Procedimiento : 2016/2891(RSP)
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B8-1056/2016

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PV 05/10/2016 - 8.6
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P8_TA(2016)0377

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.645v01-00
 
B8-1056/2016

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom (2016/2891(RSP))


Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato, Nicola Caputo en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1056/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 9, 147 y 151, su artículo 153, apartado 2, y sus artículos 173, 174, 192, 225 y 345,

–  Vistos los artículos 14, 27 y 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea(2),

–  Considerando la evaluación del valor añadido europeo de las medidas de la Unión en materia de «información y consulta a los trabajadores, previsión y gestión de los procesos de reestructuración», efectuada por la Unidad de Valor Añadido Europeo del Parlamento y transmitida a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el 19 de noviembre de 2012,

–  Visto el documento «Gestión del cambio - Informe final del Grupo de alto nivel sobre las consecuencias económicas y sociales del cambio», elaborado por la Cumbre del Empleo de Luxemburgo de 1997,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)(3),

–  Vista la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(4),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(5),

–  Vista la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad(6),

–  Vista la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores(7),

–  Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(8),

–  Vista la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 julio 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores(9),

–  Vista la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición(10),

–  Vista la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital(11),

–  Vista la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(12),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2005, titulada «Reestructuraciones y empleo - Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea» (COM(2005)0120), y el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de diciembre de 2005,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de febrero de 2005, sobre la Agenda Social (COM(2005)0033),

–  Vista la Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros(13),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre 2010, titulada «Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira» (COM(2010)0614),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010 (corrección de errores publicada el 11 de noviembre de 2010), titulada «Hacia un Acta del Mercado Único» (COM(2010)0608),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 17 de enero de 2012, titulado «Reestructuración y previsión del cambio: ¿qué lecciones sacar de la experiencia reciente?» (COM(2012)0007),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)(14),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

–  Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2005, sobre la Agenda Social para el período 2006-2010(15),

–  Visto el dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 2012, sobre el tema «Cooperativas y reestructuración»,

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2007, sobre el fortalecimiento de la legislación comunitaria en el ámbito de la información y consulta a los trabajadores(16),

–  Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la mundialización(17),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (COM(2011)0571),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

–  Vistos los resultados de las investigaciones e indagaciones realizadas por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(18),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones(19),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre el aprovechamiento del potencial de empleo del crecimiento ecológico,

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre el sector del acero en la UE: protección de los trabajadores y la industria(20),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 18 de abril de 2012, relativo al aprovechamiento del potencial de empleo del crecimiento ecológico (SWD(2012)0092),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582), y el objetivo de un 20 % de reindustrialización,

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2016, sobre la competitividad del sector europeo del equipamiento ferroviario(21),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la industria europea ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la integración europea y es uno de los pilares para la creación de nuevos valores y canales en Europa;

B.  Considerando que la industria ferroviaria es la espina dorsal de la industrialización europea, con más de 175 años de historia; que se espera que la tasa de crecimiento anual de los mercados accesibles del sector del equipamiento ferroviario sea del 2,8 % hasta 2019;

C.  Considerando que la industria manufacturera representa el 65 % del gasto de las empresas en I+D, y que el refuerzo de nuestra base industrial es, por tanto, esencial para mantener la experiencia y los conocimientos técnicos en la Unión;

D.  Considerando que el sector europeo del equipamiento ferroviario da empleo directo a 400 000 personas en toda la Unión, muchas de las cuales trabajan en pymes;

E.  Considerando que un sector europeo del equipamiento ferroviario fuerte e innovador es esencial para la transición al ferrocarril, necesaria para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de la Unión;

F.  Considerando que la planta de producción de Alstom en Belfort tiene un alto valor añadido y una experiencia reconocida en el ámbito de la tracción;

G.  Considerando que el desarrollo digital, una de las prioridades del Plan Juncker, necesita una base industrial sólida para materializarse;

H.  Considerando que, en la actualidad, este sector central y estratégico de la Unión debe hacer frente a una fuerte competencia de terceros países que exportan productos de menor coste al mercado europeo con una política agresiva y de rápida expansión en todos los continentes, a menudo con el apoyo político y financiero de sus Gobiernos;

I.  Considerando que la industria europea se enfrenta a una carrera contrarreloj para recuperar su competitividad y su capacidad para invertir en Europa, y que también debe hacer frente a desafíos sociales y ambientales que ha de superar, sin dejar de ser una referencia mundial en el ámbito de la responsabilidad social y medioambiental;

J.  Considerando que solo una política de innovación ambiciosa que favorezca la producción de productos de calidad, innovadores y eficientes desde el punto de vista energético y que promueva nuevos procesos de producción permitirá a la Unión valerse por sí misma en un contexto mundial cada vez más competitivo;

K.  Considerando que la falta de coordinación europea en materia fiscal y comercial permite a las grandes empresas crear estructuras jurídicas con las que pueden evadir impuestos, también a través de la transferencia de activos materiales, activos inmateriales o servicios entre empresas a precios inadecuados;

L.  Considerando que hoy en día la coherencia entre las distintas políticas adoptadas por la Unión Europea para definir una política industrial moderna resulta absolutamente esencial; que esta renovación puede explicarse en gran medida por circunstancias que se han dado principalmente en las plantas de Caterpillar y Alstom;

M.  Considerando que la decisión del consejo de administración de Alstom de anunciar el traslado de sus actividades de producción ferroviaria (400 puestos de trabajo) de la planta de Belfort a la de Reichshoffen implica, en realidad, el cierre de esa primera planta (dado que la única actividad restante que seguiría desarrollándose en dicha planta no justificaría mantenerla operativa);

N.  Considerando que General Electric ya había expresado el pasado mes de enero que temía tener que prescindir de 6 500 puestos de trabajo en las divisiones europeas de la antigua Alstom, e incluso se habían previsto 236 despidos (de alrededor de 400 personas empleadas) en la planta de Sesto San Giovanni, en Italia, debido a los efectos del cese de la producción y una importante reducción de los servicios; que la empresa había demostrado una indiferencia total a las solicitudes del Gobierno, la región y el municipio italianos, confirmando el anuncio de 99 despidos en la planta de Sesto San Giovanni y, además, la disponibilidad de incentivos a la jubilación anticipada voluntaria y transferencias a otras plantas de Apulia y Campania;

O.  Considerando que, el 2 de septiembre del 2016, la sociedad Caterpillar anunció un amplio plan de reestructuración a escala mundial que incluye la planta de Gosselies, que se verá obligada al cierre, dando lugar al despido de 2 500 trabajadores directos y poniendo en peligro el empleo de unos 4 000 subcontratados;

P.  Considerando que, el 28 de febrero de 2013, Caterpillar Belgium SA fue objeto de un plan de reestructuración para despedir a unos 1 400 trabajadores, de los cuales un 85 % ha podido acogerse a la jubilación anticipada; que tres años después, parece que alrededor de la mitad del 15 % de los trabajadores que no se acogieron a la jubilación anticipada ha podido encontrar trabajo fijo, aunque con peores condiciones laborales;

Q.  Considerando que la estructura jurídica de Caterpillar en Europa pone de manifiesto la ingeniería fiscal que contribuye a la evasión fiscal de la que se beneficia; Caterpillar Belgium SA, sociedad anónima belga, es filial de Caterpillar Overseas SARL, con sede en Ginebra, y presta a esta última, conforme a un acuerdo de servicios, un servicio de transformación de materias primas en productos acabados y, por lo tanto, queda privada no solo del valor añadido de la mano de obra belga, sino también de la dirección directa de la planta belga, ubicada en Suiza, donde no están representados los trabajadores belgas;

R.  Considerando que este mecanismo no solo afecta a Caterpillar y, en cualquier caso, no puede ser beneficioso para la Unión; que, por lo tanto, es esencial que la Unión cuestione tales construcciones jurídicas mediante una investigación destinada a estudiar las estructuras jurídicas creadas por la sociedad Caterpillar y, sobre todo, a analizar las operaciones de transferencia entre Caterpillar Overseas SARL y sus diversas filiales ubicadas en territorio de la Unión, con el fin de evaluar si el coste de dichas transferencias es apropiado y verificar si no se trata meramente de una vía de evasión de impuestos;

S.  Considerando que el comercio de maquinaria de construcción en la Unión ha estado sometido a fuertes perturbaciones durante los últimos años, relacionadas con la disminución de la inversión pública y privada, pero también debido al aumento de los costes de producción derivados del aumento del precio de las materias primas; que la producción de maquinaria de construcción en Europa sufrió una caída del 45,1 % entre 2007 y 2014, lo que ha generado una importante pérdida de cuota de mercado para los productores europeos, empezando por la pérdida de empleo en el sector;

T.  Considerando que el comercio justo de productos ferroviarios solo puede funcionar si se respetan los derechos fundamentales de los trabajadores y las normas medioambientales; que las inversiones en energías renovables y eficiencia energética son un importante motor de la inversión en productos industriales con la capacidad de crear círculos virtuosos;

U.  Considerando que la innovación en la producción tiene un efecto positivo sobre el crecimiento del empleo en todas las fases del ciclo económico industrial; que la participación de los trabajadores en medidas de innovación y en la definición de estrategias sigue siendo la mejor garantía del éxito económico;

V.  Considerando que en los casos de Alstom y Caterpillar los conocimientos especializados de los representantes de los trabajadores no se tuvieron debidamente en cuenta; que la unidad y solidaridad de todos los sindicatos en esta situación han sido notables, sobre todo las de los trabajadores de Reichshoffen respecto de sus colegas de la planta de Belfort y las de los trabajadores de Caterpillar en la planta de Grenoble, que bloquearon la entrada a la planta al anunciar la empresa el cierre y que acudieron también a la manifestación del 16 de septiembre de 2016 para mostrar su apoyo a sus colegas belgas;

W.  Considerando que, a pesar de todo ello, algunas empresas, como Caterpillar, han puesto en marcha estrategias basadas en la obtención de beneficios económicos a corto plazo, y no en la innovación, la inversión en investigación y desarrollo, el empleo y la renovación de competencias; que en 2015 el 70 % de los beneficios operativos se distribuyó como dividendos, lo que refuerza la financiarización de la economía en lugar de la inversión en capacidad productiva, investigación y desarrollo;

X.  Considerando que, según la dirección, la decisión de cerrar la planta de Caterpillar era necesaria para garantizar la competitividad de la fábrica; que los sindicatos se opusieron enérgicamente al cierre; que el Gobierno y los sindicatos cuestionaron las alegaciones referentes a la competitividad de la planta y expresaron su preocupación por que estos despidos fueran el primer paso hacia el cierre total de la misma;

Y.  Considerando que la planta de Caterpillar en Gosselies ha resultado rentable; que la reducción de los costes de producción entre 2013 y 2015 permitió a los productos de la planta resultar más atractivos que los procedentes de fuera de la Unión; que, sin embargo, la sociedad decidió cerrar la planta para transferir la producción a otras plantas de Asia y América Latina; que esto demuestra que la decisión de despido solo tenía por objetivo aumentar los beneficios y no obedecía a motivos económicos reales, y que la Unión debe luchar contra esta práctica ilegal;

Z.  Considerando que los representantes de la empresa atribuyeron el cierre previsto al tamaño excesivo de la superficie de producción de Gosselies, los mayores costes de producción asociados y la posibilidad de producir en otros lugares a un coste menor; que los sindicatos han criticado a la dirección de Caterpillar por favorecer los intereses de los accionistas y no atender a los de sus empleados; que, al parecer, la práctica totalidad de las pérdidas de puestos de trabajo tendrá lugar entre abril y julio de 2017;

Aa.  Considerando que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un instrumento europeo de apoyo directo a los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de cambios en los patrones del comercio y la globalización; que el FEAG se ha movilizado en repetidas ocasiones para ayudar a trabajadores de Europa despedidos por Caterpillar o sus filiales;

Ab.  Considerando que, dada la importancia y la dimensión europea de este caso, la Comisión ha decidido crear un grupo de trabajo que reúna a los servicios competentes, para actuar como interlocutor en el proceso de cierre de Caterpillar;

Ac.  Considerando que el cierre de la planta de Caterpillar en Gosselies se realiza en beneficio de terceros países que no observan las mismas normas de protección social y medioambiental que las aplicables a la industria europea, lo que genera una competencia desleal;

Ad.  Considerando que Alstom ha declarado que habrá una reducción de sus pedidos de alrededor del 30 % para sus plantas francesas hasta 2018, pero que sus pedidos para la planta de Belfort no empezarán a reducirse hasta 2018 y que su último pedido se entregará en 2021; que la planta de Alstom en Belfort es viable y pueden buscarse nuevas soluciones y, por tanto, debe prestarse atención a los conocimientos técnicos industriales y la mano de obra cualificada en la evaluación de la viabilidad de la producción de la empresa en su conjunto;

Ae.  Considerando que la pérdida de conocimientos técnicos y competencias de los trabajadores de la planta de Alstom en Belfort es motivo de preocupación, puesto que pondría en peligro toda posibilidad de relanzar la actividad económica de la planta en caso de que la cartera de pedidos sea mayor; que el parque ferroviario europeo (en particular, los trenes de alta velocidad) está envejeciendo y muchos países tendrán que renovar pronto sus parques, y que Europa debe, por lo tanto, mantener su capacidad industrial para satisfacer estas necesidades sin depender de productores de terceros países, y que la planta de Alstom daría respuesta a este imperativo;

Af.  Considerando que la grave crisis de la industria europea está dando lugar a una dependencia aún más profunda del sector manufacturero de la UE respecto de importaciones procedentes de terceros países, la pérdida de conocimientos técnicos industriales y la pérdida de inversión, lo que afecta directamente a millones de puestos de trabajo; que el cierre de fábricas conlleva a menudo la pérdida irreversible de tecnologías, conocimientos técnicos industriales y competencias de los trabajadores industriales;

Ag.  Considerando que la industria desempeña un papel clave en el desarrollo de la economía en su conjunto, en lo que se refiere tanto a las tecnologías como a la superación de las dificultades de abastecimiento;

1.  Expresa su convencimiento de que la industria europea debe considerarse un activo estratégico para la competitividad de la Unión; reitera que solo una industria fuerte permitirá a la UE hacer frente a los diversos desafíos ante los que se encuentra, en particular, el respeto y el cumplimiento de los compromisos que asumió en la COP 21;

2.  Recuerda que, en Europa, la crisis económica ha demostrado que las industrias que más invierten son las más resistentes, y subraya en este sentido el impacto negativo de las políticas de austeridad en la inversión pública y el consumo interno, que deben estimular el crecimiento;

3.  Destaca que la industria europea se enfrenta a una competencia mundial y, por lo tanto, anima encarecidamente a la Comisión a que, con carácter de urgencia, tome como referencia el mercado mundial al definir los mercados geográficos en sus análisis y comparaciones en virtud del Derecho de competencia, y que no limite sus análisis únicamente al mercado interior, permitiendo de este modo que las industrias europeas creen alianzas estratégicas o asociaciones en materia de I+D;

4.  Solicita la revisión de la política de competencia y de las normas sobre ayudas estatales, a fin de facilitar la intervención pública para preservar la cohesión social y regional; pide que se lleve a cabo una evaluación de impacto sobre la evolución de las capacidades de producción, incluidos, en particular, las fábricas y los puestos de trabajo, antes de que la DG Competencia la adopte ninguna decisión;

5.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio prospectivo para un período de 15 años (2030), sobre el desarrollo de la industria ferroviaria en Europa, que integre diferentes hipótesis sobre los objetivos medioambientales de los Estados miembros; solicita a la Comisión que lleve a cabo otro estudio complementario sobre las repercusiones de las diferentes hipótesis sobre los puestos de trabajo, las profesiones y las competencias; insiste en que la Comisión debe hacer rápidamente un seguimiento de las recomendaciones recogidas en la Resolución del Parlamento sobre el sector europeo del equipamiento ferroviario para garantizar el empleo y el crecimiento; señala que el seguimiento debe facilitarse mediante un diálogo permanente con las partes interesadas y ha de abarcar todos los capítulos de la Resolución;

6.  Pide al Consejo que adopte con prontitud la modernización de los mecanismos de defensa comercial para poder, por fin, responder adecuadamente a las prácticas desleales de terceros países, así como para proteger la industria de la Unión frente a las prácticas de dumping en el mercado europeo, garantizando así una competencia justa para todos;

7.  Pide a la Comisión que vele por que la política comercial de la Unión sea más coherente con la política industrial, de manera que la primera tenga en cuenta la necesidad de garantizar los puestos de trabajo en la industria europea y no dé lugar a nuevas deslocalizaciones y a una mayor desindustrialización; solicita a la Comisión que vele por que los acuerdos comerciales incluyan disposiciones específicas que mejoren el acceso a los mercados para la industria europea; pide a la Comisión que garantice la igualdad de condiciones para los operadores de dentro y fuera de Europa;

8.  Pide a la Comisión que vele por el cumplimiento de la normativa de la Unión sobre contratación pública, a saber, la relativa a la preferencia nacional, las ofertas anormalmente bajas y la competencia desleal; recuerda asimismo que las disposiciones de la Unión permiten rechazar las ofertas en las que más del 50 % del valor se haga efectivo fuera de la UE;

9.  Exhorta a la Comisión a que colabore con los diferentes sectores industriales para garantizar el mejor uso posible de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y más concretamente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para apoyar proyectos de I+D a nivel regional;

10.  Acoge con satisfacción la iniciativa de determinadas autoridades locales, en colaboración con los interlocutores sociales, para promover proyectos experimentales para trabajadores y empresas afectados por la crisis económica, con el fin de asegurar las carreras profesionales mediante la formación profesional y otras medidas, y no con medidas de reducción del tiempo de trabajo;

11.  Está firmemente convencido de que la protección de los trabajadores en el marco de la aplicación de la estrategia industrial de la Unión debe reforzarse mediante un conjunto de medidas legislativas en materia de información y consulta de los trabajadores, fortaleciendo el sistema de despidos colectivos, aunque también previendo los efectos negativos de la globalización;

12.  Destaca la reconocida pericia de los representantes de los trabajadores en las decisiones estratégicas y la toma de decisiones en las empresas; se declara a favor de la creación de comités de conciliación e información locales para prevenir los riesgos industriales que reúnan a todas las partes interesadas con capacidad de control o alerta;

13.  Pide la creación de un comité de conciliación e información local piloto en la planta de Alstom, con el fin de prevenir los riesgos industriales, compuesto por partes interesadas con facultad para controlar y analizar tales riesgos y encargado de estudiar el futuro de la planta de Alstom y proponer actividades para después de 2018;

14.  Subraya que, a la hora de efectuar una reestructuración, lo que más llama la atención es la repercusión inmediata y fácilmente perceptible sobre el empleo, mientras que los efectos adversos sobre las condiciones laborales y la salud de los trabajadores no se reconocen y abordan de manera adecuada;

15.  Pide que la Comisión presente cuanto antes, y previa consulta a los interlocutores sociales, una propuesta de acto jurídico en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones, siguiendo las recomendaciones pormenorizadas recogidas en la Resolución del Parlamento, de 15 de enero de 2013, en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones;

16.  Observa que el impacto de las decisiones de reestructuración adoptadas por grandes empresas europeas va más allá de la propia empresa, afectando en realidad a todo el tejido económico, incluidos los subcontratistas, y ponen en peligro el futuro de ramas enteras del sector industrial;

17.  Expresa su profunda preocupación por que se deje morir a determinadas plantas industriales, impidiendo toda reconversión económica, e insiste en la necesidad de establecer formas de retomar la posesión de las plantas y ayudar a las autoridades públicas a hacerlo;

18.  Pide la inclusión de los subcontratistas durante la fase de negociación resultante de un plan de despido colectivo identificado en una gran empresa;

19.  Pide que la Comisión presente cuanto antes, y previa consulta a los interlocutores sociales, una propuesta de revisión sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto a los despidos colectivos (Directiva 98/59/CE del Consejo), en la que deben incluirse los siguientes principios:

–  que se garantice que todos los trabajadores afectados por los efectos de la reestructuración que trabajen en la misma empresa, pero en diferentes centros de actividad, puedan llevar a cabo de manera conjunta el procedimiento de despido colectivo,

–  que se incluya a todos los subcontratistas de la empresa en el procedimiento de despido colectivo para permitirles negociar con la empresa la indemnización por los daños resultantes del cese de sus actividades, incluida la incidencia en el empleo de los trabajadores subcontratados,

–  que se pida a la empresa que nombre a un representante con poder de decisión para las negociaciones a lo largo de todo el procedimiento de despido colectivo,

–  que se establezca un mecanismo de sanciones contra las empresas que lleven a cabo reestructuraciones abusivas y no basadas en causas justas («licenciement boursier»), incluida la de negarles el acceso al mercado único y los programas europeos de financiación u obligarles a devolver todas las ayudas públicas que les hayan sido concedidas en los años previos al despido colectivo;

20.  Pide a la Comisión que presente cuanto antes, y previa consulta a los interlocutores sociales, una propuesta de acto jurídico similar a la «Ley Florange» a nivel europeo, cuyo objetivo sea que, en caso de cierre, se invite a la empresa a que ponga en marcha un procedimiento específico de información con el comité de empresa, destinado a organizar la búsqueda de un comprador o la venta de la planta;

21.  Considera que las empresas que deseen aprovechar las oportunidades que ofrece el Derecho de sociedades europeo deben respetar, al mismo tiempo, los valores europeos compartidos; pide a la Comisión, por consiguiente, que presente una propuesta de Directiva destinada a introducir una nueva arquitectura integrada para la implicación de los trabajadores en las formas europeas de sociedad, que deberá establecer unas normas estrictas en materia de información y consulta e introducir normas mínimas ambiciosas sobre la representación de los trabajadores en los consejos; destaca que este nuevo marco debe convertirse en la referencia única en materia de información, consulta y representación en los consejos para todas las formas europeas de sociedad (por ejemplo, la sociedad anónima europea (SE), la sociedad cooperativa europea (SCE) o el futuro estatuto de las pymes), y que debe introducir la obligación de establecer un sistema de representación de los trabajadores en el consejo de administración (para sistemas monistas) o en los consejos de control (para sistemas duales);

22.  Lamenta que, solo un día después del anuncio de sus planes de reestructuración, Caterpillar informara a los miembros del comité restringido del comité de empresa europeo en la planta de Gosselies (Bélgica) mediante lectura del comunicado de prensa oficial durante una conferencia telefónica; destaca que el caso de Caterpillar pone de manifiesto una vez más que el Derecho de la UE no está siendo respetado por ciertas empresas, que no están informando y consultando al comité de empresa europeo antes de anunciar las reestructuraciones, también en el caso de despidos masivos en Bélgica, el Reino Unido e Irlanda del Norte; considera que esta breve declaración contravino claramente lo dispuesto en la Directiva europea, que establece que los comités de empresa europeos tienen que ser informados y consultados antes de que se produzcan cambios, y no con posterioridad a los mismos; pide, por consiguiente, que la Comisión presente una propuesta de revisión de la Directiva sobre el comité de empresa europeo en la que se introduzca el derecho a suspender los planes de reestructuración y los cierres de plantas hasta haberse completado el correcto procedimiento de consulta, establecido en el Derecho europeo, dando así a los trabajadores una oportunidad justa de influir en el proceso de toma de decisiones de la empresa;

23.  Observa que, a pesar del compromiso público de Caterpillar por la sostenibilidad, incluida la responsabilidad social, hay una falta de responsabilidad social de la empresa en la manera en que esta gestiona sus decisiones de reestructuración, que afectan a miles de trabajadores sin respetar sus derechos; hace hincapié en que la primera consideración respecto de la responsabilidad social de las empresas (RSE) ha de ser la calidad de las relaciones laborales dentro de la empresa, con inclusión de la búsqueda de cauces para que los interlocutores sociales trabajen conjuntamente, especialmente en la mejora del diálogo social, la anticipación y gestión del cambio y la reestructuración, el respeto de los derechos humanos de los trabajadores, incluido el derecho a formar o unirse a sindicatos, a la negociación y a la huelga, así como el fomento de la participación de los trabajadores a través de procedimientos de consulta e información «reales», también en el seno de los comités de empresa europeos y los consejos de las SE; pide a la Comisión que presente una propuesta de armonización de los requisitos en materia de RSE, que incluya un marco obligatorio para la presentación de informes sociales y para que las empresas y los directivos asuman la responsabilidad de las consecuencias de abusos o faltas, y por la que se establezca un marco para acuerdos europeos sobre la RSE;

24.   Observa que el FEAG es una herramienta esencial de la Unión en la era de la globalización para apoyar a los Estados miembros en sus políticas de reciclaje profesional de los trabajadores y restablecer el tejido económico de una región en lo que se refiere a los trabajadores que sufren los efectos negativos de la globalización o la crisis económica; lamenta que el FEAG se utilice a veces como un instrumento vinculado a las negociaciones de despidos colectivos, permitiendo a la empresa reducir su nivel de intervención en la financiación de las medidas de reconversión de los trabajadores o en la indemnización de los mismos; insiste en que la ayuda financiera del FEAG no debe tenerse en cuenta en el marco de las negociaciones sobre despidos colectivos; invita a la Comisión a presentar una propuesta de revisión del Reglamento (UE) n.º 1309/2013 sobre el FEAG a fin de permitir a todos los subcontratistas relacionados con el caso de reestructuración, así como a los ninis, ser admisibles a efectos de las acciones del FEAG, y garantizar también que, una vez presentada la solicitud de un Estado miembro en una determinada región de nivel NUTS 2, el porcentaje de cofinanciación del Estado miembro para financiar las medidas se reduzca al 20 %;

25.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que realicen estudios sobre el impacto de la negociación comercial en el conjunto de países y regiones de fuera de la Unión;

26.  Destaca que estos estudios deben realizarse utilizando un enfoque regional y sectorial, aunque también deben ayudar a comprender los efectos positivos y negativos sobre el empleo y las industrias europeas que se benefician de estos acuerdos;

27.  Sostiene que el impacto negativo de los acuerdos de libre comercio en el empleo y la industria de la Unión debe ser previsto por la UE y contar con el apoyo de los fondos europeos, con objeto de asignar fondos a las regiones y los sectores de actividad afectados negativamente por los acuerdos; considera que podría asignarse esta competencia al FEAG, a cambio de un incremento de los fondos que tiene asignados actualmente, y que el FEDER, el FSE y el FEAG podrían asumir esta competencia.

28.  Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre su estrategia para los principales sectores industriales de Europa, a saber, el sector del suministro ferroviario y el sector de la maquinaria, con el fin de crear un entorno comercial más favorable, y sobre cómo va a mantener el empleo, los conocimientos técnicos y las inversiones en Europa;

29.  Pide a la Comisión que elabore una estrategia coherente sobre la política industrial de reindustrialización, que no debe quedarse en letra muerta, para mantener la coherencia con nuestros objetivos;

30.  Encarga a su Presidente que transmita la presente propuesta y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo.

(1)

DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.

(2)

DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.

(3)

DO L 294 de 10.11.2001, p. 1.

(4)

DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.

(5)

DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(6)

DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

(7)

DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.

(8)

DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.

(9)

DO L 207 de 18.8.2003, p. 25.

(10)

DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

(11)

DO L 310 de 25.11.2005, p. 1.

(12)

DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

(13)

DO L 308 de 24.11.2010, p. 46.

(14)

DO C 168 E de 14.6.2013, p. 102.

(15)

DO C 117 E de 18.5.2006, p. 256.

(16)

DO C 76 E de 27.3.2008, p. 138.

(17)

DO C 199 E de 7.7.2012, p. 131.

(18)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.

(19)

DO C 440 de 30.12.2015, p. 23.

(20)

Textos aprobados, P8_TA(2014)0104.

(21)

Textos aprobados, P8_TA(2016)0280.

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