Procedimiento : 2015/2729(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0656/2015

Textos presentados :

B8-0656/2015

Debates :

Votaciones :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0323

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.016v01-00
 
B8-0656/2015

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea


sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2016 (2015/2729(RSP))


József Szájer en nombre del Grupo PPE

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2016 (2015/2729(RSP))  
B8-0656/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de Trabajo de la Comisión para 2015 - Un nuevo comienzo» (COM(2014)0910) y sus anexos 1 a 4,

–  Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que las prioridades políticas deben corresponderse con los recursos financieros disponibles;

B.  Considerando que la política y la acción de la UE, llevadas a cabo conjuntamente con los Estados miembros de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pueden y deben incidir de forma real a la hora de ayudar a los ciudadanos a anticiparse y reaccionar frente a una sociedad en rápido proceso de cambio;

C.  Considerando que Europa debe comprometerse con el modelo de la economía social de mercado, que garantiza un crecimiento sostenible, a fin de ofrecer a la generación futura puestos de trabajo, en lugar de deudas;

PARTE 1

1.  Destaca que solo se logrará reducir considerablemente la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas si se reduce el número de propuestas legislativas y se desplaza la atención a las prioridades esenciales;

2.  Recuerda la obligación de la UE de legislar únicamente en los ámbitos y en el grado necesarios, de conformidad con el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; está firmemente convencido, por tanto, de la necesidad de concentrar la labor en varias prioridades clave, y pide a la Comisión que se abstenga de tomar iniciativas que no sean esenciales, de manera que la actuación de la UE se centre siempre en prioridades esenciales que beneficien directamente a sus ciudadanos;

3.  Confirma la importancia que atribuye al «método comunitario», a la transparencia del proceso legislativo, a la legitimidad democrática y a la función y la responsabilidad de los Parlamentos nacionales;

4.  Apoya el cambio de método con el que se pretende despejar el terreno para evitar malgastar recursos en propuestas legislativas obsoletas o inadecuadas que ya no pueden responder a las prioridades y las preocupaciones de los ciudadanos de la UE;

5.  Pide, por consiguiente, que se reduzca el coste de la carga administrativa en un 25 % y que se cree un órgano de control normativo externo e independiente común a las tres instituciones, para todo el ciclo político, que supervise las respectivas evaluaciones de impacto con objeto de calibrar la carga administrativa y los costes conexos de las nuevas propuestas, incluida una prueba obligatoria de las pymes, dado que ambas medidas ayudarán a suprimir burocracia en todos los niveles (europeo, nacional y regional) y a todos los agentes económicos y a los ciudadanos en sus vidas cotidianas, contribuyendo así a impulsar la creación de empleo;

6.  Insiste en la necesidad de implementar y aplicar íntegra, rápida y eficazmente la legislación vigente en ámbitos como el mercado único, el medio ambiente, la política agrícola común (PAC) revisada, la política pesquera común (PPC) y la política de cohesión, así como en los sectores financiero y bancario; pide a la Comisión que supervise mejor los progresos de los Estados miembros en materia de implementación;

7.  Considera que cualquier evolución ulterior de la Unión Económica y Monetaria debe basarse en la legislación existente, como el «paquete de seis medidas», el «paquete de dos medidas» y la unión bancaria, y seguir desarrollándola, de manera que todos los Estados miembros la puedan aplicar íntegramente y con coherencia; señala que es necesario seguir mejorando la apropiación y la legitimidad democrática de la gobernanza económica y del Semestre Europeo, y que el control parlamentario debe ejercerse al nivel al que se adoptan o aplican las decisiones, lo que supone que los Parlamentos nacionales deben controlar a los Gobiernos nacionales;

8.  Pide que, en el marco del procedimiento legislativo ordinario, se adopte un código de convergencia que establezca objetivos clave de reforma estructural para un periodo de cinco años y que, junto con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, sea el punto de partida de las recomendaciones específicas por países;

9.  Opina que la revisión de la política fiscal debe considerarse parte integrante de las reformas estructurales de los Estados miembros, y que la política fiscal y la política de competencia deben considerarse dos caras de la misma moneda que benefician a todos los consumidores y ciudadanos de la UE y contribuyen en mayor medida a la creación de empleo; respalda el desplazamiento de la carga impositiva del trabajo hacia otras formas de impuestos sostenibles;

10.  Considera que el control de las ayudas estatales en la UE constituye un instrumento importante para luchar contra las prácticas fiscales que distorsionan el mercado único;

11.  Acoge con satisfacción las resoluciones fiscales y hace hincapié en que, si se utilizan con el fin legítimo de facilitar el pago de impuestos en los Estados miembros en los que se desarrolla realmente la actividad económica y tiene lugar la creación de valor, las resoluciones fiscales son un instrumento importante para garantizar la seguridad jurídica para los agentes económicos y las empresas, pero destaca asimismo que su utilización indebida como herramienta de negociación es inaceptable;

12.  Apoya firmemente las medidas destinadas a luchar contra el fraude y la evasión fiscales, y destaca la necesidad de garantizar que el dinero de los contribuyentes se utiliza de forma más eficiente, así como de adoptar medidas adicionales para proteger los intereses financieros de la Unión, aspecto que debería constituir una prioridad clave, con el fin de garantizar la legitimidad del gasto de la UE; considera, por tanto, que en el trabajo de la Comisión debe darse más importancia a las medidas de lucha contra el fraude;

13.  Aguarda con impaciencia los resultados de los trabajos del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios, que deben presentarse en una conferencia interinstitucional en 2016; subraya que la Comisión se ha comprometido, sobre la base de esos resultados, a evaluar si los nuevos recursos propios son adecuados, y que dicha evaluación debe realizarse paralelamente a la revisión del marco financiero plurianual (MFP) en 2016; reitera su compromiso de apoyar la reforma del sistema de recursos propios de la UE antes del inicio del nuevo MFP para que el sistema sea más simple, justo y transparente;

14.  Destaca la necesidad de resolver definitivamente y de forma inequívoca el problema recurrente de las facturas pendientes de pago a finales de año, que ha perjudicado a la credibilidad de la UE; espera que, con la aplicación del plan de pagos 2015-2016, el número de tales facturas se reduzca a un nivel sostenible para finales de 2016; pide a la Comisión que supervise estrechamente la ejecución de ese plan de pagos y proponga sin demora presupuestos rectificativos en caso de que el nivel de los pagos autorizados en 2016 no sea suficiente;

15.  Recuerda a la Comisión su compromiso de hacer frente a las crecientes presiones en las fronteras exteriores de la UE, también con medidas enérgicas contra la migración irregular y la trata y el tráfico de seres humanos, y señala que para mejorar la gestión de la migración es necesario vincular mejor la política de la UE en materia de migración con su política exterior;

16.  Apoya la revisión del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» y la propuesta de una programación conjunta con la Comisión y el Consejo a fin de mejorar la eficiencia del proceso legislativo;

17.  Recuerda que, a finales de 2016 a más tardar, la Comisión debe presentar una revisión del funcionamiento del MFP 2014-2020, acompañada de una propuesta legislativa para modificar el Reglamento sobre el MFP; destaca que la revisión legislativa obligatoria del MFP fue una de las principales exigencias del Parlamento durante las negociaciones sobre el MFP; concede, por consiguiente, la máxima importancia a este proceso, y se muestra dispuesto a trabajar de manera constructiva con el fin de encontrar soluciones para varias cuestiones pendientes, incluidas las relativas a la financiación del fondo de garantía del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas;

PARTE 2

Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión

18.  Insta a la Comisión a que finalice el paquete de movilidad laboral y adopte medidas para fomentar la integración y la empleabilidad de los trabajadores europeos, así como para abordar los problemas de los desempleados de larga duración; rechaza toda iniciativa que sea contraria al principio de subsidiariedad, como un régimen europeo de prestaciones por desempleo, indicadores sociales vinculantes para los Estados miembros y un salario mínimo o una renta mínima a escala europea;

19.  Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de vincular el nuevo impulso para el empleo con el crecimiento y la inversión; recuerda que en toda nueva propuesta legislativa se ha de garantizar un equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la seguridad para los empleadores, por una parte, y los empleados, por otra;

20.  Pide que se adopten medidas concretas para eliminar las discriminaciones que persisten en el mercado laboral, y en particular las que sufren los trabajadores de mayor edad, las mujeres, los trabajadores con discapacidad y los jóvenes;

21.  Pide a la Comisión que consolide y mejore la calidad, eficacia y accesibilidad de los sistemas de educación y formación de la UE; opina que debe prestarse especial atención al aprendizaje permanente, los sistemas duales, el reconocimiento de títulos y el apoyo a las medidas destinadas a reducir las tasas de abandono escolar con objeto de garantizar que los estudiantes adquieran unas destrezas básicas, tal como se definen en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA);

22.  Pide a la Comisión que, en el marco de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, prosiga sus esfuerzos de creación de empleo aplicando el concepto de la economía circular y creando sinergias en los sectores marino y marítimo (crecimiento azul);

23.  Insta a la Comisión a que presente planes de gestión plurianuales, que constituyen uno de los principales instrumentos para la aplicación de la PPC reformada, con miras a la explotación sostenible de los recursos pesqueros, así como el marco legislativo sobre medidas técnicas, previsto ya para 2015, en el marco del procedimiento legislativo ordinario;

24.  Hace hincapié en que el objetivo de una etiqueta ecológica europea única para los productos de la pesca y la acuicultura, contemplada en la organización común de mercados, debe perseguirse mediante un informe y una propuesta de la Comisión;

25.  Recuerda el compromiso de la Comisión de utilizar todas las herramientas disponibles, incluido el presupuesto de la UE, para impulsar el empleo y el crecimiento a través de inversiones inteligentes en estrecha asociación con los Estados miembros, los Parlamentos nacionales, las regiones y las ciudades, con el fin de mejorar la ejecución de las políticas existentes y de reforzar la eficacia de la acción sobre el terreno, especialmente en la utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; subraya que el nuevo periodo de programación de la política de cohesión, firmemente anclado en el Semestre Europeo y el proceso de gobernanza económica, sigue siendo la principal fuente de esas inversiones públicas;

26.  Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de «legislar mejor», así como la propuesta de chequeo y evaluación de la PAC con objeto de reducir la burocracia y eliminar la carga normativa; solicita una propuesta que facilite la aplicación de la reforma, con el fin de garantizar que se reduce al mínimo indispensable la carga administrativa para los agricultores y las autoridades de los Estados miembros y que se preserva la función vital de la PAC de garantizar la seguridad alimentaria;

27.  Solicita un uso eficaz del presupuesto de la UE gracias a la concentración en una mejor aplicación de los controles existentes, la evaluación de los controles, medidas destinadas a aligerar la carga burocrática, cuando sea posible, y medios para garantizar una buena utilización y el valor añadido del dinero de los contribuyentes de la UE, y destaca que los resultados deben prevalecer frente a la utilización máxima de los créditos consignados en el presupuesto;

28.  Apoya los esfuerzos desplegados por la Comisión en todas las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales en curso con objeto de alcanzar resultados positivos para la celebración de acuerdos comerciales completos y beneficiosos para todas las partes en 2016, lo que reforzaría notablemente las perspectivas comerciales de la UE y las oportunidades para las empresas de la UE en todo el mundo; considera, no obstante, que deben proseguir los esfuerzos de la UE para sacar partido del proceso iniciado en 2013 mediante el paquete de Bali, acordado como parte de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha, que debe allanar el camino hacia la estabilidad económica mundial;

29.  Considera que la supresión de los obstáculos al comercio y la inversión en todo el mundo sigue siendo una prioridad clave de la estrategia comercial de la UE; observa, a este respecto, que en el Informe 2014 de la Comisión sobre los obstáculos al comercio y la inversión se enumeran los importantes e injustificados obstáculos detectados en las relaciones comerciales de la UE con importantes países terceros; reitera, por consiguiente, su llamamiento a la Comisión para que prosiga su programa y luche contra las medidas proteccionistas injustificadas;

Un mercado único digital conectado

30.  Insiste en que la nueva propuesta de la Comisión que sustituye a la propuesta de normativa común de compraventa europea, anunciada en la Comunicación sobre el mercado único digital, debe basarse en la posición del Parlamento en primera lectura;

31.  Pide a la Comisión que, en la revisión de la Directiva sobre los servicios de comunicación audiovisual, tenga en cuenta la convergencia tecnológica en curso formulando recomendaciones adecuadas para adaptar el marco normativo de manera que siga siendo válido en el futuro;

32.  Cuenta con una revisión ambiciosa de la Directiva sobre el servicio universal que actualice los derechos de los usuarios finales;

Una Unión de la Energía resiliente con una política de cambio climático que mire hacia el futuro

33.  Pide que se revisen a tiempo el Reglamento relativo a la seguridad del suministro de gas y la Decisión por la que se establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales en el sector de la energía;

34.  Pide a la Comisión que presente una serie de iniciativas legislativas y no legislativas con el fin de establecer un ambicioso marco en materia de clima y energía para 2030 como contribución de la UE a la celebración de un acuerdo mundial sobre el clima de cara a la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en París;

35.  Pide a la Comisión que involucre plenamente al Parlamento en los esfuerzos comunes de lucha contra el calentamiento global, garantizando que la acción por el clima se tenga en cuenta en todas las políticas de la UE adaptándolas a la realidad del cambio climático, y solicita propuestas legislativas destinadas a aplicar el paquete de medidas sobre el clima y la energía para 2030 en el marco del procedimiento legislativo ordinario;

36.  Solicita una reforma estructural y exhaustiva del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) para después de 2020 que incluya medidas concretas y armonizadas en relación con la fuga de carbono con el fin de proteger a la industria de la UE, garantizando que quienes alcancen los mejores resultados no incurran en costes directos ni indirectos en relación con el RCDE y teniendo en cuenta la evolución de los niveles de producción;

37.  Solicita una propuesta legislativa sobre la distribución de los objetivos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en los sectores no incluidos en el RCDE, así como una revisión del marco legislativo relativo a la eficiencia energética que incluya la eficiencia energética de los edificios, la Directiva sobre eficiencia energética y otros aspectos del marco para 2030 relacionados con la gobernanza, y la revisión de la Directiva sobre energías renovables, con objeto de crear un sistema de apoyo de la UE a las fuentes de energía renovables que permita corregir la situación actual, caracterizada por numerosos regímenes nacionales de apoyo que han resultado onerosos e ineficaces con miras a un mercado interior de la energía;

38.  Solicita una tarificación equitativa y eficaz del transporte sostenible mediante la revisión de la Directiva sobre el distintivo europeo y del marco de promoción del peaje electrónico europeo, así como la elaboración de un plan maestro para el despliegue de sistemas de transporte inteligentes cooperativos;

39.  Solicita la revisión de la Directiva relativa a la promoción de vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte por carretera, así como la revisión de las normas de acceso al mercado del transporte por carretera con objeto de mejorar su eficiencia energética;

40.  Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión relativa al paquete sobre la calidad del aire y la aplicación en curso del Reglamento REACH;

41.  Pide que se adopte un enfoque más atento y equilibrado en relación con las medidas de diseño ecológico, que en el pasado han contribuido a agravar el escepticismo de la opinión pública sobre la regulación a escala europea, y considera que ese enfoque debe basarse en el potencial de ahorro energético y la pertinencia de tales medidas para el mercado, sin interferir en los hábitos de los ciudadanos; apoya firmemente un etiquetado claro de la energía con objeto de dar a los consumidores la posibilidad de elegir, y aboga por una nueva propuesta relativa al paquete sobre la economía circular;

42.  Destaca la necesidad de revisar urgentemente la Directiva sobre tejidos y células para adaptarla a la Carta de los Derechos Fundamentales, especialmente por lo que respecta al principio de donación no remunerada; opina que también debe revisarse el Reglamento relativo a las terapias avanzadas, cuya aplicabilidad a las pymes debe mejorarse; recuerda a la Comisión la necesidad de presentar una propuesta sobre un enfoque más uniforme con respecto a la evaluación de las tecnologías sanitarias para los productos farmacéuticos que no incremente aún más la carga administrativa sino que, por el contrario, libere a las empresas y a las autoridades de los Estados miembros al exigir que evaluación se efectúe una sola vez, a escala europea, y no en cada uno de los 28 Estados miembros; espera asimismo la adopción oportuna del Derecho derivado contemplado en la Directiva sobre los productos del tabaco; destaca que la Comisión debe dar prioridad a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, y solicita propuestas legislativas concretas que aborden estos graves problemas y se añadan a las propuestas existentes en el sector veterinario; pide asimismo que se preste mayor atención a la medicina humana, por ejemplo, mediante un instrumento que regule los antibióticos para uso humano similar al ya propuesto para los antibióticos en el sector veterinario;

43.  Pide a la Comisión que, ante los graves y continuos problemas que plantea la aplicación del Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, incluidos problemas de distorsión de la competencia, revise el fundamento científico de este Reglamento y, en su caso, suprima el concepto de los perfiles nutricionales o derogue el Reglamento completo; considera que los objetivos de dicho Reglamento, como el de garantizar la veracidad de las declaraciones sobre los alimentos y la mención de indicaciones específicas relativas al contenido de grasa, azúcar y sal, han sido alcanzados, entretanto, mediante el Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor;

44.  Aguarda la adopción definitiva de las propuestas legislativas sobre salud animal, fitosanidad, controles oficiales, nuevos alimentos, clonación, medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos;

Un mercado interior más justo y profundo con una base industrial reforzada

45.  Solicita un análisis exhaustivo de los mercados, que incluya la evolución actual, con objeto de determinar la necesidad y la forma de abordar estos servicios, así como si la aplicación y reinterpretación de la legislación vigente (incluidas la Directiva sobre servicios y la Directiva sobre concesiones) es en realidad proporcionada;

46.  Solicita una revisión de la Directiva sobre el folleto, una propuesta sobre la titulización de calidad y una propuesta sobre la recuperación y resolución de infraestructuras financieras de mercado;

Un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos razonable y equilibrado

47.  Destaca la importancia geopolítica y estratégica de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que constituye el proyecto reciente EE.UU.-UE más notable y que, de llevarse a término satisfactoriamente, más allá de sus aspectos comerciales, dará un nuevo impulso a la asociación transatlántica en su conjunto, convirtiéndola en el criterio comparativo para institucionalizar asociaciones más firmes en todo el mundo al establecer unas normas comerciales globales para el futuro relanzamiento de un verdadero proceso multilateral de liberalización; apoya, en este contexto, los esfuerzos de los negociadores de la UE por alcanzar un acuerdo ambicioso que beneficie a todas las partes y reduzca considerablemente los obstáculos arancelarios y no arancelarios al tiempo que respeta plenamente las normas de la UE en materia de protección social, seguridad de los consumidores y medio ambiente;

Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua

48.  Destaca la necesidad de que la Comisión presente una propuesta sobre las normas mínimas comunes para los procedimientos civiles y sobre la revisión del Reglamento Bruselas II, prestando especial atención a la responsabilidad parental transfronteriza;

49.  Señala, a este respecto, el considerable número de peticiones recibidas sobre supuestas infracciones del Reglamento Bruselas II; insta a la Comisión, por consiguiente, a que impida la «sustracción de menores» mediante un sistema de mediación y fomente la formación específica de los mediadores y jueces involucrados en causas transnacionales que afectan a niños, y alienta a los Estados miembros a que centralicen los asuntos de sustracción de menores en tribunales especializados;

50.  Pide que se finalice el acta europea de accesibilidad;

51.  Reitera que la Comisión debe velar por la plena aplicación de la legislación de la UE dentro de los plazos de transposición establecidos, y pide a la Comisión que adopte las medidas pertinentes contra aquellos Estados miembros que no hayan transpuesto correctamente la Directiva relativa a los abusos sexuales de menores; pide a la Comisión que adopte medidas legislativas adicionales relativas a los abusos sexuales de menores en línea;

52.  Insta a la Comisión a que siga velando por la correcta aplicación de la legislación de la UE en el ámbito de la justicia y a que trabaje de forma más sistemática sobre cuestiones como la cooperación judicial en materia civil y penal y el desarrollo ulterior del espacio europeo de justicia;

53.  Pide a la Comisión que aborde tanto la brecha salarial entre mujeres y hombres que aún persiste como la creciente disparidad de las pensiones por razón de género, que en 2014 fue del 39 % por término medio en la UE;

54.  Confía en que la Comisión haga de 2017 el año de la eliminación de la violencia contra la mujer y redoble sus esfuerzos por prevenir y luchar contra la trata de seres humanos y por proteger a las víctimas de dicha trata; pide a la Comisión, en este contexto, que ponga en marcha el proceso de adhesión de la UE al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul);

55.  Insiste en la necesidad de abordar en mayor medida el equilibrio de género desde el punto de vista del compromiso en el proceso de adopción de decisiones económicas; pide a la Comisión que aborde los factores que disuaden a las mujeres de entrar en el mundo empresarial, que fomente el acceso a la financiación, la formación y los servicios de apoyo a las mujeres empresarias, y que aliente y asista al Consejo con miras a la adopción de una posición común sobre la propuesta de Directiva relativa a la presencia de mujeres en los consejos de administración;

Hacia una nueva política migratoria

56.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente una nueva propuesta legislativa relativa a un paquete sobre fronteras inteligentes tan pronto como haya concluido el proyecto piloto, con objeto de acelerar, facilitar y reforzar los procedimientos de control de las fronteras para los extranjeros que viajan a la UE; hace hincapié en que la UE debe evolucionar hacia una gestión de las fronteras más moderna y eficiente mediante la utilización de tecnologías de vanguardia, al tiempo que ofrece garantías adecuadas a los ciudadanos;

57.  Subraya la necesidad de seguir reforzando la intervención europea a la vista de las tragedias ocurridas recientemente en el Mediterráneo, también con medidas más firmes destinadas a evitar la pérdida de vidas humanas en el mar, a apoyar a quienes solicitan protección internacional, a asegurar la protección de las fronteras de la UE, a luchar contra los traficantes de seres humanos, y a reforzar la cooperación con los países terceros;

Un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial

58.  Solicita una revisión de la política europea de vecindad en la que se aborden los siguientes aspectos:

a)   una distinción clara entre las políticas de ampliación y de vecindad,

b)   la diferenciación y el principio «más por más»,

c)   una implicación más allá de los países vecinos,

d)   el apoyo a la democracia, la reforma de la justicia, el Estado de Derecho y el desarrollo de la capacidad institucional,

e)   la diversificación de la oferta: sectores prioritarios,

f)   la dimensión de la seguridad,

g)   el fomento de la integración regional;

59.  Destaca la importancia de apuntalar la política común de seguridad y defensa (PCSD) con un verdadero mercado interior de la defensa y seguridad, la profundización de la cooperación entre las industrias europeas de la defensa, una base tecnológica e industrial de la defensa europea competitiva, y un enfoque más cooperativo con respecto a la I+D y la contratación pública en materia de seguridad y defensa; insiste en que la Comisión debe presentar una propuesta destinada a crear un régimen de seguridad del suministro a escala de la UE, que resulta esencial para desarrollar, mantener y transferir capacidades de defensa cruciales, y constituye al mismo tiempo una señal de solidaridad y confianza entre los Estados miembros; apoya plenamente el inicio de la acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa relacionada con la PCSD y del proyecto piloto propuesto por el Parlamento;

60.  Pide a la Comisión que vele por la correcta aplicación del Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia (2015-2019), titulado «Mantener los derechos humanos entre las prioridades de la agenda de la UE»;

61.  Pide que se preste mayor atención al diálogo interreligioso destinado a analizar y comprender la evolución religiosa, con el fin de promover la tolerancia y un compromiso activo, en el marco de la política exterior de la UE, contra la radicalización violenta y extremista;

62.  Destaca la importancia de garantizar que el respaldo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales se fomenten activamente a través de todas las delegaciones de la UE, sin perder de vista las estrategias específicas de cada país en materia de derechos humanos;

63.  Destaca, en relación con el paquete de medidas sobre aviación, que la revisión del Reglamento (CE) nº 868/2004 relativo a las prácticas tarifarias desleales en la aviación y la revisión del Reglamento (CE) nº 2016/2008 relativo a la Agencia Europea de Seguridad Aérea son prioridades clave;

64.  Subraya que el Reglamento sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) ha sido un éxito y debe seguir aplicándose en 2016; pide a la Comisión que garantice la coherencia entre todas las políticas de la UE, incluidas la PPC y la política comercial;

65.  Observa que los flujos ilícitos de capitales procedentes de países en desarrollo ascienden a un billón de dólares estadounidenses al año, lo que representa casi diez veces la cantidad asignada a la ayuda oficial al desarrollo; considera, por consiguiente, que la ayuda al desarrollo debe centrarse los esfuerzos destinados a promover la buena gobernanza, establecer el Estado de Derecho, luchar contra la corrupción y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de todos los implicados, incluidos los Gobiernos nacionales de los países en desarrollo y el sector privado; pide a la Comisión, por lo tanto, que desarrolle una estrategia y un plan de acción globales para abordar este problema en los países en desarrollo;

66.  Pide a la Comisión que lleve a cabo la primera evaluación del conjunto de instrumentos basado en derechos en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, incluidas su aplicación, las medidas concretas adoptadas en este ámbito, y el impacto de la utilización del enfoque basado en derechos; recuerda que este enfoque tiene por objeto integrar todos los principios de los derechos humanos en las actividades operativas de la UE en favor del desarrollo, y que ello incluye disposiciones, tanto en las sedes como sobre el terreno, destinadas a sincronizar las actividades en materia de derechos humanos y cooperación para el desarrollo, así como la utilización de los diálogos sobre derechos humanos y la condicionalidad como palanca, ya sea positiva o negativa (incentivo o factor disuasorio) para promover el respeto de los principios y normas de derechos humanos vinculando la aportación de ayuda a dicho respeto;

67.  Lamenta que la educación, que constituye un medio para proteger a los niños en las situaciones de emergencia y de crisis, incluidas las catástrofes naturales, siga siendo el sector que obtiene menos financiación, pese a que se calcula que 101 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela primaria y que 60 millones de ellos viven en los 33 países afectados actualmente por conflictos armados; pide, por consiguiente, que se tenga presente la necesidad de que las políticas de la UE sean más coherentes, así como la necesidad de salvar las diferencias entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, vinculando la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo;

68.  Recuerda que las pymes son el motor de la creación de empleo y riqueza en los países en desarrollo, ya que generan cerca del 90 % de los puestos de trabajo; aboga por la adopción de medidas destinadas a aligerar la excesiva carga normativa de las pymes en los países en desarrollo, a fomentar el espíritu empresarial e innovador en este contexto y a seguir reforzando el acceso a los microcréditos y la microfinanciación;

69.  Aboga por la inclusión de la discapacidad en la cooperación para el desarrollo, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, teniendo presente que en los países en desarrollo vive un número desproporcionado de personas con discapacidad, muchas de ellas marginadas, en condiciones de pobreza extrema e incapaces de disfrutar de todos los derechos humanos, y hace hincapié en que el Año Europeo del Desarrollo constituye una oportunidad que solo se presentará una vez en esta generación para abanderar los derechos y las necesidades de todas las personas, incluidas las más vulnerables y marginadas, y en particular las de las personas con discapacidad, incluidos los niños, los jóvenes y las mujeres con discapacidad;

Una Unión de cambio democrático

70.  Insta a la Comisión a que adecue la legislación de todos los expedientes anteriores al Tratado de Lisboa aún pendientes (en el marco del procedimiento de reglamentación con control) al Tratado de Lisboa en lo que respecta a los actos delegados y de ejecución;

71.  Pide una vez más a la Comisión que presente, sobre la base del artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de reglamento sobre una ley europea de procedimiento administrativo;

72.  Pide a la Comisión que evalúe el bajo porcentaje de iniciativas ciudadanas europeas (ICE) completadas con éxito, que repercute negativamente en la aceptación por los ciudadanos de este instrumento de democracia participativa transnacional, y que vele por que las decisiones sobre la admisibilidad de las ICE correspondan a las competencias jurídicas de la UE; confía en que la Comisión haga un seguimiento adecuado de cada ICE completada con éxito cuando se haya comprometido a hacerlo y, en términos más generales, que aborde las deficiencias y limitaciones de este instrumento mediante una revisión del Reglamento relativo a la ICE con objeto de convertirla en un instrumento creíble y capaz de influir en la fijación de prioridades;

73.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis más profundo de las supuestas infracciones de la legislación de la UE notificadas mediante peticiones, reforzando así las competencias comunes de control del Parlamento y la Comisión en lo tocante a la transposición y aplicación de la legislación de la UE por parte de los Estados miembros, que colabore estrecha y oportunamente sobre las investigaciones pertinentes y que, en su caso, inicie procedimientos de infracción en el marco de una colaboración plenamente transparente con el Parlamento; considera, por otra parte, que el Acuerdo Interinstitucional debe imponer a las autoridades públicas la obligación de responder exhaustivamente y de forma responsable, en un plazo de tres meses, a las investigaciones del Parlamento sobre peticiones de los ciudadanos de la UE;

74.  Pide a la Comisión que, en el marco del Programa de Adecuación y Eficacia de la Regulación (REFIT), presente una lista ambiciosa de actos legislativos y propuestas con miras a su revisión o derogación en aquellos casos en los que su adecuación o valor añadido europeo ya no sean obvios;

75.  Observa que se está llevando a la práctica el compromiso político de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de colaborar estrechamente con el Parlamento, y en particular con su Comisión de Asuntos Exteriores (por ejemplo, antes y después de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores);

76.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

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