Procedimiento : 2016/2773(RSP)
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B8-0886/2016

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PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

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PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
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RESOLUCIÓN
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4.7.2016
PE585.325v01-00
 
B8-0886/2016

tras una declaración de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 37, apartado 3, del Reglamento y con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea


sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 (2016/2773(RSP))


João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades del Parlamento Europeo para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 (2016/2773(RSP))  
B8-0886/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea(1), en particular su anexo IV,

–  Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros siguen enfrentándose a la crisis económica y social más profunda registrada desde su creación; que la políticas neoliberales de la Unión y las políticas orientadas a la austeridad impuestas por la Unión en el marco de la gobernanza económica han agudizado, como era de esperar, las desigualdades socioeconómicas entre los Estados miembros y en su propio seno, con un incremento en el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (que, en 2015, suponía un 24,4 % en la UE-28); y que la desregulación del mercado laboral y los sistemas de tributación regresiva han contribuido a la transferencia del rendimiento de los trabajadores a los grandes capitalistas y han exacerbado la desigualdad en relación con los ingresos y el reparto de la riqueza;

B.  Considerando que las economías estancadas, un desempleo elevado, la pérdida de derechos sociales y laborales y las crecientes desigualdades socioeconómicas exigen un cambio político fundamental de las políticas que lleva actualmente a cabo la Unión en favor de políticas que consoliden los esfuerzos de los Estados miembros por crear un crecimiento económico sostenible y alcanzar el pleno empleo, y de lucha contra la pobreza, la exclusión social y las desigualdades en materia de ingresos, en particular mediante políticas redistributivas e inversiones públicas que generen empleo;

C.  Considerando que la carga de la deuda derivada de la UEM es enormemente desproporcionada y que algunos Estados sacan provecho de ello mientras que otros se han visto empujados a una depresión grave; que esta deuda ha sido el pretexto para imponer programas de austeridad inaceptables, que han conducido a un incremento de la deuda mediante la conversión de la deuda privada en deuda pública, agravado por las consecuencias presupuestarias de la recesión subsiguiente, al mismo tiempo que se persigue el objetivo de imponer reformas estructurales y de destruir las funciones sociales del Estado y los derechos de los trabajadores; que esas políticas han desembocado en el aumento del desempleo, la pobreza, en profundos recortes salariales, un aumento de la edad de jubilación y menor gasto público en ámbitos como la educación, la cultura y la salud; y que estas políticas impusieron la ejecución de programas radicales de privatización y continuarán a reducir la demanda;

D.  Considerando que la respuesta de la Comisión Europea a la crisis económica, social y democrática, como el marco de gobernanza económica, ha eliminado permanentemente las opciones políticas de los Gobiernos y Parlamentos nacionales soberanos y democráticamente elegidos, impide el control democrático por parte de los pueblos de Europa y establece la austeridad con carácter permanente; y que se registra una creciente oposición en los pueblos contra este proceso capitalista de integración europea, lo que refleja la necesidad urgente de dotarse de un proceso de integración que persiga el progreso social y democrático, una solución pacífica y justa a los desafíos internacionales y el diálogo cultural a escala mundial sobre la base de la cooperación entre Estados en pie de igualdad;

E.  Considerando que los sistemas fiscales están diseñados para favorecer al gran capital en lugar de a la clase trabajadora; que la austeridad y las medidas de estricta disciplina presupuestaria, junto con las grandes pérdidas de ingresos públicos provocadas por la evasión y la elusión fiscales, suponen una presión añadida a los presupuestos de los Estados miembros y perjudican los intereses de los pueblos y de los trabajadores; que la política fiscal sigue siendo competencia de los Estados miembros; y que los acuerdos secretos en materia fiscal, el fraude y la evasión fiscal a escala mundial y la transferencia de beneficios a paraísos fiscales siguen estando autorizados y que no se abordan adecuadamente en el marco jurídico;

F.  Considerando que las decisiones de la Unión en materia presupuestaria no reflejan las prioridades necesarias para estimular un crecimiento sostenible, cualitativo y socialmente equilibrado y que tampoco tienen en cuenta la importancia de la solidaridad y de la cohesión económica y social entre los Estados miembros;

G.  Considerando que la Unión afronta actualmente la mayor crisis humanitaria en materia de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial; que la Unión y determinados Estados miembros tienen responsabilidades directas en las causas profundas de este éxodo, que obligan a las personas a huir de sus hogares a causa de guerras, el cambio climático, las desigualdades y la injerencia y la política agresiva impuesta en Oriente Próximo y el norte de África, en particular a través de intervenciones militares y el fomento de conflictos regionales, en plena coordinación con los intereses estratégicos geopolíticos de los EE.UU. y de la OTAN; y que el modo en que se está abordando esta crisis humanitaria demuestra claramente la naturaleza clasista de esta Unión, que incumple sus obligaciones, incluso en materia de el Derecho internacional;

H.  Considerando que la Unión cuenta con varias políticas que abren la vía a la xenofobia y al racismo y al desarrollo de partidos y movimientos racistas y xenófobos, ya que son discriminatorias en lo que se refiere al trato de los trabajadores, los refugiados y los migrantes por razones de nacionalidad;

I.  Considerando que la propuesta de un nuevo régimen para el Reino Unido en el seno de la Unión, que se habría aplicado en caso de que el resultado del referéndum británico hubiese sido otro, reforzaría el programa de desregulación y en materia de competitividad, además de vulnerar la libertad de circulación y el principio de no discriminación; que puso en evidencia el doble rasero que se aplica a los Estados miembros en el seno de la Unión; y que los intereses unilaterales de los Estados miembros más grandes no deben primar sobre los intereses de los más pequeños;

J.  Considerando que debe reconocerse el derecho de todo Estado miembro a abandonar la Unión;

K.  Considerando que el resultado del referéndum británico demuestra que es necesaria una Europa diferente que debe construirse con el beneplácito de los ciudadanos, que esperan decisiones concretas sobre cuestiones sociales como el empleo, la transparencia y el bienestar y que rechazan las medidas de austeridad;

L.  Considerando que todas las decisiones relativas a la relación futura entre la Unión y el Reino Unido tras la retirada de dicho país deben ser el resultado de un proceso democrático y contar con la participación tanto del Parlamento Europeo como de los Parlamentos nacionales; y que todos los Estados miembros tienen el derecho y el deber de desarrollar las relaciones económicas, políticas y culturales de su propia elección con el Reino Unido sobre la base de los principios de interés mutuo, la amistad entre los pueblos y la cooperación entre Estados soberanos;

M.  Considerando que el referéndum en el Reino Unido ha demostrado la necesidad de avanzar en el proceso de reunificación de Irlanda a través de un referéndum sobre la soberanía en Irlanda del Norte, tal y como se prevé en el acuerdo del Viernes Santo; que la existencia de una frontera internacional entre el Norte y el Sur tendría graves consecuencias negativas para Irlanda; y que la Unión que debería seguir apoyando activamente el proceso de paz en Irlanda y velar por su continuación en toda negociación sobre la retirada del Reino Unido;

N.  Considerando que se registra un déficit democrático resultante de las opciones y políticas de la Unión que supone un enorme problema y que muchos ciudadanos consideran que no están representados por las instituciones; y que este problema solo puede abordarse mediante la transparencia, la apertura y la defensa de los valores de la democracia, incluida una mayor participación de los ciudadanos, la paz, el progreso, la solidaridad, la tolerancia y la cooperación entre los pueblos;

O.  Considerando que la voluntad soberana de los pueblos a decidir su propia senda de desarrollo en cada uno de los Estados miembros debe ser defendida como un derecho inalienable;

P.  Considerando que la crisis en relación con el clima sigue constituyendo una amenaza para la estabilidad, la salud y las condiciones de vida de las sociedades de todo el mundo, así como para el bienestar animal y la biodiversidad; y que los compromisos adoptados en la COP21, aunque aparentemente ambiciosos, deberían reforzarse en la dirección correcta;

Políticas macroeconómicas y de austeridad

1.  Insta a la Comisión Europea a que presente un programa de trabajo que aborde los principales retos a los que se enfrentan hoy en día los pueblos y los Estados miembros, como el estancamiento de las economía, la deflación, el aumento de las crecientes desigualdades socioeconómicas y de la pobreza, unas inversiones y un crecimiento económico desequilibrado, una tasa elevada de desempleo y el aumento de la precariedad laboral, la pérdida de derechos sociales y laborales, la elevada carga de la deuda y una mayor necesidad de protección internacional, así como la crisis en relación con el clima; expresa su profunda preocupación por la intención de la Comisión Europea de continuar con las políticas de consolidación presupuestaria, las privatizaciones y las reformas estructurales y la desreglamentación, en contra del interés de los pueblos; afirma que los retos sociales, económicos, climáticos y políticos solo pueden superarse mediante un cambio profundo en favor de políticas progresistas que coloquen a las personas y al medio ambiente en el centro de las estrategias de desarrollo en detrimento de los intereses de los mercados financieros y de los grandes capitalistas;

2.  Lamenta profundamente que las instituciones de la Unión sigan imponiendo medidas de austeridad a los Estados miembros y, en particular, que prosigan el chantaje contra algunos Estados que ponen de manifiesto sus propias opciones de crecimiento y desarrollo; insiste en que las instituciones europeas deben respetar la soberanía nacional de cada Estado miembro y la decisión adoptada por los pueblos de avanzar hacia el desarrollo, el crecimiento y la cohesión social, y en que ningún Estado debe ser penalizado por incentivar su economía ya sea mediante planes de inversión pública o mediante políticas de tributación redistributiva y progresiva;

3.  Pide que se ponga fin con carácter inmediato al denominado memorando de acuerdo y a las políticas neoliberales de austeridad que han impuesto y que han resultado ser contraproducentes y devastadoras desde un punto de vista social; opina que dichos memorandos han impuesto políticas fiscales injustas que violan el principio de igualdad proporcional y de una fiscalidad progresiva; insta a que se establezca un plan de emergencia en apoyo de las economías de los Estados que han padecido la intervención de la troika;

4.  Lamenta la respuesta insuficiente de la Unión a los escándalos fiscales; defiende la obligación de hacer públicos tanto las resoluciones fiscales como los informes desglosados por países con el fin de garantizar la transparencia y el control; defiende el fin de los paraísos fiscales extraterritoriales y de otros paraísos fiscales, la defensa de la cooperación de cara a la supresión del secreto bancario a efectos fiscales, el fomento de medidas de cooperación en materia de prevención y de lucha contra el blanqueo de dinero y el fraude fiscal, así como el castigo de la operaciones especulativas mediante a través de medidas de política fiscal y la garantía de que los impuestos se paguen allí donde se genera el valor; aboga por la celebración de una cumbre internacional en el marco de las Naciones Unidas con vistas a definir una hoja de ruta y un plan de acción conjunto para acabar con los paraísos fiscales y el dumping fiscal;

5.  Pide el cese inmediato del proceso de construcción de una Unión de los Mercados de Capitales; reitera la necesidad de separar la banca minorista de la banca de inversión y de reforzar el control público del sector financiero; subraya que la desregulación de los mercados financieros, el proceso devastador de privatización registrado en el sector financiero, el fenómeno subsiguiente de las fusiones y adquisiciones que dio lugar a un aumento importante de la concentración industrial y ha creado los denominados bancos «demasiado grandes para quebrar», así como la «financiarización» de la economía, han sido responsables de las turbulencias en las economías de los países; rechaza la unión bancaria;

6.  Pide a la Comisión Europea que vele por una puesta en práctica efectiva y oportuna de las inversiones que concedan la prioridad a los Estados que reciben ayuda financiera y que se dirigen, en particular, a las regiones que padecen una crisis económica y que están en recesión, en las que se registran tasas elevadas de desempleo y pobreza, que estimulan el crecimiento y el empleo, impulsan la creación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (MPYME) y garantizan un desarrollo económico adecuado y la cohesión social;

La gobernanza económica y la UEM

7.  Opina que deben revocarse el Tratado de Estabilidad Presupuestaria, el Pacto Presupuestario y el Semestre Europeo, ya que son una camisa de fuerza económica y antidemocrática que tiene un efecto negativo en la inversión, el crecimiento y la creación de empleo; hace hincapié en la urgente necesidad de que los Estados miembros recuperen su capacidad de decidir las políticas económicas que responden mejor a sus necesidades respectivas;

8.  Subraya que los niveles de deuda pública y exterior de los Estados periféricos de la Unión figuran entre los más elevados del mundo, lo que es consecuencia del carácter asimétrico del proceso de integración; considera imperativo reducir la carga de la deuda, mediante su renegociación, (importes, plazo de amortización y tipos de interés) y que se anule su componente especulativo e ilegítimo, reduciéndola a niveles sostenibles con carácter de urgencia y como cuestión de justicia elemental; pide la convocatoria de una conferencia intergubernamental para revocar el Tratado de Estabilidad Presupuestaria;

9.  Insta a la Comisión a que, hasta la derogación definitiva del Tratado de Estabilidad Fiscal, permita un margen de maniobra presupuestario a fin de ofrecer liquidez para la inversión, el desarrollo en los ámbitos de la educación, la cultura y la salud, y de cara a un desarrollo social integral, lo que facilitará el trabajo de calidad y seguro y la consolidación del Estado del bienestar;

10.  Insta a que se establezca un plan de emergencia en apoyo de las economías de los Estados que han padecido la intervención de la troika;

11.  Pide la elaboración de un programa de apoyo a los Estados miembros que deseen negociar su salida del euro porque su pertenencia resulta insostenible e intolerable; subraya que ese programa debe prever una compensación adecuada por los daños sociales y económicos sufridos;

12.  Rechaza enérgicamente, por lo tanto, el informe de los cinco presidentes ya que no ofrece ninguna solución al discurso de austeridad vigente sino que propone, en su lugar, profundizar las políticas actuales, en especial el aumento de la competitividad y de la convergencia estructural mediante la imposición de unas políticas presupuestarias estrictas y de la austeridad;

Derechos laborales y sociales

13.  Critica enérgicamente las políticas de austeridad, las llamadas políticas de competitividad, la liberalización y la desregulación del mercado laboral, que han socavado los derechos sociales y laborales básicos en los Estados miembros; defiende el derecho a la negociación colectiva, con la participación directa de las organizaciones de los trabajadores, como instrumento clave para salvaguardar y reforzar los derechos a luchar contra la discriminación, el dumping social, el empleo precario y fraudulento, la desregulación del tiempo de trabajo, el trabajo atípico, el crecimiento del sector con bajos salarios, la competencia por los salarios bajos, el fenómeno de los trabajadores pobres, la exclusión social, la pobreza de los pensionistas y el acoso y la violencia en el lugar de trabajo, y a proteger a los trabajadores de la autoexplotación en nuevas formas de trabajo, incluido el trabajo digital y el trabajo abierto distribuido (crowd work), así como el derecho a la desconexión;

14.  Rechaza y deplora la crítica por parte de la Comisión Europea de las políticas que tienen como meta la valoración de los salarios y la redistribución de la renta y la riqueza en favor de los trabajadores; subraya la necesidad de que se adopten medidas eficaces para luchar contra la discriminación salarial en un marco de política salarial que tenga en cuenta el concepto de salario igual a trabajo igual; destaca la necesidad de aplicar políticas de desarrollo que fomenten el crecimiento y la creación de empleo, que tengan en cuenta las tasas elevadas de desempleo que afectan a las mujeres y a los más jóvenes;

15.  Insta a la Comisión Europea a que deje de recomendar la reorganización y recortes en la administración pública de los Estados miembros y que deje de apoyar y promover la flexiguridad en el empleo y la privatización de servicios públicos, toda vez que no hay ninguna duda de que estas medidas han servido para debilitar los derechos sociales de los trabajadores y reforzar la transferencia de riqueza hacia los grandes capitalistas;

16.  Recuerda a la Comisión Europea su compromiso de adherirse a la Carta Social renovada y le pide que presente sin demora una propuesta de adhesión a la Carta; insta, además, a la Comisión a que presente una propuesta de protocolo social que sitúe los intereses sociales y colectivos por encima de las libertades económicas;

17.  Expresa su preocupación por que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, en su versión actual, no aborda los principales problemas de movilidad de los trabajadores en la Unión; insta a la Comisión Europea a que, en estrecha cooperación con los Estados miembros, proceda a la revisión de la presente Directiva con el fin de luchar contra el dumping social en todas sus expresiones y garantizar el acceso de los trabajadores desplazados a las mismas ventajas sociales de las que disfrutan los trabajadores en el Estado de acogida, incluida la garantía de que el principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo en un mismo lugar; señala que el salario o los derechos sociales de los trabajadores no deben ser objeto de rebajas, bajo ningún concepto; pide, asimismo, que la próxima revisión del Reglamento (CE) n.º 883/2004 refuerce la coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros; destaca la necesidad de reforzar la aplicación de la legislación social y laboral en todos los sectores;

18.  Pide a la Unión que elabore una lista negra de empresas, que incluya sociedades ficticias, responsables de infracciones reiteradas de la legislación laboral y social de la Unión y de los Estados miembros, y que se excluya a estas empresas de los contratos públicos y subvenciones, incluida la financiación de la Unión, durante un período determinado;

19.  Pide a la Comisión Europea que, en el marco del debate y de las recomendaciones sobre los marcos nacionales de insolvencia, garantice la participación y la información de los trabajadores y sindicatos en todas las fases del procedimiento y que impida el uso estratégico de los procedimientos de insolvencia a fin de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores o facilitar una supresión masiva de puestos de trabajo; pide, en este contexto, a la Comisión Europea que facilite la adquisición de las empresas al borde de la insolvencia por parte de sus trabajadores a fin de mantener su actividad económica y minimizar la pérdida de puestos de trabajo;

20.  Subraya la necesidad de una estrategia integrada de lucha contra la pobreza centrada, en particular, en la reducción de la pobreza infantil y la exclusión social; pide que, como paso importante para erradicar la pobreza, se planteen y creen regímenes de renta mínima a escala de los Estados miembros que garanticen un porcentaje de la renta media en cada Estado miembro, con un porcentaje mínimo de referencia de al menos el 60 %;

21.  Destaca la necesidad de defender y desarrollar, en los Estados miembros, la función social del Estado y la prestación de servicios públicos, entre los que deben de figurar, entre otros, el acceso a la justicia y a unos sistemas de educación y salud universales, gratuitos y de calidad así como a servicios asistenciales para los niños y las personas enfermas y mayores, además de un elevado nivel de protección social en general;

22.  Opina que todas las acciones y programas de la Unión en el ámbito de la cultura y la educación deben tener sistemáticamente una dimensión integradora desde el punto de vista social, promover políticas de enseñanza pública de calidad y contribuir al pleno acceso a la cultura y el ocio por parte de todos; pide, por tanto, a la Comisión Europea y a los Estados miembros que excluyan la totalidad del gasto público en materia de educación y cultura del cálculo de la deuda pública en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

23.  Lamenta que los programas de movilidad de la Unión todavía no hayan cumplido plenamente su objetivo y que hayan impuesto una discriminación intolerable en términos de acceso; pide, por tanto, a la Comisión Europea que refuerce el acceso a todos los programas de movilidad por parte de todos aquellos que desean acogerse a ellos, en particular los grupos desfavorecidos, y que mejore la información y el acceso a los programas de movilidad en los sistemas de educación y formación profesional; lamenta la reciente tendencia registrada en el marco de algunos programas de sustituir los sistemas de becas por sistemas de garantía de préstamos, como Erasmus + y Europa Creativa; pide, por tanto, que se establezcan sistemas de becas adecuados que permitan cubrir todo el período de estancia fuera del Estado de origen con el fin de garantizar un acceso universal a estos programas de movilidad;

24.  Hace hincapié en que los servicios en línea, el comercio electrónico, los derechos de autor (en relación no solo con los autores sino, también, los artistas, intérpretes y productores), la protección, la gestión y el almacenamiento de datos, y la neutralidad de la red, exigen un enfoque común, a escala comunitaria e internacional, que tenga como principio rector la primacía de la defensa de los intereses públicos sobre la lógica comercial y los beneficios; subraya que internet pertenece al dominio público y que garantizar el principio de neutralidad de la red es de vital importancia;

Derechos de la mujer e igualdad de género

25.  Lamenta profundamente que la Comisión Europea no haya conseguido presentar una nueva estrategia sobre la igualdad entre mujeres y hombres para el período 2015-2020 y pide que se presente esta estrategia;

26.  Pide a la Comisión Europea que, en cooperación con los Estados miembros, presente una propuesta de estrategia general de la Unión sobre la violencia contra las mujeres que aborde todas las formas de violencia; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea relativa a la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y la iniciativa de poner en marcha una campaña de sensibilización en 2017 sobre la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres;

27.  Condena la retirada de la Directiva sobre el permiso de maternidad; pide a la Comisión Europea que presente una nueva propuesta que respete la posición del Parlamento en favor de la ampliación del actual permiso por maternidad mínimo garantizado de 14 a 20 semanas remuneradas en su totalidad y en favor del derecho por ley al permiso de paternidad remunerado; considera que deben adoptarse medidas específicas en todos los Estados miembros para mejorar el equilibrio entre vida laboral y vida privada en favor de las mujeres y hombres y que son necesarias medidas para aumentar la duración del permiso parental retribuido al 100 % avanzando, así, hacia un sistema más equitativo del permiso parental;

28.  Pide, asimismo, a la Comisión Europea que garantice e incluya el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todas las áreas políticas relacionadas, en la Unión o fuera de ella;

Democracia, derechos humanos y libertades fundamentales

29.  Condena firmemente el acuerdo entre la Unión y Turquía, así como todas las demás propuestas encaminadas a la externalización de las fronteras de la Unión con objeto de mantener fuera de la Unión a las personas necesitadas de protección, que supone un incumplimiento total de los compromisos asumidos por la Unión y sus Estados miembros en materia de Derecho internacional, incluido el principio de no devolución; condena el énfasis dado a la prevención y la represión de la migración irregular, también mediante la detención, sin prestar ninguna consideración al número creciente de solicitantes de asilo que huyen de la guerra, la persecución, la hambruna y las catástrofes climáticas; condena la multiplicación de las propuestas represivas y respuestas militares formuladas por la Comisión Europea en 2015 y 2016 ante la presente crisis humanitaria, tales como la EUNAVFOR, la operación de la OTAN en el mar Egeo, la propuesta de reforzar las competencias de Frontex mediante la creación de una Guardia Europea de Fronteras, la creación de centros de detención de refugiados, la aceleración de los retornos, incluidos los solicitantes de asilo, y la presión ejercida por la Comisión Europea para declarar a Turquía (un Estado con un historial deficiente en materia de derechos humanos) como tercer país seguro para todos los solicitantes de asilo;

30.  Pide a la Comisión Europea que reasigne fondos destinados a aumentar el control de las fronteras y el refuerzo de la fortaleza Europa para la acogida de refugiados y migrantes, en particular por medio de programas de reasentamiento y realojamiento, actividades proactivas de búsqueda y rescate, centros de acogida abiertos y dignos y la inclusión social de los refugiados y los migrantes; pide a la Comisión Europea que elabore propuestas de vías seguras y legales para acceder a la Unión para todos los hombres, mujeres y niños que necesitan protección, así como para los trabajadores migrantes, incluyendo un programa inmediato, ambicioso y vinculante de reasentamiento, y que apoye la propuesta del Parlamento Europeo en materia de visados por razones humanitarias en la revisión del Código de visados, de modo que nadie tenga que arriesgar su vida en el Mediterráneo o en el desierto para llegar hasta Europa;

31.  Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión Europea de establecer medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia; lamenta la falta de cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos a este respecto;

32.  Pide que se respete el derecho a la vida familiar tal y como se consagra en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tanto en un tercer país como en el interior de la Unión, y señala la urgente necesidad de acelerar de realojamiento, incluida la aplicación de un procedimiento acelerado a los solicitantes vulnerables; recuerda que deberá asignarse el país en función de los lazos familiares, lingüísticos y culturales de los refugiados; hace hincapié en la necesidad de avanzar en la inclusión social y la integración en el mercado laboral de los refugiados y migrantes, reconociendo y teniendo en cuenta, a su favor, sus capacidades y cualificaciones, y de garantizar la protección contra la explotación y la discriminación;

33.  Lamenta la incapacidad de la Comisión para proponer una alternativa al Reglamento de Dublín sobre la base de un sistema de reparto de responsabilidades; manifiesta su inquietud respecto de la obligación para todos los Estados miembros de examinar si la solicitud de una persona puede declararse inadmisible sobre la base de los conceptos de tercer país seguro o primer país de asilo;

34.  Pide la adopción inmediata a de la Directiva horizontal contra la discriminación a fin de progresar en la lucha contra la discriminación, incluidos los ataques contra las minorías, los migrantes y solicitantes de asilo y otros grupos vulnerables; considera que el aumento de las manifestaciones y organizaciones racistas y xenófobas está relacionado con el ascenso de la extrema derecha y de un fenómeno fascista en Europa, que no puede considerarse separadamente de las políticas que han sido aplicadas en la Unión y en los Estados miembros en las últimas décadas;

35.  Lamenta el creciente número de actos, y los casos de incitación al odio, dirigidos contra las minorías étnicas y religiosas, las personas LGBTI, los solicitantes de asilo y las personas sin hogar;

36.  Pide a la Comisión que evalúe la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población gitana y la recomendación del Consejo relativa a medidas para favorecer una integración efectiva de este colectivo en los Estados miembros, y que proponga medidas adicionales, si procede, para la inclusión real de la población gitana;

37.  Expresa su profunda preocupación por el carácter parcial y represivo de la Agenda Europea de Seguridad de la Unión, que se centra unidimensionalmente en políticas de represión y en ampliar las fuerzas de seguridad de la Unión; critica el cada vez mayor peso que reviste la seguridad en las distintas políticas, incluida la recogida de datos personales y la elaboración de perfiles de ciudadanos, y que se saque partido del miedo exacerbado que, con razón, cunde entre la población, y se utilice la lucha contra el terrorismo para atentar contra los derechos y libertades de los ciudadanos e incrementar la vigilancia estatal; señala que, a pesar de que en los últimos doce años se han concluido más de ochenta instrumentos jurídicos vinculantes en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, los recientes ataques violentos ponen cruentamente de manifiesto el fracaso de la represión ciega por la que apuestan las instituciones de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros; condena la legislación represiva que no solo supone una violación a gran escala de los derechos humanos de todos los ciudadanos y residentes de la Unión, sino que también ha contribuido de forma activa a socavar y rebajar las políticas de prevención existentes, tales como las políticas a favor del empleo juvenil y de la cohesión socioeconómica, y otros instrumentos preventivos destinados a ayudar a las personas en riesgo de exclusión social;

38.  Pide a la Comisión que se ponga seriamente manos a la obra para proteger a los ciudadanos frente a la creciente vigilancia estatal; expresa, en este sentido, su profunda preocupación por las amplias competencias de que dispone la nueva Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (UNCI) de Europol para supervisar y controlar internet sin intervención judicial; señala que el nuevo Reglamento de Europol no contempla un fundamento jurídico explícito para la UNCI;

39.  Considera que la revisión de la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo ha ido demasiado lejos al tipificar como delito determinados actos potencialmente preparatorios que no tienen por qué obedecer al objetivo explícito de cometer intencionadamente un delito de terrorismo; subraya que esto contraviene un antiguo principio de Derecho penal según el cual el dolo es un elemento clave en la definición de cualquier infracción penal;

40.  Pide que la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas se actualice para ponerla en consonancia con el recientemente adoptado Reglamento de protección de datos;

41.  Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta la sentencia del TJUE de 8 de abril de 2014 en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12; insta a la Comisión, en este contexto, a que se abstenga de proponer más medidas sobre la base de la conservación de oficio de datos;

42.  Pide a la Comisión que presente un plan de acción para que los Estados miembros mejoren las condiciones de reclusión, teniendo en cuenta especialmente el uso generalizado de la prisión preventiva, también en los casos en que haya habido una orden de detención europea; pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las condiciones de reclusión;

43.  Manifiesta su profunda decepción por la falta de actuación de la Comisión respecto al informe legislativo de propia iniciativa sobre la revisión de la orden de detención europea; pide a la Comisión que presente una nueva propuesta, teniendo en cuenta el informe del Parlamento sobre este asunto y, en especial, la cuestión de las pruebas de proporcionalidad;

44.  Lamenta que la Comisión no haya incluido en sus nuevas iniciativas una propuesta renovada y actualizada de acceso público a los documentos, que refleje el acuerdo en primera lectura alcanzado por el Parlamento en 2011;

45.  Insta a la Comisión a que responda a las peticiones hechas por el Parlamento en sus resoluciones sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos, en especial a raíz del informe del Senado de los EE.UU. sobre torturas practicadas por la CIA;

46.  Señala el carácter profundamente antidemocrático de esta Unión, tal y como pone de manifiesto la manera en que las instituciones europeas afrontan los resultados de la participación ciudadana y la lucha de los trabajadores; insta, por consiguiente, a la Comisión a que se tome en serio las distintas expresiones democráticas de la participación ciudadana y a que respete cualesquiera otros referéndums sobre cuestiones relativas a la Unión que se celebren, y pide que se defienda el derecho inalienable de las personas a debatir y expresar su voluntad; rechaza, a este respecto, el argumento de la inevitabilidad;

47.  Recuerda a la Comisión su compromiso de presentar una propuesta de acuerdo interinstitucional sobre un registro de transparencia obligatorio para todas las instituciones de la Unión; reafirma la necesidad de mejorar la democracia representativa y participativa;

48.  Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión de la Iniciativa Ciudadana Europea basada en las conclusiones del próximo informe de aplicación del Parlamento Europeo;

49.  Considera que es necesario mejorar la calidad de la labor legislativa de la Unión; insiste, no obstante, en que el programa de mejora de la legislación y el programa REFIT no deberían servir de excusa para llevar a cabo una desregulación que debilite la protección social y de los consumidores, las normas medioambientales y de bienestar animal, y el diálogo social; insiste, por consiguiente, en que todas las evaluaciones de impacto y decisiones del Comité de Control Reglamentario se hagan públicas;

50.  Insta a la Comisión a que garantice que cualquier legislación futura se someterá a una evaluación del impacto en materia de derechos sociales y fundamentales, y a que incluya cláusulas de extinción para garantizar que la legislación de la Unión se revise periódicamente;

Mercado interior y comercio internacional

51.  Considera que el mercado único, en sus múltiples enfoques sectoriales, ha facilitado y acentuado el desmantelamiento de los instrumentos de regulación soberana de la economía, el dominio económico y las divergencias y asimetrías en cuestión de desarrollo, y ha fomentado la elusión y la evasión fiscales, el traslado de beneficios a paraísos fiscales, las privatizaciones, la desregulación de las relaciones comerciales y la concentración del capital; que, mediante el mercado único y en nombre de la competitividad, la Unión ha favorecido, respaldado y promovido los ataques a los derechos de los trabajadores, lo que ha conducido a desigualdades sociales, a la desregulación laboral, a la devaluación salarial y a la creciente precariedad del empleo, al tiempo que se han rechazado o bloqueado políticas fiscales más justas y redistributivas; señala que, contrariamente a lo que se afirma sistemáticamente, el mercado único ha dado lugar a un aumento de los costes para los consumidores y a la degradación de los servicios prestados;

52.  Lamenta el retraso de la Comisión en notificar al Parlamento y al Consejo los actos rectificativos de los actos delegados y actos delegados transitorios relativos al código aduanero de la Unión; considera inaceptable que estas notificaciones tardías dificulten que el Parlamento haga uso de sus competencias de control; insta, por consiguiente, a la Comisión a que vele por que sus servicios cooperen mejor con el Parlamento y por que se facilite una información temprana sobre la puesta a punto y en práctica del código aduanero de la Unión;

53.  Lamenta que la Comisión esté mermando todavía más la protección de los denunciantes de irregularidades, periodistas, consumidores y trabajadores a través de la Directiva sobre los secretos comerciales; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que los denunciantes de irregularidades cuenten con protección jurídica y material cuando pueda asumirse razonablemente que actúan para proteger intereses públicos; observa, no obstante, que las normas de protección siguen siendo dispares en toda la Unión y que no ofrecen una protección suficiente, como han puesto de manifiesto casos de gran repercusión; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para ofrecer una protección mínima a los denunciantes;

54.  Hace hincapié en que cada país debe tener derecho a definir sus políticas comerciales y a celebrar los acuerdos comerciales que más se ajusten a sus intereses y características y necesidades económicas, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de complementariedad con terceros países;

55.  Considera que el resultado del referéndum británico es una razón más para justificar la suspensión provisional de la ratificación de cualquier acuerdo comercial que la Unión esté negociando actualmente con terceros países; se opone al enfoque de la política comercial de liberalización, desregulación y privatización defendido por la Comisión con muchos socios de todo el mundo, así como a la lógica de libre comercio dogmática que determina este enfoque de política comercial, y rechaza, en particular, los acuerdo macrorregionales como la ATCI, el AECG y el ACS y, en otro orden de cosas, los AAE; lamenta la orientación general de la Unión en materia de comercio, que compromete la soberanía de los Estados miembros y sirve a los intereses geopolíticos de los países más ricos y de las empresas multinacionales por controlar y explotar los activos de terceros países, aumentando las asimetrías intrarregionales e interregionales, y perpetuando la dependencia de los países menos desarrollados (dentro y fuera de la Unión); afirma que estos acuerdos contribuyen a la destrucción y la desregulación del trabajo, al aumento de la pobreza y de la especulación (especialmente en los alimentos) y a la destrucción de los servicios públicos, y suponen una amenaza para la salud y el bienestar animal, la agricultura sostenible y el medio ambiente y la diversidad cultural; aboga por un comercio internacional regulado y basado en una complementariedad recíproca;

56.  Aboga por un comercio internacional regulado y basado en una complementariedad recíproca; se opone, en particular, a la inclusión de cualquier cláusula ISDS en los acuerdos comerciales o en el marco de la Unión, ya sea en su forma tradicional o en forma de sistema de tribunales de inversiones, ya que considera que no existe razón alguna para que los inversores se acojan a jurisdicciones especiales que obligan a los Estados miembros a pagar enormes sumas de dinero y que reducen su espacio político; insiste en que todos los documentos de negociación deben ser públicos y que se debe consultar a todos los Parlamentos nacionales antes de la adopción de dichos acuerdos, que afectan sobremanera a la vida cotidiana de las personas;

Desarrollo regional, producción y sectores estratégicos

57.  Rechaza el enfoque de la Comisión consistente en subordinar la política de cohesión a la gobernanza económica de la Unión; subraya que la política regional es un instrumento importante para promover la cohesión económica y social, cuyos principales objetivos son reducir las disparidades entre las regiones —en particular las más desfavorecidas y las regiones ultraperiféricas—, promover una convergencia real y estimular el crecimiento y el empleo; insiste en que la política de cohesión no debe utilizarse como instrumento de penalización financiera en caso de que una región o un Estado miembro rechacen las políticas de desregulación y privatización;

58.  Recomienda que se apliquen medidas urgentes respecto de los sectores productivos que son vitales para la economía de cada país y que desempeñan así un papel esencial en el desarrollo potencial de cada uno de esos países; pide que se fomenten los proyectos públicos, que se apoye a las microempresas, las pymes, las cooperativas y las administraciones locales, y que se incrementen los fondos comunitarios y se orienten en esa dirección;

59.  Insta a la Comisión a que dé prioridad a aquellos Estados miembros más afectados por la crisis económica y, en particular, a que se centre en las regiones en recesión con altos niveles de desempleo y pobreza;

60.  Considera que la financiación de la Unión y los recursos financieros que esta destina actualmente a la política de cohesión son insuficientes para responder a las necesidades de una convergencia real y para superar las disparidades regionales, los elevados niveles de desempleo, las desigualdades de ingresos y la pobreza en los Estados miembros; señala la necesidad de reforzar el presupuesto de la Unión en el ámbito de la política de cohesión; destaca la importancia de garantizar que la gestión y planificación territoriales sigan siendo responsabilidad de los Estados miembros; señala que, para garantizar la aplicación con éxito de las políticas de cohesión, resulta fundamental evitar retrasos de los pagos en el futuro;

61.  Toma nota de la escasa inversión en I+D prevista por el presupuesto de la Unión; pide a la Comisión que no concentre la financiación que asigna a investigación en un número reducido de universidades, centros de investigación y grandes empresas;

62.  Recuerda que el agua es un derecho universal que debe estar garantizado para todo el mundo y que no debe ser objeto de privatización;

63.  Aboga por una política pesquera común (PPC) descentralizada, que fomente la modernización y el desarrollo sostenible del sector pesquero, garantizando su viabilidad socioeconómica, la sostenibilidad de los recursos, el mantenimiento y la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del sector; pide que se adopten medidas destinadas a garantizar la soberanía nacional respecto de las zonas económicas exclusivas de los Estados miembros y de sus recursos pesqueros;

64.  Pide que se proteja la biodiversidad en los entornos marinos y que se garanticen unas condiciones favorables para que las poblaciones de peces se recuperen mediante la aplicación de unas prácticas de gestión sostenible adecuadas; reafirma la necesidad de que la PPC reconozca las características específicas de la pesca artesanal y costera, y de que los instrumentos actuales se adecúen a las necesidades del sector;

65.  Considera que treinta años de política agrícola común (PAC) han causado estragos en el sector agrícola de los Estados miembros, contribuyendo a la crisis de este sector; exige que uno de los principios de financiación de la PAC, a saber, «garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola» (artículo 39, punto 2), se examine bajo un nuevo prisma con el fin de luchar contra la creciente concentración de la producción y el aumento de la agricultura intensiva, la disminución de las pequeñas explotaciones agrícolas y organizaciones de agricultores, y el aumento de las asimetrías regionales y de la dependencia de productos extranjeros, que favorece a las grandes economías europeas; lamenta que este fenómeno ponga en riesgo nuestro patrimonio agrícola y rural de importancia mundial, a la vez que las grandes empresas agrícolas amplían sus márgenes e imponen su modelo de sistema de alimentación mundial que comporta efectos destructivos para el medio ambiente; subraya que son los agricultores, y no las grandes empresas, quienes deben ocupar un lugar central en cualquier política agrícola y alimentaria, con objeto de impulsar realmente la sostenibilidad, el crecimiento y el empleo en todas las regiones;

66.  Lamenta que las políticas actuales conduzcan a la disminución del número de explotaciones familiares tradicionales en toda la Unión y, con ella, a un descenso de la actividad social y económica en las zonas rurales;

67.  Se opone firmemente al acaparamiento de tierras y a la dominación del mercado y la fijación de precios injustos por parte de las grandes empresas agroalimentarias, que explotan a los agricultores y fuerzan la sobreproducción a expensas de la calidad de los alimentos, del bienestar de los seres humanos y los animales, y del medio ambiente;

68.  Pide a la Comisión que prohíba cualquier forma de patente sobre las semillas, con objeto de proteger a los agricultores frente a la presión y el poder de las multinacionales que producen semillas, y que proteja las variedades locales, así como nuestro patrimonio genético y cultural; pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, prohíba la autorización, el cultivo y la comercialización de OMG, y que tome medidas para frenar el uso generalizado de plaguicidas;

69.  Insta a la Comisión a que lleve a la práctica sin dilación los puntos pendientes de la Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015; pide a la Comisión que elabore una nueva estrategia ambiciosa para la protección y el bienestar de los animales para el período 2016-2020, con vistas a superar las deficiencias y lagunas actuales, crear unas condiciones de competencia equitativas y mejorar el bienestar de los animales en toda la Unión;

70.  Considera que los recursos que la Unión destina a la agricultura deberían emplearse en desarrollar los sistemas agrícolas de los Estados miembros de modo que se reduzca su dependencia externa de los suministros y se preserve el patrimonio agrícola y rural;

71.  Pide a la Comisión que estudie la necesidad de crear instrumentos públicos de regulación de la producción y de los mercados en el sector de la leche, así como en otros sectores, gracias a los cuales se puedan garantizar unos precios justos para la producción, teniendo en cuenta tanto el coste de los insumos como los precios al consumo, a fin de garantizar una distribución equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena de valor añadido del sector, y se evite al mismo tiempo la concentración e intensificación de la producción, garantizando el derecho de cada Estado miembro a cultivar y producir, y el respeto de su soberanía alimentaria;

72.   Subraya la necesidad de reforzar y desarrollar una base industrial diversificada en todos los Estados miembros y regiones teniendo en cuenta las especificidades regionales, ya que este es un elemento fundamental para garantizar unos niveles elevados niveles de empleo, actividad económica y desarrollo;

73.  Pide a la Comisión que analice el problema de la deslocalización de la producción industrial en las cadenas de valor mundiales, y que presente una propuesta por la que se prohíba que la Unión financie la deslocalización de la producción a terceros países, con el fin de preservar los puestos de trabajo en el sector industrial de los Estados miembros;

74.  Rechaza el proyecto de Unión Europea de la Energía por considerar que va dirigido a los grandes monopolios europeos del sector; pide que se ejerza un control público sobre este sector estratégico, ya que para mejorar la eficiencia energética y garantizar la diversificación de las fuentes, el avance de las energías renovables, el uso sostenible del potencial endógeno de cada país y la seguridad del abastecimiento, se precisa, entre otras cosas, de una planificación y un control público y democrático del sector de la energía; hace hincapié en la necesidad de contar con criterios vinculantes de sostenibilidad para el uso de la energía y para la biomasa;

75.  Reitera que la energía es un bien público y que debe garantizarse la igualdad de acceso a la energía a unos precios asequibles en beneficio de los consumidores; destaca que la Unión debe prestar la máxima atención a la cuestión de la pobreza energética, ya que esta afecta a casi el 11 % de la población de la Unión; insta, en este sentido, a la Comisión a que dé prioridad a las medidas de mitigación de la pobreza energética en próximas propuestas legislativas y a que presente un plan de acción al respecto para mediados de 2017;

76.  Opina que la transición energética debe dar lugar a un sistema energético más eficiente, transparente, sostenible, descentralizado y democrático, basado en las energías renovables y que beneficie a la sociedad en su conjunto, a la vez que se protege a los más vulnerables y se les garantiza que puedan beneficiarse de las medidas de eficiencia energética y de las energías renovables;

77.  Reitera el llamamiento hecho por el Parlamento para establecer como objetivos vinculantes una cuota de consumo de energías renovables de un 30 %, y un 40 % de ahorro energético de aquí a 2030; pide, por consiguiente, a la Comisión que incluya esta cuestión en las próximas revisiones de las Directivas sobre energías renovables y eficiencia energética, y que defienda estos objetivos vinculantes en las negociaciones de las Directivas; pide asimismo a la Comisión que presente criterios vinculantes de sostenibilidad para el uso de la energía y para la biomasa;

78.  Pide a la Comisión, más específicamente, que proponga criterios sostenibles para los productos industriales y que integre plenamente la «economía circular» en todas las políticas pertinentes, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de los productos; destaca asimismo la necesidad de aplicar plenamente las medidas contempladas en la «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos», incluida la supresión gradual de las subvenciones que tienen efectos negativos para el medio ambiente; opina que la adopción de un enfoque de mercado respecto de la economía circular tiene consecuencias peligrosas para el interés público, y que es preciso que los Estados miembros y las políticas públicas se sometan a una rendición de cuentas estricta;

79.  Rechaza el modelo de liberalización impuesto a los Estados miembros en el sector de los transportes; pide, por el contrario, que se revoque inmediatamente dicho modelo, dada la necesidad de salvaguardar las obligaciones de servicio público, y teniendo debidamente en cuenta el fomento de políticas de transporte que respeten la soberanía de los Estados miembros y su propio enfoque estratégico frente a la cohesión territorial y el desarrollo nacional; pide que se fomente el diálogo social entre todos los trabajadores afectados, así como la cooperación, para posibilitar que las redes nacionales de transporte se integren y operen mejor entre sí; subraya la necesidad de fomentar el transporte público, las soluciones de movilidad compartida y el desplazamiento a pie y en bicicleta, especialmente en las zonas urbanas;

80.  Insta a la Comisión a que evalúe los Reglamentos de la Unión en materia de transporte y que los adapte, si procede, a la era digital; pide a la Comisión que reajuste el marco reglamentario de los diferentes modos de transporte con el fin de promover nuevas innovaciones y servicios para la movilidad y la logística, garantizando al mismo tiempo unos criterios estrictos por lo que se refiere a la seguridad, las condiciones de trabajo y la protección de los consumidores, así como a la equidad tributaria y la prevención de efectos perjudiciales para el medio ambiente;

81.  Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para descarbonizar el sector del transporte;

82.  Aboga por un plan ambicioso para reducir el número de muertes por accidentes de carretera, que incluya objetivos de reducción claros;

Medio ambiente

83.  Considera que la crisis climática, tal y como se reconoce en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, que fue aprobado y suscrito por la COP 21, se debe a una actividad humana perniciosa, al abuso de un sistema de producción con un uso intensivo de energía, y al uso y la explotación de los combustibles fósiles;

84.  Destaca, por consiguiente, que la solución para luchar contra el cambio climático debería principalmente consistir en compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los países afectados, de conformidad con sus responsabilidades históricas y, dado que este aspecto no debe dejarse en manos de instrumentos basados en el mercado, exige una ruptura con las políticas de desarrollo capitalista, sin la cual no será posible cambiar los métodos de producción o distribución y los modos de consumo;

85.  Lamenta que, por una parte, los compromisos de la COP 21 no garanticen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero —y que, por tanto, no garanticen una disminución de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel considerado compatible con un aumento de las temperaturas medias de 2 °C como máximo— y que, por otra, mantengan y refuercen los mecanismos de mercado que se traducen en una forma de apropiación privada de la naturaleza y sus recursos;

86.  Defiende el aumento de la financiación asignada a las políticas de conservación del medio ambiente; pide un aumento sustancial de la dotación destinada al programa LIFE que ascienda, como mínimo, al 1 % del presupuesto de la Unión; rechaza que se socave la legislación relativa a la protección de hábitats y especies silvestres amenazadas; aboga por la creación de un instrumento financiero específico dedicado a la financiación de la Red Natura 2000 y por la adopción de medidas coherentes de preservación de los valores que esta representa;

87.  Pide a la Comisión que integre la política climática y en materia de cambio climático en todas sus políticas; lamenta la falta de ambición que ha demostrado hasta el momento la Comisión en lo que respecta a los objetivos vinculantes;

88.  Pide a la Comisión que, además de cumplir con el principio de precaución, sea coherente con su mandato y no proponga más excepciones al uso de sustancias químicas, plaguicidas nocivos y alteradores endocrinos en el ámbito de la salud humana y el medio ambiente, que reduzca la exposición a las sustancias químicas por medio del agua, el suelo, el aire y los alimentos que tienen un impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente mundial, y que presente propuestas legislativas encaminadas a reducir dicha exposición;

A favor de la paz, y en contra del militarismo y la OTAN

89.  Condena las cada vez más numerosas medidas que se toman en pro de la militarización de la Unión; rechaza la Estrategia Europea de Seguridad y su política exterior y de seguridad común (PESC) y política común de seguridad y defensa (PCSD); exige que se ponga fin a la cooperación UE-OTAN y rechaza la actual política de expansión de la OTAN; insiste en que se desmantelen todas las bases militares extranjeras en Europa;

90.  Hace hincapié en que cualquier actividad exterior de la Unión debe respetar los principios de una política exterior civil estricta que sea conforme con el Derecho internacional y se aplique de manera no discriminatoria, y que se debe asumir para ello un liderazgo en la resolución pacífica y diplomática de conflictos, también a través de iniciativas de mediación y programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; subraya la importancia de los esfuerzos desplegados para reforzar el Tratado sobre el Comercio de Armas, mejorar el régimen de control de la exportación de armas de la Unión, y apoyar el régimen del TNP y el desarme nuclear, así como de las medidas en pro de la erradicación de la pobreza, la ayuda humanitaria, el desarrollo sostenible económico y social y los objetivos de desarrollo del milenio, que fomentan unas relaciones económicas equilibradas, el comercio justo y la justa distribución de los recursos y la riqueza en la vecindad de la Unión y en todo el mundo;

91.  Pide a la Comisión que cumpla su compromiso de colaborar con los países socios de la PEV en la aplicación de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas; subraya que la creación de empleo es una cuestión decisiva para el futuro de la mayoría de los países vecinos; respalda el particular énfasis puesto en la empleabilidad de los jóvenes y el fomento de las pequeñas y medianas empresas; hace hincapié en que esto requiere un enfoque a varios niveles, desde el nacional al regional y local, así como una cooperación regional, subregional y transfronteriza capaz de movilizar a los Estados miembros de la Unión, a los países socios y a sus entes locales y regionales; aboga por enfoques y programas realistas que aporten beneficios concretos a los ciudadanos; pide a la Comisión que presente una estrategia de cooperación con los vecinos de nuestros países vecinos, que fue anunciada en el marco de la revisión de la política de vecindad;

92.  Rechaza cualquier uso del presupuesto de la Unión para fines militares o civil-militares; rechaza la puesta en práctica de un proyecto piloto de investigación en materia de PCSD emprendido conjuntamente por la Comisión y la AED, que trata, entre otras cosas, de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS); se opone rotundamente a que fondos procedentes de Horizonte 2020 o del presupuesto de la Unión en general se utilicen para la investigación militar, civil-militar o de seguridad en general, y para el desarrollo de RPAS en particular; pide a la Comisión que garantice el respeto de los compromisos de la Unión para con la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, el control armamentístico, el régimen del TNP y el desarme nuclear;

93.  Pide a la Comisión que mejore la transparencia de los gastos en que se incurre en el ámbito de las actividades internacionales, y ello en todas las fases, desde la programación hasta la evaluación ex ante; reitera su firme crítica contra la permanente falta de control parlamentario en el ámbito de la política exterior y de seguridad;

94.  Afirma que los asuntos exteriores entran dentro de la competencia soberana de cada Estado miembro y rechaza la política exterior con una sola voz de la Unión; recuerda que las políticas exteriores de los Estados miembros —ya se lleven a cabo de manera individual o en el marco de una cooperación— deben respetar los principios de una política exterior civil estricta, conforme con el Derecho internacional y aplicada de manera no discriminatoria, y que el papel en la resolución pacífica y diplomática de conflictos debería desempeñarse bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con un espíritu de mutua cooperación y solidaridad, y respetando la soberanía de terceros países;

95.  Rechaza firmemente el fomento y el apoyo de la base industrial y tecnológica de la defensa europea (BITDE) y el complejo industrial militar (CIM), así como el aumento y la profundización de la cooperación en materia de defensa; rechaza cualquier uso del presupuesto de la Unión para fines militares o civil-militares; defiende políticas que aboguen verdaderamente por la paz, la solidaridad y la igualdad, y que tengan por objeto el control armamentístico, el desarme total —nuclear, en particular— y la desmilitarización de la Unión;

96.  Expresa su profunda preocupación por que muchos gobiernos ni siquiera respeten los compromisos que han adquirido a nivel nacional, internacional o de la Unión en relación con la exportación de armas; pide que se ponga fin al comercio de armas de la Unión y a la exportación de armas y equipo militar a zonas en conflicto;

_____________________

97.  Pide a la Comisión que revise su programa de trabajo en consonancia con la Resolución del Parlamento;

98.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

 

(1)

DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.

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