Procedimiento : 2016/2699(RSP)
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B8-0726/2016

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PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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1.6.2016
PE596.892v01-00
 
B8-0726/2016

tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la situación en Venezuela (2016/2699(RSP))


Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2016/2699(RSP))  
B8-0726/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el capítulo 1, artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en el que se declara el propósito de «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal»,

–  Vistos el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se afirma que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que, «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»,

–  Vista la Declaración de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la EU-27, de enero de 2013, en la que los signatarios reafirmaron su compromiso para con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como su apoyo a todos los esfuerzos desplegados para defender la igualdad soberana de todos los Estados y respetar su integridad territorial y su independencia política,

–  Vista la Declaración de Latinoamérica y el Caribe como Zona de Paz, acordada en las cumbres de la CELAC celebradas en La Habana (Cuba) en 2014, en Belén (Costa Rica) en 2015 y en Quito (Ecuador) en 2016,

–  Vistas la Declaración Política y la Declaración de Bruselas de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la CELAC, celebrada los días 10 y 11 de junio de 2015, en las que los signatarios reafirmaron su compromiso para con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como su decisión de apoyar todos los esfuerzos desplegados para defender la igualdad soberana de todos los Estados, respetar su integridad territorial y su independencia política y abogar por la resolución de los litigios por medios pacíficos y de conformidad con la justicia y el Derecho internacional, y tomando nota de que la CELAC ha declarado que América Latina y el Caribe son una zona de paz,

–  Visto el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la elección de la República Bolivariana de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en octubre de 2015 y las conclusiones del último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos con respecto a Venezuela,

–  Vista la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961,

–  Vista la declaración del Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de 23 de mayo de 2016, pronunciada tras la visita de la Unasur a Venezuela,

–  Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de 21 de mayo de 2016,

–  Vista la resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela relativa a la constitucionalidad del Decreto n.º 2323 sobre el estado de emergencia y de emergencia económica aprobado por el Gobierno,

–  Vista la iniciativa adoptada por el presidente Nicolás Maduro de crear y promover la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas, de conformidad con el Estado de Derecho y respetando el marco constitucional,

–  Vistas las anteriores declaraciones sobre la situación en Venezuela efectuadas por el Mercosur, la Unasur y la CELAC, y en particular las declaraciones de estas tres organizaciones en las que se rechazan las medidas coercitivas unilaterales por los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela,

–  Vistas las declaraciones sobre Venezuela efectuadas por el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel,

–  Vistas las declaraciones efectuadas por la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre Venezuela, y en particular la última declaración de su portavoz, de 24 de febrero de 2015,

–  Vista sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, y en particular las de 24 de mayo de 2007(1), 23 de octubre de 2008(2), 7 de mayo de 2009(3), 11 de febrero de 2010(4), 8 de julio de 2010(5), 24 de mayo de 2012(6), 27 de febrero de 2014(7), 18 de diciembre de 2014(8) y 9 de marzo de 2015(9),

–  Vistos el comunicado del Secretario General de la Unasur, de 28 de mayo de 2016, y las anteriores declaraciones de Leonel Fernández, antiguo presidente de la República Dominicana, con motivo de la visita de un equipo económico de Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que algunos sectores venezolanos han emprendido, con un encono creciente en los últimos meses, una guerra económica que llevan a cabo mediante aumentos de precios, contrabando de bienes y actividades de acaparamiento, y que Venezuela debe hacer frente a amenazas internas y externas a la paz y a la soberanía nacionales al mismo tiempo que se ve confrontada con problemas extraordinarios de orden social, económico, político y ambiental;

B.  Considerando que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha denunciado en varias ocasiones las acciones de desestabilización promovidas por la oposición contra la paz y la estabilidad democrática en el país y contra el pueblo venezolano, como ocurrió el 12 de febrero de 2014 con la «Operación Jericó» —una intentona golpista contra el gobierno elegido democráticamente, planeada por la oposición de extrema derecha y financiada y respaldada por el Gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de varios altos mandos militares venezolanos—, así como la intensificación en los últimos meses de la guerra económica, la promoción de actos violentos contra la población civil, las instituciones públicas, el ejército y las fuerzas del orden y el sabotaje de servicios públicos, que han contado con la participación de líderes de la oposición, entre ellos el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López, que han cometido delitos graves y están intentando manipular a la opinión pública internacional para obtener la consideración de «presos políticos»;

C.  Considerando que Antonio Ledezma fue detenido a raíz de una orden dictada por la Fiscalía General y posteriormente acusado de conspiración y asociación con fines delictivos por su presunta implicación en la trama golpista, y que los dos delitos que se le imputan están tipificados en el Código Penal venezolano y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo;

D.  Considerando que la violencia orquestada por la extrema derecha venezolana ha sido un factor determinante en los asesinatos de varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como Omar Arcadio Guararima y Jhonny Rodríguez en 2013; Juancho Montoya, Eliézer Otaiza, Efraín Enrique Larreal y Robert Serra en 2014; Dimas Gómez Chirinos, César Cristóbal Grisel Salazar, José Coraspe y Jean Carlos Añanguren en 2015, y Alfredis José Escandela Sánchez, Ricardo Durán, César Vera y Marco Tulio Carrillo en 2016, sin olvidar los violentos asesinatos, el pasado 28 de mayo, de un mayor general retirado del Ejército y de un antiguo comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, Félix Velásquez, que murió por heridas de bala en Caracas; considerando, asimismo, que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ha informado de que dos de los detenidos bajo sospecha de haber cometido el asesinato son miembros activos de la Policía de Chacao, un servicio policial que depende del alcalde de Caracas, que presta su apoyo a la oposición;

E.  Considerando que, en diciembre de 2014, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció una ley por la que se imponen a Venezuela sanciones unilaterales y extraterritoriales, que fue aprobada por el Senado y que prolonga hasta 2019 la aplicación de dichas sanciones por los Estados Unidos contra el pueblo y el Gobierno Bolivariano de Venezuela; que treinta y tres Estados de América Latina y el Caribe han condenado esas sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos a Venezuela; que, en la Declaración de Bruselas de la Segunda Cumbre de la Unión Europea y la CELAC, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión constataron el rechazo por la CELAC de las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, y que el Gobierno de Venezuela ha reaccionado anunciando una serie de medidas en aplicación de diversos artículos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas;

F.  Considerando que la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, hizo un llamamiento el 10 de mayo de 2016 en Estrasburgo, formulado en un tono intervencionista y alarmante, en el que instaba al Parlamento Europeo a prestar su apoyo a «cualquier solución útil» a la situación en Venezuela;

G.  Considerando que, durante la reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) celebrada en Lisboa el 17 de mayo de 2016, el vicepresidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani reclamó la intervención de la Unión Europea en Venezuela;

H.  Considerando que uno de los componentes del actual proceso de desestabilización en Venezuela ha sido y sigue siendo desde hace más de doce años la financiación multimillonaria de organizaciones y partidos políticos antigubernamentales por agencias estadounidenses como USAID y National Endowment for Democracy, y que el presidente Obama ha autorizado un fondo especial por valor de 5,5 millones de dólares para financiar grupos opositores al Gobierno venezolano por medio del Departamento de Estado;

I.  Considerando que en febrero de 2014 se puso en marcha el plan conocido como «La Salida», con una manifestación organizada por estudiantes tras un llamamiento de partidos políticos derechistas y ultraderechistas que degeneró en actos de violencia que se prolongaron durante meses con el claro objetivo de desestabilizar al Gobierno de Venezuela elegido democráticamente; que, entre febrero y junio de 2014, 43 personas fueron asesinadas y 878 resultaron heridas; que esa estrategia no es una novedad, ya que el escenario es similar al del golpe de 2002 y a los actos de violencia que siguieron a la elección democrática del presidente Maduro en abril de 2013; que los líderes de la oposición se niegan a reconocer los resultados electorales y han intensificado desde entonces una y otra vez el grado de violencia, y que la noche de las elecciones once venezolanos —dos de los cuales eran niños— fallecieron a raíz de los ataques perpetrados contra las celebraciones bolivarianas;

J.  Considerando que el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, formado por víctimas de la violencia y sus familiares, ha pedido a la comunidad internacional que se abstenga de instrumentalizar políticamente los derechos humanos y no coopere con los agentes políticos venezolanos que intentan silenciar o manipular los actos de violencia y odio que viene sufriendo Venezuela desde febrero de 2014, y que los familiares de las víctimas han pedido que se procese a los responsables y cese la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en el país;

K.  Considerando que en mayo de 2016, a petición y por iniciativa del presidente Maduro, se creó un comité de la Unasur con el fin de proseguir los esfuerzos dirigidos a fomentar el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición para abordar cuestiones fundamentales para la país; que el equipo que trabaja en la agenda para el diálogo incluye al antiguo presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al antiguo presidente de Panamá Martín Torrijos y al antiguo presidente de la República Dominicana Leonel Fernández, y que, en este mismo contexto, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha alentado las actuales iniciativas emprendidas por antiguos jefes de Estado y de gobierno para promover el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición bajo los auspicios de la Unasur;

L.  Considerando que la mayoría de los medios nacionales e internacionales presentan la situación en Venezuela de forma tendenciosa, y que, manipulando de la información —en particular, mediante las redes sociales—, se difunden rumores y se desinforma sobre Venezuela, especialmente con respecto a una supuesta crisis humanitaria, con el objeto de justificar una intervención contra el país;

M.  Considerando que el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel ha hecho varios llamamientos en favor de la democracia en Venezuela frente a los intentos de desestabilizar el Gobierno, al tiempo que ha advertido del avance de las intentonas golpistas con nuevos métodos en América Latina y ha denunciando a multinacionales mediáticas como CNN y Fox News, que difunden propaganda bélica en nombre de la paz y diseminan el odio en nombre de la libertad;

N.  Considerando que en los últimos quince años se han celebrado veinte comicios en Venezuela; que las últimas elecciones parlamentarias dieron la victoria a la oposición, lo cual demuestra que el argumento de que no existe la democracia en Venezuela es totalmente falso; que, pese a todas las elecciones democráticas, una parte de la oposición se niega siempre a reconocer la legitimidad del Gobierno; que la oposición reconoció de forma oportunista el resultado de los últimos comicios y abogó por el respeto de la Constitución venezolana, a pesar de haberse opuesto siempre a ella, y que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé mecanismos de democracia participativa, como la celebración de un referéndum para revocar el mandato presidencial;

O.  Considerando que la extrema derecha venezolana intenta inducir a error a la opinión pública alegando que el Consejo Nacional Electoral está bloqueando el referéndum de revocación del mandato presidencial; que la oposición tuvo la oportunidad de iniciar el proceso el 10 de enero de 2016, pero por alguna razón no lo hizo, sino que esperó hasta el último momento para presentar la solicitud, a pesar de conocer todo el procedimiento que debía seguirse, y que la extrema derecha no siguió el procedimiento establecido e inculpa ahora al Consejo Nacional Electoral por el solo hecho de que, de forma oportunista, pretende adaptar la ley a sus propios intereses;

P.  Considerando que la extrema derecha trató de aprobar una ley de amnistía que, si existiera en algunos países europeos, significaría la excarcelación de asesinos y terroristas, y que la misma la extrema derecha afirma, no obstante, que la finalidad de dicha ley sería liberar a presos políticos; considerando, asimismo, que las personas encarceladas en Venezuela son responsables de crímenes contra el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, del asesinato de ciudadanos ordinarios durante la «guarimbas» y de otros actos terroristas;

Q.  Considerando que la República Bolivariana de Venezuela fue elegida, con amplio apoyo, miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; que ha aceptado el 97 % de las recomendaciones del último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de 2011; que el 80 % de las recomendaciones eran de aplicación directa y el Estado venezolano se ha comprometido a aplicar las demás recomendaciones aceptadas; que en octubre de 2014 Venezuela fue elegida asimismo para ocupar uno de los cinco puestos rotatorios en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2015-2016, con 181 votos a favor de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, y que los días 6 y 7 de noviembre de 2014 el Estado venezolano compareció ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el cual examinó el cumplimiento por Venezuela de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

R.  Considerando que, entre 2006 y 2013, Venezuela ha avanzado 13 posiciones en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, para situarse en la posición 71 en una lista de 187 países; que en la última década el Gobierno de Venezuela ha incrementado el gasto social en más de un 60,6 %, y que Venezuela es actualmente el país con la tasa de desigualdad más baja de toda la región;

S.  Considerando que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), ha disminuido considerablemente la tasa de pobreza y ha aumentado la esperanza de vida en Venezuela; que la tasa de extrema pobreza descendió en 2015 hasta su nivel más bajo, esto es, el 5,4 %, frente al 21 % registrado en 1998, y que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha felicitado al Gobierno del país por haber reducido considerablemente el número de personas que sufren malnutrición, cumpliendo así uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

T.  Considerando que Venezuela es el quinto mayor exportador de petróleo del mundo y dispone de las mayores reservas mundiales probadas de esta materia prima, y que, según el proyecto de presupuesto para 2015, el 38 % del gasto público se destinará a inversiones sociales ―esto es, educación, vivienda, desarrollo urbanístico, atención sanitaria, seguridad social, cultura, comunicaciones, ciencia y tecnología―, lo cual representa un 8,2 % del PIB total de Venezuela;

U.  Considerando que Venezuela sufre una grave agresión por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea —una agresión que interviene en los ámbitos político, diplomático, financiero, económico y mediático—, cuando el país debe hacer frente al mismo tiempo al fenómeno climático de El Niño, que en los tres últimos años ha provocado un déficit pluviométrico que se traduce en una situación de sequía y temperaturas elevadas que afectan a zonas cada vez más amplias; que esta situación ha causado la caída del nivel del embalse de Guri, contribuyendo a la crisis energética del país; que la situación económica de Venezuela se ve afectada por la caída de los precios del petróleo, y que su Gobierno está trabajando para apoyar el actual modelo social y mantener todos los progresos sociales alcanzados;

V.  Considerando que, teniendo en cuenta las extraordinarias circunstancias que vive Venezuela, el presidente Maduro decidió publicar el Decreto n.º 2323 sobre el estado de emergencia y de emergencia económica, que ya ha obtenido algunos resultados positivos en la defensa de los derechos de los trabajadores, los pueblos indígenas y los pensionistas, entre otros grupos afectados por las circunstancias mencionadas;

W.  Considerando que se ha emprendido un diálogo entre los representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición, con la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos;

1.  Lamenta profundamente la campaña de desestabilización permanente ejercida contra la República Bolivariana de Venezuela mediante actos violentos enmarcados en un contexto similar al de la anterior intentona golpista de 2002; insiste en que las medidas intervencionistas contra la soberanía de Venezuela, lejos de crear espacios para el diálogo y la paz, fomentan posiciones extremas que no tienen cabida en el orden constitucional e institucional del país;

2.  Denuncia las alegaciones de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela dirigidas a promover una campaña internacional favorable a la intervención;

3.  Lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y transmite sus condolencias a las familias de las víctimas de la ira de la oposición; pide que se exijan responsabilidades por sus actos a quienes cometen esos delitos o incitan a ellos; expresa su respeto por el sistema judicial de la República Bolivariana de Venezuela y rechaza, por tanto, toda injerencia en los procesos judiciales que se llevan a cabo a nivel nacional;

4.  Lamenta el historial golpista de algunos miembros de la oposición, como Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López, quienes ya en anteriores ocasiones se han situado fuera del marco democrático para intentar quebrar el orden constitucional venezolano;

5.  Reitera su pleno apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela, al proceso bolivariano y al presidente electo Nicolás Maduro; manifiesta su pleno respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de conformidad con el Derecho internacional; lamenta profundamente toda injerencia de la Unión Europea o de cualquier otro país en los asuntos internos de terceros países, así como las declaraciones más recientes de Federica Mogherini y Antonio Tajani; condena asimismo, en esta misma línea, la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a Venezuela;

6.  Denuncia la espuria utilización de los derechos humanos con fines políticos por el Parlamento Europeo, en particular en el caso de Venezuela; recuerda que esta es la décima resolución del Parlamento sobre este país desde 2007, y que la mayoría de las anteriores resoluciones se presentaron en períodos de campaña electoral o coincidiendo con algún proceso de desestabilización; advierte y está firmemente convencido de que existe la intención de utilizar el Parlamento Europeo como un foro de manipulación con el fin de explotar los asuntos internos de Venezuela al servicio de la campaña electoral en España, respondiendo así a los intereses particulares de determinados partidos políticos de este país que nada tienen que ver con las prioridades de la Unión Europea, la cual debe orientar sus esfuerzos a abordar los importantes problemas sociales y políticos que afectan a sus propios ciudadanos y a su territorio;

7.  Denuncia los objetivos antidemocráticos e insurreccionales de la campaña de desestabilización; señala los intereses imperialistas de los Estados Unidos, dirigidos a asegurarse el acceso a los recursos petroleros de Venezuela, así como su objetivo político de debilitar a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP);

8.  Apoya los principios establecidos en la Declaración de Latinoamérica y el Caribe como Zona de Paz, e insta a toda la comunidad internacional a respetar plenamente esta declaración en sus relaciones con los países de la CELAC, incluido el compromiso de no intervenir de forma directa ni indirecta en los asuntos de cualquier otro Estado y de observar los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos;

9.  Subraya que el diálogo con terceros países no debe dar lugar bajo ninguna circunstancia a la imposición de restricciones al derecho de los pueblos a la autodeterminación; lamenta que la Unión Europea y sus Estados miembros otorguen con excesiva frecuencia prioridad a las consideraciones diplomáticas, políticas o económicas frente a los derechos humanos —un planteamiento que da lugar, por lo demás, a una política que se caracteriza por la aplicación de dobles raseros y es incompatible con una visión universal de los derechos humanos—; rechaza todo escenario similar a los provocados en Irak, Afganistán, Siria y Libia, lo cuales, con el pretexto de «instaurar la democracia y los derechos humanos», han arrastrado a regiones enteras a una situación en la que imperan la destrucción, la guerra, el caos y la crisis humanitaria;

10.  Lamenta el papel que desempeña la mayoría de los medios de comunicación internacionales en la difusión de rumores y la desinformación con el fin de generar un clima de violencia y desestabilización que debilite al Gobierno venezolano; recuerda que la libertad de información es un derecho humano fundamental, y pide a los medios de comunicación internacionales que actúen de forma responsable y que su cobertura de los acontecimientos sea justa, rigurosa y equilibrada, a diferencia de lo que ocurre actualmente;

11.  Condena el proyecto de ley de amnistía propuesta por la extrema derecha en Venezuela, cuyo principal objetivo es excarcelar a asesinos, terroristas y personas responsables de la muerte de inocentes;

12.  Expresa su profunda solidaridad con Venezuela y América Latina en relación con el fenómeno climático de El Niño y sus efectos masivos en Venezuela; lanza un firme llamamiento en favor de la solidaridad internacional para ayudar y apoyar a las regiones que sufren este fenómeno natural;

13.  Acoge con satisfacción la aplicación en Venezuela de políticas de inclusión social basadas en la responsabilidad social, la justicia, la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos, que han contribuido a reducir las desigualdades en el país, especialmente en lo que se refiere a su desarrollo social, así como los notables progresos alcanzados en la reducción de la pobreza y en el ámbito de la educación, en particular en lo que respecta a la erradicación del analfabetismo en 2005 y al número creciente de alumnos que cursan estudios superiores;

14.  Recuerda la importancia del papel de Venezuela en la creación y la consolidación de un proceso de cooperación e integración en favor de los pueblos de América Latina; destaca los notables progresos alcanzados en el ámbito de la cooperación y la integración regionales en favor de los pueblos de esta región; celebra los importantes logros alcanzados por la ALBA-TCP y la CELAC en los ámbitos de la salud, la educación, la cultura y la integración financiera;

15.  Reconoce que los países miembros de la ALBA-TCP son conscientes de la ardua labor realizada por el Gobierno venezolano para promover y proteger los derechos humanos, la justicia y la paz, así como de sus esfuerzos por contener los planes de intervención internacional dirigidos contra Venezuela, que amenazan la estabilidad, no solo de su nación hermana, sino de toda la región;

16.  Respalda la Declaración de Lisboa de EuroLat emitida con motivo de la cumbre celebrada en esa ciudad los días 16 y 18 de mayo de 2016, la cual, con referencia a las dificultades a que se enfrentan algunos países miembros de la Asociación Birregional, expresa «su preocupación por las consecuencias políticas, económicas y sociales de la crisis económica que afecta a muchos países europeos y latinoamericanos», al tiempo que recomienda, por lo que se refiere en concreto a la crisis venezolana, «la búsqueda de un punto de encuentro a partir del cual el trabajo conjunto entre representantes del gobierno, la Asamblea y los partidos políticos permita encontrar soluciones en el marco de su Constitución»;

17.  Acoge con satisfacción la iniciativa promovida por el presidente Maduro, con la ayuda de Unasur, con miras a establecer un diálogo entre los representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición, al tiempo que respalda el papel que desempeña Unasur, que defiende como prioridades para desarrollar dicho diálogo el bienestar de todos los ciudadanos, la paz, la justicia, la verdad, las buenas relaciones institucionales, la consolidación de la economía, la defensa del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de la soberanía nacional, y cuya primera reunión se celebró en la República Dominicana en presencia de los antiguos primeros ministros o presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá);

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al Parlamento del Mercosur, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y a los organismos regionales latinoamericanos, incluidos la Unasur, la ALBA-TPC y la CELAC.

(1)

DO C 120 E de 24.4.2008, p. 484.

(2)

DO C 15 E de 21.1.2010, p. 85.

(3)

DO C 212 E de 5.8.2010, p. 113.

(4)

DO C 341 E de 16.12.2010, p. 69.

(5)

DO C 351 E de 2.12.2011, p. 130.

(6)

DO C 264 E de 13.9.2013, p. 88.

(7)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0176.

(8)

Textos Aprobados, P8_TA(2014)0106.

(9)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0080.

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