Procedimiento : 2015/2729(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0659/2015

Textos presentados :

B8-0659/2015

Debates :

Votaciones :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
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Textos aprobados :

P8_TA(2015)0323

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.021v01-00
 
B8-0659/2015

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea


sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2016 (2015/2729(RSP))


Bas Eickhout, Igor Šoltes en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2016 (2015/2729(RSP))  
B8-0659/2015

El Parlamento Europeo,

–       Vista la Comunicación de la Comisión relativa al Programa de Trabajo de la Comisión para 2015 (COM(2014)0910),

–       Vista la Comunicación de la Comisión Europea «Legislar mejor para obtener mejores resultados – Un programa de la UE»,

–       Visto el «Informe de los cinco presidentes», de 22 de junio de 2015, titulado «Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa»,

–       Visto el vigente Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, y, en particular, su anexo 4,

–       Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,

A.     Considerando que en un contexto de crisis persistente, la Unión Europea necesita propuestas audaces para lograr una mayor legitimidad política, una mayor confianza de los ciudadanos y una cooperación más estrecha en las políticas sociales, económicas y monetarias;

B.     Considerando que el presidente de la Comisión llevaba razón al considerar que el resultado de las últimas elecciones europeas supone un llamamiento de los ciudadanos a favor del cambio y que se necesita un «nuevo comienzo»;

C.     Considerando que la Comunicación sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2015 estaba estructurada como un verdadero programa político, en torno a varios objetivos políticos específicos, lo que contribuye a dar sentido a la elaboración de las políticas europeas y a hacer una lectura más política de la acción de la Comisión;

D.     Considerando que el Programa, junto con la actividad del Colegio en su primer año, ponen claramente en evidencia un marcado sesgo neoliberal en numerosos ámbitos de actuación fundamentales (comercio, empleo, agricultura, etc.), aunque ofrece algunas primeras medidas dignas de interés en cuestiones urgentes y significativas (registro de grupos de interés, fiscalidad, eficiencia en el uso de los recursos, etc.);

E.     Considerando que la estructura, el título y la formulación de las prioridades de la Comisión hacen caso omiso de los desastrosos efectos de las políticas de austeridad y rebajan claramente la importancia de las cuestiones sociales y medioambientales a la categoría de asuntos menores, supeditadas a un hipotético retorno al crecimiento, sin querer ver los daños que la creciente desigualdad y la crisis medioambiental han ocasionado a la sociedad y a los ciudadanos;

F.     Considerando que esta atención casi exclusiva hacia trasnochadas políticas y teorías económicas de la oferta eclipsa las referencias a la justicia social y la desigualdad, la salud pública, la educación, la cultura y muchos otros ámbitos tan esenciales para la reactivación de la actividad económica como para el fundamento y el alma de las sociedades europeas;

G.     Considerando que la Comisión es la guardiana de los Tratados de la UE, que consagran los principios de desarrollo sostenible, justicia social y solidaridad, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos a un medio ambiente limpio y a un elevado grado de protección ambiental;

H.     Considerando que la preocupación por el espíritu que anima el programa de la Comisión para mejorar la legislación, especialmente en lo relativo a textos normativos esenciales en materia ambiental y social, está justificada a la vista de las posiciones de la Comisión, en especial las de su vicepresidente primero Timmermans;

I.      Considerando que el interés por reducir las cargas legislativas cuando estas son innecesarias o se han quedado anticuadas goza de un amplio apoyo, pero que varias recomendaciones muestran con claridad una «finalidad desreguladora» que puede aniquilar importantes normas y derechos europeos;

J.      Considerando que la reducción de los costes globales de la normativa para las empresas no puede efectuarse a expensas de la salud, la seguridad y la protección ambiental que esas normativas ofrece a los ciudadanos, trabajadores y consumidores europeos;

Prioridades para 2016: sostenibilidad, justicia social y económica, derechos fundamentales y ciudadanos, y mayores recursos para la acción de la UE

1.      Comparte las preocupaciones de la Comisión respecto de la grave situación en la que se encuentra hoy la Unión y la urgente necesidad de invertir seriamente para romper el patrón actual de estancamiento; lamenta, no obstante, que el «nuevo comienzo» de la Comisión refleje sobre todo las prioridades de la Europa de antes de la crisis, al optar por mantener el marco ortodoxo de las políticas económicas que llevaron a la crisis y al no reconocer plenamente lo que necesita verdaderamente la Europa del siglo XXI y lo que piden realmente los europeos; destaca, a este respecto, la necesidad de una nueva estrategia industrial como la de RISE (Renacimiento de la industria para una Europa sostenible), que combine la sostenibilidad y la competitividad a través, en particular, de la eficiencia en el uso de la energía y los recursos;

Sostenibilidad

2.      Insta a la Comisión a que inscriba la sostenibilidad como núcleo de cualquier política económica razonable y orientada al futuro y a la resolución de crisis, y a que garantice que la sostenibilidad se concreta en este y en futuros programas de trabajo a través de una rúbrica específica dedicada a la aplicación completa y rápida del Séptimo Programa de Acción en materia de medio ambiente y a los preparativos para una nueva Estrategia de desarrollo sostenible de la UE; considera que los proyectos seleccionados por el fondo de garantía del llamado «Plan Juncker» deben responder a dichas prioridades; destaca que se necesita un nueva estrategia industrial que sea global y ambiciosa, ya que se ha prestado demasiada poca atención a esta política fundamental, especialmente en lo que se refiere al paquete de la economía circular; insiste en que las inversiones públicas se deben centrar en la transición energética, las pymes ecoinnovadoras, la investigación y la educación; se opone a la reorientación de fondos ya previstos para programas de la UE, como los fondos de investigación e innovación en el marco de Horizonte 2020, hacia proyectos de menor calidad o no sostenibles;

3.      Confía en que la Comisión proponga en 2015 legislación con arreglo al procedimiento ordinario con el fin de aplicar el marco de clima y energía para 2030, y pide a la Comisión que la presente en forma de paquete (RCDE, Decisión sobre el reparto de esfuerzos, Directiva sobre la calidad de los combustibles y legislación sobre emisiones ocasionadas por la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo); reitera la necesidad de aclarar las repercusiones en materia de gases de efecto invernadero que tienen los diversos usos de la biomasa forestal para generar energía e identificar los usos que pueden lograr los mayores beneficios de mitigación en plazos relevantes para las políticas, así como de presentar propuestas de criterios de sostenibilidad en relación con el uso de la biomasa para producir energía;

4.      Confía en que la Comisión proponga con prontitud legislación con arreglo al procedimiento ordinario con el fin de crear la Unión de la Energía, incluida la aplicación del marco de clima y energía para 2030; reitera su oposición a la financiación de los combustibles fósiles y la energía nuclear;

5.      Pide a la Comisión que vele por la aplicación plena de la Directiva 2009/28/CE, sobre fuentes de energía renovables y que se presenten propuestas de normativas eficaces, también del Parlamento, para poder alcanzar objetivos ambiciosos y vinculantes en materia de energía para 2030;

6.      Pide a la Comisión, en consonancia con los compromisos establecidos en el séptimo Plan de Acción para el Medio Ambiente, que presente propuestas para ampliar los requisitos relativos a las inspecciones y extender los criterios vinculantes para la eficacia de las inspecciones y la supervisión en los Estados miembros al cuerpo más amplio de la legislación medioambiental de la Unión, y que garantice al tutela judicial efectiva en cuestiones medioambientales para aplicar plenamente el Convenio de Aarhus;

7.      Pide que se concluyan cuanto antes las evaluaciones de la Directiva relativa a la eficiencia energética y de la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, de manera que la Comisión pueda garantizar la plena aplicación de estas normas y presentar propuestas para su modificación mediante el procedimiento ordinario antes de acabar 2016; recuerda, en ese contexto, la promesa del presidente Juncker de un objetivo mínimo vinculante de eficiencia energética del 30 % para 2030, e insiste en que la Comisión incorpore plenamente, al revisar estas Directivas, las posiciones del Parlamento en la materia y el principio de prioridad de la eficiencia energética;

8.      Pide a la Comisión que presente urgentemente un marco específico para abordar el impacto del transporte en el cambio climático; pide a la Comisión que complete su revisión de la normativa sobre emisiones de CO2 de los vehículos y que presente una ambiciosa propuesta con un objetivo para 2025; pide asimismo a la Comisión que se ocupe de las emisiones de los vehículos pesados;

9.      Confía que la Comisión, basándose en su comunicación consultiva de 2015, proponga en 2016 nueva legislación con arreglo al procedimiento ordinario en materia de arquitectura general del mercado energético, mercado al por menor y autoconsumo;

10.    Muestra su profunda decepción por la propuesta presentada el 22 de abril de 2015 para modificar el Reglamento (CE) nº 1829/2003 en lo relativo a la posibilidad de los Estados miembros de restringir o prohibir el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio, que no toma en consideración el reconocido déficit democrático en el procedimiento de autorización de los organismos modificados genéticamente (OMG), aunque el Programa de Trabajo de la Comisión para 2015 esté prevista una revisión del procedimiento decisorio para la autorización de los OMG; confía en que la Comisión trabaje de modo constructivo con los colegisladores con el fin de alcanzar una verdadera democratización del proceso de autorización, incluidas las solicitudes de cultivo de OMG;

11.    Confía en que la Comisión trabaje de modo constructivo con el Parlamento en la propuesta de diciembre de 2013 sobre la clonación, con el fin de alcanzar un acuerdo que tome en cuenta las expectativas de los consumidores y las cuestiones de bienestar animal, de modo que se establezcan normas estrictas para los alimentos derivados de la descendencia de animales clonados;

12.    Pide el refuerzo y la expansión de los requisitos de diseño ecológico en la legislación sobre productos como parte de una nueva, y más ambiciosa, propuesta en materia de economía circular, con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos en la parte del círculo correspondiente al producto;

Justicia económica y social

13.    Acoge favorablemente la atención que se dedica a los empleos ecológicos, la innovación ecológica, las industrias ecológicas, el conjunto de medidas sobre movilidad de los trabajadores y el conjunto de medidas sobre empleabilidad con el seguimiento de la Garantía Juvenil, pero pide que se adopten las medidas concretas correspondientes; observa con preocupación que la «prioridad» dada a la creación de puestos de trabajo no es responsabilidad de la DG Empleo, sino de actores de la Comisión sin un historial en materia de empleo y creación de puestos de trabajo, cuando la creación de empleo es de hecho la espina dorsal de las políticas de empleo; pone en duda, por consiguiente, el compromiso de la Comisión respecto de la creación de puestos de trabajo de calidad que beneficien realmente a los ciudadanos y teme que, por el contrario, se produzca una multiplicación de las inversiones sin potencial de creación de empleo;

14.    Lamenta la persistente ausencia de propuestas específicas para abordar las crecientes desigualdades y la situación de emergencia social provocada por las políticas de austeridad, en especial en los países con programas de la troika; pide a la Comisión que trabaje para garantizar que los ciudadanos europeos gocen de un nivel mínimo de protección social a lo largo de sus vidas (entre otros: acceso a una vivienda asequible, acceso a una atención sanitaria adecuada, derecho a la atención infantil, normas mínimas de seguridad de los ingresos incluidas las pensiones, o una protección social mínima equivalente dependiendo de cada sistema nacional, etc.);

15.    Toma nota de la propuesta relativa a una UEM más profunda y más justa; confía, no obstante, en que se presenten propuestas más ambiciosas y de mayor amplitud, incluida una hoja de ruta hacia una capacidad presupuestaria importante y anticíclica de la UEM, que también debería abordar los choques asimétricos, así como nuevas propuestas para que los objetivos medioambientales y sociales sean objetivos presupuestarios vinculantes, revisados y sostenibles que favorezcan la inversión;

16.    Señala que el Banco Central Europeo y el Consejo de Estabilidad Financiera prestan cada vez más atención a la burbuja de carbono; pide a la Comisión que incluya esta cuestión en su Unión de Mercados de Capitales y lamenta que no la haya incluido en el Libro Verde correspondiente; pide a la Comisión que proponga exigencias de transparencia en relación con la huella de CO2 de las inversiones financieras, por ejemplo en la Directiva de información no financiera;

17.    Saluda el primer paso dado hacia una mayor justicia fiscal dirigido contra la persistente planificación fiscal abusiva, que priva a Europa de recursos presupuestarios legítimos y necesarios, mediante el fortalecimiento de la obligación de los Estados miembros de intercambiar información sobre los acuerdos tributarios; considera primordial, no obstante, proponer modificaciones a la Directiva sobre matrices y filiales y a la Directiva sobre pago de intereses y cánones que cierren las escapatorias tributarias;

18.    Celebra la reactivación de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) al tiempo que, como primera medida rápida, se cierran las mayores escapatorias que permiten la Directiva sobre matrices y filiales y la Directiva sobre intereses y cánones;

19.    Pide a la Comisión que haga uso del Derecho de sociedades de la UE para imponer la transparencia tributaria de todas las empresas multinacionales y para imponer requisitos estrictos a las sociedades fantasmas con miras a su prohibición efectiva;

20.    Muestra su deseo de contribuir a la «estrategia que genere un enfoque renovado e integrado del mercado único de bienes y servicios», centrada principalmente en los sectores con mayor potencial económico; pide a la Comisión que base esa estrategia en elevados niveles de seguridad y protección de los consumidores, y que garantice la pronta transposición y correcta aplicación de la legislación vigente antes de proponer de forma prematura actos legislativos nuevos o revisados;

21.    Espera con interés el cumplimiento por parte de la Comisión de las promesas realizadas en la estrategia del mercado único digital para Europa, en especial las reformas en materia de derechos de autor, el geobloqueo y la revisión de la Directiva de servicio universal y de la Directiva de privacidad electrónica; advierte contra el peligro que corren las condiciones sociales y laborales a causa del afán por reducir el coste del reparto de paquetes y recuerda que la rentabilidad de los servicios de reparto debe tener en cuenta la calidad para quienes los prestan y para quienes los reciben; destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el control judicial y la responsabilidad a la hora de luchar contra los contenidos ilegales en internet, así como de emplear el principio «seguir la pista del dinero» cuando se hagan cumplir la normativa;

22.    Pide a la Comisión que estudie con mayor profundidad la forma en que la digitalización puede ser un motor de la transformación ecológica y social de la economía y sus consecuencias;

23.    Muestra su profunda preocupación por las crecientes desigualdades regionales en Europa desde el principio de la crisis, y lamenta, por tanto, que el FEIE no preste especial atención a las regiones de la UE más perjudicadas por el déficit de inversiones y el elevado desempleo; confía en que la Comisión aclare su posición sobre el futuro de la dimensión urbana y sobre la agenda y la cohesión territoriales y examine la relación entre el FEIE y la política de cohesión evaluando en una fase temprana el funcionamiento y el uso de la garantía de la UE;

Derechos fundamentales y participación ciudadana

24.    Acoge favorablemente la Agenda Europea de Migración, adoptada el 13 de mayo de 2015, que se centra en una serie de iniciativas para desarrollar un enfoque más holístico para la migración; se opone firmemente a la dudosa y engañosa relación entre migración y seguridad que se establece en la iniciativa de la alta representante para tomar medidas militares en la lucha contra el tráfico de seres humanos;

25.    Saluda la propuesta de la Comisión de reubicar a refugiados que se encuentran en Italia y Grecia, pero insta a la Comisión a que siga desarrollando instrumentos vinculantes con arreglo a un enfoque de derechos humanos para las personas que buscan en la UE protección frente a la guerra y la persecución creando vías efectivas para la entrada legal de refugiados; anima a la Comisión a que promueva el reparto de la carga y la solidaridad entre los Estados miembros; pide a la Comisión que también presente urgentemente, como parte de la Agenda Europea de Migración, un plan para desarrollar las rutas legales para la migración laboral;

26.    Señala que el mecanismo para el Estado de Derecho propuesto por la Comisión en mayo de 2014 no basta para luchar contra las violaciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros; pide a la Comisión que presente una propuesta para crear un mecanismo eficaz de la UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que se base en indicadores comunes objetivos para efectuar evaluaciones anuales imparciales de la situación en todos los Estados miembros, de manera indiscriminada y en pie de igualdad, que incluya una valoración de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, junto con los oportunos mecanismos de corrección de carácter vinculante, como los procedimientos de infracción y el procedimiento del artículo 7 del TFUE, para colmar las lagunas existentes y permitir una respuesta automática y gradual a las violaciones del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales a nivel nacional;

27.    Pide a la Comisión que proponga iniciativas legislativas para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres y de violencia de género; pide a la Comisión que ponga en marcha la adhesión de la UE al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), como le ha pedido reiteradamente el Parlamento;

28.    Apoya enérgicamente la iniciativa a favor de un registro de transparencia obligatorio, pero expresa su profunda preocupación por el hecho de que vaya a basarse en un acuerdo interinstitucional, por lo que dicho registro no es vinculante para los representantes de los grupos de interés y, por tanto, no es obligatorio; reitera, por tanto, la exigencia del Parlamento de una propuesta legislativa; pide a la Comisión que siga reforzando su acción de lucha contra la corrupción y, más concretamente, centre la atención en atajar el uso indebido de los fondos de la UE y el fraude fiscal en la Unión;

29.    Elogia la iniciativa de transparencia de la Comisión, que incluye la publicación de los contactos entre comisarios, gabinetes, directores generales y representantes de grupos de interés; observa con preocupación, sin embargo, el gran número de excepciones aplicables a la publicación; propone que la Comisión empiece a publicar estas reuniones de modo centralizado y no en 89 sitios web diferentes;

30.    Considera urgente revisar los Reglamentos sobre la iniciativa ciudadana europea (ICE) con el fin de relajar los requisitos administrativos y técnicos, reconcebir los sistemas de recogida de firmas en línea para que sean fáciles de usar y accesibles a las personas con discapacidad, armonizar el mecanismo de verificación de apoyos en todos los Estados miembros, ofrecer mayor protección jurídica a los comités de ciudadanos, estudiar la posibilidad de financiar las ICE con cargo al presupuesto de la UE, permitir una respuesta adecuada a las ICE que cumplan los requisitos y permitir la firma a los residentes europeos que no son nacionales del país de acogida, ya que los procedimientos administrativos están volviéndose tan gravosos e insondables que solo consiguen aumentar la hostilidad hacia la UE;

31.    Celebra que la Comisión apoye la iniciativa de los ministros de Educación de los Estados miembros (reunidos en París el 17 de marzo de 2015) sobre el intercambio de buenas prácticas en materia de educación, ciudadanía y la prevención de la radicalización; insta a la Comisión a trabajar en la dirección marcada y a tomar las medidas necesarias para aplicar esta declaración mediante un seguimiento de las actuaciones emprendidas en los Estados miembros, prestando especial atención a los proyectos escolares europeos de Erasmus+, a los que se ha tomado en cuenta hasta el momento dentro del nuevo marco;

32.    Insta a la Comisión a dar un mayor apoyo al programa «Europa con los ciudadanos», dedicando más medios, ya que es el único programa que mantiene un contacto directo con las ONG y los ciudadanos implicados en las cuestiones y problemas que afectan a la sociedad de la UE;

Mayores medios para la acción de la UE

33.    Pide una revisión a fondo del marco financiero plurianual (MFP) tras las elecciones, y no una mera revisión técnica, con el fin de movilizar el presupuesto de la UE y contribuir de este modo a la recuperación de la economía europea, garantizando el éxito de la estrategia UE 2020, apoyando los compromisos internacionales de la UE a partir de 2015 y dando una solución estructural al creciente problema de los pagos;

34.    Insta a la Comisión a que adopte todos los programas operativos necesarios para el período de financiación 2014-2020 y, en caso de que la adopción no se haya producido, que movilice todos sus recursos para ayudar a los Estados miembros afectados;

Retirada, REFIT y programa de mejora de la legislación

35.    Muestra su gran preocupación por el ejercicio REFIT en general y por que el trabajo de simplificación de la normativa se ponga como excusa para reducir el nivel de ambición en asuntos de importancia crucial para la seguridad y el bienestar de trabajadores y consumidores o en la protección del medio ambiente; estima que la simplificación es una cuestión de calidad y que no cabe ningún tipo de objetivo cuantitativo a este respecto;

36.    Considera que las evaluaciones de impacto no deben sustituir en ningún caso a las decisiones políticas u ocasionar retrasos en el proceso legislativo y no deben centrarse únicamente en la competitividad de costes y precios y los posibles operadores perjudicados, sino también en los beneficios públicos, la innovación, los posibles operadores beneficiados y los derechos humanos;

37.    Se opone con firmeza a la idea del tratamiento prioritario en el proceso legislativo en caso de simplificación y reducción de la carga normativa, ya que las normas que deben considerarse prioritarias son las destinadas a incrementar el nivel de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos y a mejorar la salud y el medio ambiente;

38.    Señala que la Directiva de las aves y la Directiva de los hábitats están incluidas en el control de adecuación que está previsto terminar en 2016; destaca, con carácter general, que este proceso no debe utilizarse como pretexto para reducir el nivel de ambición en temas de importancia vital para la protección del medio ambiente y, en particular, que estas Directivas son la piedra angular de los esfuerzos de Europa para detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar ecosistemas degradados, y que su marco normativo es a la vez flexible y moderno y permite a las empresas adaptarse a él y operar con éxito; se opone, por consiguiente, a que se abra la revisión de estas Directivas;

39.    Celebra que la Comisión se muestre abierta a estudiar el impacto del paquete en materia clima y energía para 2030 en la Directiva sobre techos nacionales de emisión; considera, no obstante, que no es necesaria una propuesta modificada, y que, por el contrario, la cuestión de alinear las políticas en materia de clima y energía debe abordarse en el contexto de futuras negociaciones internacionales; recuerda que la revisión de la Directiva sobre techos nacionales de emisión lleva más de diez años de retraso, y que un nuevo aplazamiento tan solo serviría para rebajar el nivel de protección de los ciudadanos y del medio ambiente;

40.    Pide que a la mayor brevedad se concluyan las evaluaciones de la Directiva sobre la calidad de los combustibles y que se establezca una reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, de manera que la Comisión pueda presentar propuestas para su modificación en 2015; anima a la Comisión a integrar mejor los objetivos de la UE de protección del clima y de consumo de energía en su política de transporte, en especial en los sectores del transporte por carretera, aéreo y marítimo;

41.    Alienta a la Comisión a dar un impulso a su labor de mejora de la legislación y el cumplimiento en materia de derechos de los pasajeros, sobre la base de una competencia justa entre los modos de transporte, y a incluir en su paquete de transporte por carretera un marco coherente de criterios para la formación correcta de los precios y la internalización de los costes externos, así como a intensificar las medidas para reducir las muertes y las lesiones graves con arreglo a los objetivos de seguridad vial de la UE; pide a la Comisión que, a la hora de preparar su revisión del Libro Blanco del Transporte, evalúe su trabajo sobre los objetivos y las 40 iniciativas del Libro Blanco de 2011;

42.    Critica con firmeza el anuncio de la Comisión de retirar su propuesta de revisión de la Directiva 92/85/CEE, relativa a las trabajadoras embarazadas y el permiso de maternidad, y su intención de plegarse a las exigencias de las empresas; destaca la necesidad de revisar la Directiva 92/85/CEE del Consejo para conseguir unas normas mínimas adecuadas en materia de permisos de maternidad y por paternidad y, de este modo, mejorar la salud y la seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia, haciendo así frente a los retos demográficos, al tiempo que se reducen las desigualdades entre hombres y mujeres; toma nota de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 14 de abril de 2015 (asunto C-13/14) relativa al derecho de la Comisión a retirar una propuesta, que reitera las condiciones específicas que debe cumplir la Comisión, entre otras, su deber de exponer al Parlamento y al Consejo los motivos de esa retirada y de atenerse a los principios de atribución de poderes, equilibrio institucional y cooperación leal, establecidos en el TUE; prevé, en vista de lo anterior, que el Parlamento interponga un recurso de anulación contra la Comisión y el Consejo al amparo del artículo 263 del TFUE;

43.    Apoya con firmeza a la Comisión en su objetivo de revisar el Reglamento (CE) nº 428/2009, sobre exportación de tecnología de doble uso; celebra el trabajo que está llevando a cabo la Comisión y su intención de presentar una nueva propuesta legislativa en la primera mitad de 2016; recuerda la urgente necesidad de regular la exportación comercial de tecnología de doble uso y de abordar las exportaciones potencialmente dañinas de productos y servicios de TIC a terceros países; pide a la Comisión que establezca garantías adecuadas para evitar que estos controles de las exportaciones redunden en perjuicio de la investigación, incluidas la investigación científica y la investigación de seguridad informática realizadas sin ánimo delictivo;

44.    Considera que la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, no da más de sí y necesita una actualización, como confirmó recientemente la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el informe Záborská; pide a la Comisión una propuesta legislativa que sustituya a la legislación vigente, que es ineficaz e inaplicable, ya que, pese a las innumerables campañas, objetivos y medidas de los últimos años, la diferencia salarial entre hombres y mujeres continúa siendo muy importante;

45.    Solicita la retirada de la propuesta sobre los secretos comerciales, en curso de negociación en su Comisión de Asuntos Jurídicos, ya que no se ha analizado sus posibles efectos anticompetitivos, especialmente para las pymes; destaca, por otra parte, que la propuesta actual genera inseguridad jurídica por lo que respecta a los derechos de acceso a la información y la movilidad de los trabajadores, y que se podría hacer un uso indebido de sus lagunas y su imprecisión para proteger excesivamente la información comercial en detrimento del interés general;

46.    Considera que una revisión exhaustiva de la estrategia de la política comercial de la UE debe tener en cuenta la contribución real neta al empleo y al crecimiento y debe ser coherente con los objetivos en materia de desarrollo y de clima, las prioridades medioambientales y las normas sobre derechos humanos; insta a la Comisión, por otra parte, a que modifique sus prácticas con miras a la divulgación plenamente democrática de los documentos en que se basa el proceso de negociación;

47.    Acoge favorablemente el enfoque basado en incentivos aplicado a los países de la PEV, que tiene en cuenta los méritos y la diferenciación, y pide a la Comisión, en este contexto, que cree mecanismos para aplicar el principio «más por más», que también implica «menos por menos» en el caso de los países que no muestren ninguna voluntad de trabajar de forma constructiva con la UE, y que defina claramente los valores de referencia, indicadores y criterios pertinentes;

48.    Lamenta que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, haya promovido la idea de que no habrá más ampliaciones en los próximos cinco años; considera que esta declaración puede dañar la credibilidad de la UE en la región de los Balcanes occidentales, sentar un precedente peligroso y debilitar estratégicamente la percepción de la Unión en una vecindad oriental cada vez más inestable; recuerda la decisión que tomaron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo de Salónica de 2003, en el que afirmaron que todos los países de los Balcanes occidentales tienen abierta permanentemente la posibilidad de llegar a ser Estados miembros de la UE; recuerda que únicamente una perspectiva de este tipo puede motivar a dichos países, que se encuentran rodeados geográficamente por Estados miembros de la UE, para que realicen las reformas necesarias y se adapten al acervo de la UE;

49.    Pide a la Comisión que intensifique la asistencia, la coordinación, el seguimiento y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Georgia, Moldavia y Ucrania con miras a acelerar la aplicación efectiva de los acuerdos de asociación y mejorar la integración de estos países en las políticas de la UE;

50.    Pide a la Comisión que impida el uso de fondos presupuestarios de la UE para investigación de defensa o de doble uso, como ya está previsto en el contexto de un proyecto de investigación relacionado con la PCSD; pide a la Comisión que propugne una definición exclusivamente civil de los fondos de la UE como Horizonte 2020 o los fondos sociales, regionales y estructurales; recuerda la necesidad de reducir de modo significativo los excesos de capacidad, la mala administración, la corrupción, la fragmentación y los bajos niveles de transparencia de los sectores europeos de la defensa; anima a la Comisión a ejercer presión sobre los Estados miembros para que apliquen correctamente la Directiva 2009/81/CE sobre contratación pública y pide nuevas medidas para que se establezcan normas estrictas de mercado interior;

Iniciativas que se echan en falta

51.    Toma nota de que no existe una comunicación claramente definida sobre el programa de trabajo para 2013; expresa, no obstante, su profunda preocupación por la posibilidad de que en la situación actual se desatiendan algunos ámbitos fundamentales e iniciativas importantes; pide a la Comisión, por consiguiente, que reexamine su posición e incluya las siguientes propuestas:

–    «derecho de voto social» o cualquier mecanismo que permita impedir la entrada en vigor de legislación de la UE cuando sus repercusiones perjudiquen a los más pobres, aumenten las desigualdades o recorten los derechos sociales;

–    revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo para eliminar la cláusula que permite no aplicar la semana laboral media de 48 horas;

–    propuesta de directiva sobre el acceso a la información pública en los Estados miembros;

–    propuesta de reglamento sobre la seguridad de los productos y servicios de las tecnologías de la información en el mercado de la UE;

–    adaptación de las normas de la UE sobre contratación pública con objeto de que se faciliten a las autoridades correspondientes los códigos fuente de todos los productos o servicios de las tecnologías de la información;

–    propuesta para complementar la unión bancaria con una hoja de ruta hacia un marco de garantía común de los depósitos;

–    propuesta legislativa para integrar la eficiencia en el uso de los recursos y los costes unitarios de capital en un procedimiento mejorado y revisado en materia de desequilibrios macroeconómicos que sea más simétrico y efectivo;

–    revisión de la Directiva sobre auditoría con el fin de impedir a las empresas de auditoría facilitar asesoramiento fiscal;

–    revisión de la Directiva sobre contabilidad con el fin de ampliar a todos los sectores las obligaciones fiscales que deben respetar las empresas en cada país, así como de obligar a las empresas a publicar los acuerdos fiscales que hayan negociado con los Estados miembros y terceros países;

–    nueva propuesta legislativa sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, con objeto de garantizar la aplicación del Convenio de Aarhus en la Unión;

–    propuesta legislativa sobre las inspecciones ambientales como instrumento esencial para contribuir a la plena aplicación de la legislación ambiental en la Unión;

–    marco jurídico armonizado y vinculante para la exploración y explotación de combustibles no convencionales mediante fractura hidráulica tras la evaluación de las correspondientes recomendaciones de la Comisión;

–    comunicación relativa al establecimiento de un sistema alimentario europeo sostenible, según lo acordado por los comisarios de las DG AGRI, ENVI y SANCO en abril de 2014;

–    criterios horizontales con una base científica para los alteradores endocrinos, con objeto de cumplir sin más demoras las obligaciones legales pendientes de la Comisión;

–    nuevo acto legislativo marco en materia de bienestar animal que establezca las normas mínimas de la UE de bienestar para todas las categorías de animales;

–    hoja de ruta de la UE para la bicicleta, acompañadas de medidas de apoyo y promoción;

–    propuesta legislativa sobre los distintos tipos de permiso (paternidad, adopción, por atención a dependientes, filial) con objeto de mejorar la conciliación de la vida profesional, familiar y privada, que al mismo tiempo podría desbloquear la directiva sobre el permiso de maternidad en el Consejo;

–    revisión de la legislación vigente sobre la igualdad de retribución entre hombres y mujeres, dado que es ineficaz e inaplicable y que, pese a las innumerables campañas, objetivos y medidas de los últimos años, la diferencia salarial entre hombres y mujeres continúa siendo muy importante;

–    respuesta europea global al problema de los derechos fundamentales del colectivo LGBTI, en forma de estrategia/hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, como han solicitado reiteradamente el Parlamento y los Estados miembros;

–    propuesta legislativa para establecer normas vinculantes en materia de comportamiento responsable de las empresas de la UE que operen en terceros países para lograr la total transparencia de las cadenas de suministro, prestándose especial atención al sector textil;

–    medidas de seguimiento para garantizar que el plan de acción de la FLEGT (Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) siga siendo pertinente y lucha contra los nuevos impulsores de la explotación forestal ilegal motivada por la conversión de los bosques en plantaciones agrícolas, incluida una propuesta de plan de acción de la UE sobre la deforestación;

–    convertir el actual Código de Buena Conducta Administrativa en un reglamento vinculante con el fin de fortalecer en la UE el derecho fundamental a una buena administración en el servicio público que prestan sus instituciones, organismos, oficinas y agencias;

–    iniciativa para establecer los valores de referencia con el fin de abrir los capítulos 23 y 24 y preparar la apertura de dichos capítulos en las negociaciones de adhesión con Turquía;

–    propuesta de un posición común sobre la rápida ratificación por todos los Estados miembros de las enmiendas de Kampala al Estatuto de la Corte Penal Internacional, que definen el crimen de agresión;

–    propuesta de una protección a escala europea de los denunciantes que han sacado a la luz irregularidades que afectan a la legislación europea o a los ciudadanos europeos;

Referencia al método de trabajo

52.    Insta a la Comisión a indicar con claridad su intención de respetar la igualdad de las dos instituciones colegisladoras, en vista especialmente de que el Parlamento contribuye a aliviar la carga legislativa, como ha ocurrido en el caso del material de reproducción vegetal (COM/2013/0262 – 2013/0137 (COD); advierte a la Comisión contra el uso de un posible estancamiento en el Consejo como forma de obviar la posición del Parlamento;

53.    Pone de relieve su oposición a todo nuevo acuerdo interinstitucional que ponga en cuestión el papel otorgado al Parlamento por el Tratado, que imponga la agenda de la Comisión al Parlamento y al Consejo, que someta a los legisladores a una evaluación continua por parte de «expertos» y que subordine las decisiones políticas adoptadas democráticamente a otras prioridades como la simplificación administrativa o la reducción de la carga normativa;

54.    Considera que las orientaciones políticas de la Comisión no pueden ser las únicas bases para determinar las prioridades plurianuales, porque se correría el riesgo de que la agenda del poder legislativo viniera dictada por el Colegio;

55.    Insta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos de supervisión de la transposición y el respeto de la legislación de la UE por los Estados miembros, especialmente en el contexto de una agenda legislativa reducida; pide que se involucre en mayor medida y de forma más sistemática a los Parlamentos nacionales;

56.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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