Procedimiento : 2015/2723(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0657/2015

Textos presentados :

B8-0657/2015

Debates :

Votaciones :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
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Textos aprobados :

P8_TA(2015)0275

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Burundi (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0657/2015

El Parlamento Europeo,

–       Vistas sus anteriores resoluciones sobre Burundi,

–       Visto el Acuerdo de Cotonú,

–       Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–       Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–       Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–       Visto el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha,

–       Visto el Comunicado del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 13 de junio de 2015,

–       Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 28 de mayo de 2015, sobre la suspensión de la misión de observación electoral a Burundi,

–       Vistas las declaraciones del portavoz del SEAE, de 5 y 17 de junio de 2015, sobre Burundi,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de mayo y 22 de junio de 2015, sobre Burundi,

–       Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de junio de 2015, sobre la situación en Burundi,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que Burundi está en crisis desde el pasado mes de abril, como consecuencia de la tentativa del Presidente Nkurunziza de aspirar a un tercer mandato de cinco años, violando así el Acuerdo de Arusha y la Constitución de Burundi;

B.     Considerando que este intento de aferrarse al poder ha provocado una grave brecha en la sociedad y la política; que, incluso dentro del partido en el poder, el CNDD-FDD, uno de sus principales miembros, el Vicepresidente segundo del país, Gervais Rufykiri, ha instado al presidente a que dé prioridad a los intereses del pueblo burundés por encima de sus intereses personales y retire su candidatura a la presidencia, dado que viola la Constitución, y se ha refugiado en Bélgica;

C.     Considerando que unas 70 personas han muerto durante varias semanas de protestas contra ese tercer mandato que han sido reprimidas brutalmente y que han provocado el éxodo de más de 110 000 burundeses hacia países vecinos como Tanzania, Ruanda y la República Democrática del Congo;

D.     Considerando que la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión ya ha facilitado 1,5 millones de euros para atender las necesidades inmediatas de los refugiados burundeses que llegan a Ruanda;

E.     Considerando que, en un comunicado emitido el 9 de junio de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su alarma ante la actuación cada vez más violenta y amenazante de una milicia progubernamental e instó a las autoridades a que adoptaran medidas inmediatas y concretas para controlarla;

F.     Considerando que el partido gobernante de Burundi ha boicoteado la reanudación de las conversaciones de crisis auspiciadas por las Naciones Unidas;

G.     Considerando que la represión de los medios de comunicación es casi total como consecuencia del cierre de las emisoras privadas a mediados de mayo, el éxodo masivo de periodistas y las constantes amenazas de que son objeto los que aún siguen en Burundi;

H.     Considerando que, el 1 de junio de 2015, el Vicepresidente y el Comisario responsable de Administración y Finanzas de la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) dimitieron, alegando que la situación política y de seguridad reinante no reunía las condiciones necesarias para la celebración de unas elecciones libres, justas y creíbles, y que, tras la modificación del proceso de toma de decisiones de la INEC mediante un decreto presidencial de 30 de mayo de 2015, ya no es necesario que las decisiones se adopten por consenso;

I.      Considerando que Burundi acudió a las urnas el lunes 29 de junio de 2015 para votar en las elecciones locales y parlamentarias, que preceden a la elección presidencial del 15 de julio, pese a la advertencia, tanto de la Unión Africana como de la Comunidad del África Oriental (CAO), de que no se daban las condiciones para la celebración de las elecciones, y pese al llamamiento de la Cumbre de la CAO a favor del aplazamiento de las elecciones durante un periodo no superior al mandato constitucional de las autoridades actuales y a favor del cese de la violencia, con el fin de crear las condiciones que permitan la organización de unas elecciones libres, justas y creíbles;

J.      Considerando que la situación actual repercute en la vida económica y social de los burundeses; que la mayoría de las escuelas y los campus universitarios están cerrados debido a las violentas manifestaciones en la capital, Buyumbura, la moneda local se ha devaluado, el desempleo ha aumentado y los ingresos fiscales han disminuido como consecuencia del cierre de los centros comerciales y la desaceleración del comercio con los Estados vecinos;

1.      Opina que las elecciones celebradas en Burundi el 29 de junio de 2015 no pueden considerarse libres, justas, creíbles e incluyentes puesto que el proceso electoral se ha visto gravemente empañado por las restricciones impuestas a los medios de comunicación independientes, por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, por un clima de intimidación contra los partidos de la oposición y la sociedad civil, y la falta de confianza en las autoridades electorales, e insta a las autoridades de Burundi a que aplacen la elección presidencial programada para el 15 de julio de 2015 e involucren a todas las partes interesadas en los esfuerzos por crear un entorno que permita el desarrollo de un proceso electoral pacífico, creíble, libre y justo;

2.      Insta a todas las partes interesadas de Burundi a que reanuden cuanto antes el diálogo sobre todos los puntos de desacuerdo entre las partes, dado que solo un diálogo y un consenso basados en el respeto del Acuerdo de Arusha y la Constitución de Burundi pueden allanar el camino hacia una solución política duradera que permita consolidar y preservar la paz y la seguridad en Burundi y la estabilidad en la Región de los Grandes Lagos, afianzar la democracia y el Estado de Derecho, y restablecer un entorno pacífico y seguro que aliente el retorno de los refugiados;

3.      Recuerda las obligaciones establecidas en virtud del Acuerdo de Cotonú en materia de respeto de los derechos humanos, de los valores democráticos y del Estado de Derecho, así como la posibilidad de iniciar los procedimientos de consulta contemplados en el Acuerdo, incluido el artículo 96;

4.      Pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que respalde la labor de mediación de la Unión Africana, la CAO y las Naciones Unidas;

5.      Pide a la Comisión que vele por que su Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil siga vigilando estrechamente la situación y examine la posibilidad de facilitar ayuda humanitaria adicional para atender las necesidades de los refugiados burundeses en los países vecinos;

6.      Recuerda la determinación expresada por el Consejo en sus Conclusiones de 22 de junio de 2015 de adoptar, en su caso, medidas restrictivas selectivas contra aquellas personas cuya actuación pueda haber conducido o conduzca a actos de violencia y de represión, a graves violaciones de los derechos humanos, u obstaculice la búsqueda de una solución política en el marco propuesto por la Unión Africana y la CAO;

7.      Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al Gobierno de Burundi, a la Unión Africana, a la Comunidad del África Oriental, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.

 

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