de los golpes de Estado, que no reconozcan a los Gobiernos de facto y que exijan que los culpables sean juzgados; pide asimismo que se lleve a cabo una investigación sobre las tentativas golpistas en otros países de América Latina (por ejemplo, en Ecuador o Venezuela) y que se aclaren todas las responsabilidades individuales, incluidas las de terceros países;

 

43. Lamenta asimismo que en este periodo de sesiones no se vaya a tratar la cuestión de los derechos humanos en México, cuando se están multiplicando las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, incluido un gran número de feminicidios, y se ha demostrado la responsabilidad de las autoridades; constata con profunda preocupación la impunidad reinante en México, país en el que han desaparecido más de 22 000 personas, más de la mitad en los últimos años, pero en el que el 98 % de los delitos queda impune; condena la criminalización y la represión de estudiantes, periodistas, activistas sociales, líderes campesinos y sindicalistas en el país, así como las desapariciones y los asesinatos; pide que las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros en el 28º periodo de sesiones respalden la solicitud de diversas ONG de que el fiscal de la CPI y el Tribunal de La Haya examinen atentamente los crímenes perpetrados en México y, en su caso, inicien una investigación internacional;

 

44. Lamenta asimismo que no se haya incluido en el orden del día la cuestión de los derechos humanos en Turquía; le preocupa, en particular, la degradación de la situación de la democracia en este país y la escalada de la represión de que son objeto demócratas, representantes de los ciudadanos y militantes políticos, sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y artistas; constata que esta represión afecta principalmente a los kurdos; pide a la delegación de la Unión que vele por que esta cuestión se aborde durante el 28° periodo de sesiones del CDH y por que se preste un apoyo explícito a la reanudación de las conversaciones sobre el proceso de paz;

 

45. Pide asimismo que se examine la cuestión de Egipto entre las situaciones que exigen la atención del Consejo; constata con preocupación la violación generalizada de los derechos humanos en este país; manifiesta su preocupación por la ley que restringe las manifestaciones, y pide a Egipto que respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a este respecto; recuerda que la participación en manifestaciones pacíficas o las críticas al Gobierno no deben constituir motivos de detención o persecución; pide a las autoridades egipcias que pongan fin a todos los actos de hostigamiento y represión, también en el plano judicial, cometidos contra activistas, periodistas, opositores políticos, defensores de los derechos humanos y sindicalistas; expresa su profunda preocupación por el recurso intencionado a las condenas masivas y a la pena de muerte como instrumento de persecución arbitraria y política por parte del Estado con objeto de reprimir la disidencia política;

 

46. Expresa asimismo su especial preocupación por las condiciones en las que probablemente se celebrarán algunas futuras elecciones, en particular en Sudán y Burundi; recuerda la imperiosa necesidad de que los Gobiernos, la oposición y la sociedad civil lleguen a un amplio consenso sobre las elecciones y sus modalidades de organización; pide que el apoyo internacional a las elecciones se supedite obligatoriamente al respeto de los derechos humanos, al cese inmediato, en su caso, de los conflictos y al desarrollo de un proceso transparente, libre y justo;

 

La situación de los derechos humanos en Palestina y en los otros territorios árabes ocupados

 

47. Se felicita de la atención especial prestada durante este 28° periodo de sesiones del CDH a la situación de los derechos humanos en Palestina y en los otros territorios árabes ocupados, en particular en lo que se refiere al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la creación de un Estado independiente y viable con arreglo a las fronteras de 1967; insta encarecidamente a la delegación de la Unión a que condene todas las formas de colonialismo, en particular en Palestina, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este;

 

48. Denuncia la continua política de expansión de las colonias y la ocupación por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, que viola el Derecho internacional; condena con firmeza las expulsiones de las comunidades beduinas de sus tierras ancestrales en el Negev y en los alrededores de Jerusalén Este, así como la política de desplazamiento seguida por Israel contra los beduinos; denuncia las demoliciones sistemáticas de casas palestinas como instrumento de castigo masivo y colonización; destaca que esta política constituye un acaparamiento de la tierra palestina, una privación del uso de las tierras agrícolas y la destrucción de las comunidades; denuncia esta política, cuyo objeto es destruir la posibilidad de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital, con arreglo a las resoluciones de las Naciones Unidas; pide encarecidamente a las delegaciones de los Estados miembros y de la Unión que denuncien esta política israelí, que exijan su suspensión inmediata y que tomen todas las medidas necesarias a este fin;

 

49. Recuerda la importancia del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, que denuncia que la política de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza parece llevar al apartheid, debido a la opresión sistemática de la población palestina y a la expropiación de facto de sus tierras, la violación de los derechos fundamentales de los palestinos por parte de las fuerzas israelíes y la limpieza étnica en Jerusalén Este, con el intento de las autoridades israelíes de judaizar la ciudad de Jerusalén para apropiársela; destaca que, tras seis años de investigación sobre el terreno, el investigador Richard Falk hace unas constataciones alarmantes sobre la situación de los palestinos y denuncia con firmeza la ocupación israelí; destaca que este investigador propone una solución para castigar al Estado por estos actos: el boicot de sus productos;

 

50.  Se felicita de la publicación del informe de Amnistía Internacional para 2014/2015, en el que se condenan los actos de violencia cometidos por los soldados israelíes en Cisjordania y se recuerda la brutal ocupación israelí de los territorios ocupados; destaca que, según diferentes informes, el trato dispensado por el ejército israelí a los palestinos es equiparable a crímenes de guerra; denuncia la complicidad de algunos representantes de la profesión sanitaria con el ejército israelí en el caso de los malos tratos infligidos a presos palestinos;

 

51. Condena la situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes; pide al Estado de Israel que acabe inmediatamente con la práctica del encarcelamiento masivo, las detenciones administrativas, el traslado de presos políticos fuera de los territorios ocupados, privándoles así de las visitas de sus familias, los malos tratos y la tortura, así como la denegación de una asistencia médica adecuada y oportuna, que constituyen violaciones flagrantes del Derecho internacional; reitera su condena de todas las formas de tortura y malos tratos; pide a Israel que garantice inmediatamente su conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de la que es parte signataria; denuncia la detención y los malos tratos en el caso de los niños, y exige la liberación inmediata de las mujeres y los niños encarcelados; denuncia el trato dispensado a los niños por los tribunales israelíes;

 

52. Condena la situación en que se encuentran los presos palestinos y pide su puesta en libertad; recuerda su Resolución, de 14 de marzo de 2013, en la que pide al Gobierno israelí que respete los derechos de los presos palestinos y proteja su salud y su vida; manifiesta su preocupación por la suerte de los presos palestinos detenidos sin cargos; destaca que estos detenidos deben ser acusados y juzgados, con garantías judiciales conformes con las normas internacionales, o bien ser liberados rápidamente; expresa su profunda preocupación por la situación y el estado de salud de los detenidos palestinos en huelga de hambre prolongada, e insta a Israel a que facilite a estos detenidos un acceso sin restricciones a la atención médica necesaria;

 

53.  Pide que se imponga un embargo de armas al Estado de Israel habida cuenta de las violaciones de los derechos humanos cometidas; pide a la Unión y a sus Estados miembros que pongan fin a cualquier tipo de cooperación con Israel en el marco de la AED y de Horizonte 2020; condena la agresión perpetrada por Israel en julio y agosto de 2014 y los numerosos crímenes de guerra perpetrados contra la población de la Franja de Gaza; pide el fin inmediato del asedio de la Franja de Gaza;

 

54. Lamenta que no se haya incluido en el orden del día de este 28º periodo de sesiones del CDH la cuestión del Sáhara Occidental; destaca una vez más que el conflicto en el Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización y que, según el Derecho internacional, el Reino de Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental y se le considera una potencia ocupante; condena las violaciones persistentes de los derechos humanos del pueblo saharaui y pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de manifestación; exige la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis; destaca la necesidad de controlar a nivel internacional la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; pide a Marruecos y al Frente Polisario que prosigan las negociaciones destinadas a encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto en el Sáhara Occidental, y reitera el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, que debe decidirse mediante un referendo democrático, con arreglo a las Resoluciones 34/37 y 35/19 de las Naciones Unidas;

 

El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia asociada − seguimiento y aplicación de la Declaración y del Programa de acción de Durban

 

55. Celebra la importancia concedida a estas cuestiones en el 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos; condena de nuevo los actos de violencia racistas, antisemitas, homófobos, xenófobos y contra la población migrante, que han alcanzado niveles alarmantes en algunos Estados miembros, a falta de una actuación decidida por parte de las autoridades; manifiesta su alarma ante el ascenso de los discursos de odio y estigmatización de minorías y grupos de personas y su creciente influencia en los medios de comunicación y en muchos movimientos y partidos políticos, que se recogen al más alto nivel de responsabilidad política en algunos Estados miembros y han conducido incluso a la adopción de legislaciones restrictivas;

 

56. Lamenta que en esta conferencia no se aborden como punto específico las discriminaciones de que son objeto las mujeres; destaca que el acceso universal a la salud y a la atención genésica y reproductiva debe seguir siendo una prioridad política, incluido el libre acceso a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos y al derecho al aborto; destaca que la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la lucha contra la explotación sexual y la trata de seres humanos, deben ser prioritarias y tener por objeto lograr la igualdad entre hombres y mujeres; pide, por consiguiente, al CDH y a la comunidad internacional que apliquen los procesos CIPD+20, Pekín+20 y Río+20; destaca asimismo la importancia de que los Estados miembros de la Unión apliquen las recomendaciones del CDH de 2002 sobre la protección internacional en lo que se refiere a la persecución relacionada con el género, en particular en el marco de las políticas de inmigración;

 

57. Lamenta asimismo que en esta conferencia no se aborden las cuestiones relativas a los derechos de las personas del colectivo LGBTI; condena los actos de violencia y discriminación de que son objeto las personas LGBTI en todo el mundo; condena, en particular, la esterilización forzosa de las personas transgénero, que sigue siendo una realidad en varios Estados, también en la Unión, y pide que se ponga fin de manera inmediata a esta violación de los derechos humanos; pide a la comunidad internacional que reflexione sobre la manera de adaptar su Derecho de familia a la evolución que se está produciendo en las formas de vida y la estructura de las familias actuales, incluida la posibilidad de unión y de adopción para las personas del mismo sexo; señala que las lesbianas sufren con frecuencia una múltiple discriminación (como mujeres y como lesbianas) y que las acciones en favor de la igualdad de las personas LGBTI deben ir acompañadas de acciones en favor de la igualdad de las mujeres y de las niñas con objeto de lograr la igualdad y la no discriminación;

 

58. Manifiesta su preocupación por el reciente aumento del número de leyes, prácticas y actos de violencia contra las personas en función de su orientación sexual o su sexo; aboga por que se supervise estrechamente la situación en Nigeria y Gambia, países en los que las leyes contra el colectivo LGBTI instauradas recientemente ponen en peligro la vida de las minorías sexuales; expresa su profunda preocupación por las leyes denominadas «antipropaganda» que limitan la libertad de expresión y de reunión, promulgadas ya en Rusia y Lituania o en fase de examen en el Parlamento kirguís; celebra la Resolución del CDH sobre la lucha contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, aprobada el 26 de septiembre de 2014; lamenta que el Consejo de Derechos Humanos aprobara el 26 de junio de 2014 una Resolución sobre la protección de la familia que puede poner en peligro el principio de los derechos humanos universales e indivisibles; confirma su apoyo a la continuación de la labor del Alto Comisionado para los Derechos Humanos orientada a promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI, concretamente a través de declaraciones, informes y la campaña «Libertad e igualdad»; alienta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a que prosiga su lucha contra las leyes y prácticas discriminatorias;

 

Asistencia técnica y fomento de la capacidad

 

59. Toma nota del punto relativo a la cooperación técnica en la esfera de los derechos humanos en Afganistán; pide a las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros que denuncien que la ocupación de Afganistán por la OTAN no ha hecho sino agravar la situación de los derechos humanos en el país; pide al CDH que se esfuerce por crear una comisión de investigación bajo los auspicios de las Naciones Unidas y por incoar un proceso sobre los crímenes de guerra, las atrocidades y los asesinatos de civiles perpetrados en Irak y Afganistán, en el marco de las competencias de la CPI;

 

60. Toma nota asimismo del punto relativo a la asistencia técnica a Libia en la esfera de los derechos humanos; condena de nuevo la intervención armada en Libia bajo la égida de la OTAN, y destaca que, en vez de estabilizarse, la situación parece estar más bien degradándose desde el «final oficial de la guerra», acarreando la división del país, la incapacidad del Estado para impedir los actos de violencia, el aumento de los delitos de carácter racista y la falta de justicia y de democracia; desea que el CDH realice una investigación independiente e imparcial sobre la situación de los derechos humanos en el país, haciendo hincapié en la responsabilidad de todas las fuerzas que han participado en el conflicto; solicita la suspensión inmediata de la cooperación entre las autoridades libias y la misión Eurobam para la asistencia sobre el control de las fronteras, que entrena a las fuerzas militares y policiales y pone a sus disposición equipos de alta tecnología con el fin de impedir la partida de migrantes y refugiados en un país proclive a una situación de guerrilla generalizada y en el que no están garantizados los derechos de los migrantes ni de los refugiados; pide que se emprendan urgentemente acciones coordinadas de apoyo entre la sociedad civil y las autoridades que favorezcan el establecimiento de un sistema nacional de asilo y acogida de los migrantes y que respeten los derechos de los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes;

 

61. Toma nota del punto relativo a la asistencia técnica y el fomento de la capacidad para Sudán del Sur en la esfera de los derechos humanos; expresa su profunda preocupación por el conflicto en curso, que está provocando víctimas civiles y en el marco del cual se recluta a niños por la fuerza; solicita un alto el fuego inmediato entre las dos partes involucradas en el conflicto y se declara partidario de una mediación neutra que permita alcanzar un acuerdo cuanto antes; apoya el llamamiento de la sociedad civil a favor de una solución política pacífica; pide que las disensiones internas se resuelvan por una vía política no violenta y que se desarme y desmantele a las milicias; pide que se incremente la ayuda humanitaria a favor de la población civil atrapada en el conflicto o que huye de la zona; insta a ambas partes a que garanticen un acceso sin obstáculos a las agencias de las Naciones Unidas que prestan dicha ayuda; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que incrementen los fondos destinados a los países vecinos para ayudarles a gestionar la llegada de refugiados; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que abran sus fronteras a los refugiados que huyen de la crisis en Sudán del Sur;

 

62. Toma nota del punto relativo al fomento de la capacidad y la cooperación técnica con Costa de Marfil en la esfera de los derechos humanos; considera, también en este caso, que es necesario realizar una evaluación objetiva e imparcial de la evolución de los derechos humanos en este país, sobre todo desde su ocupación por el ejército francés;

 

63. Se felicita de la atención prestada a Haití en este 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos; lamenta la situación humanitaria, que sigue siendo dramática en este país, así como que aún no se hayan reparado los daños causados por los huracanes en 2010; destaca que la situación de extrema pobreza que vive el país ha exacerbado los efectos devastadores de las catástrofes naturales, ocasionando la peor crisis humanitaria desde hace décadas; denuncia de nuevo la deuda y el servicio de la deuda colosal que han impuesto a este país Francia y las instituciones internacionales (sobre todo el Fondo Monetario Internacional), y que es la responsable de su subdesarrollo; se felicita de la solidaridad demostrada a nivel internacional para ayudar a Haití, sobre todo de la solidaridad regional, en particular con el envío por parte de Cuba de médicos y personal especializado, que han tratado a decenas de miles de personas contra el cólera, la ayuda financiera facilitada a través del Fondo Humanitario de ALBA para Haití, la continuación de la ayuda energética a través de Petrocaribe y la creación de un plan especial para el suministro directo de combustible a los vehículos de asistencia humanitaria, iniciativas agrícolas para el suministro de alimentos y planes de producción, así como la campaña de reforestación; exige que se inicie una investigación sobre la posibilidad de que parte de la ayuda, en particular la de la Unión Europea, nunca haya llegado a Haití, así como sobre la eficacia de la red de distribución de la ayuda; solicita asimismo que se haga un balance de la ayuda efectivamente entregada;

 

64. Toma nota de la decisión del Consejo de prorrogar por un periodo de un año el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Mali, con objeto de ayudar al Gobierno malí en sus acciones de promoción y protección de los derechos humanos, y de pedir a este experto que informe durante su 28° periodo de sesiones; pide que se realice una evaluación completa de las atrocidades y los crímenes cometidos en Mali por todas las fuerzas presentes; pide a las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros que se comprometan a fomentar soluciones pacíficas a los conflictos en lugar de intervenciones armadas unilaterales, como ha sido el caso en Mali;

 

65. Celebra la renovación del mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana por un periodo de un año; lamenta el agravamiento de la situación humanitaria y de los derechos humanos en la República Centroafricana desde el comienzo de la intervención francesa en diciembre de 2013; condena los innumerables abusos cometidos contra toda la población, en especial las mujeres y los niños; lamenta los desplazamientos de las poblaciones y las condiciones sanitarias; insta a la comunidad internacional y a los donantes a que refuercen su ayuda humanitaria;

 

 

 

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66. Encarga a su delegación en el 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se haga eco de las posiciones recogidas en la presente Resolución, pide a la delegación que informe de su visita a la Subcomisión de Derechos Humanos, y considera oportuno que se siga enviando una delegación del Parlamento Europeo a los periodos de sesiones pertinentes del CDH;

 

67. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante / Vicepresidenta de la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Grupo de trabajo UE-Naciones Unidas creado por la Comisión de Asuntos Exteriores.

 

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