Procedimiento : 2015/2729(RSP)
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B8-0661/2015

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PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 237kWORD 153k
1.7.2015
PE559.024v01-00
 
B8-0661/2015

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y el Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión


sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2016 (2015/2729(RSP))


Vicky Ford en nombre del Grupo ECR

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2016 (2015/2729(RSP))  
B8-0661/2015

El Parlamento Europeo,

–       Vista la declaración, de 16 de diciembre de 2014, del presidente y del vicepresidente primero de la Comisión acerca del programa de trabajo de la Comisión para 2015,

–       Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea afronta una profunda crisis de competitividad en una economía mundial cada vez más exigente; que solamente las economías competitivas podrán crear empleos, elevar los niveles de vida de sus ciudadanos y generar la prosperidad que permita financiar la inversión en el futuro y ofrecer servicios públicos; que es necesaria una mayor dedicación a promover la competencia libre y leal para alcanzar los ambiciosos objetivos en materia de empleo, crecimiento, inversión y competitividad global de la economía europea;

B.  Considerando que otras regiones del mundo están creciendo más rápidamente y con niveles de productividad e innovación cada vez más elevados;

C.  Considerando que la crisis de la deuda pública de la zona del euro ha perjudicado grandemente a la economía europea y ha causado una penuria considerable para millones de personas;

D.  Considerando que Europa debe comprometerse con una economía que pueda garantizar un crecimiento sostenible para ofrecer a la generación siguiente puestos de trabajo en lugar de deudas;

E.  Considerando que las prioridades políticas deben corresponderse con los recursos financieros disponibles,

F.  Considerando que las políticas y las actividades de la Unión Europea deben tratar de apoyar y facilitar las acciones de los Estados miembros para hacer frente a la crisis de competitividad respetando los principios fundamentales de subsidiariedad y proporcionalidad;

G.  Considerando que los ciudadanos de la Unión Europea desean claramente una Unión que actúe con levedad, facilitando la cooperación entre sus Estados miembros en los ámbitos en los que pueda añadir valor, pero que de otro modo se abstenga de tomar medidas que deberían más bien dejarse en manos de sus Estados miembros, los gobiernos regionales y locales, las familias y cada ciudadano;

1. Acoge con satisfacción los esfuerzos iniciales de la Comisión por dar prioridad a medidas que fomenten la creación de empleo, el crecimiento y la inversión; pide a la Comisión que siga centrada en estos objetivos y sea ambiciosa en su agenda de reformas en el marco del Programa de Trabajo de 2016; acoge con satisfacción las líneas generales del paquete «Legislar mejor» de la Comisión, que comprende medidas para reducir la burocracia, promover la competitividad y atender a las necesidades de las pequeñas empresas; hace hincapié en la importancia de crear un entorno que permita que empresarios y empresas puedan crear nuevos puestos de trabajo, mantener empleos en Europa y relocalizar empleos deslocalizados en terceros países; destaca la importancia de crear un clima en el que florezcan la innovación y la inversión del sector privado; Considera que los legisladores deben velar por que la legislación fomente la innovación evaluando el impacto de la legislación en materia de gestión del riesgo en la innovación;

2. Destaca que solo se logrará reducir considerablemente la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas si se reduce el número de propuestas legislativas y se centra la atención en las prioridades esenciales; pide a la Comisión que mantenga este enfoque en 2016 y que reduzca al mínimo el número de promesas legislativas; pide a la Comisión que siga tomando medidas en 2016 para reducir el coste de las cargas burocráticas con la aspiración de reducir la carga en un 50% para 2030, y que fije un objetivo de reducción de los costes de cumplimiento; pide que se lleven a cabo evaluaciones independientes para medir la carga administrativa y los costes afines de las nuevas propuestas;

3. Cree firmemente que deben concentrarse los esfuerzos en un número reducido de prioridades clave, y pide a la Comisión que se abstenga de adoptar iniciativas que no sean fundamentales; hace hincapié en la importancia de centrarse en ámbitos que ofrezcan un valor añadido europeo significativo, de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para encontrar vías que garanticen que estos principios puedan aplicarse de una forma más efectiva; pide a la Comisión que se comprometa con claridad a evaluar exhaustivamente los dictámenes de los Parlamentos nacionales y, cuando proceda, de los Parlamentos regionales en los casos en los que se planteen problemas; apoya, a este respecto, los esfuerzos de la Comisión por entablar contactos con los Parlamentos nacionales y, cuando procede, con los Parlamentos regionales en una fase temprana del procedimiento legislativo, así como un procedimiento de tarjeta roja reforzado para garantizar el pleno respeto de la subsidiariedad;

4. Insiste en la importancia de que en el futuro la prueba de las pymes sea obligatoria para todas las propuestas legislativas, a fin de garantizar que este sector, tan vital para el desarrollo y la prosperidad futuros de las economías europeas, recibe atención y no cargas; pide que las microempresas queden exentas en el mayor grado posible de toda legislación que suponga cargas, en particular con el fin de que sea posible fomentar las empresas de nueva creación y a los nuevos empresarios;

5. Pide que en el futuro la prueba de competitividad sea obligatoria para todas las propuestas legislativas con el fin de garantizar que el objetivo central de velar por que las empresas europeas mantengan su competitividad en los mercados globales sea un criterio clave para evaluar todas las iniciativas propuestas;

6. Reitera la importancia de desarrollar el uso de las evaluaciones de impacto, que deben practicarse a lo largo de todo el ciclo político y deben ser documentos vivos que se actualicen cuando se introduzcan enmiendas de importancia en el procedimiento legislativo; Hace hincapié en que unas evaluaciones de impacto rigurosas deben incluir una evaluación completa del cumplimiento del principio de subsidiariedad, pues es fundamental para inspirar una mayor confianza en los ciudadanos, que consideran el principio de subsidiariedad un aspecto clave del proceso democrático; pide que se tomen más medidas para garantizar un control independiente efectivo de las evaluaciones de impacto, y pide concretamente que el Comité de Control Reglamentario se separe de la Comisión si ha de ser verdaderamente independiente, para cumplir de este modo el objetivo de garantizar la independencia de las evaluaciones de impacto y aumentar la calidad de la legislación de la UE;

7. Pide que se evalúen periódicamente las políticas actuales, y que se revisen y se adapten cuando sea necesario para garantizar que sirven a las necesidades futuras y a un entorno tecnológico y económico que experimenta rápidos cambios;

8. Apoya vivamente las medidas de lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal; destaca la necesidad de que se utilice con más eficiencia el dinero de los contribuyentes, lo que implica que los Estados miembros investiguen plenamente los problemas de mala gestión y fraude; insiste en la importancia de que se practiquen evaluaciones sistemáticas, periódicas e independientes para garantizar que todo el gasto da los resultados deseados de manera eficiente; pide a la Comisión que publique un libro verde en 2016 sobre la conveniencia de introducir, junto a la actividad que ya desarrolla el Tribunal de Cuentas, un organismo basado en los modelos que ofrecen el Office of Budgetary Responsibility del Reino Unido, el Haut Conseil des finances publiques francés o el Government Accountability Office de los EE.UU.; lamenta que la nueva Comisión no disponga de un comisario especializado en exclusiva en control presupuestario, en contra de lo solicitado reiteradamente por el Parlamento Europeo, y pide que se revise esta situación en 2016;

9. Hace hincapié en que lograr nuevos acuerdos comerciales es fundamental para desarrollar un marco europeo económico abierto al mundo y competitivo, capaz de proporcionar beneficios tangibles y precios bajos a los consumidores y de generar nuevos empleos; Considera que progresar rápidamente hacia una ATCI ambiciosa, equilibrada y exhaustiva, que respete las normas sociales, medioambientales y de defensa del consumidor establecidas en la UE, resulta clave para sumar nuevas oportunidades de crecimiento; pide que en 2016 prosigan los avances en otras negociaciones;

PARTE 2: PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO

 

«Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión»

 

10. Destaca el papel fundamental que desempeña la garantía del cumplimiento de la política de competencia para la creación de unas condiciones de competencia equitativas que fomenten la innovación, la productividad, la creación de empleo y la inversión entre todas las partes implicadas en el mercado único y todos los modelos empresariales, incluidas las pymes, respetando plenamente la diversidad nacional; pide a la Comisión que aplique estrictamente las normas de defensa de la competencia, en materia de ayudas estatales, y de control de las fusiones, a fin de lograr un mercado interior que funcione adecuadamente;

11. Recuerda que medidas no legislativas, como el fomento de soluciones impulsadas por el mercado y la garantía efectiva del cumplimiento de las leyes en materia de competencia y mercado único pueden ofrecer el mejor camino para avanzar en numerosos ámbitos;

12.  Destaca los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; pide a la Comisión que vele por una interpretación estricta del artículo 9 del TFUE y evite utilizarlo para justificar la armonización de la legislación social y laboral a escala de la UE;

13. Hace hincapié en la necesidad de velar por la aproximación de los criterios de admisibilidad del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas cuando proceda con la legislación vigente de la UE sobre RTE-T, el mecanismo «Conectar Europa» y los Fondos Estructurales y de Inversión;

14. Acoge con satisfacción el nuevo paquete «Legislar mejor» como paso importante hacia la reducción de la carga de la regulación, y anima a una mayor ambición en este sentido, a fin de eliminar barreras para que las empresas crezcan y creen puestos de trabajo; apoya las medidas del paquete «Legislar mejor» de la Comisión para reducir burocracia, promover la competitividad —como la prueba de competitividad— y atender a las necesidades de las pequeñas empresas;

15. Pide, no obstante, que el Comité de Control Reglamentario se separe de la Comisión si ha de ser verdaderamente independiente, para cumplir de este modo el objetivo de garantizar la independencia de las evaluaciones de impacto y aumentar la calidad de la legislación de la UE;

16. Destaca la importancia de llevar a cabo evaluaciones de impacto exhaustivas de los actos delegados y de ejecución a fin de estimar sus posibles consecuencias;

17. Insta a la Comisión a que introduzca una dimensión digital en sus evaluaciones de impacto y en la legislación vigente de la UE, a fin de garantizar que sea idónea para la era digital, que sea neutral con respecto a la tecnología y que esté garantizada ante el futuro, a la vez que apoya la innovación y a las pymes;

18. Pide a la Comisión que se comprometa con un objetivo de reducción de los costes de cumplimiento;

19. Considera que los principios para la mejora de la legislación deben aplicarse no solo a la legislación primaria sino también a las decisiones relativas a la legislación secundaria; pide a la Comisión y a sus agencias que, cuando proceda, adjunten a los actos delegados y de ejecución una evaluación de impacto obligatoria que incluya la publicación de un proyecto de medida y consultas transparentes con las partes interesadas; acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de transparencia en cuanto a la consulta con las partes interesadas, y la anima a que vele por ella en todo el procedimiento legislativo;

20. Apoya el establecimiento del grupo especial REFIT, que puede realizar una contribución sólida y positiva a la mejora de la aplicación de la legislación de la UE sobre el terreno y al seguimiento y la respuesta a las cargas administrativas o normativas o las consecuencias indeseadas que surgen al aplicar obligaciones contraídas a nivel de la UE;

21. Destaca que el grupo especial REFIT debe ser eficiente y generar respuestas rápidas y estimular las oportunidades en diversos sectores en toda Europa; destaca que la Comisión debe estudiar activamente las propuestas de este grupo especial y abordarlas de conformidad con el principio de «cumplir o dar explicaciones»;

22. cree que el grupo especial podría servir como plataforma para que grupos de empresas o colectivos que trabajan a escala nacional o europea presenten contribuciones directas en apoyo de los principios de una mejor legislación o contribuyan a lograr menos burocracia en la regulación que se aplica a su sector;

23. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de no seguir adelante con una consulta interservicios sin un dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario; señala, sin embargo, la importancia de la coherencia y observa que la propuesta final y la evaluación de impacto deben ser congruentes y, por lo tanto, deben reflejar las modificaciones que se introduzcan en la fase de consulta interservicios; considera, por consiguiente, que es fundamental que el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario acompañe la propuesta legislativa que se presente al Colegio de Comisarios, y no solo los proyectos presentados en fases más tempranas;

24. Considera que las ventajas del Comité de Control Reglamentario podrían materializarse más si lo compartieran las tres instituciones y contribuyera al trabajo preparatorio de la Comisión y también a la elaboración de análisis de evaluación de impacto a lo largo de todo el proceso legislativo;

25. Destaca la importancia de que la Comisión esté presente en las reuniones de las comisiones del Parlamento Europeo para presentar sus propuestas y la correspondiente evaluación de impacto; destaca que en este contexto debe celebrarse asimismo un debate sobre la apreciación de la Unidad de Evaluación de Impacto del Parlamento Europeo en caso de divergencias;

26. Subraya el útil papel de la Unidad de Evaluación de Impacto del Parlamento Europeo por lo que se refiere a la evaluación de modificaciones sustanciales introducidas en la propuesta inicial de la Comisión;

27. Señala que el periodo de reflexión tras la conclusión de las negociaciones pero antes de la votación final podría emplearse también para realizar la evaluación de impacto y la comprobación de la subsidiariedad;

28. Muestra su preocupación por que las negociaciones entre interlocutores sociales no se hayan adaptado al programa de la UE para legislar mejor; pide a la Comisión que, junto con los interlocutores sociales, adopte instrumentos para una mejor legislación, aumente el uso de las evaluaciones de impacto en sus negociaciones y remita todos los acuerdos que propongan medidas legislativas al Comité de Evaluación del Impacto de la Comisión;

29. Destaca la importancia de garantizar que cualquier futura iniciativa de revisión propuesta por la Comisión en el ámbito de la salud y al seguridad se base en pruebas científicas sólidas; pide a la Comisión que considere los beneficios a largo plazo de adoptar un planteamiento no legislativo que se centre en mejorar la orientación, en formar a los empresarios y en implicar a los trabajadores en lograr cambios sostenibles;

30. Pide a la Comisión que actúe dando prioridad a aquellos ámbitos en los que se hayan identificado las diez normativas más gravosas para las pymes, en particular la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo y la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal;

31. Destaca el «EU Employment and Social Situation Quarterly Review» (Estudio trimestral de la situación social y del empleo en la UE) de marzo de 2015 y pide a la Comisión que adopte medidas adecuadas para eliminar las actuales rigideces de los mercados laborales en toda la UE, que apoye y desarrolle las condiciones para flexibilizar las modalidades de trabajo, y que promueva la conciliación de la vida laboral y familiar;

32. pide a la Comisión que presente con carácter de urgencia su evaluación de impacto relativa a la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo; 

33. Destaca la reciente tendencia entre las empresas a devolver la producción y los servicios a Europa y las oportunidades que ello supone para la creación de empleo; pide a la Comisión que reflexione sobre el modo en que la UE puede ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades que brinda la relocalización;

34. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por retirar propuestas legislativas que no hallen apoyo en el Consejo y, en este contexto, considera adecuado retirar la Directiva sobre el permiso de maternidad, sin dejar de reconocer el derecho de los Estados miembros a adoptar disposiciones que vayan más allá de los requisitos mínimos de la legislación de la UE; lamenta que la propuesta de Directiva para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia no atendiera más a aspectos relativos a la salud y la seguridad en el trabajo y que en lugar de ello se centrara exclusivamente en la baja obligatoria por maternidad;

35. Acoge con satisfacción el propuesto ejercicio REFIT de comprobación de la idoneidad de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual para la era digital, y pide a la Comisión que vele por que el proceso de revisión se lleve a cabo de un modo plenamente acorde con los principios de la mejora de la legislación, con una consulta pública amplia y oportuna para garantizar que se tengan debidamente en cuenta las opiniones de los consumidores y las partes interesadas del sector;

Normativa común de compraventa europea

36. Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de retirar la propuesta de normativa común de compraventa europea; acoge con satisfacción el propósito de presentar propuestas de normas comunes específicas relativas al contenido digital y toma nota de la propuesta de introducir la opción de acogerse al Derecho del Estado de origen más la armonización específica como mecanismo para reducir las barreras al comercio transfronterizo, pero insiste en la necesidad de un enfoque basado en pruebas y de consultas con las partes interesadas, en particular por lo que se refiere a la protección ofrecida en la actualidad a los consumidores en el marco de la legislación nacional, y de que se prevean vías de reparación para el caso de falta de conformidad con el contrato en el caso de ventas en línea;

Regulación financiera y Unión de los Mercados de Capitales

 

37. Destaca la importancia de un sector de servicios financieros competitivo que ofrezca productos beneficiosos e información transparente a los consumidores; destaca que ello incrementará la confianza de los consumidores en los productos de servicios financieros;

 

38. Acoge con satisfacción el plan de la Comisión de hacer un balance del efecto global de la regulación financiera; anima a la Comisión, como parte de REFIT, a que retire la legislación innecesaria o anticuada del corpus de Derecho vigente;

 

39. Acoge con satisfacción la idea de una Unión de los Mercados de Capitales, y espera una conclusión oportuna y coherente de las consultas; destaca la necesidad de efectuar una evaluación de impacto acumulativo de la legislación en materia económica a fin de detectar incoherencias en la legislación que podrían tener efecto de barrera para la Unión de los Mercados de Capitales, dedicando una especial atención a las pymes y a las empresas de mediana capitalización; pide que todas las propuestas de nueva legislación se sometan a una evaluación de impacto y un análisis de costes y beneficios exhaustivos, garantizando que las propuestas solamente se presentarán si los efectos perseguidos no pueden conseguirse por medios no legislativos;

 

40. Pide que el centro de atención se mantenga en una consolidación presupuestaria favorable al crecimiento; considera que impulsar la inversión no debe considerarse como una alternativa a las necesarias reformas estructurales;

 

41. Pide a la Comisión que reconozca que la diversidad entre los modelos empresariales y los mercados financieros de los Estados miembros pueden ser puntos fuertes que merezca la pena proteger para Europa en su conjunto; destaca que toda regulación financiera debe respetar los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad;

 

42. Aguarda la propuesta relativa a la reestructuración y la resolución de infraestructuras críticas del mercado con el fin de garantizar una protección adecuada de los activos de los inversores en estas entidades; toma nota de que los compromisos globales que trasladan productos derivados negociados bilateralmente a una infraestructura de mercado multilateral aumentan la presión sobre estas instituciones; expresa su acuerdo, por consiguiente, con que las entidades financieras de importancia sistémica deben demostrar que su gobernanza es adecuada y que aplican una gestión de riesgos firme en beneficio del conjunto del sistema;

 

43. Considera que, para simplificar los flujos transfronterizos de inversión, debe dedicarse una atención especial a las microempresas y las pequeñas empresas, en particular con respecto a la eliminación de obstáculos administrativos;

 

 

Lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal

 

44. Acoge con satisfacción el trabajo realizado por la Comisión y los Estados miembros para promover activamente la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, la planificación fiscal agresiva y el recurso a paraísos fiscales, aprovechando las competencias de la OCDE para favorecer la buena gobernanza fiscal en todos los foros internacionales pertinentes; 

45. Considera que la política fiscal es una competencia de los Estados miembros y por lo tanto acoge con satisfacción el reconocimiento por la Comisión de que los Estados miembros son responsables de sus sistemas fiscales; destaca que toda propuesta futura debe evaluarse en relación con las acciones emprendidas a nivel global en el ámbito de la fiscalidad y ser acorde con ellas;

46. Observa que es deseable el intercambio de información pertinente entre autoridades fiscales, y anima a los Estados miembros a entablar un diálogo de este tipo con miras a alcanzar la necesaria transparencia y una situación de igualdad de condiciones;

47. Considera que haciendo un uso más eficiente de estructuras de la UE ya existentes para mejorar la lucha contra el fraude al IVA, por ejemplo, ampliando el número de entidades con acceso a la información sobre el IVA intercambiada por Eurofisc a través de Europol, podría mejorar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal;

Política de investigación y política espacial

48. Hace hincapié en la continuación de la ejecución de Horizonte 2020, en particular en sus esfuerzos por atender en mayor medida a convertir una investigación de categoría mundial en productos y servicios que puedan contribuir a revitalizar la competitividad de las economías europeas;

49. Reconoce que los programas Galileo y Copernicus son programas espaciales emblemáticos con un valor añadido europeo; pide a la Comisión que utilice efectivamente los recursos financieros asignados en virtud del MFP para garantizar la conclusión satisfactoria de su infraestructura y la aceptación por los usuarios y el mercado;

50. Expresa su preocupación en relación con la Directiva relativa a la difusión, con fines comerciales, de datos procedentes de satélites de observación de la Tierra, debido a su insuficiente justificación y a la posibilidad de que suponga una carga para el mercado europeo de datos de satélite de alta resolución; pide a la Comisión que considere de nuevo si no debería retirar esta propuesta de Directiva;

Infraestructura de transportes

51. Destaca la necesidad de llevar adelante la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), concediendo carácter prioritario a los corredores de la red principal, a fin de enlazar las redes de transporte en todas las regiones de la UE y resolver problemas como la falta de infraestructuras adecuadas, la accesibilidad y la baja interoperabilidad entre las zonas orientales y occidentales de la UE; destaca la importancia de la plena aplicación del programa de acción Naiades II, centrado en la mejora de la infraestructura y la innovación, la liberalización del mercado y un mayor desarrollo de las vías navegables y la navegación interior en Europa;

52. Espera recibir aclaraciones respecto de las propuestas del paquete sobre aviación y hace hincapié en que estas normativas deberían ser idóneas para sus fines a fin de beneficiar al sector de la aviación permitiendo la creación de empleo, paliando el impacto sobre el medio ambiente y reduciendo la cantidad de carburante utilizado y los precios de los billetes, de manera que, con todo ello, el sector de la aviación de la UE pueda competir en igualdad de condiciones; destaca la crucial importancia de agilizar la aplicación del Cielo Único Europeo, incluyendo un mayor desarrollo de la SESAR y creación de bloques funcionales de espacio aéreo (FAB);

53. Toma nota de la intención de la Comisión de retirar la propuesta sobre los servicios de asistencia en tierra y destaca que debe abordarse la cuestión de los monopolios que aún existen en determinados grandes aeropuertos de la UE, tomando debidamente en consideración a aquellos Estados miembros que ya han liberalizado los servicios de asistencia en tierra; pide liberalización y competencia mediante un aumento del número de prestadores de servicios en grandes aeropuertos de la UE, pues ello mejorará la eficiencia y la calidad de las operaciones aeroportuarias y reducirá los precios para usuarios de aeropuertos y pasajeros; hace hincapié, no obstante, en que ninguna nueva propuesta debe tratar asuntos sociales ni tampoco establecer normas mínimas de calidad para los servicios de asistencia en tierra;

54. Se declara de acuerdo con la retirada de la anticuada propuesta sobre las tasas de protección de la aviación; se declara escéptico acerca del futuro de esta propuesta, si bien declara estar de acuerdo en que las tasas de protección de la aviación deben ser justas y proporcionadas, habida cuenta de las numerosas dificultades de la propuesta, como el alcance de la Directiva, las cuestiones relacionadas con los costes y la financiación estatal; opina que los principios comunes para la percepción de tasas de protección en los aeropuertos de la Unión deben alinearse con la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias; recuerda que la política de cohesión, que absorbe más de un tercio del presupuesto de la UE, es actualmente el principal instrumento inversor de la UE, y reconoce su positiva contribución a la reducción de las disparidades regionales en toda la UE cuando ha estado acompañada de reformas políticas, institucionales e infraestructurales simultáneas;

Desarrollo regional

55. Considera que los fondos de desarrollo regional de este periodo del Programa de Trabajo de la Comisión Europea deben asistir a los Estados miembros a llevar a cabo las duras pero fundamentales reformas económicas necesarias para alcanzar una mayor competitividad;

56. Toma nota del compromiso de la Comisión de mejorar la ejecución, la absorción y la eficacia de los Fondos Estructurales y de introducir las nuevas normas relativas a los Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020 con la mayor rapidez y las menores fricciones posibles; destaca la importancia de la simplificación para mejorar el acceso a los fondos y la eliminación de las irregularidades y el fraude;

57. Pone de relieve que el ejercicio del nuevo poder de la Comisión Europea de solicitar la reprogramación o la suspensión de los Fondos Estructurales podría repercutir negativamente en las entidades regionales y locales; recuerda, a este respecto, que las autoridades competentes para la ejecución de los programas de la política de cohesión de la UE no son responsables de los déficits nacionales y no deben ser penalizadas a causa de ellos;

 

58. Apoya la ejecución de estrategias macrorregionales dotadas de objetivos adecuados como instrumento, refrendado por el Consejo Europeo, para hacer un uso más inteligente de los recursos financieros disponibles y mejorar la eficacia de los Fondos EIE; observa que las estrategias macrorregionales dotadas de objetivos adecuados pueden contribuir a hacer frente a desafíos comunes a áreas geográficas definidas, sin necesidad de crear nuevas instituciones de gran escala;

59. Anima a la Comisión a que continúe apoyando los esfuerzos de los Estados miembros por resolver la fractura digital y establecer el acceso a la banda ancha de alta velocidad en zonas urbanas y rurales, creando de este modo un entorno más favorable al emprendimiento, las pymes, la creación de empleo y el acceso remoto a servicios fundamentales, como la educación y la formación, en zonas en las que las infraestructuras públicas de transporte son limitadas;

«Un mercado único digital conectado»

 

60. Toma nota de la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa presentada recientemente y del programa de iniciativas que la acompaña: apoya el establecimiento de prioridades para el mercado único digital habida cuenta de las oportunidades de empleo, creación de nuevas empresas e innovación que pueden generar las actividades digitales, y reconoce la importancia de la transformación digital de la industria de la UE para crear empleo, impulsar la productividad, reforzar la competitividad y, por ende, producir crecimiento;

 

61. Recuerda que no hace mucho tiempo han quedado estancadas a menudo nuevas propuestas legislativas; recomienda que, antes de presentar nuevas propuestas legislativas, la Comisión examine las mejores prácticas al nivel de los Estados miembros, se muestre abierta ante iniciativas emprendidas por la industria, se centre en la aplicación de la legislación vigente, modernice el Derecho nacional y europeo vigente, cuando sea necesario, eliminando metódicamente las lagunas que aún persistan, y que recurra a nueva legislación solo cuando sea absolutamente necesario;

 

62. Considera que eliminar burocracia y obstáculos normativos o no normativos injustificados o desproporcionados debe tener carácter prioritario en la Estrategia para el Mercado Único Digital, con miras a explotar plenamente el potencial de la transformación digital de la industria y el comercio electrónico transfronterizo; opina que podrían tomarse en consideración medidas más específicas para crear una mayor confianza entre los consumidores en cuanto a la adquisición de bienes y servicios digitales en toda la UE;

 

63. Reconoce el compromiso de la Comisión de liberar el potencial de la economía digital centrándose en tres pilares, a saber, un mejor acceso para consumidores y empresas, un mejor entorno para el desarrollo de servicios digitales, y la sociedad electrónica y la administración electrónica; pone de relieve, al mismo tiempo, la necesidad de que los legisladores traten de establecer un marco básico al nivel de la UE, en lugar de proponer un plan de talla única para la economía de la UE; hace hincapié en la dimensión internacional de los mercados digitales y la necesidad de trabajar con reguladores globales en relación con la competencia, la seguridad y la protección;

 

64. Recomienda que las normas europeas en materia de TIC se establezcan en coordinación con normas internacionales y especificaciones técnicas reconocidas internacionalmente y, siempre que sea posible, que se promuevan como normas internacionales;

 

65. pide a este respecto que toda reforma de la legislación en materia de protección de datos sea proporcionada, viable y proteja los derechos de los consumidores y la privacidad y asimismo permita que prosperen las empresas y la economía y que florezca la innovación; hace hincapié en la necesidad de velar por la compatibilidad del uso comercial de datos digitales comerciales con la protección de los datos industriales y personales y de la privacidad;

 

66. Apoya una internet libre, abierta y transparente, reconociendo la necesidad de medidas que apoyen las necesidades técnicas; aguarda la esperada revisión general del marco regulador de las telecomunicaciones y señala la necesidad de una revisión oportuna de la Directiva relativa al servicio universal; reconoce que la piedra angular de la política de competencia es garantizar igualdad de condiciones a todos los operadores e impedir el abuso de las posiciones dominantes en detrimento de consumidores o competidores; toma nota asimismo de las competencias de los Estados miembros en lo relativo al espectro, e insta a la Comisión, por consiguiente, a que explore posibles medidas no legislativas para mejorar la cooperación y hacer posible que el espectro sea asignado más eficazmente en toda la UE;

 

67. Pone de relieve la acusada preocupación suscitada por determinadas medidas fiscales en la economía digital, en particular el impuesto sobre el valor añadido (IVA); acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proponer la introducción de una medida de simplificación a escala de la UE (umbral de IVA) para ayudar al pequeño comercio electrónico;

 

Derechos de autor

68. Celebra los esfuerzos por desarrollar y modernizar las leyes de la UE en materia de propiedad intelectual, en particular en el ámbito de los derechos de autor, a fin de adecuarlas a la era digital; Subraya la necesidad de abordar el impacto negativo de la piratería digital en el valor y el empleo en los sectores creativo y cultural;

69. Subraya que los consumidores deben estar en situación de acceder a contenidos disponibles legalmente en condiciones justas y razonables en toda la UE y que los creadores deben percibir una remuneración adecuada, pero considera que las licencias obligatorias a escala de la UE no son la solución adecuada ni para la oferta a los consumidores ni para los titulares de derechos, y que deben explorarse también soluciones basadas en el mercado; considera que los derechos de autor deben mantener su función primordial, que es hacer posible que los creadores vean recompensados sus esfuerzos a través del uso de sus obras por terceros;

70. Pide un enfoque dotado de objetivos y basado en pruebas sólidas, como un análisis jurídico y económico exhaustivo, con diálogo con las partes interesadas, que establezca un equilibrio entre los intereses de consumidores, usuarios, creadores y titulares de derechos y fomente la creatividad y el emprendimiento, que son vitales para las industrias culturales y creativas y para la agenda de la Comisión en materia de crecimiento y empleo; Subraya la necesidad de respetar la subsidiariedad y la diversidad cultural; pone de relieve, a este respecto, que la importante contribución de los métodos tradicionales de promoción de la cultura regional y europea no debe verse obstaculizada por propuestas de modernización o de reforma y que las novedades deben atenerse al Derecho internacional, sobre el que descansan las bases del derecho de autor;

71. Destaca que la protección de los derechos de autor será crucial para sostener el crecimiento, por lo que debe darse prioridad a la atención a las infracciones a escala comercial; Considera, en este contexto, que no debe pasarse por alto la función de todos los agentes, incluidos los proveedores de IP y de pagos, a la hora de atajar violaciones de los derechos de autor;

72. Pide a la Comisión que, mediante una rápida ratificación del Tratado de Marraquech, contribuya a facilitar el acceso de las personas con discapacidad visual a los libros; Señala, no obstante, que son necesarios más progresos para abrir el acceso a los contenidos por parte de personas con discapacidades en general, aparte de la discapacidad visual;

73. Anima a que se revise el concepto de los llamados «puertos seguros», que actualmente eximen a las empresas de la legislación sobre derechos de autor y de responsabilidad; observa que en la era de internet avanzada, esto podría repercutir negativamente en los titulares de derechos por reducir su capacidad para negociar licencias con plataformas digitales, lo que reduciría los ingresos de los artistas y afectaría a la sostenibilidad y al crecimiento del sector;

«Una unión de la energía resiliente con una política de cambio climático orientada hacia el futuro»

 

74. Encomia la ambición subyacente a la Unión de la Energía y considera que una mayor coordinación del nivel político de la UE en este ámbito ofrece una oportunidad para solucionar el enfoque fragmentario que ha resultado hasta ahora en diversas políticas en conflicto;

 

75. Destaca la importancia de que el suministro de energía sea asequible, sostenible y seguro; considera que la política de competencia es de vital importancia para fomentar la segmentación funcional y afrontar la fragmentación actual del mercado; señala que la regulación de las ayudas de Estado en este ámbito debe hacerse en el mismo espíritu que en cualquier otro;

 

76. Acoge con satisfacción los esfuerzos por introducir programas de eficiencia energética y subraya la importancia del informe del Parlamento sobre la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética, que ayudará a comprender mejor las medidas introducidas en todos los Estados miembros, y considera que debe destacar al respecto la importancia de velar por que los requisitos de eficiencia energética sean rentables para los consumidores finales;

 

77. Espera recibir más pormenores y propuestas específicas en el marco de la unión de la energía y considera que la realización del mercado interior de la energía debe considerarse su pilar central a fin de impulsar la seguridad, la diversificación y unos precios competitivos mediante mejoras en la infraestructura transfronteriza y los interconectores;

 

78.    Considera que los mecanismos basados en el mercado deben completarse con mecanismos de solidaridad tangibles y ambiciosos, por ejemplo, con una gestión de crisis de la UE y de las crisis transfronterizas más eficiente, un mejor uso del GNL y del almacenamiento de gas y los mecanismos de reserva de capacidad virtual, incluido el Reglamento relativo a la seguridad del suministro de gas, que se revisará a finales de 2015;

79.    Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a colaborar para determinar dónde puede lograrse una mayor transparencia en los acuerdos intergubernamentales, reconociendo el carácter sensible de las anteriores propuestas en esta materia; admite, no obstante, que la Comisión ya es capaz de intervenir previa invitación en las negociaciones relacionadas con la energía en las que participen uno o varios Estados miembros y terceros países; pide a la Comisión que elabore una lista positiva y una negativa de cláusulas de acuerdos, tales como las cláusulas de destino y de prohibición de exportación;

80.    Anima a la Comisión a que vele por el desarrollo de fuentes autóctonas de energía como elemento clave de la Unión de la Energía; le recuerda, no obstante, que recae en los Estados miembros la responsabilidad de determinar su propia combinación energética y que cualquier política futura de descarbonización y reducción de emisiones debe tener en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad energética y la diversificación, no la sostenibilidad de manera aislada, como ha ocurrido hasta ahora;

81.    Hace hincapié en que, habida cuenta de los acontecimientos que se están produciendo en Ucrania, debe reforzarse la seguridad energética mediante una serie de medidas en un abanico de campos, como la diversificación de las fuentes de suministro, las mejoras de la eficiencia energética para reducir el consumo, un mayor uso de fuentes autóctonas de energía, y las inversiones sustanciales en infraestructuras;

82.    Toma nota, en el contexto del marco estratégico para la Unión de la Energía, del acuerdo en el Consejo Europeo de octubre de 2014 sobre la política climática y energética para 2030 y, en particular, la ausencia de objetivos vinculantes en materia de energías renovables por Estado miembro, pues los objetivos actuales han resultado inflexibles y caros, y han ahogado la inversión en otras tecnologías hipocarbónicas, como la captura y el almacenamiento de carbono; insiste, no obstante, en relación con este marco, en que es imperativo que se mantengan las disposiciones de protección de los sectores industriales con riesgos de fuga de carbono;

83.    Reconoce que las fuentes autóctonas de energía pueden realizar una contribución fundamental a la seguridad energética de la UE y al establecimiento de una economía con bajas emisiones; opina, a este respecto, que la Unión de la Energía debe reflejar la necesidad de la UE de utilizar todas las fuentes de emisiones bajas y muy bajas de que dispongan los Estados miembros, respetando su derecho a decidir por ellos mismos su propia combinación energética y la explotación de sus recursos nacionales, sean fósiles, renovables o nucleares;

«Un mercado interior más justo y profundo con una base industrial reforzada»

84.    Se felicita por los esfuerzos de la Comisión para generar un entorno más favorable a la creación de empleo en la UE; resalta la importancia de las reformas estructurales que se precisan para abordar los siguientes temas: inadecuación de cualificaciones, emprendimiento, demografía, acceso al mercado, acceso a la financiación, rigideces del mercado de trabajo, costes administrativos y reducción de la burocracia;

85.    Reitera la importancia que tiene avanzar en el mercado único para eliminar las barreras al libre comercio y pide que la política de mejor legislación de la Comisión se centre en facilitar un entorno empresarial sano reduciendo la burocracia, eliminando la carga reguladora y los obstáculos a la inversión y alentando la reducción al mínimo de nueva legislación;

86.    Destaca que son necesarias más acciones para impulsar la inversión del sector privado; estima que es crucial seguir eliminando barreras a la inversión en la Unión, especialmente a las inversiones en las pequeñas y medianas empresas;

87.    Acoge con satisfacción la confirmación de todas las acciones REFIT, que deben ejecutarse al objeto de reducir la carga normativa; solicita a la Comisión que mantenga los compromisos fijados en su comunicación;

88.    Destaca la importancia de que todas las propuestas normativas y legislativas se basen en pruebas aportadas por las empresas y otros expertos y partes interesadas; espera que el Presidente de la Comisión aclare los progresos relacionados con el nuevo grupo consultivo científico de alto nivel; reitera que el asesoramiento científico debe ser independiente y tener el prestigio suficiente de modo que los legisladores y funcionarios respondan de las decisiones y propuestas;

89.    Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de crear la plataforma REFIT para mantener un diálogo constante con los Estados miembros y las partes interesadas acerca de la mejora de la legislación de la UE en el contexto del Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación; se felicita por el firme compromiso de la Comisión con la reducción de la carga normativa en los Estados miembros y las pequeñas empresas mediante su confirmación de la retirada de 73 propuestas legislativas pendientes; cree que un nuevo comienzo es precisamente lo hace falta en muchos ámbitos políticos; advierte de que, en los casos en los que se retiren propuestas para sustituirlas por otras nuevas, estas nuevas iniciativas no deben introducir cargas mayores para las personas y las empresas afectadas;

«Una unión económica y monetaria más profunda y más justa»

90.    Observa que estudios económicos recientes han señalado a la ralentización de las tasas de crecimiento y a la baja inflación como un problema persistente en comparación con los países fuera de la zona del euro; pide un análisis exhaustivo de la situación económica de la zona del euro; solicita que se compare la recuperación entre los Estados miembros de la zona del euro y los que no están en ella, así como con países y regiones terceros;

91.    Pide un cumplimiento estricto de la cláusula de «no corresponsabilidad financiera»; recuerda al BCE el ámbito de su mandato, que se limita a la política monetaria;

92.    Señala que, en consonancia con los principios de soberanía nacional y de subsidiariedad, el MEDE y el Pacto Presupuestario no deben incorporarse al método comunitario;

93.    Resalta la importancia de vigilar la ejecución de la legislación vigente relativa a la unión bancaria y de mejorar el diálogo con los expertos del sector para evaluar la repercusión y la eficacia de la legislación adoptada; subraya la necesidad de llevar a cabo una evaluación del impacto minuciosa y un análisis de costes-beneficios antes de tomar en consideración cualquier medida legislativa adicional;

94.    Destaca la importancia de un sector de servicios financieros competitivo que ofrezca productos beneficiosos e información transparente a los consumidores; resalta que así aumentará la confianza de los consumidores en los productos de servicios financieros;

«Un acuerdo de libre comercio razonable y equilibrado con los Estados Unidos»

95.    Insta a la Comisión a que dedique suficientes recursos a fomentar su ambiciosa agenda comercial con todos los socios comerciales del mundo y trabaje también con miras a completar las negociaciones sobre una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión profunda, completa y equilibrada, señalando al mismo tiempo que la política comercial no debe limitarse a este ámbito, sino que debe comprender todos los acuerdos multilaterales, plurilaterales y bilaterales de comercio e inversión que son actualmente objeto de negociaciones por parte de la Comisión;

96.    Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar la política de comercio e inversión de la UE, que engloba el interés que se propone dedicar a su contribución al empleo y el crecimiento en la UE; solicita que este examen tenga una base amplia y un carácter estratégico y prospectivo, cubra todos los aspectos de la política comercial y de inversión, incluidas las negociaciones bilaterales, plurilaterales y multilaterales y las medidas autónomas, con un interés particular en las relaciones comerciales no solo con las grandes naciones emergentes y los socios estratégicos de todo el mundo, sino también con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con los que la UE no tiene actualmente acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo;

97.    Se felicita por la intención de la Comisión de presentar propuestas de directivas a los Estados miembros relativas a la modernización de los acuerdos existentes con México, Chile y Turquía, y pide que estas directivas contengan disposiciones ambiciosas para la apertura mutua de mercados, abordando los aranceles, las barreras no arancelarias y las barreras técnicas al comercio en toda una gama de sectores como, sin ánimo de exhaustividad, los servicios financieros, los servicios profesionales, los seguros, la contratación pública, las sustancias químicas, los alimentos transformados, el comercio de energía, la propiedad intelectual y el sector de la automoción;

98.    Considera lamentable que la Comisión no se haya comprometido a retirar su propuesta de Reglamento sobre el acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública, a la vista de la firme oposición de un gran número de Estados miembros a lo que muchos consideran una medida proteccionista que, si se pone en marcha, podría entrañar graves dificultades comerciales con determinados socios comerciales, así como posibles medidas de retorsión que consistirían en cierres de mercado no solo en el ámbito de la contratación pública, sino también en otros sectores clave; opina que las cuestiones señaladas por la Comisión se abordarían mejor en negociaciones comerciales con miras a acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo o animando a otros países a adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP);

99.    Señala con preocupación la falta de progresos hacia un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India, y pide que la Comisión redoble sus esfuerzos por superar el actual bloqueo de las negociaciones;

100.  Solicita a la Comisión que remita a la mayor brevedad una propuesta relativa a la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) por parte de los Estados miembros;

101.  Hace hincapié en que un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sigue constituyendo un objetivo esencial de la política comercial de la UE, y pide a la Comisión que trabaje con vistas a alcanzar un acuerdo en la 10ª reunión ministerial de la OMC que se celebrará en Nairobi en diciembre de 2015; pide a la Comisión que concluya lo antes posible las negociaciones multilaterales en curso sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), el Acuerdo sobre Tecnología de la Información y el Acuerdo sobre productos ecológicos que, si se cierran favorablemente, serán las medidas necesarias que doten de un mayor empuje a los actuales esfuerzos de liberalización del comercio en la OMC;

102.  Manifiesta su preocupación por la solicitud presentada por la Comisión de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del acuerdo de la UE con Singapur y el prolongado retraso que comportaría para la entrada en vigor del mismo, a la vez que se opone a cualquier intento de restringir las competencias de los Parlamentos de los Estados miembros en los procedimientos de toma de decisiones de la Unión Europea;

103.  Recuerda que cualquier acuerdo ATCI debe atenerse plenamente a lo dispuesto en la Convención de la Unesco sobre la Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y que las partes deben reservarse el derecho a adoptar o mantener cualquier medida razonable relativa a la protección o promoción de la diversidad cultural y lingüística, tal y como se contempla en los artículos pertinentes del Tratado; considera básica la excepción cultural, si bien sigue preocupado por que cualquier simplificación de su significado y su valor auténticos generada al englobarla erróneamente como un todo con las industrias creativas pueda evitar que el sector creativo de la UE tenga acceso a nuevos mercados, así como beneficiarse de normas más claras, por ejemplo, en términos de protección adecuada de la propiedad intelectual de los productores europeos en los EE.UU.;

«Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua»

104.  Apoya plenamente la lucha contra la delincuencia transfronteriza y la corrupción; lamenta, no obstante, que, a pesar de una significativa oposición en el Consejo y de serias preocupaciones en cuanto a la proporcionalidad, la base jurídica, la subsidiariedad y los derechos fundamentales, la Comisión Europea no haya retirado su propuesta relativa al Fiscal Europeo;

105.  Apoya plenamente el compromiso de la Comisión con la Estrategia de Seguridad Interior para ayudar a hacer frente a las amenazas a la seguridad interior de los Estados miembros relacionadas con los combatientes extranjeros y el terrorismo; insta, a este respecto, a la Comisión, a que dé prioridad a la rápida adopción de la Directiva sobre registro de nombres de los pasajeros (PNR) de la UE; subraya que la UE debe afrontar una amenaza creciente del terrorismo de origen local, formulada por «combatientes extranjeros», es decir, individuos que se desplazan a un Estado distinto al de residencia o nacionalidad con el fin de perpetrar, planificar o preparar atentados, o prestar o recibir entrenamiento sobre terrorismo, también en relación con conflictos armados;

106.  Pide a la Comisión Europea que actúe con firmeza en lo relativo a la protección en internet de los niños; solicita a la Comisión que haga hincapié en la necesidad de cooperación internacional con los socios estratégicos de la UE y las autoridades policiales de todo el mundo para luchar contra la pornografía infantil; destaca la necesidad de mejorar la cooperación internacional y las investigaciones transnacionales en este campo mediante acuerdos de cooperación y facilitando el intercambio internacional de datos relativos a este tipo de delitos y a sus autores, en particular a través de Europol; pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis en profundidad del actual marco político en materia de lucha contra los abusos sexuales infantiles mediante un informe de aplicación relativo a la Directiva 2011/92/UE;

107.  Se felicita por las propuestas de la Comisión en la Estrategia de Seguridad Interior sobre la lucha contra la ciberdelincuencia; observa que las organizaciones terroristas utilizan cada vez más internet y las tecnologías de las comunicaciones para planear atentados, difundir propaganda y recoger fondos; pide a la Comisión que anime a las empresas de internet y de las redes sociales a que colaboren con los Gobiernos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a fin de combatir este problema, al mismo tiempo que se garantiza el respeto a los principios generales de libertad de expresión y de privacidad;

108.  Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión en materia de lucha contra la radicalización y su prevención en la UE; pide una estrategia antiterrorista basada en un enfoque multidimensional, que acometa de manera global los factores subyacentes a la radicalización, con acciones como el reforzamiento de la cohesión social y la integración, la tolerancia política y religiosa, el análisis y la neutralización de la incitación en línea a cometer atentados terroristas, la prevención de los desplazamientos para unirse a organizaciones terroristas, la prevención y la contención del reclutamiento y la participación en conflictos armados, la paralización del apoyo financiero a las organizaciones terroristas y a los individuos que desean adherirse a ellas, la garantía de una respuesta judicial firme cuando proceda y la prestación a las autoridades policiales y judiciales de las herramientas adecuadas para llevar a cabo sus funciones, a la vez que se respetan plenamente los derechos fundamentales;

109.  Pide a la Comisión que refuerce la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR) y establezca iniciativas para resolver los problemas de la radicalización en su origen y alentar la integración de las comunidades, la tolerancia, los programas de educación y desradicalización y la acción social, trabajando en paralelo con las acciones policial y judicial, y que aliente a los Estados miembros a intercambiar sus mejores prácticas en la materia;

110.  Pide a la Comisión que impida los desplazamientos de los terroristas mediante el refuerzo de los controles de las fronteras exteriores, el control más sistemático y eficaz de los documentos de viaje, la lucha contra el tráfico ilícito de armas y el uso fraudulento de identidades, y la definición de las zonas de riesgo; espera la nueva propuesta de la Comisión acerca del paquete sobre fronteras inteligentes;

111.  Pide a la Comisión que tome medidas en lo que se refiere al mejor intercambio de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros y las agencias de la UE; pide a la Comisión que ayude a mejorar, intensificar y acelerar el intercambio de información global en materia de cumplimiento de la ley y una cooperación operativa más eficaz entre los Estados miembros a través de un mayor uso de los instrumentos válidos existentes, como los equipos conjuntos de investigación, el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo y los acuerdos sobre el registro de nombres de los pasajeros (PNR), así como un intercambio más rápido y eficiente de los datos y la información pertinentes con pleno respeto de los derechos fundamentales y los principios en materia de protección de datos;

112.  Solicita a la Comisión que ayude a la UE a fomentar de manera activa un diálogo con una asociación mundial contra el terrorismo y que colabore estrechamente con agentes regionales como la Unión Africana, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe, y en particular con los países fronterizos de Siria e Irak y aquellos que se hayan visto afectados gravemente por los conflictos, como Jordania, Líbano y Turquía, así como con las Naciones Unidas, la OTAN y, especialmente, el Comité contra el Terrorismo;

113.  Exhorta a la Comisión a que priorice y elabore medidas concretas para hacer frente a la práctica vergonzosa de la esclavitud moderna y las ponga en práctica, especialmente las que afectan a los niños;

114.  Apoya firmemente las acciones para acabar con todas las formas de discriminación y las políticas que reconozcan la importancia de la familia como pilar de la sociedad, lo que incluye la primacía absoluta de los intereses de los niños en los términos definidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989; celebra el compromiso de la Comisión de apoyar a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo;

115.  Destaca la importancia de la revisión del Reglamento Bruselas II;

«Hacia una nueva política migratoria»

116.  Apoya la necesidad de un enfoque firme pero equitativo de la política migratoria de la UE; apoya plenamente la petición de la Comisión de que se combatan los abusos del sistema migratorio de la UE;

117.  Recuerda a la Comisión la grave preocupación en algunos Estados miembros acerca del abuso de las prestaciones sociales por parte de residentes de otros países de la UE; destaca que los sistemas sociales y los pagos de asistencia social competen en su totalidad a los Estados miembros; recuerda, no obstante, el principio de igualdad de trato de los Estados miembros;

118.  Apoya la necesidad de que la política migratoria esté ligada a la política exterior de la UE; se felicita por las propuestas de la Comisión para dar prioridad a la cooperación con terceros países, incluidos los de las regiones del África subsahariana, el norte de África y Oriente Próximo, mediante retornos, programas de reasentamiento y acuerdos de gestión de migraciones con los países de origen y de tránsito; apoya asimismo la propuesta de la Comisión de ofrecer más asistencia de tipo humanitario, político y formativo;

119.  Pide a la Comisión que aborde las deficiencias en cuanto a la calidad de las condiciones de detención y los procedimientos de asilo en la UE, pues ambas tienen un impacto significativo a la hora de hacer frente a las presiones migratorias de manera eficaz y eficiente; apoya las propuestas de la Comisión para ofrecer una mejor asistencia a tal efecto a los Estados miembros situados en primera línea mediante la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO);

120.  Apoya plenamente la petición de la Comisión de que se tomen medidas firmes contra tratantes de personas y pasadores, tanto en la UE como en terceros países, y de que se preste asistencia a terceros países mediante medidas de educación y formación para poner de relieve los riesgos de la trata de personas;

121.  Se felicita por la propuesta de la Comisión sobre cómo puede mejorarse el futuro papel, el mandato y los recursos de Frontex y la EASO con el fin de responder a las presiones migratorias y los desafíos a que se enfrenta la UE, manteniendo la seguridad de las fronteras exteriores y evitando la pérdida de vidas humanas en el mar;

122.  Pide que la Comisión lleve a cabo un análisis completo de la eficacia del uso de los recursos y la financiación de la UE en el ámbito de la migración y el asilo, especialmente el uso de los fondos para Asuntos de Interior y, en particular, en relación con el asilo, la integración, el control de fronteras y los retornos;

123.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de aumentar la eficiencia del sistema de retorno de los solicitantes de asilo que no lo hayan obtenido; alienta a la Comisión, no obstante, a que presente una propuesta sobre una política de rápido retorno tras la evaluación y la revisión de las medidas existentes, por ejemplo, incluir en ese marco la mejora de la asistencia de Frontex;

124.  Pide a la Comisión que presente a la mayor brevedad dos estrategias independientes en materia de migración al objeto de abordar los requisitos legislativos y las acciones claramente diferentes y singulares en materia de migración legal y económica, y de asilo y refugiados;

125.  Manifiesta su preocupación por las propuestas de la Comisión sobre reubicación y reasentamiento y le pide que reconsidere dichas propuestas basadas en una acción y una distribución obligatorias fuera de los procedimientos existentes en la legislación europea en materia de asilo;

«Un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial»

126.  Reconoce el derecho soberano de los Estados miembros a tomar decisiones unilaterales sobre asuntos exteriores y política de seguridad y de defensa y alienta a que, cuando sea conveniente, se elaboren respuestas comunes a través del Consejo Europeo ante las amenazas y los desafíos compartidos actuales y emergentes, siempre que tales respuestas no dupliquen acciones llevadas a cabo por otras organizaciones; señala, además, que allí donde se proponga una respuesta común de la UE, esta deberá aplicarse por consenso entre los Estados miembros;

127.  Reitera su compromiso de trabajar de manera complementaria y en cooperación, no en competencia, con organizaciones como las Naciones Unidas, la OTAN y el G-20 con el fin de garantizar que la UE y sus Estados miembros puedan hacer frente eficazmente a los desafíos exteriores y de seguridad actuales y emergentes, en particular en las vecindades oriental y meridional de la UE; reafirma su compromiso con la OTAN y la Alianza Atlántica como piedra angular de la política de seguridad y defensa en Europa; rechaza las propuestas del Presidente de la Comisión sobre la creación de un «ejército europeo», y reitera su compromiso con la revitalización de la OTAN y con el mantenimiento de la política de defensa como un asunto de soberanía nacional;

128.  Alienta a los Estados miembros y a los socios internacionales a que aumenten su cooperación mutua al objeto de combatir la amenaza de grupos extremistas, asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo en las zonas en conflicto, y proteger la seguridad en su territorio;

129.  Opina que la defensa y el fomento de la libertad, el apoyo a nuestros aliados y la prevención de atrocidades deben seguir constituyendo el eje de nuestros objetivos en materia de política exterior, incluida la defensa de los derechos de los grupos minoritarios perseguidos, sean religiosos o de otro tipo;

130.  Continua apoyando el trabajo de los socios internacionales para garantizar la estabilidad a largo plazo, la paz y las reformas políticas en los países de las vecindades oriental y meridional, y respalda las aspiraciones de dichos países en su búsqueda de lazos más estrechos con la UE, incluidos aquellos países candidatos que se esfuerzan por cumplir los criterios de adhesión a la UE, por ejemplo, en materia de reformas económicas, políticas y sociales, y de respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho;

131.  Insta a la Comisión a que trabaje con los Estados miembros y terceros países para dar una serie de pasos medibles al objeto de erradicar prácticas perniciosas para las mujeres y las niñas, como el matrimonio infantil y el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, los asesinatos por cuestiones de honor, la esterilización forzosa, las violaciones en situaciones de conflicto, la lapidación y cualquier otra forma de brutalidad; insta a la Comisión a que trabaje con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para mejorar la asistencia disponible para las víctimas de tales brutalidades;

Política de desarrollo

132.  Pide a la Comisión que incremente sus esfuerzos por fomentar la buena gobernanza y el Estado de Derecho, y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de todas las partes interesadas en las asociaciones para el desarrollo; solicita a la Comisión, como una prioridad esencial en materia de financiación del desarrollo, que elabore una estrategia integral y planes de acción para abordar los flujos ilícitos de capital, el blanqueo de dinero, la elusión y evasión de impuestos y la corrupción endémica en los países en desarrollo;

133.  Recuerda que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la fuerza que impulsa la creación de riqueza y el crecimiento económico en todas las economías de mercado; generan el 90 % de los puestos de trabajo y los ingresos en los países en desarrollo y tienen la capacidad de proporcionar una base sostenible para la movilización de recursos a escala nacional; solicita a la Comisión que elabore medidas concretas de apoyo a las pymes y se centre en el trabajo con los gobiernos de los países socios a fin de aplicar reformas en el entorno empresarial, reducir las cargas reguladoras excesivas, introducir medidas contra la corrupción y la evasión de impuestos y desarrollar la gestión de las finanzas públicas, así como unas instituciones públicas eficaces, acciones todas ellas que revisten una importancia fundamental para las inversiones, la innovación y el desarrollo del sector privado;

134.  Pide a la Comisión que preste especial atención a los Estados débiles y elabore estrategias en materia de consolidación de la paz y construcción del Estado; subraya que es imprescindible entablar cooperaciones de carácter estructural y a largo plazo que den prioridad al establecimiento del Estado de Derecho e instituciones democráticas en esos países;

«Una unión de cambio democrático»

Cuestiones presupuestarias

135.  Recuerda la revisión del presupuesto de 2010 de la Comisión, que identificó el «valor añadido europeo» como uno de sus principios centrales; insiste en que este principio representa la piedra angular de todo gasto, que debe orientarse asimismo según criterios de eficiencia, eficacia y rentabilidad, respetando el principio de subsidiariedad definido en el artículo 5 del TUE y consagrado en el Protocolo 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea;

136.  Opina que el presupuesto de la UE debe dirigirse claramente a ayudar a los Estados miembros a hacer frente a los desafíos estructurales, especialmente a la pérdida de competitividad y al consiguiente aumento del desempleo; insiste en la necesidad de reducir el gasto en la administración de la UE a fin de lograr eficiencias reales en su presupuesto;

137.  Cree firmemente que el proceso de adopción de decisiones en torno al procedimiento presupuestario anual debe revisarse, simplificarse y hacerse más transparente; opina que el papel del Parlamento no debe consistir en fijar el tamaño del presupuesto sino centrarse en cómo y bajo qué rúbricas se gastan los fondos de la UE;

Cuestiones institucionales

138.  Recuerda a la Comisión las promesas hechas por el Presidente Juncker de aceptar un «acuerdo justo» con el Reino Unido y otros países que desean recuperar ciertos ámbitos de soberanía; pide a la Comisión que inicie las negociaciones presentando esta cuestión en la próxima conferencia intergubernamental que se celebre, y que la mantenga hasta que puedan concluirse dichas negociaciones; estima que no habrá ningún cambio democrático auténtico sin que se tengan en cuenta el análisis y las conclusiones establecidas en la sentencia de 30 de junio de 2009 del Tribunal Constitucional alemán;

139.  Expresa su preocupación ante la falta de transparencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; pide, por consiguiente, que el Tribunal permita que sus jueces presenten opiniones discrepantes, de acuerdo con la práctica de otros tribunales internacionales, por ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos;

140.  Toma nota del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo relativo a la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); cuestiona el valor seguir adelante con esta adhesión, habida cuenta de la complejidad y la incertidumbre que añadiría tener dos jurisdicciones en conflicto en el ámbito de los derechos del Convenio y los derechos de la Carta; mantiene su opinión de que la adhesión no debe constituir una prioridad para la UE, de que las partes contratantes del CEDH deben procurar su reforma para mejorar su adopción de decisiones, lo que debe tener carácter prioritario en el ámbito de los derechos humanos, y que los derechos fundamentales están en todo caso bien protegidos por los tribunales al aplicar las Constituciones nacionales, que siguen estando en lo más alto de la jerarquía normativa;

141.  Pide a la Comisión que vele por que las iniciativas de los ciudadanos no sean rechazadas arbitraria o dogmáticamente, sino que sean objeto de un seguimiento sistemático con la participación del Parlamento;

142.  Señala que, en los casos en los que los Parlamentos nacionales utilicen el procedimiento de tarjeta amarilla, sería una buena práctica por parte de la Comisión retirar el acto legislativo sujeto de la objeción;

Cuestiones medioambientales

143.  Opina que invertir en una economía circular e incentivar la transición hacia la misma es plenamente compatible con la agenda de la Comisión en materia de empleo, crecimiento y competitividad y que, mediante la reducción de la dependencia de la UE en lo que se refiere a la importación de materias primas, tiene el potencial de dar lugar a una situación beneficiosa para todas las partes interesadas; lamenta la reciente retirada de la propuesta legislativa sobre residuos, e insta a la Comisión a que mantenga su compromiso de presentar una nueva y ambiciosa propuesta antes de finales de 2015 que respete las diferencias en materia de capacidad de gestión de residuos por parte de los Estados miembros, al objeto de avanzar en la transición hacia una economía circular mediante la fabricación en circuito cerrado, un desarrollo sostenible del producto, una aplicación estricta de la jerarquía de residuos, y la creación de un mercado para materias primas secundarias;

144.  Toma nota de la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 2020 y la inclusión de un control de adecuación de la Directiva sobre las aves silvestres y de la Directiva sobre hábitats bajo el programa REFIT, y observa con preocupación las averiguaciones del informe de la Comisión titulado «The State of Nature in the European Union’ and the European Environment Agency’s synthesis report entitled ‘The European Environment — State and Outlook 2015» (El estado de la naturaleza según el informe resumido de la Unión Europea y de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «El medio ambiente europeo: situación y perspectivas 2015») (SOER 2015), donde se concluye que una gran parte de las especies protegidas y de los tipos de hábitats presentan un estado de conservación desfavorable, y que Europa no se encamina a conseguir su objetivo general de detener la pérdida de biodiversidad a más tardar en 2020; insta a la Comisión a iniciar una evaluación exhaustiva y transparente y a fomentar la buena aplicación de toda la legislación existente en materia de biodiversidad; basándose en los resultados de la revisión intermedia y del control de adecuación, pide a la Comisión que, si se estima necesario, modernice y mejore la legislación existente y que vele por que no disminuyan los niveles actuales de protección de la biodiversidad;

145.  Toma nota del trabajo de la Comisión en una propuesta sobre criterios científicos para alteradores endocrinos, como se exige en el Reglamento sobre productos fitosanitarios y en el Reglamento sobre biocidas, y subraya la importancia de dicho enfoque científico; cree que los criterios definitorios para identificar alteradores endocrinos deben basarse en la demostración tanto de una actividad endocrina como de una reacción adversa derivada de un modo de acción endocrino; estima que toda propuesta de medida legislativa debe ser proporcionada, basarse en pruebas, dotar de una mayor claridad y consistencia al planteamiento en materia de procedimientos de gestión del riesgo, estar sujeta a análisis de impacto rigurosos y garantizar una participación más amplia de las partes interesadas;

146.  Apoya rotundamente el compromiso del Vicepresidente Timmermans de mantener la propuesta de Directiva sobre techos nacionales de emisión y presentar propuestas modificadas para reflejar las sinergias con el paquete sobre clima y energía para 2030 y reducir las cargas administrativas, habida cuenta de la importancia de tratar la calidad del aire para abordar las notables inquietudes públicas en cuestiones de salud y responder ante la urgente necesidad de cumplir los límites acordados a nivel internacional para 2020; pide a la Comisión que garantice que todas las demás enmiendas se atienen estrictamente al programa relativo a una mejor legislación y facilitan una mejor aplicación; solicita que toda futura decisión de modificar la propuesta original no dé lugar a retrasos innecesarios;

Política cultural

147.  Pide a la Comisión que valore de nuevo la necesidad del programa Europa Creativa en consonancia con el principio de subsidiariedad, e inicie una evaluación exhaustiva del programa, pormenorizando el valor que aporta a todos los ciudadanos de la UE;

148.  Respalda el impulso a la posibilidad de comparar las normas y la calidad de los títulos de educación superior mediante el proceso de Bolonia; destaca la necesidad de una mayor valoración de la cooperación y el intercambio de mejores prácticas en el ámbito de la educación superior no universitaria, y la creación de vínculos con las empresas y las instituciones de educación superior para garantizar que la educación y formación profesionales a partir de los dieciséis años en la UE proporcionan las capacidades necesarias para el crecimiento y el empleo;

Política pesquera común

149.  Pide a la Comisión que supervise estrechamente los avances en la aplicación de la obligación de desembarcar las capturas contemplada en el artículo 15 de la política pesquera común (PPC); observa que el primer informe anual, tal y como se acordó en el Reglamento «ómnibus», debe presentarse al Parlamento a más tardar el 31 de mayo de 2016;

150.  Insta a la Comisión a que trabaje estrechamente con los Estados miembros en especial en lo relativo al apoyo a la pesca artesanal y la conservación de los métodos pesqueros tradicionales, y al mayor control nacional y regional de las poblaciones pesqueras y las prácticas de pesca;

151.  Respalda la necesidad de una revisión básica del Reglamento de medidas técnicas; apremia a la Comisión a presentar dicho Reglamento lo antes posible; insta a la Comisión a evaluar en esa revisión un levantamiento de la prohibición de la pesca con impulsos eléctricos;

152.  Hace hincapié en su preocupación por que la Comisión siga proponiendo legislación que no se ajusta al enfoque regional adoptado en el artículo 3 de la PPC;

153.  Lamenta que se haya producido un aumento del 8 % en el porcentaje de las Islas Feroe en el total de capturas de caballa; destaca que varios buques de dicho país han sido detenidos por invadir la zona de las 12 millas de algunos Estados miembros;

Política Agrícola Común

154.  Se felicita por el compromiso de la Comisión con la simplificación de la política agrícola común (PAC), si bien reitera que dicha simplificación debe ir más allá de meros retoques legislativos y centrarse en reducir las numerosas cargas reglamentarias que pesan sobre los agricultores de toda la UE; resalta que la última reforma de la PAC y su aplicación por las administraciones nacionales ha aumentado significativamente su complejidad;

155.  Toma nota del compromiso de la Comisión de revisar las medidas de ecologización en los pagos directos tras su primer año de aplicación, pero le pide que la convierta en una revisión intermedia completa, extendiéndola a todos los aspectos de la PAC; considera que esta revisión intermedia completa debe llevarse a cabo al objeto de hacer una PAC más justa y menos gravosa para los agricultores y las administraciones nacionales, y ayudar a los agricultores europeos a ser más competitivos en el mercado mundial;

156.  Insta a la Comisión a que asegure la aplicación de la proporcionalidad y la flexibilidad en relación con la gestión de la PAC, incluidos los controles de condicionalidad, y dé tiempo a los agricultores para adaptarse y hacer frente a las graves dificultades que encuentran muchas administraciones nacionales al tratar de aplicar estas reformas;

157.  Destaca las oportunidades para estimular el crecimiento de las exportaciones de la industria agroalimentaria de la UE que supone el desarrollo de nuevos mercados, garantizando un acceso justo a los exportadores e incrementando la cuota de mercado mundial de la UE; hace hincapié, sin embargo, en que las muy exigentes normas de seguridad de los alimentos y de salud de la UE, que son vitales para garantizar la confianza de los consumidores europeos, de ningún modo deben verse comprometidas ni ser objeto de negociación; pide a la Comisión que asegure unas condiciones equitativas en los acuerdos comerciales que la UE trata de concluir con terceros países, calificando y tratando como sensibles a una serie de productos que puedan resultar vulnerables a la presión excesiva, por ejemplo, en los casos donde las condiciones normativas y los costes ligados a la producción en la UE difieran significativamente respecto a los de los posibles socios comerciales;

158.  Pide a la Comisión que ayude a los agricultores a anticipar las crisis en el mercado comunicando los cambios en las condiciones del mercado mediante datos precisos y en tiempo real cuando sea posible;

159.  Subraya la necesidad de abordar los desequilibrios en la cadena agroalimentaria, en particular para garantizar la equidad y la transparencia en las relaciones entre los productores primarios, los transformadores, los suministradores y los distribuidores, y pide a la Comisión que investigue los desequilibrios en la cadena agroalimentaria y el papel sostenible del productor primario en la misma;

160.  Hace hincapié en la necesidad de innovar la agricultura europea y mejorar la aplicación práctica de las investigaciones en el laboratorio en las explotaciones y en toda la cadena agroalimentaria; pide a la Comisión, por lo tanto, que cumpla su asignación financiera de 3 800 millones EUR del programa Horizonte 2020 para el reto de la sociedad 2: seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores, y bioeconomía;

161.  Subraya la necesidad de una acción continuada de la Comisión para hacer frente a las consecuencias del embargo ruso a los agricultores europeos; pide a la Comisión que trabaje en una estrategia global que le permita actuar antes y de manera más eficiente y eficaz en crisis futuras;

162.  Solicita a la Comisión que evalúe los mercados de remolacha azucarera y caña de azúcar a partir de la eliminación de la cuota de azúcar en 2017, incluidas las repercusiones en los consumidores; insta a la Comisión a estudiar la adopción de medidas para establecer la posición de la UE en los sectores de la remolacha azucarera y la caña de azúcar, una vez eliminadas las cuotas; admite que la investigación básica y aplicada en el sector del azúcar, apoyada por la transferencia de conocimientos, constituye un elemento clave para impulsar un sector del azúcar dirigido por el mercado en toda Europa;

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163.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

 

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