Procedimiento : 2015/2662(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0397/2015

Textos presentados :

B8-0397/2015

Debates :

Votaciones :

PV 30/04/2015 - 10.4
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0180

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.171v01-00
 
B8-0397/2015

tras una declaración del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Maldivas (2015/2662(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Maldivas (2015/2662(RSP))  
B8-0397/2015

El Parlamento Europeo,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–       Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

–       Vista la Declaración conjunta local, de 30 de septiembre de 2014, sobre las amenazas a la sociedad civil y los derechos humanos en Maldivas, emitida por la Delegación de la UE y las embajadas de los Estados miembros de la UE, Noruega y Suiza en Colombo acreditadas ante Maldivas,

–       Vistas la Declaración, de 12 de marzo de 2015, emitida por la presidenta de su Delegación para el Asia Meridional sobre la detención del antiguo Presidente Nasheed en Maldivas y la carta, de 10 de abril de 2015, dirigida por el presidente de su Comisión de Asuntos Exteriores al Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Maldivas,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que el 13 de marzo Mohamed Nasheed, el primer Presidente de Maldivas elegido democráticamente, con un largo historial de compromiso con la lucha no violenta y la democracia pluralista, fue condenado a 13 años de reclusión tras haber sido acusado, por motivos políticos, de terrorismo;

B.     Considerando que la detención de Nasheed se produjo tan solo unas semanas después de que un aliado clave abandonara la coalición gobernante del Presidente en ejercicio, Abdullah Yameen, para unirse al Partido Democrático de Maldivas (PDM), partido de la oposición liderado por Nasheed;

C.     Considerando que el polémico juicio no se ajustó a las normas nacionales e internacionales en materia judicial, pese al llamamiento de las Naciones Unidas en pro de la equidad y transparencia en el proceso judicial contra el antiguo Presidente Nasheed: este fue maltratado fuera de la sala de audiencia y a menudo se le denegó la representación legal; el tribunal se negó a oír las declaraciones de los testigos de su propia defensa; a su equipo legal no se le concedió tiempo suficiente para preparar la defensa contra las acusaciones, y el tribunal penal se negó a facilitarle el informe judicial al equipo encargado de su defensa, que lo necesitaba para poder interponer recurso;

D.     Considerando que el poder judicial de Maldivas, que está altamente politizado y a menudo carece de unas cualificaciones jurídicas reconocidas, ha sido fuente de preocupación desde hace años, dado que los jueces, y en particular los del Tribunal Supremo —guardianes de la Constitución— llevan años abusando de su poder y favoreciendo los intereses del partido actualmente en el poder;

E.     Considerando que la ley aprobada en fecha reciente por el Parlamento de Maldivas, que priva a las personas que cumplen condena de la condición de miembros de su partido político, está diseñada para impedir que el antiguo Presidente Nasheed se presente a las elecciones presidenciales de 2018;

F.     Considerando que el proceso electoral presidencial de 2013 se vio empañado por irregularidades, retrasos, injerencia judicial en la planificación cronológica de las vueltas electorales y el desarrollo de las elecciones, ataques a la Comisión Electoral independiente, e intimidación política;

G.     Considerando que otros políticos de la oposición, como el antiguo Ministro de Defensa Tholath Ibrahim, y rivales dentro del propio partido de Yameen Abdul Gayoom y de su coalición gubernamental, como Mohamed Nazim, han sido condenados con ayuda del poder judicial politizado;

H.     Considerando que los políticos de la oposición siguen siendo intimidados de forma rutinaria y que un informe reciente del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria identificaba Maldivas como uno de los peores países del mundo en lo que respecta a los ataques, las torturas y la intimidación que sufren los parlamentarios de la oposición;

I.      Considerando que el régimen cuestiona la libertad de reunión reprimiendo brutalmente a los simpatizantes de Nasheed; Considerando que al menos 140 manifestantes pacíficos han sido detenidos desde febrero, y que únicamente han sido puestos en libertad con condiciones que limitan estrictamente sus derechos a participar en nuevas manifestaciones;

J.      Considerando que la agitación política coincide con una situación de inquietud ante el incremento de la militancia islamista en Maldivas y del número de jóvenes radicalizados que supuestamente se habrían unido al EIIL;

K.     Considerando que la libertad de prensa se ha visto gravemente recortada en los últimos años y que tres periodistas fueron detenidos cuando estaban cubriendo las manifestaciones políticas en las que se pedía la liberación de Mohamed Nasheed;

L.     Considerando que Ahmed Rilwan, periodista crítico con el Gobierno que «desapareció» en agosto de 2014, sigue en paradero desconocido y que se teme que haya muerto;

M.    Considerando que hay bandas y grupos religiosos que —en presunta confabulación con la policía— a menudo atacan instituciones, organizaciones y personas críticas con las acciones del Gobierno, creando de este modo un ambiente de intimidación de la sociedad civil;

N.     Considerando que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se han visto cada vez más expuestos a acoso, amenazas y ataques, incluida la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas (CDHM), a la que el Tribunal Supremo acusó de alta traición y de socavar la Constitución por el hecho de haber presentado un informe para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

O.     Considerando que Jens Toyberg-Frandzen, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, hizo un llamamiento al Gobierno de Maldivas para que permitiera la disidencia política pacífica y la búsqueda de vías de diálogo con la oposición, en interés de la estabilidad política del país a largo plazo;

P.     Considerando que los trabajadores inmigrantes se ven sometidos a trabajos forzados, a la confiscación de sus documentos de identidad y de viaje, a la retención o el impago de sus salarios y a la servidumbre por deudas, y que las autoridades maldivas amenazaron con expulsarlos por haber protestado contra la discriminación y la violencia a raíz de una serie de ataques contra los trabajadores inmigrantes;

Q.     Considerando que, en 2014, el Parlamento de Maldivas votó a favor de poner fin a la moratoria sobre la pena de muerte vigente desde 1954, permitiendo de este modo que se condene a menores incluso de siete años, que pueden ser considerados responsables y ser ejecutados al cumplir los 18 años, y dejando que languidezcan en la cárcel hasta entonces; considerando que esto va en contra de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por Maldivas en su calidad de Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño;

1.      Pide al Gobierno de Maldivas:

• libere inmediata e incondicionalmente al antiguo Presidente Nasheed y a los antiguos ministros de Defensa Ibrahim y Nazim y que levante todos los cargos en su contra;

• adopte las medidas necesarias para restablecer la confianza en su compromiso para con la democracia, la independencia judicial y el Estado de Derecho, incluido el respeto de la libertad de expresión y de reunión y el respeto de las garantías procesales;

• vele por el funcionamiento sin trabas de una democracia pluralista, en la que puedan participar sin problemas no solo quienes piden que el Islam conservador domine la política y la sociedad, sino también los musulmanes moderados y favorables a la democracia y los defensores del secularismo, que se oponen a la influencia wahabista y salafista en Maldivas;

• reforme el poder judicial;

• restablezca la moratoria sobre la pena de muerte;

• permita una investigación adecuada acerca de la desaparición de Ahmed Rilwan, y los ataques y amenazas contra periodistas, miembros de la sociedad civil e instituciones independientes;

2.      Pide a la Comisión y a los Estados miembros que transmitan serias advertencias acerca de la situación de derechos humanos en Maldivas a los turistas que tengan previsto viajar a dicho país;

3.      Pide a la UE y a los Estados miembros que, caso de continuar el retroceso democrático y el deterioro de la situación de derechos humanos en Maldivas, inmovilice los activos en el extranjero de los miembros del Gobierno de Maldivas y de sus principales defensores en la comunidad empresarial maldiva y les imponga una prohibición de viaje;

4.      Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Estados miembros y al Gobierno de la República de Maldivas.

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