Procedimiento : 2015/2582(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0236/2015

Textos presentados :

B8-0236/2015

Debates :

Votaciones :

PV 12/03/2015 - 8.10
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Textos aprobados :

P8_TA(2015)0080

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0236/2015
5.3.2015
PE552.213v01-00
 
B8-0236/2015

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Venezuela (2015/2582(RSP))


Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina en nombre del Grupo PPE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2015/2582(RSP))  
B8‑0236/2015

El Parlamento Europeo,

–       Vistas sus resoluciones sobre la situación en Venezuela y, en particular, su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación política en Venezuela y su Resolución, de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela,

–       Vista la declaración de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la detención del alcalde de Caracas Antonio Ledezma y la situación en Venezuela,

–       Vista la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 26 de agosto de 2014,

–       Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 20 de octubre de 2014, sobre las detenciones de manifestantes y políticos en Venezuela,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que, el pasado 19 de febrero, un grupo de funcionarios de los servicios de inteligencia del Estado venezolano, fuertemente armados, irrumpieron de manera violenta en las oficinas de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y, sin mediar ninguna orden de allanamiento, se llevaron por la fuerza al alcalde mayor Antonio Ledezma, que permanece detenido desde entonces en una prisión militar acusado de conspiración y asociación conspiradora, delitos castigados con severas penas de prisión en Venezuela;

B.     Considerando que el Presidente Nicolás Maduro anunció en una cadena nacional de radio y televisión la desarticulación de un supuesto plan de desestabilización contra su Gobierno mediante un presunto golpe de Estado en el que estarían implicados los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, los diputados María Corina Machado y Julio Borges, así como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; que a dichos dirigentes de la oposición se les vinculó con un plan para asesinar al también dirigente opositor Leopoldo López, detenido desde hace más de un año en una prisión militar;

C.     Considerando que en anteriores ocasiones dirigentes de la oposición democrática han sido acusados reiterada e infundadamente de participar en supuestos planes de desestabilización y golpes de Estado, lo que se ha traducido en una implacable persecución política, allanamientos de la inmunidad parlamentaria, como el que se produjo con la diputada Machado y se pretende con el diputado Borges, amenazas, insultos y agresiones físicas como las propinadas en abril de 2013 en el propio recinto del poder legislativo a los mismos diputados María Corina Machado y Julio Borges, ante la mirada indolente de Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional;

D.     Considerando que el Presidente Maduro anunció igualmente supuestas conspiraciones extranjeras, pretendidos planes desestabilizadores e intentos de magnicidio, denunciados en múltiples ocasiones desde el ejecutivo nacional, probablemente con el fin de desviar la atención sobre el verdadero foco de la grave crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela;

E.     Considerando las amenazas vertidas contra empresarios y medios de comunicación, tanto de Venezuela como del exterior, las advertencias y descalificaciones lanzadas contra gobiernos extranjeros y organismos internacionales que han manifestado su preocupación y han advertido sobre los riesgos de la crisis política venezolana y sobre la incriminación de quienes alientan un cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral en el país;

F.     Considerando que la Resolución 008610 del Ministerio de Defensa venezolano, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015 habilitó el «uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal», como último recurso, para «evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios»;

G.     Considerando que un muchacho, estudiante de 14 años, Kluivert Roa, fue asesinado a sangre fría por un agente de la Policía Nacional Bolivariana en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira, UCAT, durante una manifestación contra el Gobierno, convirtiéndose en la primera víctima mortal desde que Nicolás Maduro autorizara el uso de armas de fuego para reprimir las protestas;

H.     Considerando que este año se han de celebrar las elecciones legislativas para la renovación de la totalidad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela;

I.      Considerando que aún continúa en prisión, tras más de un año, Leopoldo López, detenido arbitrariamente el 18 de febrero de 2014 acusado de conspiración, instigación de manifestaciones violentas, incendio provocado y daños a la propiedad; que, desde su detención, ha padecido torturas físicas y psicológicas y se le ha sometido a un régimen de aislamiento acrecentado en los últimos meses, y que siguen igualmente detenidos y aislados los alcaldes de la oposición Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, por no poner fin a las protestas y la rebelión civil en sus ciudades, y condenados a varios años de prisión; que los diputados Juan Carlos Caldera, Ismael García y Richard Mardo han de hacer frente a investigaciones y procesos judiciales destinados a conseguir su suspensión e inhabilitación como congresistas;

J.      Considerando que en las observaciones del informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela se exponía de forma explícita la preocupación por el imperio de la impunidad, la tortura y el trato degradante de los prisioneros políticos, el uso excesivo de la fuerza, la aquiescencia y complicidad con las acciones de los grupos armados progubernamentales, la detención arbitraria y la falta de garantías procesales básicas; que en dicho informe se pedía la liberación inmediata de todos los detenidos de forma arbitraria, entre ellos Leopoldo López y Daniel Ceballos, detenidos por ejercer su derecho a expresarse y a manifestarse pacíficamente, y, además, se exponía la preocupación por los ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y la absoluta inexistencia de una independencia judicial;

K.     Considerando que el Secretario General de la OEA ha solicitado la liberación del alcalde Ledezma y de quienes fueron encarcelados por su participación en las protestas del pasado año, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación por la situación de las libertades de asociación y de expresión en Venezuela;

L.     Considerando el sometimiento total y absoluto de la judicatura a las demandas y requerimientos del actual Gobierno venezolano, y que no cabe esperar que el sistema judicial realice investigaciones imparciales ni dicte sentencias justas en los casos de acusaciones contra la oposición;

M.    Considerando que únicamente el respeto de los derechos y las libertades fundamentales y un diálogo constructivo y respetuoso en un espíritu de tolerancia pueden ayudar a Venezuela a salir de esta grave crisis y a superar futuras dificultades;

N.     Considerando que, en abril de 2014, se abrió una negociación sobre las protestas entre el Gobierno y la oposición, denominada «Mesa de Diálogo», y que se interrumpió desgraciadamente un mes más tarde sin conseguir logro alguno;

O.     Considerando que Venezuela es el país que cuenta con las reservas energéticas más importantes de América Latina; que el pueblo venezolano sufre una grave escasez de artículos de primera necesidad, los precios de los alimentos se han duplicado y se ha intensificado el racionamiento de alimentos; que los precios del petróleo han caído drásticamente, intensificando la recesión económica y amenazando la frágil economía del país, dependiente del petróleo; que el Gobierno venezolano viene ejerciendo una férrea censura y actos de intimidación y hostigamiento sobre quien pretenda informar sobre la gravedad de la crisis económica y social;

1.      Reitera su profunda preocupación por el agravamiento de la situación en Venezuela; condena el encarcelamiento del alcalde Antonio Ledezma, el intento de suspender la inmunidad del diputado Julio Borges y la persecución de estudiantes y otros líderes opositores; pide la liberación inmediata del alcalde mayor de Caracas y del resto de las personas encarceladas arbitrariamente, de acuerdo con las solicitudes realizadas por diversos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales;

2.      Condena rotundamente el asesinato del joven estudiante de San Cristóbal Kluivert Roa y de otros 6 estudiantes; expresa su más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas, y solicita que los responsables de los crímenes sean llevados ante la justicia sin dejar margen alguno para la impunidad; solicita al Gobierno que cese en la persecución política y la represión de la oposición democrática y las violaciones de las libertades de expresión y de manifestación, y que acabe con la censura en los medios de comunicación;

3.      Advierte del deterioro progresivo de la convivencia democrática, del clima de violencia política, de la violación de los derechos fundamentales de una parte significativa de la sociedad venezolana y de la deriva autoritaria del régimen, que colocan a Venezuela en una situación de tensión política insostenible, tanto más cuanto que este año habrán de celebrarse elecciones legislativas para la Asamblea Nacional; alerta, en este sentido, ante cualquier maniobra que pudiera provocar un ambiente de tensión e involución que apunte a la deslegitimación e ilegalización de la oposición democrática y/o a la anulación de las elecciones;

4.      Alienta a todas las partes, con el apoyo y la mediación de los organismos regionales, a mantener un diálogo pacífico que abarque a todos los estamentos de la sociedad venezolana, para definir los puntos de convergencia y permitir que los interlocutores políticos debatan los problemas de mayor gravedad que afronta el país; pide a todas las partes involucradas que eviten una escalada de la violencia, y recuerda al Gobierno de Venezuela que un diálogo constructivo resulta imposible mientras los líderes de la oposición están encarcelados de modo arbitrario;

5.      Recuerda al Gobierno de Venezuela su responsabilidad a la hora de velar por que todos los juicios se desarrollen conforme a las normas internacionales; reitera que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática; pide a las autoridades venezolanas que retiren los cargos infundados y las órdenes de detención contra políticos de la oposición, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas;

6.      Pide al Gobierno de Venezuela que cumpla su propia Constitución y sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la independencia judicial, los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacifica, así como al pluralismo político, dado que constituyen elementos fundamentales de la democracia, y que vele por que no se castigue a las personas por ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión;

7.      Solicita al Gobierno de Venezuela que respete los derechos humanos, lleve a cabo investigaciones eficaces de las supuestas violaciones de dichos derechos y facilite un entorno en el que los defensores de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales independientes puedan realizar su trabajo legítimo de fomento de los derechos humanos y la democracia;

8.      Reitera su petición al SEAE y a la Delegación de la UE en Caracas, así como a las Delegaciones de los Estados miembros, para que sigan con atención las investigaciones y las audiencias judiciales de los líderes de la oposición;

9.      Reitera su solicitud, no atendida hasta el momento, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, para que inste la liberación inmediata de los líderes de la oposición y de los demás detenidos arbitrariamente;

10.    Insiste en su petición de que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación ad hoc del Parlamento Europeo para evaluar la situación y dialogar con todos los sectores en conflicto;

11.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

 

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