Procedimiento : 2015/2723(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0665/2015

Textos presentados :

B8-0665/2015

Debates :

Votaciones :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
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Textos aprobados :

P8_TA(2015)0275

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.028v01-00
 
B8-0665/2015

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre Burundi (2015/2723(RSP))


Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Davor Škrlec en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0665/2015

El Parlamento Europeo,

–       Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Burundi,

–       Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2015, sobre Burundi,

–       Vista la declaración de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 17 de junio de 2015, sobre la situación en Burundi,

–       Vista la declaración del portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 29 de junio de 2015, sobre Burundi,

–       Vista la declaración de la cumbre de la Unión Africana, de 13 de junio de 2015, sobre Burundi,

–       Vista la declaración de la cumbre de la Comunidad del África Oriental, de 31 de mayo de 2015, sobre Burundi,

–       Visto el Acuerdo de Cotonú, de 23 de junio de 2000, en su versión revisada,

–       Visto el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha, de 28 de agosto de 2000,

–       Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–       Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–       Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–       Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–       Vista la hoja de ruta para Burundi, de marzo de 2013,

–       Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.     Considerando que la historia reciente de Burundi ha estado marcada por la guerra civil, una violencia política generalizada, el subdesarrollo y la pobreza;

B.     Considerando que el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha, firmado en el año 2000, supuso el inicio de un proceso nacional de reconciliación y condujo a un periodo de relativa estabilidad pese a una serie de episodios de violencia política generalizada,

C.     Considerando que el Presidente Pierre Nkurunziza se ha presentado como candidato a un tercer mandato presidencial, lo que una amplia mayoría considera contrario al Acuerdo de Arusha y la Constitución de Burundi;

D.     Considerando que el anuncio de su candidatura y el periodo previo a las elecciones han ido acompañados de una extrema represión de la oposición burundesa, los activistas de derechos humanos, los representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación, incluido el asesinato del líder de la oposición Zedi Feruzi;

E.     Considerando que las elecciones locales y legislativas celebradas en Burundi el 29 de junio de 2015 fueron boicoteadas por la oposición, al igual que lo están siendo las elecciones presidenciales previstas para el 15 de julio de 2015;

F.     Considerando que los colegios electorales fueron objeto de ataques en junio, lo que prueba la situación de inestabilidad en la que se celebraron las elecciones;

G.     Considerando que los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los opositores han causado, al menos, 27 víctimas mortales desde el 26 de abril de 2015;

H.     Considerando que grupos de jóvenes armados vinculados al partido en el poder aterrorizan y amenazan de forma sistemática a los ciudadanos sospechosos de apoyar a la oposición o de mostrarse críticos con el Gobierno;

I.      Considerando que unos mil manifestantes han sido detenidos y aún permanecen en prisión o en otros centros de detención;

J.      Considerando que prácticamente 100 000 burundeses han huido a países vecinos;

K.     Considerando que, desde hace más de viente años, la región de los Grandes Lagos está inmersa en un clima de inestabilidad política y conflictos armados y que existe un riesgo notable de que los conflictos nacionales se extiendan a los países vecinos;

L.     Considerando que son muchas las voces críticas que han optado por el exilio, entre otros el Vicepresidente Gervais Rufyikiri, el portavoz del Parlamento burundés Pie Ntavyohanyuma, el Vicepresidente del Tribunal Constitucional Sylvere Nimpagaritse y Maggy Barnkitse, fundadora de Maison Shalom, la mayor ONG de Burundi, y que todos ellos fueron víctimas de amenazas tras declararse públicamente contrarios a un tercer mandato del Presidente Nkurunziza;

M.    Considerando que los medios de comunicación estatales han sostenido un discurso de incitación al odio étnico en una región todavía marcada por el genocidio ruandés de 1994;

N.     Considerando el llamamiento de las Naciones Unidas, la Unión Africana (UA) y la Comunidad del África Oriental (CAO) para aplazar las elecciones en vista de la actual situación de inestabilidad y de la imposibilidad de que las fuerzas de la oposición puedan realizar una campaña libre;

O.     Considerando que la Unión Europea ha retirado sus misiones de observación electoral de Burundi, y que la CAO y la UA han decidido no enviar misiones;

P.     Considerando que la Unión Africana ha manifestado su disposición a enviar observadores de derechos humanos y expertos militares a Burundi, pero que las autoridades del país les han denegado el acceso;

Q.     Considerando que, para el periodo 2014-2020, se han asignado a Burundi 432 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo;

1.      Expresa su profunda preocupación por la situación de Burundi, que una vez más podría desembocar en una guerra civil y una mayor desestabilización de la región de los Grandes Lagos, sometida ya a una gran tensión;

2.      Considera que las elecciones celebradas el 29 de junio de 2015 no fueron ni libres ni justas, que las autoridades burundesas obstaculizaron sistemáticamente la campaña de las fuerzas de la oposición al impedir las manifestaciones públicas y amenazar a los políticos opositores y a los representantes de la sociedad civil, lo que provocó un gran número de marchas al exilio, y que las autoridades de Burundi, con el Presidente Nkurunziza al frente, violaron claramente la Constitución burundesa en repetidas ocasiones durante la organización de las elecciones;

3.      Considera que la candidatura del Presidente Nkurunziza a un tercer mandato constituye sin ninguna duda una violación del Acuerdo de Arusha, que establece que el presidente «será elegido por un mandato de cinco años, renovable una sola vez. Nadie podrá ocupar el cargo durante más de dos mandatos»;

4.      Condena la férrea represión ejercida contra las fuerzas de la oposición en Burundi, el terror sembrado por la milicia Imbonerakure, compuesta por jóvenes vinculados al partido en el poder, y las drásticas medidas adoptadas contra los medios de comunicación;

5.      Exhorta a las autoridades burundesas a que garanticen una investigación exhaustiva de estos hechos y lleven ante la justicia a los responsables;

6.      Pide que se desarme de forma inmediata a la milicia Imbonerakure;

7.      Considera que el Presidente Pierre Nkurunziza es el principal responsable del grave deterioro de la situación política de Burundi y le pide que entable sin demora un verdadero diálogo con las fuerzas de la oposición burundesas, para encontrar una solución a la actual crisis sobre la base del Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha;

8.      Pide al Presidente Nkurunziza y a las autoridades burundesas que aplacen de forma inmediata las elecciones presidenciales;

9.      Recuerda las obligaciones contraídas por Burundi en virtud del Acuerdo de Cotonú en materia de respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y el Estado de Derecho; recuerda asimismo que la Constitución burundesa también garantiza estos derechos;

10.    Pide a las autoridades burundesas que respeten y protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Burundi, incluidas las libertades de expresión y de reunión de los partidarios de la oposición, procedan sin demora a la reapertura de los medios de comunicación, permitan regresar al país a los líderes de la oposición en el exilio, liberen a todos los presos políticos sin condiciones y acaben con el acoso que sufren las organizaciones de la sociedad civil;

11.    Insta a las autoridades burundesas a que autoricen de forma inmediata la entrada al país de los observadores de derechos humanos y expertos militares designados por la UA y a que no dificulten su labor;

12.    Acoge con satisfacción el anuncio del SEAE, de 29 de junio de 2015, por el que amenazaba con tomar medidas contra las autoridades burundesas en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, y pide al SEAE y al Consejo que adopten rápidamente una decisión al respecto y la ejecuten con premura;

13.    Solicita que estas medidas incluyan medidas restrictivas selectivas como la prohibición de viajar o la inmovilización de activos contra aquellas personas cuya actuación pueda haber conducido o pueda conducir a actos de violencia y de represión y a graves violaciones de los derechos humanos, u obstaculice los esfuerzos de búsqueda de una solución política en el marco propuesto por la UA y la CAO;

14.    Pide a la UE, a la CAO y a la UA que no reconozcan la legitimidad del gobierno que saldrá de un proceso electoral viciado;

15.    Acoge con satisfacción y apoya la labor de mediación llevada a cabo por las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Comunidad del África Oriental;

16.    Se muestra profundamente preocupado por el incesante éxodo de refugiados a los países vecinos, reitera su apoyo a las organizaciones humanitarias presentes en la región, que cubren las necesidades más inmediatas de los refugiados, y felicita a las autoridades de los países de acogida por su actitud abierta y hospitalaria con quienes buscan refugio dentro de sus fronteras;

17.    Manifiesta su profunda preocupación por la reaparición de un discurso de incitación al odio en algunos medios de comunicación cercanos al Gobierno y responsabiliza al Presidente Nkurunziza de ello y de sus posibles consecuencias; pide al fiscal de la Corte Penal Internacional que siga de cerca a esos medios que incitan al odio étnico, así como los discursos de los líderes políticos;

18.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Unión Africana y a los Gobiernos de los países de la región de los Grandes Lagos y de Sudáfrica.

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