MOCIÓN DE CENSURA CONTRA LA COMISIÓN EUROPEA
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12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016

presentada de conformidad con el artículo 119 del Reglamento


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen

 

 

* Firmas retiradas


Moción de censura contra la Comisión Europea presentada por el Parlamento Europeo (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas(1),

–  Vista la sentencia del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de diciembre de 2015, en el asunto T-521/14, Suecia/Comisión(2), en el que el Reino de Suecia, con el apoyo de, entre otros, el Parlamento Europeo, inició un procedimiento contra la Comisión, al no haber adoptado actos delegados que precisasen los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina,

–  Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 265 y 266 del TFUE,

–  Vistos el artículo 17, apartado 8, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 234 del TFUE,

–  Vista la carta del Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, de 22 de marzo de 2016 ((2016)1416502), dirigida al Presidente del Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 119 de su Reglamento,

A.  Considerando que el Reglamento (UE) n.º 528/2012 se basa en el principio de cautela y persigue el objetivo de garantizar que la producción y comercialización de sustancias activas y biocidas en el mercado no tengan efectos nocivos en la salud humana o animal ni efectos inaceptables en el medio ambiente;

B.  Considerando que, conforme al Reglamento (UE) n.º 528/2012, la Comisión debía adoptar, a más tardar el 13 de diciembre de 2013, actos delegados que precisasen los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina de sustancias activas y biocidas;

C.  Considerando que la Comisión no ha adoptado los actos delegados mencionados anteriormente, ni antes ni después del 13 de diciembre de 2013;

D.  Considerando que el Tribunal General falló, en su sentencia de 16 de diciembre de 2015, que la Comisión tenía una obligación clara, precisa e incondicional de adoptar, a más tardar el 13 de diciembre de 2013, actos delegados que precisasen los criterios científicos mencionados anteriormente;

E.  Considerando que el Tribunal General rechazó un argumento jurídico específico presentado por la Comisión para justificar su inacción y, en el apartado 74 de su sentencia, declara de forma inequívoca que ninguna disposición del Reglamento n.º 528/2012 requiere una evaluación de impacto de los criterios científicos basados en el riesgo;

F.  Considerando que, en el Pleno del Parlamento Europeo del 2 de febrero de 2016, la Comisión, representada por Vytenis Povilas Andriukaitis, miembro de la Comisión, declaró que la evaluación de impacto actúa como una herramienta útil e incluso fundamental para guiar las futuras decisiones sobre el establecimiento de estos criterios y, además, que la intención de la Comisión era presentar, en primer lugar, un reglamento de ejecución que contuviera los criterios que se aplicarían a las sustancias químicas sujetas al Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y sujetas al procedimiento de reglamentación con control y, en segundo lugar, un acto delegado que contuviera los criterios aplicables a tenor del Reglamento sobre biocidas;

G.  Considerando que el Presidente Juncker confirmó, en la carta mencionada anteriormente, de 22 de marzo de 2016, dirigida al Presidente del Parlamento Europeo, que la intención de la Comisión era solicitar, primero, el dictamen del Comité de Control Reglamentario sobre la evaluación de impacto, a pesar de que el Tribunal General había manifestado que ninguna disposición del Reglamento (UE) n.º 528/2012 requiere una evaluación de impacto de los criterios científicos basados en el riesgo;

H.  Considerando que tales declaraciones constituyen una confirmación de un incumplimiento continuo, reiterado y repetido del Reglamento (UE) n.º 528/2012 y de la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015;

I.  Considerando que el párrafo primero del artículo 266 del TFUE establece que: «La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a los Tratados, estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea»;

J.  Considerando, por tanto, que dicho incumplimiento reiterado constituye una clara violación de los Tratados;

1.  Lamenta que la Comisión no haya cumplido con su obligación de adoptar actos delegados conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 528/2012;

2.  Recuerda que la obligación de la Comisión era precisar los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina de sustancias activas y biocidas, al tiempo que, según las Directrices para la mejora de la legislación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, la función de la evaluación de impacto es reunir pruebas que permitan determinar si la futura acción legislativa o no legislativa de la Unión está justificada y cuál es la mejor forma de planificar tal acción para conseguir los objetivos políticos deseados;

3.  Considera inaceptable que, incluso tras la condena que supone la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015, la Comisión no haya adoptado los actos delegados que precisen los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina de sustancias activas y biocidas;

4.  Considera que las opciones políticas determinadas por las evaluaciones de impacto no deben en modo alguno desempeñar un papel en la determinación de los criterios científicos relativos a las propiedades de alteración endocrina o el impacto de determinadas sustancias sobre la salud;

5.  Condena la falsedad y la falta de contenido de los intentos de la Comisión por retrasar la adopción de los actos delegados, incumpliendo sus obligaciones conforme a los Tratados, supeditando el cumplimiento de tales obligaciones a la elaboración de una evaluación de impacto no requerida por la legislación, y dando prioridad a las medidas de ejecución a tenor del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(3) sobre productos fitosanitarios;

6.  Destaca otro incumplimiento de los Tratados por parte de la Comisión, en la medida en que la Comisión no ha adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General;

7.  Censura a la Comisión;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente moción de censura y notifique el resultado de la votación en el Pleno sobre la moción al Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión.

(1)

DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

(2)

Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015, Suecia/Comisión, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

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