Procedimiento : 2016/2662(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0493/2016

Textos presentados :

B8-0493/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Votaciones :

PV 28/04/2016 - 4.65
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0201

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE582.505v01-00
 
B8-0493/2016

tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0361/2016

presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento


sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))


Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))  
B8-0493/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Vistos los Convenios de Ginebra y otros instrumentos jurídicos en materia de Derecho internacional humanitario,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 10 y 11 de diciembre de 2015 sobre el proceso preparatorio de la Cumbre Humanitaria Mundial,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 8 de diciembre de 2009, sobre el fomento de la observancia del Derecho internacional humanitario,

–  Vistas las Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario(1),

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre Humanitaria Mundial, titulado «Una humanidad: responsabilidad compartida», de 2 de febrero de 2016,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1998 (2011), de 12 de julio de 2011, y 2143 (2014), de 7 de marzo de 2014, relativas a la protección de los niños afectados por conflictos armados,

–  Vista la Resolución A/RES/64/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1502 (2003), de 26 de agosto de 2003, sobre la violencia contra los trabajadores humanitarios, y 2175 (2014), de 29 de agosto de 2014, sobre la protección de los civiles en los conflictos armados,

–  Vistas la Declaración sobre Escuelas Seguras, de mayo de 2015, y las Directrices conexas para proteger a las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado,

–  Vista la Resolución de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el fortalecimiento del cumplimiento del Derecho internacional humanitario, de 10 de diciembre de 2015,

–  Vistos el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el proyecto Asistencia de salud en peligro y su informe sobre la violencia contra el personal sanitario y las instalaciones de salud,

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen(2),

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la educación para los niños en situaciones de emergencia y crisis prolongadas(3),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico(4),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación de la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria(5),

–  Vista la pregunta al Consejo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que los ataques contra trabajadores humanitarios son ahora moneda corriente y han alcanzado niveles alarmantes;

B.  Considerando que la comunidad internacional ha sido testigo de una horrible oleada de ataques contra hospitales y escuelas en conflictos armados en todo el mundo, así como de un aumento sin precedentes de denegaciones de ayuda humanitaria y de acceso, de ejecuciones de civiles y de trabajadores humanitarios, de detenciones en condiciones extremas, de la utilización de civiles como rehenes o del sometimiento de estos a esclavitud;

C.  Considerando que al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le toca desempeñar un papel claro para garantizar el respeto del Derecho internacional relativo a la protección de todos los trabajadores humanitarios;

D.  Considerando que los Estados tienen la responsabilidad primordial de ayudar y proteger a quienes residen en su territorio, y que deben trabajar para lograr una mayor y mejor colaboración entre Estados sobre acciones preventivas antes de que se cometan las infracciones;

E.  Considerando que existe una distinción artificial entre personal internacional y personal local en lo que respecta al refuerzo de la protección de los trabajadores humanitarios; que el personal humanitario local raramente está cubierto por las mismas disposiciones de seguridad que sus colegas internacionales;

F.  Considerando que el Estatuto de Roma define los ataques contra el personal humanitario como crímenes de guerra;

G.  Considerando que, en marzo de 2016, eran parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) 124 Estados, que 31 países habían firmado, pero todavía no ratificado, el Estatuto y que 41 Estados miembros de las Naciones Unidas no lo habían firmado ni suscrito;

H.  Considerando que tres Estados signatarios –Israel, Sudán y los EE.UU.– han comunicado al secretario general de las Naciones Unidas que ya no tienen la intención de convertirse en Estados parte y que, en esas condiciones, no tienen obligaciones jurídicas derivadas de la firma del Estatuto por sus anteriores representantes;

I.  Considerando que los autores de los ataques contra los trabajadores humanitarios deben rendir cuentas de sus actos;

J.  Considerando que la primera Cumbre Humanitaria Mundial se celebrará en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016; que el secretario general de las Naciones Unidas, en su informe para la Cumbre Humanitaria Mundial titulado «Una humanidad: responsabilidad compartida», llama la atención sobre lo que él denomina «la erosión desvergonzada y brutal del respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario» en situaciones de conflictos armados, lo que amenaza con provocar una regresión a la era de las guerras sin límites; que, de acuerdo con el informe, el hecho de no exigir y promover el respeto de nuestras normas compartidas y de no apoyar el cumplimiento de la ley ni los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas contribuye a dicha erosión;

K.  Considerando que el Derecho internacional humanitario, también denominado Derecho aplicable a los conflictos armados, trata de atenuar los efectos de los conflictos armados protegiendo a quienes no participan directamente en ellos o ya han dejado de hacerlo y regulando los métodos y medios de combate;

L.  Considerando que los hospitales y el personal médico están protegidos específicamente en el marco del Derecho internacional humanitario y que todo ataque deliberado a civiles y a infraestructuras civiles se considera una violación grave del Derecho internacional humanitario;

M.  Considerando que el Estatuto de Roma destaca que los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados a la religión, la educación, el arte, la ciencia o fines benéficos, o contra monumentos históricos, constituyen crímenes de guerra;

N.  Considerando que la inviolabilidad de las instalaciones y bienes de las Naciones Unidas, incluidas las escuelas y los centros de salud, está protegida en virtud de la Convención de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas;

O.  Considerando que el CICR ha declarado también que el deber de investigar las sospechas de crímenes de guerra es una norma de Derecho internacional humanitario consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales y no internacionales;

P.  Considerando que, desde el 14 de marzo de 2016, 52 Estados –incluidos varios Estados miembros de la Unión, aunque no todos– respaldaron la Declaración sobre Escuelas Seguras, tras la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras, celebrada en mayo de 2015;

Q.  Considerando que, al aprobar las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, el Consejo de Asuntos Exteriores puso de relieve la importancia de abordar eficazmente las consecuencias de las violaciones graves, respaldando para ello los mecanismos adecuados de asunción de responsabilidad, y destacó el importante papel que puede desempeñar la Corte Penal Internacional (CPI) en aquellos casos en los que el Estado o los Estados en cuestión no puedan o no quieran ejercer su jurisdicción; que las Directrices de la Unión obligan a «los correspondientes Grupos del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario (punto 15, letra a));

R.  Considerando que, entre 2012 y 2015, el CICR organizó un gran proceso de consulta sobre el modo de reforzar la protección jurídica de las víctimas de conflictos armados y de mejorar la eficacia de los mecanismos de observancia del Derecho internacional humanitario; que la iniciativa Asistencia de salud en peligro del CICR tenía como finalidad «encarar el problema de la violencia contra los pacientes, los trabajadores y las instalaciones de salud y los vehículos sanitarios, y fortalecer la seguridad del acceso a la asistencia de salud y de la prestación de atención médica en conflictos armados u otras situaciones de emergencia»;

S.  Considerando que los Estados participantes en la XXXII Conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en diciembre de 2015 no consiguieron llegar finalmente a un acuerdo sobre un nuevo mecanismo propuesto por la Conferencia y el Gobierno de Suiza para reforzar la observancia del Derecho internacional humanitario; que el nuevo mecanismo propuesto habría implicado la convocatoria de una reunión anual de los Estados parte en las Convenciones de Ginebra; que los Estados participantes decidieron iniciar un nuevo proceso intergubernamental para encontrar la manera de mejorar la aplicación del Derecho internacional humanitario con vistas a presentar los resultados en la próxima Conferencia Intergubernamental, que tendrá lugar en 2019;

1.  Lamenta profundamente la falta de respeto del Derecho internacional humanitario y expresa su consternación y su profunda preocupación por los ataques mortales contra hospitales y escuelas, que están aumentando de manera alarmante en el contexto de los conflictos armados en todo el mundo, y de los que están siendo objetivo y víctimas pacientes, estudiantes, personal médico y docente, trabajadores humanitarios y familiares, al tiempo que las condenas internacionales rara vez dan lugar a investigaciones independientes y a una verdadera asunción de responsabilidades; pide a los Estados miembros de la Unión, a las instituciones de la Unión y a la Vicepresidenta / Alta Representante que reconozcan el alcance real de esta situación de emergencia y que elaboren sin demora un plan de acción concreto con plazos claramente definidos que les permita utilizar al máximo la influencia de la Unión y los Estados miembros para garantizar la aplicación de medidas preventivas y acabar con este tipo de violaciones y abusos;

2.  Condena los ataque contra hospitales y escuelas, prohibidos por el Derecho internacional, y reconoce que este tipo de actos puede constituir graves violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma; manifiesta su convencimiento de que la protección de las instalaciones sanitarias y educativas como espacios neutros y protegidos durante las situaciones de conflicto armado depende de los resultados de unas investigaciones transparentes, independientes e imparciales sobre los brutales ataques que se hayan cometido y de la exigencia efectiva de asunción de responsabilidades por los crímenes perpetrados;

3.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que incluyan en el orden del día de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la supresión de la jerarquía y la distinción artificiales que existen entre el personal internacional y local en lo que se refiere al refuerzo de la protección de todos los trabajadores humanitarios;

4.  Alienta a la Unión y a sus Estados miembros a que apoyen plenamente el llamamiento lanzado por el Secretario General de las Naciones Unidas para que todos los Estados miembros de esta organización aprovechen la oportunidad que brinda la Cumbre Humanitaria Mundial (CHM) para reiterar su compromiso con la protección de los civiles y garantizar los derechos humanos de todos mediante el respeto, la aplicación y la promoción de las normas ya acordadas; destaca la importancia concedida por el Secretario General de las Naciones Unidas al refuerzo de los sistemas internacionales judiciales y de investigación, en particular la Corte Penal Internacional, como complemento de los marcos nacionales, con objeto de poner fin a la impunidad en el caso de las violaciones del Derecho internacional humanitario;

5.  Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a otros donantes internacionales que en la CHM asuman plenamente todos los compromisos centrales propuestos incluidos en la Agenda para la Humanidad, cuyo objetivo es reducir el impacto humanitario de las hostilidades y permitir la realización de acciones humanitarias;

6.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que insten al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se sirva de todos los instrumentos disponibles, como medidas específicas, el establecimiento de misiones de información o comisiones de investigación, o bien de mecanismos judiciales, como la apertura de investigaciones en la CPI, que se abstenga de utilizar el veto en las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones relacionadas con la acción humanitaria y que refuerce el respeto de las normas del Derecho internacional que garantizan la protección de los trabajadores humanitarios, así como a que vele por que los actos que puedan constituir violaciones de estas normas sean objeto de una investigación sistemática y por que se lleve ante la justicia a los sospechosos de haber cometido este tipo de actos;

7.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que pidan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que recuerde a las partes que cumplan sus obligaciones jurídicas y que las condenen cuando no lo hagan, aplicando medidas específicas a aquellas que cometan violaciones de forma persistente y garantizando al mismo tiempo que en las negociaciones de paz y en los mandatos de mantenimiento de la paz esté clara la distinción entre objetivos políticos, militares y humanitarios;

8.  Reconoce la importancia y el carácter único de las Directrices de la Unión para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, ya que ningún otro Estado u organización ha adoptado un documento equivalente; manifiesta, no obstante, su preocupación con respecto a la eficacia de la aplicación de las Directrices de la Unión por parte de las instituciones y los Estados miembros de la Unión;

9.  Pide al Consejo de Asuntos Exteriores y a la Vicepresidenta / Alta Representante que pidan a los jefes de misión de la Unión y a los representantes pertinentes de la Unión (jefes de las operaciones civiles de la Unión, comandantes de las operaciones militares de la Unión y representantes especiales de la Unión) que elaboren una lista de casos de grave violación del Derecho internacional humanitario;

10.  Pide al Consejo de Asuntos Exteriores y a la Vicepresidenta / Alta Representante que, con el fin de garantizar que las políticas y acciones de la Unión relacionadas con el Derecho internacional humanitario se desarrollan de forma coherente y eficaz, examinen el actual reparto de responsabilidades, con arreglo al cual la aplicación de las Directrices sobre el Derecho internacional humanitario es principalmente competencia del Grupo de trabajo del Consejo sobre Derecho Internacional Público, presidido por la Presidencia del Consejo; destaca, en este contexto, que, en su punto 15, letra a), las Directrices de la Unión obligan a «los correspondientes grupos de trabajo del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en estos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario; pide a los correspondientes grupos de trabajo del Consejo que utilicen este mandato para abordar la actual crisis urgente de inobservancia;

11.  Pide a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que han firmado el Estatuto de Roma que firmen o ratifiquen este Estatuto para garantizar que el Derecho penal internacional se convierta en un instrumento verdaderamente global y universal;

12.  Recuerda la posición adoptada en las Directrices de la Unión según la cual debería estudiarse la posibilidad de acudir, cuando proceda, a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CIHE), creada conforme al Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949, que puede contribuir a fomentar el respeto del Derecho internacional humanitario a través de su capacidad de investigación y de sus buenos oficios; observa que no se ha recurrido nunca a los servicios de esta comisión, y pide al Consejo, a los Estados miembros de la Unión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que, formulando acusaciones, promuevan una investigación que permita abordar los ataques a hospitales y escuelas como una situación de crisis urgente relacionada con el respeto de las normas del Derecho internacional humanitario;

13.  Insta a los Estados miembros de la Unión y a la comunidad internacional a que refuercen la función de la CIHE facilitando su acción tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales mediante la ampliación de su capacidad jurisdiccional ad hoc; recuerda que la CIHE ofreció formalmente sus buenos oficios a Afganistán y a los Estados Unidos tras los ataques perpetrados contra el hospital de Kunduz en octubre de 2015;

14.  Observa con preocupación el espacio institucional actualmente limitado de que dispone la comunidad internacional para responder a problemas comunes relacionados con la aplicación del Derecho internacional humanitario; lamenta, en este sentido, que los Estados que participaron en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2015 fracasaran a la hora de llegar a un acuerdo sobre un nuevo mecanismo destinado a reforzar el sistema de gobernanza del Derecho internacional humanitario mediante la convocatoria de una reunión anual de Estados para reforzar el diálogo y la introducción de un informe periódico sobre el respeto del Derecho internacional humanitario a nivel nacional; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se esfuercen por conseguir un mejor resultado en el próximo proceso intergubernamental;

15.  Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que promueva campañas para garantizar que todas las partes interesadas, incluidos los grupos armados no estatales, sean conscientes de sus obligaciones con arreglo al Derecho internacional, cumplan sus obligaciones de facilitar asistencia humanitaria y protección a las personas bajo su influencia, por ejemplo mediante orientaciones destinadas a sus combatientes, y promulguen códigos de conducta y órdenes continuas que reflejen las obligaciones del Derecho internacional humanitario;

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al representante especial de la Unión para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

 

(1)

DO C 303 de 15.12.2009, p. 12.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0066.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0418.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0040.

(5)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0459.

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