PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Libia
1.2.2016 - (2016/2537(RSP))
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento
Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero en nombre del Grupo Verts/ALE
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0146/2016
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Libia y, en particular, la de 15 de enero de 2015[1],
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Libia, incluida la Resolución 2259 de 23 de diciembre de 2015,
– Vistos los informes del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL),
– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Libia,
– Vistas las recientes declaraciones sobre Libia de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi por grupos rebeldes apoyados por fuerzas de la OTAN en 2011, Libia ha experimentado una dramática sucesión de crisis políticas, institucionales y de seguridad;
B. Considerando que un ciclo de combates cada vez más intenso azota el país desde el verano de 2014 oponiendo principalmente a dos grupos rivales dispersos y fragmentados, es decir, las fuerzas de la Operación Dignidad del general retirado Jalifa Haftar, aliado con las milicias de la ciudad de Zintán, y la coalición Amanecer Libio, compuesta principalmente por milicias de la ciudad de Misrata y de la minoría amazigh, además de grupos islamistas y milicias locales de otras ciudades del oeste de Libia;
C. Considerando que ambos bandos presentan relatos enfrentados y reivindicaciones de legitimidad, con la existencia de dos Gobiernos y Parlamentos opuestos, basados respectivamente en Trípoli y en Tobruk; que ambas partes en guerra reciben supuestamente apoyo de potencias exteriores;
D. Considerando que milicias vinculadas con el denominado Estado Islámico han aprovechado la guerra civil y el vacío de poder para ampliar su presencia en el país y han perpetrado cada vez más actos de terrorismo así como abusos brutales contra la población local; que estos grupos lanzaron, a principios de enero de 2016, una ofensiva contra las importantes instalaciones petroleras de la costa central y oriental, y llevaron a cabo el ataque terrorista más mortífero desde 2011, en el que asesinaron a docenas de policías en Zliten; que las redes terroristas y criminales en Liba están estrechando los lazos con Mali y el norte de Nigeria, participando en la venta de armas y el tráfico de drogas, entre otras formas de comercio ilegal;
E. Considerando que, el 17 de diciembre de 2015, representantes de los dos Parlamentos rivales, de los municipios y de la sociedad civil firmaron un acuerdo de reparto del poder bajo la mediación de las Naciones Unidas; que, en virtud de dicho acuerdo, se designó a un Consejo de la Presidencia, bajo la dirección del empresario Fayez al-Sarraj como primer ministro, con la tarea de elegir un Gobierno de unidad nacional;
F. Considerando que, el 25 de enero de 2016, el Parlamento reconocido internacionalmente con base en Tobruk rechazó el gabinete formado por el Consejo de la Presidencia y le dio un plazo de 10 días para que formara un nuevo gabinete, más pequeño, o renunciara;
G. Considerando que la situación humanitaria y de los derechos humanos se ha deteriorado gravemente desde que Libia se ha deslizado hacia la guerra civil; que todas las partes en conflicto han cometido una amplia gama de violaciones del Derecho internacional humanitario y de derechos humanos, lo que ha provocado cientos de muertos, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria en muchas zonas; que docenas de militantes políticos y de defensa de los derechos humanos, profesionales de los medios de comunicación y otras figuras públicas han sido secuestrados o amenazados; que las Naciones Unidas han recibido informes acerca de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos practicados por ambos bandos;
H. Considerando que el 26 de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió el caso de Libia a la Corte Penal Internacional; que esta sigue siendo competente para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país y de enjuiciar a los responsables; que el 27 de junio de 2011 la Corte Penal Internacional dictó tres órdenes de detención contra Muamar Gadafi, Saif al-Islam Gadafi y Abdulá al-Senusi por crímenes contra la humanidad; que los restantes sospechosos no se encuentran bajo custodia de la Corte; que las autoridades libias han insistido en que sean juzgados con arreglo al ordenamiento jurídico libio;
I. Considerando que, según datos de la UNSMIL, la última oleada de combates ha provocado más de 400 000 desplazados internos en Libia, mientras que más de 150 000 libios, incluidos muchos trabajadores migrantes, han abandonado el país; que el personal humanitario y diplomático extranjero, incluido el de la UE y la UNSMIL, ha sido evacuado de Libia; que la llegada masiva de refugiados libios al vecino Túnez sigue suponiendo una importante presión para las capacidades de ese país y para su propia estabilidad;
J. Considerando que Libia es un punto principal de tránsito y salida de migrantes, especialmente subsaharianos, que intentan llegar a Europa;
K. Considerando que las ventas del petróleo llegaron a representar el 95 % de los ingresos estatales de Libia y el 65 % del PIB del país; que Libia posee la mayor reserva petrolífera de África y la quinta mayor del mundo; que los ingresos procedentes del petróleo se han hundido desde que las milicias se hicieron con el control de las plantas petrolíferas, los oleoductos y las instalaciones de exportación en todo el país;
L. Considerando que varios Estados miembros de la UE, entre ellos Italia, el Reino Unido y Alemania, se han comprometido a entrenar a las nuevas fuerzas de seguridad del futuro Gobierno de unidad;
M. Considerando que responsables políticos libios de distintos bandos han rechazado repetidamente toda intervención militar extranjera;
N. Considerando que los Estados miembros de la UE que participaron en la guerra de 2011 y la UE en su conjunto tienen la responsabilidad particular de asistir a la población libia y de apoyar los esfuerzos por conseguir la paz y la estabilidad en el país;
O. Considerando que, según información filtrada, el anterior representante de las Naciones Unidas que actuó de intermediario en el acuerdo de reparto del poder, Bernardino León, negoció en secreto durante su mandato un lucrativo puesto posterior en los Emiratos Árabes Unidos, que apoya al Parlamento de Tobruk;
1. Acoge con satisfacción la firma del Acuerdo Político Libio en diciembre de 2015 como un primer paso alentador hacia una solución política del conflicto libio, pero expresa su profunda preocupación por los obstáculos continuos que retrasan la formación de un Gobierno de unidad nacional;
2. Pide a las facciones rivales que muestren liderazgo y acuerden la formación de dicho Gobierno de unidad a fin de afrontar la enorme lista de retos pendientes del país en cuanto a la gobernanza, la economía, la situación humanitaria y la seguridad; reitera, en este sentido, su pleno apoyo a las iniciativas de las Naciones Unidas y, en particular, del representante especial Martin Kobler, para facilitar este proceso; insiste en que debe prestarse la debida atención a la participación de las mujeres y las minorías;
3. Exhorta a la comunidad internacional a ejercer presión sobre aquellos que bloquean las conversaciones políticas por la paz y a aplicar realmente el embargo de armas sobre Libia decretado por las Naciones Unidas;
4. Expresa su preocupación ante la expansión del denominado Estado Islámico (EI) en Libia, que debería combatirse con carácter prioritario; insiste, no obstante, en que todos los esfuerzos libios e internacionales para contener y disolver los grupos vinculados al EI deben llevarse a cabo con un respeto estricto del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;
5. Estima que la respuesta más eficaz para hacer frente a la presencia de militantes islámicos radicales en Libia es, en último término, crear instituciones nacionales inclusivas que puedan representar el Estado de Derecho, ofrecer servicios públicos y seguridad local y combatir eficazmente aquellos grupos que amenazan la estabilidad del país y del conjunto de la región;
6. Pide a la VP/AR, a los Estados miembros y a la Comisión que elaboren urgentemente un programa exhaustivo en el ámbito del desarme, la desmovilización, y la reintegración y una reforma del sector de la seguridad que deberían aplicarse una vez adoptado el acuerdo de paz; hace hincapié en la importancia fundamental de anular los anteriores programas de reforma del sector de la seguridad de la UE en el país, que han tenido un alcance muy limitado en la gestión de fronteras y el control de la migración; está convencido de que solo un programa realmente a gran escala, que en su ámbito de aplicación incluya guardias fronterizos, para todo el país, dotado de recursos financieros adecuados, tiene potencial de poner en marcha una evolución positiva en Libia; tiene serias dudas sobre el actual paquete de asistencia militar del Reino Unido e Italia que comprende 1 000 soldados británicos y 5 000 italianos para la formación de las fuerzas armadas libias responsables de proteger al nuevo Gobierno;
7. Manifiesta su inquietud ante las noticias que apuntan que los EE. UU., el Reino Unido, Italia y Francia están aumentando los vuelos de reconocimiento y la recogida de información, y que dichos países tienen la intención de intervenir militarmente en Libia contra los combatientes del EI sin autorización de las autoridades libias ni un mandato explícito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; advierte contra toda intervención militar unilateral o multilateral sin fundamento jurídico ni aprobación del futuro Gobierno de unidad;
8. Expresa asimismo su preocupación por la reciente declaración del ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, acerca de la necesidad de actuar militarmente en aguas costeras libias con el fin de combatir eficazmente a los traficantes y tratantes de seres humanos; pone de relieve las numerosas declaraciones contrarias de los responsables libios en relación con los planes de desplegar las fuerzas de la Eunavfor Med (Sophia) en aguas territoriales libias; recuerda que, sin la aprobación de las autoridades libias ni un mandato de las Naciones Unidas en el marco del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, tal acción militar debe considerarse ilegal y un acto de agresión; manifiesta su preocupación por la eficacia general del planteamiento, vistas las experiencias recientes en tierra dentro del contexto de Eunavfor Atalanta en Somalia, los posibles daños colaterales y el sufrimiento de la población costera, y por el hecho de que una operación militar inadecuada e ilegal por parte de los Estados miembros de la UE puede acabar fortaleciendo el apoyo que reciben extremistas violentos como el EI;
9. Expresa su profunda preocupación por el destino de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados de Libia, cuya precaria situación sigue agravándose; pide a la UE y a sus Estados miembros que ayuden efectivamente a Italia en sus esfuerzos por atender los flujos de migrantes y refugiados procedentes del norte de África, y en particular de Libia, que están aumentando de manera vertiginosa; insta a todos los Estados miembros de la UE, y especialmente a Italia, a que cumplan estrictamente las leyes de la Unión e internacionales en materia de refugiados, incluido el respeto del principio de no devolución y el estudio individual de las situaciones; pide a las autoridades y a las milicias libias que garanticen el acceso externo a las instalaciones de detención, en especial las destinadas a migrantes;
10. Manifiesta su profunda preocupación por los recientes ataques del EI contra la terminal petrolífera y las infraestructuras conexas en lugares como Ras Lanuf y por sus efectos para la salud de la población y el medio ambiente;
11. Denuncia el flagrante conflicto de intereses y la falta de ética en las acciones del anterior representante especial de las Naciones Unidas, Bernardino León, que se aseguró un puesto lucrativo como jefe de la academia diplomática de los Emiratos Árabes Unidos, cuando todavía ejercía su mandato como mediador de paz en un conflicto en el que su futuro empleador estaba implicado directamente; recuerda que León ha ocupado varios puestos de alto nivel en los servicios diplomáticos españoles y de la UE; pide a la VP/AR que determine medios para evitar casos similares en relación con los enviados especiales de la UE o enviados internacionales con el apoyo de la UE, por ejemplo mediante la inclusión de severos plazos mínimos de reflexión; decide llevar a cabo una investigación sobre este caso;
12. Condena la situación actual de violencia y las violaciones del Derecho internacional humanitario que cometen las partes beligerantes por todo el país; sigue gravemente preocupado ante el deterioro constante de la situación de los derechos humanos, que incluye casos de detenciones arbitrarias, secuestros, ejecuciones ilegales, torturas y violencia contra periodistas, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y minorías, incluidos los tauerguíes;
13. Destaca la necesidad de garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional sean perseguidas judicialmente; llama la atención sobre la declaración de la UNSMIL que afirma que gran número de las violaciones y de los abusos cometidos en Libia quedan dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y pide que esta reciba los recursos políticos, logísticos y económicos que le permitan investigar tales crímenes; considera que fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas puede disuadir a las milicias a la hora de perpetrar abusos y violaciones, y pide que se estudie la posibilidad de crear una comisión de investigación de las Naciones Unidas o un mecanismo similar con objeto de investigar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional;
14. Pide a los Estados miembros que apoyen a Túnez para hacer frente a los efectos desestabilizadores derivados de la crisis libia, también asistiendo al país para construir instituciones de seguridad que rindan cuentas;
15. Hace hincapié en la necesidad de preservar la neutralidad de las principales instituciones libias, es decir, el Banco Central, la compañía petrolera nacional y el fondo soberano de inversión, autorizados por las Naciones Unidas a recibir ingresos del petróleo procedentes del extranjero; aboga, en este contexto, por la creación de un mecanismo de supervisión internacional que congele estos ingresos, excepto el gasto en salarios, hasta la formación de un Gobierno de unidad nacional, como incentivo para que las facciones beligerantes alcancen un acuerdo político;
16. Pide a las autoridades libias que se comprometan a mantener un elevado grado de transparencia en el sector nacional de las industrias extractivas, para que los recursos naturales libios beneficien al conjunto de la población y, en especial, que se adhieran cuanto antes a los requisitos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE); reitera su llamamiento a favor de que las empresas europeas involucradas en Libia revelen sus operaciones financieras en el sector energético;
17. Pide a la UE y a sus Estados miembros que refuercen su ayuda humanitaria para responder al sufrimiento del pueblo libio, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia, y que estén preparados para actuar ante cualquier posible deterioro de la situación; insiste, en este sentido, en la importancia de facilitar apoyo concreto al cese de las hostilidades locales; insta a la UE a que respalde el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil y en particular de los grupos de mujeres, que buscan encontrar soluciones no violentas para las múltiples crisis del país;
18. Expresa su preocupación por las informaciones relativas a disfunciones del sistema judicial en Libia y los graves obstáculos a la celebración de juicios justos; pide a las autoridades libias que cooperen plenamente con la Corte Penal Internacional asistiéndola en sus investigaciones y acatando sus resoluciones; expresa su preocupación por la negativa de las autoridades libias a conceder derechos procesales básicos a Abdulá al-Senusi y Saif al-Islam Gadafi, acusados por la Corte; reitera su total oposición a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la naturaleza del delito cometido, y pide a Libia la abolición de la misma;
19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Cámara de Representantes de Libia, al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Liga Árabe y a la Unión Africana.
- [1] Textos Aprobados, P8_TA(2015)0010.