Procedimiento : 2016/2891(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-1052/2016

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B8-1052/2016

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PV 05/10/2016 - 8.6
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P8_TA(2016)0377

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.641v01-00
 
B8-1052/2016

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom (2016/2891(RSP))


Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1052/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 9, 151, 152, 153, apartado 1, y 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 14, 27 y 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación 92/443/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa al fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital)(1),

–  Vista la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(2),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(3),

–  Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(4),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2005, titulada «Reestructuraciones y empleo – Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea» (COM(2005)0120) y la opinión del Comité Económico y Social de 14 de diciembre de 2005(5),

–  Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos(6),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006,

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones(7),

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2013, sobre una hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, sobre un Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración (COM(2013)0882),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la sostenibilidad(9),

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde(10),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2016, sobre la competitividad del sector europeo del equipamiento ferroviario(11),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 2 de septiembre de 2016 Caterpillar anunció su intención de cerrar su sede belga en Gosselies en abril de 2017, dejando sin empleo a más de 2 000 trabajadores; que entre 2009 y 2015 los dividendos de los accionistas de la empresa aumentaron un 50 %, mientras que los puestos de trabajo se redujeron en un 15 %;

B.  Considerando que el 7 de septiembre de 2016 Alstom anunció su intención de trasladar sus actividades de producción ferroviaria en Francia de Belfort a Reichshoffen, poniendo en riesgo 400 puestos de trabajo; que la empresa declaró en mayo de 2016 que sus beneficios ajustados antes de intereses e impuestos se incrementaron en un 23 % durante el ejercicio hasta marzo de 2016;

C.  Considerando que el cierre de grandes empresas y los despidos afectan a menudo a una red de subcontratistas y pymes con raíces locales;

D.  Considerando que el porcentaje de empleo directo en los sectores industriales ha pasado en toda Europa del 20 % en 2000 al 15,5 % in 2015;

E.  Considerando que la productividad de la mano de obra ha evolucionado en las últimas décadas a un ritmo muy superior a la productividad de los recursos, estimándose que los costes laborales representan menos del 20 % de los costes de producción, mientras que los costes de los recursos representan el 40 %;

F.  Considerando que los aumentos de productividad de la mano de obra en las últimas décadas han sido superiores a los incrementos salariales en el conjunto de la Unión, de manera que los sueldos no pueden absorber el aumento de la producción, lo que ha obligado a una reducción de la producción o a que esta sea totalmente dependiente de las exportaciones;

G.  Considerando que varias de las grandes empresas industriales han seguido estrategias centradas en el rendimiento financiero a corto plazo, y que la presión permanente en favor de un aumento de la rentabilidad del capital ha ido en detrimento de la innovación, la inversión en I+D, el empleo, los salarios y la renovación de las competencias;

H.  Considerando que la Unión tiene un enorme excedente en el comercio exterior y, por lo tanto, debe reequilibrar su demanda interior para evitar la dependencia del exterior y contribuir a un crecimiento sostenible y justo a escala mundial;

I.  Considerando que la confianza en el comercio internacional ha reducido el empleo en la industria, pero no ha supuesto una reducción del consumo de materiales en la Unión, sino simplemente un aumento de las importaciones de productos con elevado consumo de energía;

J.  Considerando que los países con el mayor índice de innovación son aquellos que tienen una estrategia industrial clara; que los países y sectores más eficientes en el uso de los recursos son los más competitivos; que la Unión tiene una baja tasa de conversión de los resultados de la I+D en productos y servicios;

K.  Considerando que la eficiencia energética y los sectores de las energías renovables podrían crear, por sí solos, cinco millones de puestos de trabajo directos y muchos más puestos de trabajo indirectos de aquí a 2020;

L.  Considerando que el sector europeo del equipamiento ferroviario, que abarca varios sectores manufactureros e incluye numerosas pymes, emplea a 400 000 trabajadores, invierte el 2,7 % de su volumen de negocios anual en I+D y representa el 46 % del mercado mundial del equipamiento ferroviario; destaca que el conjunto del sector ferroviario es responsable de más de un millón de puestos de trabajo directos, y de 1,2 millones de puestos de trabajo indirectos en la Unión;

M.  Considerando que la reestructuración se convierte en un problema para las partes interesadas únicamente en una fase avanzada, en la mayoría de los casos cuando se plantean los despidos;

N.  Considerando que, a la hora de efectuar una reestructuración, lo que más llama la atención es la repercusión inmediata y fácilmente perceptible sobre el empleo, mientras que los efectos adversos sobre las condiciones laborales y la salud de los trabajadores no se reconocen ni se abordan de manera adecuada;

O.  Considerando que, en el caso de reestructuraciones en las que los despidos resultan inevitables, los trabajadores más jóvenes y los de mayor de edad son objeto de despido con mayor frecuencia que otros grupos de edad, aunque esto constituya una discriminación por razón de edad con arreglo a la legislación pertinente de la Unión;

P.  Considerando que las empresas en reestructuración deben actuar de manera socialmente responsable, ya que la experiencia ha demostrado que una reestructuración social y económicamente sostenible requiere un diálogo social suficiente y un énfasis particular en la información y la consulta de los trabajadores, como se puso de relieve en la citada Resolución del Parlamento de 15 de enero de 2013;

Q.  Considerando que es necesario preparar a los trabajadores de manera oportuna para una transición a una economía ecológica y eficiente en el uso de los recursos que tiene un enorme potencial de creación de empleo, pero que dará lugar a la reestructuración de los sectores y empresas no sostenibles;

R.  Considerando que las cooperativas gestionan las reestructuraciones de forma socialmente responsable y que su modelo de gobierno cooperativo específico, basado en la propiedad colectiva, la participación democrática y el control de los miembros, así como en la capacidad de las cooperativas para funcionar con sus propios recursos financieros y redes de apoyo, explica por qué las cooperativas son más flexibles e innovadoras para gestionar la reestructuración de forma duradera, así como para crear nuevas oportunidades de negocio;

S.  Considerando que la Unión necesita una estrategia industrial ambiciosa, ecoeficiente y ecológica a fin de desarrollar una capacidad productiva y generar puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados;

T.  Considerando que el sector ecológico ha sido uno de los principales creadores netos de empleo en Europa durante la recesión, y que las pymes dotadas de un plan a largo plazo para operar en la economía ecológica generan empleo más resistente a las externalidades actuales de la economía globalizada; que el potencial de expansión de los empleos ecológicos se ve frenado por la escasez de competencias profesionales y su falta de adecuación causadas por varios factores, entre los que se incluye la variabilidad de los currículos en lo relativo a la sostenibilidad, las deficiencias identificadas en sectores concretos, la falta de estudiantes con las competencias necesarias en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas y en TI (tecnologías de la información);

Impulsar la economía real a través de una política de reindustrialización sostenible

1.  Aboga por una política económica coordinada, basada en unas normas sociales más exigentes y en la demanda interna como motor para que los salarios se incrementen en función de la productividad de la mano de obra en el conjunto de la Unión;

2.  Reitera su llamamiento en favor de una política común de reindustrialización de la Unión que combine la competitividad, la sostenibilidad y la calidad en el empleo, y permita a la industria ser un agente de la transición a la sostenibilidad y abordar los principales retos sociales; considera que, ante los retos mundiales y la creciente presión de la globalización en varios sectores industriales europeos, es esencial que la eficiencia energética y de los recursos constituya el núcleo de la renovación de la industria europea si esta quiere mantener su competitividad en el futuro;

3.  Pide que esta política se base en objetivos e indicadores claros, incluidos objetivos climáticos y en materia de eficiencia energética y de recursos ambiciosos, y en un enfoque basado en el ciclo de vida y en la economía circular; destaca que debe incluir una combinación inteligente de medidas del lado de la oferta y del lado de la demanda encaminadas a relocalizar la economía en la Unión, hacerla más resistente y menos dependientes de los recursos; señala que debe guiar las inversiones hacia la creatividad, las competencias, la innovación y las tecnologías sostenibles, y fomentar la modernización de la base industrial europea a través de una política de valores, que incluya las industrias básicas y sus agentes regionales y locales; considera que este enfoque podría aportar beneficios y rentabilidad a la industria europea y a la economía europea en su conjunto;

4.  Considera que una política de reindustrialización de la Unión debe centrarse, en particular, en sectores estratégicos de la Unión, fomentar el desarrollo y la incorporación de la eficiencia energética, las energías renovables, la eficiencia de los recursos y la innovación social, y respaldarse con inversiones en infraestructuras de transporte público (incluidas las infraestructuras ferroviarias y para el tranvía) y el despliegue inteligente de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con vistas a ofrecer un fuerte impulso para llevar a cabo la reindustrialización; destaca que esa política debe servir también para los sectores agrícola y de las materias primas; considera que la Unión debe desarrollar un entendimiento común de cuáles son sus sectores estratégicos y promover su resistencia a largo plazo;

5.  Cree que la legislación es un motor de la innovación y que la fijación de normas (medioambientales) exigentes en la Unión estimula las inversiones privadas de I+D necesarias para que las empresas europeas aporten productos y servicios de calidad al mercado de la Unión y compitan en los mercados internacionales; lamenta que la Unión parezca estar perdiendo su posición de liderazgo a la hora de establecer, aplicar y ejecutar normas ambientales elevadas (como lo demuestra el escándalo del «Dieselgate»), y pide que se realicen esfuerzos para que recobre su liderazgo;

6.  Considera que los cambios estructurales en los sistemas financieros y fiscales nacionales e internacionales, incluidos el cambio de las políticas fiscales para hacer pasar la mayor carga del trabajo a los recursos, la internalización de los costes externos, la desinversión en combustibles fósiles y el buen funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), son esenciales para la creación de un marco económico que estimule las inversiones públicas y privadas y para que una política industrial sostenible pueda alcanzar sus objetivos;

7.  Señala las medidas de austeridad que han reducido considerablemente la capacidad de inversión de los poderes públicos en proyectos de infraestructuras como el sector público de la movilidad, que podría contribuir a la creación de empleo sostenible de calidad y a la relocalización de la economía;

8.  Señala el fracaso de muchos años de intervención masiva en apoyo de los bancos y los mercados de activos en la Unión, que no han tenido ninguna repercusión sobre el empleo ni sobre la mejora de las perspectivas económicas; lamenta asimismo los decepcionantes resultados del plan de inversiones de Juncker, y recuerda las numerosas encuestas del Banco Central Europeo sobre los préstamos, que señalan que las empresas buscan negocio, no financiación; considera que estos constituyen una prueba evidente para los responsables políticos de que la intervención pública debe pasar de un excesivo estímulo de la oferta a unas políticas fiscales concertadas destinadas a estimular la demanda;

9.  Lamenta la progresiva financiarización de la economía real impulsada por una cultura de empresa centrada en una perspectiva financiera a corto plazo, es decir, en la creación de valor para sus accionistas, en vez de mantener una herramienta industrial innovadora capaz de ofrecer puestos de trabajo sostenibles y de calidad y beneficios a largo plazo para la sociedad; lamenta que este planteamiento haya dado lugar a la pérdida de numerosos de puestos de trabajo en el sector industrial; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa que disuada y penalice a las empresas que lleven a cabo despidos masivos cuando obtienen beneficios, por ejemplo restringiendo su acceso a los fondos de la Unión;

10.  Lamenta que no exista a escala de la Unión una fiscalidad justa de las grandes empresas que operan en Europa y en todo el mundo; considera que la lucha contra la evasión y la elusión fiscales permitiría reducir los impuestos que gravan a las pymes y reponer los presupuestos públicos locales para poder invertir en el futuro; pide la creación de una base consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), que constituiría un recurso propio del presupuesto de la Unión;

La transición energética y en materia de sostenibilidad como principales impulsores de la reindustrialización

11.  Pide que se destinen recursos públicos de la Unión y los Estados miembros y privados a un amplio plan de inversión ecológico centrado en la transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular para sustituir las inversiones anteriores en carreteras; considera que los fondos de la Unión, incluidos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y los fondos del Mecanismo «Conectar Europa», ofrecen una gran oportunidad para financiar estas inversiones; cree que las directrices en materia de ayudas estatales deben adaptarse mejor y utilizarse para establecer medidas políticas que favorezcan la innovación y la sostenibilidad; pide una mejora radical en la aplicación de la sostenibilidad, así como criterios sociales y de empleo en el uso de los fondos de la Unión, en particular el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y todos los instrumentos financieros gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI);

12.  Pide a la Unión que apruebe una agenda de especialización inteligente y que dé prioridad a la I+D en aquellos sectores que la Unión puede liderar, como la eficiencia energética y de los recursos, las fuentes de energía renovables, la economía circular, la agricultura sostenible y la asistencia sanitaria de calidad; pide unos instrumentos concretos para que la Unión y los Estados miembros puedan poner en común los esfuerzos en I+D en estos sectores prioritarios y que permitan la incorporación de los resultados en la economía local; considera que debe fomentarse una mayor sinergia entre el programa Horizonte 2020 y las iniciativas de especialización inteligente (RIS3) para asegurar un mejor aprovechamiento de la I+D y apoyar la convergencia económica regional; pide un mayor apoyo a las agrupaciones de innovación y los polos tecnológicos como intermediarios entre la investigación y la industria;

13.  Considera que la contratación pública y el etiquetado ecológico tienen un papel importante que desempeñar en la asimilación de las innovaciones, servicios y productos sostenibles y en la relocalización de la economía; pide una rápida aplicación de las Directivas de la Unión de 2014 sobre contratación pública y un esfuerzo concertado por parte de los Estados miembros y de la Comisión para velar por que los poderes adjudicadores basen sus decisiones de adjudicación en el principio de la oferta económicamente más ventajosa, centrándose en los costes del ciclo de vida y en los productos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social, previniendo el dumping salarial y la explotación de los trabajadores (y la competencia desleal) y favoreciendo el fortalecimiento de las estructuras económicas regionales;

14.  Reconoce la importancia y la especificidad, para el crecimiento, el empleo y la innovación de la industria europea, del sector del equipamiento ferroviario que se caracteriza por la fabricación de equipos con una vida útil de hasta 50 años, su gran intensidad de capital, una dependencia significativa de la contratación pública y la obligación de cumplir normas de seguridad muy exigentes; recuerda la contribución esencial del transporte ferroviario en la consecución de los objetivos relacionados con el cambio climático, así como la necesidad de garantizar que Europa mantenga su ventaja innovadora y tecnológica en este sector; insta a la Comisión a que apoye los objetivos de transferencia modal al ferrocarril para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías, tal como se enuncia en el Libro Blanco de 2011 sobre el transporte, con medidas políticas concretas y mayores esfuerzos para promover tecnologías eficientes, la interoperabilidad, soluciones de movilidad innovadoras y políticas de aprovisionamiento local; pide a la Comisión que garantice una mayor utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y en particular del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para apoyar proyectos de inversión ferroviaria a escala regional que puedan generar la creación de empleo de calidad y sostenible, incluido el desarrollo de las infraestructuras de transporte local, como la infraestructura del tranvía;

15.  Recuerda el importante potencial en términos de creación de puestos de trabajo (de calidad) y los beneficios en relación con la reducción de costes que se espera del aumento de la eficiencia energética; destaca que unas medidas que mejoren la eficiencia energética, incluidos objetivos, normas y mecanismos de evaluación, deben constituir, por lo tanto, la base de las iniciativas en todos los sectores industriales; expone que los sectores del transporte y de la construcción, en particular, deben aplicar una política activa de ahorro energético y de diversificación hacia fuentes de energía sostenibles, no contaminantes y seguras; destaca que una política industrial debe contribuir a la creación de unas condiciones de mercado que estimulen un mayor ahorro de energía y un aumento de las inversiones en eficiencia energética, para explotar una amplia gama de energías renovables y de tecnologías de base en relación con la movilidad del almacenamiento energético (en particular, el transporte público);

Adaptación de la política comercial a los objetivos de reindustrialización y transición

16.  Hace hincapié en que las políticas comercial y de inversiones deben orientarse a contribuir al desarrollo sostenible, la creación de empleo de calidad y la promoción de unas normas sociales y medioambientales exigentes en los sectores de la industria y la manufactura; pide a la Comisión que vele por que los acuerdos comerciales consoliden dichas normas;

17.  Considera que esta no es la política que aplica actualmente la Unión, y advierte sobre la intensificación de la presión de la competencia que podría derivarse de la introducción de acuerdos comerciales como el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (AECG) o la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI), que se estima que provocarían en Europa la pérdida de 200 000 y 600 000 puestos de trabajo respectivamente, en su mayoría en el sector de la manufactura industrial, exacerbando las tendencias actuales a la desindustrialización y oponiéndose, al mismo tiempo, al compromiso mundial sobre el clima (aumento del 290 % en el transporte de mercancías para 2050);

18.  Destaca la necesidad de evitar que la política comercial de la Unión fomente prácticas contrarias a la competencia, como el dumping social y medioambiental, en particular el dumping de productos baratos que ponen en peligro las normas europeas y afectan a las industrias instaladas en la Unión; pide a la Unión que tome urgentemente las medidas necesarias para defenderse contra las prácticas comerciales desleales y reforzar sus instrumentos de defensa comercial de manera significativa mejorando su capacidad de reacción y su eficacia; manifiesta su preocupación, en este contexto, por la concesión del estatuto de economía de mercado a China; pide a la Comisión que introduzca mecanismos de ajuste en las fronteras y que considere los derechos aduaneros como un medio para evitar el dumping medioambiental, la explotación de los trabajadores y la competencia desleal;

19.  Destaca que, si bien en varios sectores de la economía, la Unión está abierta en gran medida a la competencia de terceros países, existen en estos últimos numerosos obstáculos que discriminan a las empresas europeas; destaca que los competidores de terceros países, especialmente de China, se están expandiendo de manera rápida y agresiva en Europa y otras regiones del mundo, a menudo con un fuerte apoyo político y financiero de su país de origen (por ejemplo, con generosos créditos a la exportación al margen del ámbito de aplicación de las normas de la OCDE); destaca que estas prácticas pueden constituir una competencia desleal y poner en peligro puestos de trabajo en Europa; destaca, por tanto, la necesidad de garantizar unas condiciones justas y equitativas en la competencia mundial y de un acceso recíproco al mercado para eludir el riesgo de perder puestos de trabajo y para salvaguardar los conocimientos técnicos industriales en Europa; pide a la Comisión que evalúe si el conjunto actual de normas de competencia de la Unión debe actualizarse teniendo en cuenta la situación existente en el mercado mundial;

20.  Pide a la Comisión que supervise mejor las inversiones no europeas en los Estados miembros de la Unión (como las del sector ferroviario) y que garantice la observancia de la legislación europea en materia de contratación pública, como la legislación relativa a las ofertas anormalmente bajas y a la competencia desleal;

Reestructuración socialmente responsable y creación de empleo de calidad en sectores de futuro

21.  Lamenta el cierre de Caterpillar y Alstom, que afectará a miles de trabajadores y a sus familias y tendrá un impacto desproporcionado en la economía local y regional, con efectos indirectos significativos; condena estos despidos colectivos por razones puramente económicas y de beneficios;

22.  Considera que es necesario prever, fomentar y mejorar medidas preventivas con respecto a la situación de Caterpillar y Alstom y los probables cambios en el empleo y las condiciones de trabajo, especialmente cuando estos puedan correr peligro;

23.  Señala que los procesos de reestructuración afectan a más de una sola empresa, puesto que las empresas trabajan cada vez más en red, lo que intensifica la necesidad de crear foros multipartitos para debatir cuestiones sociales;

24.  Destaca que las buenas prácticas en materia de reestructuración exigen que esta se prepare lo antes posible y comience en cuanto se prevea la necesidad de reestructuración, permitiendo así evitar o reducir el impacto económico, social, medioambiental y territorial al mínimo;

25.  Recuerda que está ampliamente reconocido que toda operación de reestructuración debe explicarse y justificarse a las partes interesadas, incluida la elección de las medidas previstas en relación con los objetivos y las opciones alternativas;

26.  Reitera que un diálogo social fuerte y generalizado a todos los niveles, basado en la confianza mutua y la responsabilidad compartida es el mejor instrumento para la búsqueda de soluciones consensuadas y enfoques comunes a la hora de anticipar, prevenir y gestionar los procesos de reestructuración; considera que el diálogo social a escala de la Unión es crucial a la hora de salvaguardar los intereses tanto de las empresas industriales europeas como de sus empleados;

27.  Destaca, en el caso de las reestructuraciones, la necesidad de proteger los intereses de los trabajadores en materia de seguridad social, empleo de calidad, salud y condiciones de trabajo;

28.  Reitera la necesidad de una consulta significativa de todas las partes interesadas afectadas y pide que toda operación de reestructuración vaya precedida de una preparación adecuada y oportuna, respetando la participación plena y adecuada de los representantes de los trabajadores a todos los niveles con objeto de prevenir o reducir su impacto económico, social, medioambiental y local;

29.  Considera que el impacto de la reestructuración de los despidos debe abordarse de forma prioritaria, con un compromiso claro y transparente de la empresa en materia de empleo; insta a las empresas a que estudien todas las alternativas relevantes a los despidos y a que entablen un diálogo con las partes interesadas internas y externas para intentar implicarlas en la búsqueda de una solución para los trabajadores que pudieran ser despedidos;

30.  Pide, en este contexto, que se revise la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos para incluir a los subcontratistas en los procedimientos de información y consulta y garantizar, si procede, en casos en que los despidos masivos los decidan empresas que siguen obteniendo beneficios, su responsabilidad financiera para mitigar los efectos indirectos en la red;

31.  Destaca que, en caso de despido, los empleadores deben respetar la legislación contra la discriminación, en particular en lo que se refiere a la discriminación por motivos de edad, a la hora de seleccionar a los empleados que puedan ser objeto de despido, y poner a disposición de los empleados afectados la ayuda y las medidas destinadas a reforzar su empleabilidad y que les ayuden a reinsertarse rápidamente en el mercado laboral con un empleo de calidad;

32.  Considera que, sin sustituir las obligaciones de los Estados miembros o de los empleadores derivadas del Derecho de la Unión y de la legislación o las prácticas nacionales, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) puede utilizarse para proporcionar ayuda financiera para la rápida reinserción de los trabajadores despedidos en empleos de calidad;

33.  Pide que se desarrolle un nuevo modelo de organización del trabajo en el que se compartan el trabajo y las rentas;

34.  Pide a la Comisión que presente este año, tal como se comprometió a hacerlo en 2013, un informe completo sobre la aplicación del marco de calidad; recuerda, en este contexto, su petición a la Comisión para que presente, previa consulta a los interlocutores sociales, una propuesta de acto jurídico sobre información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones;

35.  Destaca la necesidad de desarrollar un mayor y mejor acceso a la formación, al aprendizaje permanente y a la formación profesional y la educación universitaria adaptadas al futuro, así como un fuerte énfasis en los ámbitos de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, el apoyo al emprendimiento y una red de seguridad social adecuada junto con una política que ofrezca una segunda oportunidad; destaca que debe ampliarse la democratización de los lugares de trabajo y que los trabajadores deben tener un derecho individual a la formación;

36.  Toma nota de que la transición hacia una economía ecológica tiene un gran potencial de creación de puestos de trabajo locales que no pueden reubicarse y en sectores que no pueden deslocalizarse; señala que existen pruebas sólidas de que la transición ecológica tendrá, en su conjunto, un impacto positivo en el empleo, consecuencia de que las actividades económicas sostenibles como el ahorro energético requieren más mano de obra que aquellas a las que sustituyen, y de que podría contribuir a una mayor autosuficiencia de las regiones;

37.  Considera esencial, para maximizar el potencial neto de creación de empleo de la economía ecológica, que demos a nuestra mano de obra actual las oportunidades adecuadas para adquirir las nuevas competencias necesarias para la economía circular y para afrontar la transición hacia procesos de producción y productos más sostenibles; pide una estrategia europea de formación y educación que apoye a las empresas, los centros de investigación y los interlocutores sociales en la investigación conjunta de las necesidades de cualificaciones para la sostenibilidad medioambiental;

38.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la creación y el desarrollo de cooperativas, dado que han demostrado ser más resistentes durante las crisis y menos vulnerables a la pérdida de empleo que las empresas medias, y que creen empleo de calidad que no se deslocalice; pide al BEI y a la Comisión que mantengan informado al Parlamento sobre las medidas concretas adoptadas hasta ahora para mejorar el acceso a la financiación de las cooperativas y las empresas sociales;

39.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan, también en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, inversiones de calidad orientadas a generar beneficios sociales y económicos, como empleos sostenibles de calidad, igualdad de género, educación de calidad e innovación para promover la transición a una economía ecológica y para luchar contra la pobreza energética; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que dirijan la inversión a ámbitos con repercusiones positivas para el mercado laboral con el fin de crear empleos de calidad sostenibles con una protección social y del empleo completa;

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40.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

DO L 245 de 26.8.1992, p. 53.

(2)

DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.

(3)

DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(4)

DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.

(5)

DO C 65 de 17.3.2006, p. 58.

(6)

DO C 264 E de 13.9.2013, p. 59.

(7)

DO C 440, 30.12.2015, p. 23.

(8)

DO C 251 E de 31.8.2013, p. 75.

(9)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0032.

(10)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0264.

(11)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0280.

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