Propuesta de resolución - B8-1053/2016Propuesta de resolución
B8-1053/2016

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou en nombre del Grupo GUE/NGL

Procedimiento : 2016/2891(RSP)
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B8-1053/2016

Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom

(2016/2891(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre el dumping social en la Unión Europea[1],

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre el empleo y los aspectos sociales de la Estrategia Europa 2020[2],

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones[3],

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en particular sus artículos 22 y 23, relativos a los derechos económicos y sociales y al derecho al trabajo,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su título IV, relativo a la solidaridad,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular los artículos 6 y 147,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece la obligación de los Estados miembros y de la Unión Europea de garantizar la competitividad de la industria europea, y, en particular, su artículo 173,

–  Visto el artículo 174 del TFUE, relativo a la cohesión económica, social y territorial, en particular en las zonas afectadas por una transición industrial,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre el Plan de Acción para una Industria del Acero Competitiva y Sostenible en Europa[4],

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la industria del acero y sobre la reestructuración, transmisión y cierre de empresas en la Unión,

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre las estrategias regionales para las zonas industriales en la Unión Europea[5],

–  Vistas las Recomendaciones de la mesa redonda de alto nivel sobre el futuro del sector siderúrgico, de 12 de febrero de 2013,

–  Visto el Consejo de Competitividad de los días 18 y 19 de febrero de 2013, que instó a la Comisión a presentar un plan de acción,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando el cierre anunciado por Caterpillar en Bélgica, que deja a más de 2 000 personas sin trabajo, y su intención de transferir las actividades de esta fábrica a Francia y a otras plantas fuera de Europa; que este anuncio está relacionado con el plan de restructuración y ahorro de costes global anunciado en septiembre de 2015, que podría producir daños colaterales para un gran número de subcontratistas de la empresa y aumentar el número total de puestos de trabajo perdidos a más de 5 000, y que la empresa podría suprimir hasta 10 000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos años;

B.  Considerando que Caterpillar ha anunciado que también estaba considerando la posibilidad de cerrar su fábrica en Irlanda del Norte como parte de la reestructuración de la empresa en dicho país, lo que podría suponer una pérdida adicional de 250 puestos de trabajo;

C.  Considerando que, con unas ventas e ingresos en 2015 por valor de 47 011 millones de dólares estadounidenses, Caterpillar es el principal fabricante de equipos de construcción y de minería, motores diésel y de gas natural, turbinas industriales de gas y locomotoras diésel-eléctricas del mundo; que la Comisión de investigación del Senado de los Estados Unidos informó formalmente en 2014 de que Caterpillar había estado evitando pagar impuestos mediante el desvío de beneficios a su sucursal suiza desde 1999;

D.  Considerando que el grupo francés Alstom ha anunciado su intención de poner fin a la producción de trenes en Belfort en 2018 y de transferir sus actividades a otra planta situada en Reichshoffen, lo que dejaría a 5 000 personas sin trabajo, alegando que el nivel actual de pedidos de locomotoras para trenes de carga y de alta velocidad fabricados en Belfort no justifica que la fábrica se mantenga en funcionamiento;

E.  Considerando que en los últimos diez años Alstom ha superado los 6 000 millones de euros en beneficios, y que las dificultades a que se enfrenta en la actualidad se deben, entre otras cosas, a una falta de inversión a causa de la irresponsabilidad de los socios desde su privatización;

F.  Considerando que Alstom se ha visto debilitada por la venta de su división de actividades energéticas a la empresa estadounidense General Electric en 2014 y que la empresa es en gran parte víctima de los diez años durante los cuales la Unión Europea ha sido incapaz de proteger a la industria, cuando no se ha dedicado directamente a destruirla nombre de la libre competencia, como hizo la Comisión Europea al frustrar varios planes de rescate de Alstom;

G.  Considerando que el sector de la construcción ferroviaria es un factor estratégico en la evolución ecológica del transporte, que es necesario en Europa e incompatible con la liberalización ferroviaria aplicada por la Comisión Europea mediante cuatro directivas sucesivas que abren el mercado del sector ferroviario;

H.  Considerando que el sector industrial europeo ha desempeñado históricamente un importante papel en el proceso de integración europea;

I.  Considerando que la siderurgia es esencial para el crecimiento y la prosperidad de Europa y que en la actualidad se ve afectada por una caída sustancial de la demanda, lo que provoca una pérdida continua de puestos de trabajo y competitividad que no augura nada bueno para la necesaria recuperación de la economía europea;

J.  Considerando que, para asegurar la cohesión de la economía europea, debería evitarse una concentración excesiva de industrias con un valor añadido elevado, incluido el sector de los metales básicos, en un número reducido de regiones;

K.  Considerando que la investigación, el desarrollo y la innovación en este sector son fundamentales para la industria europea; que los cierres de plantas dan lugar a menudo a una pérdida irreversible de tecnología y de conocimientos y una pérdida de competencias por parte de los trabajadores industriales;

L.  Considerando que las medidas de austeridad han generado graves dificultades sociales para los trabajadores y las regiones que se han visto afectados; que las elevadas tasas de desempleo en la Unión están relacionadas con la reducción de su base productiva industrial y manufacturera;

M.  Considerando que las deslocalizaciones dentro de la Unión favorecen una espiral social descendente y son incompatibles con cualquier política industrial eficaz y coherente, la cohesión y el desarrollo;

N.  Considerando que las empresas que participan en reestructuraciones tienen la responsabilidad de situar el diálogo social en el centro de los procesos de reestructuración y deberían actuar de manera responsable desde el punto de vista social, ya que la experiencia ha demostrado que nunca se consigue una reestructuración social y económicamente sostenible sin un diálogo social suficiente, prestando una especial atención a la información y la consulta de los trabajadores;

O.  Considerando que las diferencias existentes en los regímenes de insolvencia entre los Estados miembro de la Unión generan vacíos que son utilizados por multinacionales para reducir al mínimo sus pérdidas cuando llevan a cabo una restructuración, al tiempo que incrementan al máximo el coste social de sus decisiones en materia de deslocalización mediante la transferencia de activos de un país a otro;

P.  Considerando que la recuperación y la autogestión de las empresas por parte de los trabajadores es una solución común para los procedimientos de insolvencia que mantiene el nivel de actividad y empleo, lo que demuestra que se trata de una alternativa real para el mantenimiento de un empleo de calidad en la Unión;

1.  Expresa su total solidaridad con los trabajadores, sus familias y las personas que se han visto afectadas directamente, y pide que se adopten urgentemente medidas para apoyar a los trabajadores y a sus familias, ayudándoles a conservar su puesto de trabajo o a encontrar uno nuevo, para apoyar a las economías locales, y para ayudar a las regiones a que superen esta difícil situación económica y social;

2.  Condena firmemente estos cierres inaceptables, los planes de reestructuración y las decisiones económicas estratégicas de las multinacionales, que dejan a miles de trabajadores sin empleo;

3.  Denuncia el desmantelamiento de políticas para la industria europea y pide la elaboración de políticas alternativas, en colaboración con los representantes de los trabajadores, con un objetivo europeo de reindustrialización y transición energética;

4.  Insta a los Estados miembros a que garanticen una protección social adecuada y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos, ya sea por medio de medidas legislativas o de convenios colectivos, y una protección eficaz contra el despido improcedente;

5.  Condena la inexistencia de una genuina política industrial de la Unión que podría proteger a los trabajadores de la Unión ante las decisiones especulativas de las multinacionales; pide una política industrial que permita la participación estatal en industrias estratégicas, incluida la nacionalización, con el fin de mantener la producción y los empleos clave;

6.  Subraya la importancia de las aptitudes y las competencias de los trabajadores tanto en el sector energético como en la industria ferroviaria; pide unas políticas activas en materia de empleo e industria, que garanticen el desarrollo de estos conocimientos y su reconocimiento como un activo importante de la industria europea de los metales básicos; pide que se tenga en cuenta el mantenimiento de los conocimientos industriales y de una mano de obra cualificada a la hora de evaluar la viabilidad de la producción en cualquier planta;

7.  Pide a la Comisión que presente un marco europeo para los procedimientos de insolvencia que sitúe no solo a los acreedores, sino también a los trabajadores, en el centro del proceso, prestando una atención particular al mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible; pide que, para ello, se faciliten instrumentos como la compra de acciones por parte de los empleados y la autogestión de los trabajadores, con el fin de mantener las fábricas en funcionamiento pese a la insolvencia de sus propietarios;

8.  Pide una revisión de la política de competencia y de las normas en materia de ayudas estatales con el fin de facilitar la intervención pública destinada a mantener la cohesión social y regional, mejorar las normas laborales y medioambientales o solucionar los problemas relacionados con la salud pública;

9.  Pide una moratoria a la liberalización del transporte ferroviario y un estudio de impacto independiente de las fases previas de la liberalización que involucre a los representantes de los trabajadores y los usuarios del sector;

10.  Denuncia los beneficios del grupo Caterpillar, los dividendos abonados a los accionistas y los intereses abonados a bancos y acreedores, así como las políticas de austeridad aplicadas en Europa que reducen la demanda de operadores privados y públicos;

11.  Denuncia que, sin una presentación eficaz de informes por países, las multinacionales pueden transferir beneficios a otro país a la vez que declaran pérdidas e incluso insolvencia; pide que se amplíe la obligación de presentar informes por países a todas las administraciones, no solo a los países de la Unión y a las jurisdicciones no cooperativas, así como unas obligaciones de información mayores para las empresas que cierran fábricas o se declaran insolventes en algún Estado miembro;

12.  Insta a los Estados miembros a que recuperen todos los recursos destinados a ayudar a las empresas, ya sea en forma de subvenciones, beneficios fiscales, reducciones en el precio de los terrenos, etc., cuando una empresa decida deslocalizar o cerrar sus plantas de producción;

13.  Recuerda que las posibles ayudas concedidas por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización no pueden utilizarse para facilitar el abandono de una fábrica, e insiste en que este Fondo se utilice para ayudar a los trabajadores a reflotar su empresa con el fin de mantener los puestos de trabajo;

14.  Solicita tanto a la Unión como a sus Estados miembros que velen por que se disponga de financiación suficiente para llevar a cabo acciones de formación y de recuperación que sirvan de apoyo en períodos críticos de transición para la industria europea;

15.  Pide una política europea distinta que no esté basada en el dumping social, impositivo y fiscal, e insta a la Comisión a que haga frente al dumping social derivado de la deslocalización hacia terceros países, también por medio de una revisión de las normas de competencia, con el fin de evitar tanto los procesos de deslocalización como el agravamiento de los efectos de la crisis;

16.  Subraya que la contracción de la demanda no debe provocar una competencia desleal en relación con los puestos de trabajo entre los Estados miembros; pide, por consiguiente, una solución que proteja y cree puestos de trabajo de calidad y preserve la actividad industrial en las regiones de Europa;

17.  Pide tanto a la Unión como a sus Estados miembros que:

•  encuentren la manera de salvar estos puestos de trabajo distribuyendo la producción entre diferentes plantas y limitando los dividendos de los accionistas;

•  velen por la transparencia de las transferencias financieras desde las sucursales europeas hacia la empresa matriz en los Estados Unidos y en paraísos fiscales;

•  apliquen sanciones contra la multinacional Caterpillar en caso de que persista en su plan de reestructuración;

18.  Destaca que las normas en materia de responsabilidad social corporativa de la Unión no se pueden aplicar cuando una empresa deslocaliza su producción sin prestar atención a las repercusiones sociales de sus decisiones económicas; pide instrumentos vinculantes para obligar a las empresas a que internalicen los costes sociales de sus decisiones de deslocalización;

19.  Pide encarecidamente a la Unión y a sus Estados miembros que promuevan un acuerdo sobre el Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales que se está examinando en la actualidad en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con objeto de abordar adecuadamente los abusos de las empresas transnacionales; pide, en este sentido, que los derechos económicos, sociales y culturales se incorporen al ámbito de aplicación de este Acuerdo;

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.